La anatomía de los estados iliberales: donde está la sociedad, yo soy el derecho

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El nuevo estado que estamos construyendo en Hungría es un estado iliberal, un estado no liberal”. En 2014, Viktor Orban proclamó su misión de exportar la democracia iliberal, al acoger a los estudiantes del campamento de la Universidad Libre de Bálványos. En el ocaso de 2018, la población Húngara acogió al Primer Ministro con gritos de “Viktator” (Víctor, dictador) en una ola de movilizaciones contra la última reforma laboral y los ataques virulentos del ejecutivo contra la división de poderes, los derechos civiles y los derechos humanos.

El académico Fareed Zakaria, quien dio nacimiento al término de democracias iliberales en 1997 alertó de que estas “ganan legitimidad y, por lo tanto, fuerza, por el hecho de que son mediocremente democráticas”: cumplen unas condiciones mínimas para no ser consideradas autocracias -por ejemplo, la celebración de elecciones y un quebrado sistema de división de poderes-. Estos regímenes se sostienen, precisamente en nuestra confianza ciega en este sistema de contrapoderes para hacer frente a la tiranía.

No obstante, la fortaleza de este sistema de contrapoderes, en países como Hungría y Polonia, es una quimera: precisamente las democracias iliberales erosionan el Estado de derecho atacando sigilosamente a cada uno de estos contrapoderes democráticos –la pluralidad política, la sociedad civil, los medios libres, el poder legislativo y el poder judicial-.

Estas son algunas de las tácticas que practican los autócratas modernos para socavar la ley y la justicia:

Fase I: copar cortes y tribunales: el principio de la lealtad antes que el de la legalidad

La concepción iusnaturalista del derecho sostiene que “donde está la sociedad está el derecho”. Resulta curioso cómo en la imagen que tienen de sí mismos los estados iliberales, sus líderes se yerguen sobre el concepto de “donde está la sociedad, yo soy el derecho”.

Uno de los patrones más persistentes que podemos distinguir entre los denominados estados iliberales es la práctica del agrandamiento de cortes y tribunales. Esto consiste en expandir el número de jueces o magistrados en una corte, y entre estas nuevas plazas nombrar a cargos afines al partido. De esta forma, sin aparentemente violar la ley, se torna la balanza de la justicia a favor del ejecutivo. Tanto Turquía, como Hungría, como Polonia, han seguido esta estela con ciertos niveles de creatividad. El court-packing se basa en la máxima de la lealtad antes de la legalidad.

El Instituto Brookings refleja cómo en Hungría Fidesz, el partido de Viktor Orban, ha colocado desde que tomó el poder en 2010 a cargos amigos en las oficinas del Fiscal General, la Comisión Electoral, la Auditoría del Estado, el Consejo Fiscal y la Corte Constitucional.

Fase II: retirar forzosamente a jueces y magistrados

En un ejemplo contrario, pero igual de venenoso, el ejecutivo Polaco inició en 2017 un asalto al Tribunal Supremo, que culminaría con la invitación forzada a que en julio de 2018 se jubilaran tempranamente todos los jueces mayores de 65 -eliminando así a jueces imparciales y colocando a cargos fieles-. A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha intercedido bloqueando esta reforma legal, el ejecutivo Polaco se blindó pasando de manera express con una nueva ley para el nombramiento de jueces antes de que llegara la sentencia del TJUE – colando en este vacío temporal a sus fieles súbditos en los asientos.

Fase III: socavar la legitimidad de los tribunales internacionales y ONGs de Derechos Humanos

Los líderes iliberales legitiman sus erosiones del Estado de derecho demonizando a los tribunales internacionales. Orban ha popularizado el término de agentes externospara referirse a George Soros, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa denominación persigue alimentar la conspiración de que existen fuerzas que están aliadas para destruir la nación. Cala en la creencia alarmante de sus propios electorados que el propio sistema de la división de poderes (creado en el espíritu del constitucionalismo liberal) va en contra de los valores nacionales. En una entrevista con la BBC, el Ministro de Asuntos Exteriores Húngaro Péter Szijjártó dijo que “los derechos humanos van en contra de los valores húngaros”.

El partido de Orban, Fidesz, ha alimentado con gran creatividad (y recursos estatales) una variedad de campañas de propaganda que atacan a ONGs de derechos humanos y la Unión Europea. La guerra de información se exacerba de tal forma que esta misma semana, cuando el partido de Orban fue suspendido de su grupo por el Partido Popular Europeo por su deriva iliberal, en los comunicados oficiales y en la prensa nacional Húngara aparecía que el partido de Orban había abandonado el grupo de forma voluntaria.

Fase IV: evadir el sistema de contrapesos y la división de poderes
Los estados iliberales ganan esta carrera contrarreloj contra los tribunales europeos y contra sus propios tribunales, porque precisamente tienen en sus manos la divisa más poderosa: el tiempo. Al igual que la obra existencialista de Michael Ende, Momo, la sociedad trabajaba para ganar tiempo y no dinero, las democracias iliberales se sostienen en el talón de alquiles del propio sistema de contrapesos: el tiempo de los procesos judiciales.

En el caso de Polonia, cuando llegó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando la ilegalidad de la reforma constitucional polaca, los jueces que el ejecutivo había forzado a retirarse ya no volverían a las cortes.

En esta misma línea, el instituto Brookings refleja como Polonia y Hungría engañan a sus propias cortes nacionales ignorando las sentencias de sus Tribunales Constitucionales o declarándolas nulas.

Paradójicamente, la Hungría y la Polonia que se liberan de manera tan explícita del yugo post-soviético y aclaman representar el renacimiento nativista de la identidad nacional, utilizan técnicas sacadas del manual soviético para consolidar el poder. El establecimiento de redes de lealtad hace mayor eco con la difunta burocrática institucional y judicial soviética, que con una burocracia moderna y unas cortes apolíticas de nuestras democracias liberales europeas.

Tenemos la equívoca e idealista noción de que la democracia y el liberalismo constitucional son términos intercambiables que vienen a significar lo mismo.

No podría estar más alejada esta noción. El concepto de democracia, según la conciben ciertos líderes, supone las condiciones mínimas de la celebración de elecciones y un cierto grado de libertades civiles y económicas. Sin embargo, el liberalismo constitucional a día de hoy garantiza la persecución de una igualdad real y una implementación efectiva de los Derechos Humanos. Como señala Fareed Zakaria, «la democracia, sin el liberalismo constitucional, no es simplemente inadecuada, sino peligrosa, ya que trae consigo la erosión de la libertad, el abuso de poder, las divisiones étnicas e incluso la guerra».

La anatomía de los estados iliberales refleja que es imperativo blindar la condicionalidad de la calidad democrática en la Unión Europea. Esta condicionalidad democrática aparece de forma explícita en los Criterios de Copenhague de la Unión Europea, pero el auge de las autocracias modernas refleja que la UE necesita un poder sancionador mayor contra las socavaciones del Estado de derecho -que son socavaciones de las entrañas de la Unión Europea. La era del soft-power ha muerto y la UE necesita un muro de contención para hacer frente a la tiranía: vincular la calidad de la democracia a la recepción de los fondos estructurales de la Unión Europea establece un condicionante irresistible, incluso para los autócratas modernos.

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