¿Se ha avanzado algo en esta legislatura para luchar contra la corrupción?

La agenda anticorrupción en esta legislatura ha avanzado poco, para qué nos vamos a engañar. Podemos citar la nueva Ley de contratos del sector público aprobada por  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (que además tenía que transponer al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) en las que algunas organizaciones de la sociedad civil muy destacadamente la Fundación Civio tuvieron un papel relevante y que ha intentado avanzar hacia la transparencia, la concurrencia y la publicidad en la contratación pública. Efectivamente, no olvidemos que la contratación pública (especialmente de grandes obras de infraestructuras pero también de servicios) es uno de los «puntos negros» de la corrupción, que en España ha estado muy ligada a la financiación irregular de los partidos. En ese sentido, todo lo que impulse la neutralidad, la publicidad y la transparencia de las licitaciones, la rendición de cuentas de los responsables de la contratación y las garantías del sistema (en forma básicamente de recursos contractuales) es bienvenido.

Peor fortuna han corrido otros temas que nos parecían básicos para luchar contra la corrupción con los que nuestra Fundación está muy comprometida desde hace años. La mayoría de estas cuestiones estaban recogidas en la denominada «Ley omnibus anticorrupción» presentada por el Grupo Parlamentario de C,s allá por otoño del 2016. Por diferentes motivos, algunos de los cuales responden a escaramuzas partidistas y la mayoría a falta de voluntad política por parte de los grandes partidos esta Ley no verá la luz. Contenía materias tan esenciales como la protección de los denunciantes de la corrupción, al que hemos dedicado nuestro proyecto «protegiendo a los valientes». Las últimas excusas, ahora del PSOE (antes fueron del PP) son tan peregrinas como la necesidad de esperar a que se tramite la Directiva europea en este ámbito, que precisamente se está impulsando en Europa por la falta de voluntad de algunos Estados, entre ellos eln nuestro, en regular este tema esencial para luchar contra la corrupción. En este sentido, el cambio de gobierno del PP al PSOE poco ha significado: ninguno de los dos tienen ninguna prisa, por lo que se ve, en proteger a los denunciantes de la corrupción. Mientras tanto, seguiremos teniendo heróes y heroínas cívicos que se juegan su futuro profesional -y hasta personal- por defender los intereses generales.

En cuanto a la separación de poderes, por la que llevamos años luchando junto a organizaciones como la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial, hubo una ventana de oportunidad hace unos meses con un intento de sacar adelante la despolitización del órgano de gobierno de los jueces, algo que viene reclamando insistentemente el Grupo de Estados Europeos contra la corrupción (GRECO) . Hubo una oportunidad después de que se filtrara el lamentable whatsapp de Ignacio Coixidó, portavoz del PP en el Senado. Su desfachatez llevó a que Manuel Marchena, candidato «in pectore» de los grandes partidos a presidir el CGPJ y por ende el Tribunal Supremo (antes de que se hubiera renovado el CGPJ que formalmente lo tenía que elegir) renunció a hacerlo en un acto de dignidad que le honra como jurista y como persona. Pero no pudo ser. Los partidos políticos nuevos y viejos se unieron para tumbar la propuesta de C,s, único partido que se ha mantenido fiel a Montesquieu en todo este tiempo (la conversión del PP fue táctica y además provocada por un error, aunque bienvenida sea). Lo contamos en muchos posts dedicados al tema, sirva éste de botón de muestra.

En cuanto a la transparencia, qué decir. El Consejo de Transparencia sigue descabezado después de más de un año desde que falleció tristemente su anterior Presidenta, Esther Arizmendi. No se ha modificado la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno para mejorarla en la linea de lo que llevamos pidiendo mucho tiempo desde la sociedad civil. No se ha dotado de medios al Consejo de Transparencia. No se ha aprobado un Reglamento de desarrollo de la LAITB en los más de 5 años transcurridos desde su publicación en el BOE. Las Administraciones y el sector público siguen recurriendo en los Tribunales de Justicia (a costa del contribuyente) las resoluciones del CTBG -o de sus equivalentes regionales- que les son desfavorables. Si hay progresos en la cultura de la transparencia no parece que se deban a la voluntad política de los sucesivos Gobiernos, para qué nos vamos a engañar. Y es que la rendición de cuentas les gusta poco, pese a las declaraciones.

Otras materias como la limitación de los plazos de instrucción establecido en el art. 324 de la LECrim por el PP y que tantos problemas está dando en la práctica para investigar delitos complejos y tramas de corrupción ahí siguen. ¿Y qué decir de los indultos? Nuestros amigos de la Fundación Civio saben bien que en cuanto se deja de mirar, se empieza a indultar con mucha alegría por unos y por otros. No hay manera tampoco de reducir el poder de los políticos en esto. Tampoco hemos conseguido regular los lobbies. Y podríamos seguir, pero lo dejamos aquí.

El balance por tanto de la legislatura en la agenda anticorrupción -que ha sido la bandera además del gobierno de Pedro Sánchez, que encabezó una moción de censura al gobierno del PP de Rajoy tras la sentencia de la Gürtel no nos olvidemos- no es demasiado bueno. Contrastan las bellas declaraciones y las buenas palabras con los pocos hechos. En esta última legislatura se han aprobado muchos decretos-leyes, abusando de una figura excepcional por razones que exceden de este post, y dedicados a muy diferentes materias, incluida la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Ninguno se ha dedicado a medidas para combatir la corrupción. Resulta un poco desalentador.

En el fondo, la resistencia es comprensible: se trata de limitar el poder de los políticos, introduciendo contrapesos (los famosos «checks and balances») e imponiéndoles limitaciones y controles. Quienes mejor lo saben, y por tanto quienes más se resisten, son los que más han gobernado, el PP y el PSOE o los partidos nacionalistas. Los que menos problemas tienen son los nuevos partidos, lo que tampoco es sorprendente. Pero mientras no entendamos que la democracia exige transparencia, rendición de cuentas y controles en las instituciones avanzaremos poco.

Próximamente (el día 28 de febrero) tenemos la ceremonia de entrega de la IV edición de los Premios Hay Derecho. Me temo que el mensaje que tendremos que dar a nuestros finalistas, amigos y colaboradores que se esfuerzan por defender el Estado de Derecho es el de las ediciones anteriores: paciencia. Algún día la clase política española y los ciudadanos se darán cuenta de la importancia para nuestra democracia de adoptar medidas efectivas para luchar contra la corrupción.

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