La Marcha Sobre el Estatuto de Roma

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El arduo camino para perseguir los crímenes más graves de la historia del último siglo no desalentó a los que hicieron la justicia en Nuremberg, o en los tribunales especiales para Rwanda y la antigua Yugoslavia. Cada proceso de justicia fue un hito que forjó un orden internacional más pacífico y más justo. La decisión reciente de la Corte Penal Internacional de parar la investigación de los crímenes perpetuados en Afganistán -tanto por la CIA como por las fuerzas Talibanes- es un revés histórico a la justicia internacional y a los derechos humanos. La Corte que nació para llevar a la justicia a los crímenes más graves y despiadados que afectan a la comunidad internacional, -el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión –ha visto su legitimidad sofocada por su esta decisión.

El pasado viernes 12 de abril la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte decidió que la investigación sobre la situación de Afganistán «en esta etapa no serviría a los intereses de la justicia». La decisión se produjo en el epicentro de las negociaciones de paz entre EEUU y los Talibanes por el conflicto, y después de que Donald Trump hubiera retirado el visado a la Fiscal Jefe Fatou Bensouda–además de haber amenazado con sanciones económicas contra la Corte si proseguía con el caso.

En 2016, la Fiscal General de la Corte, Fatou Bensuda, emitió en su informe que entre 2003 y 2014 «las fuerzas armadas de los Estados Unidos parecían haber sometido a al menos a 61 personas a torturas, tratos crueles y atropellos de la dignidad personal” – crímenes que se ajustarían a la definición de crímenes de guerra del artículo 8.2 del Estatuto de Roma la Corte. El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha protestado alegando que el caso es una «persecución política de americanos». No obstante, de los 27 casos traídos al frente de la Corte, todos han lidiado con crímenes que han ocurrido en África. Este hubiera sido el primer caso que concerniría a un país occidental.

Los estados que lideran la carrera armamentística de las violaciones de Derechos Humanos, como China y Rusia, han tratado de blindarse negándose a formar parte de la Corte. Ya que los tratados internacionales dependen de la adscripción voluntaria de los estados, los nacionales de los estados no-parte no podrán ser perseguidos. Siguiendo esta estela, EEUU no ha llegado a ratificar el Estatuto de Roma. A pesar de esto, la Corte sí tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en países miembros, como Afganistán, Polonia, Rumania y Lituania –el escenario de los alegados crímenes. Pero como EEUU no es un estado miembro, el proceso judicial es un poco más complejo: el Fiscal debe obtener autorización para iniciar el proceso y determinar si esta está dentro de los «intereses de la justicia».

El hecho que la Corte base su decisión de rechazar el caso en la falta de cooperación de las partes establece un incentivo para la no-cooperación. La Cámara de Cuestiones Preliminares II ha rechazado seguir con el caso alegando la improbabilidad de la cooperación de las partes relevantes. También ha señalado a los cambios en el «panorama político” en Afganistán y en los estados clave. Si bien es cierto que el contexto geopolítico (las actuales conversaciones de paz entre EEUU y los Talibanes para poner fin a la eternización del conflicto)  debe de tenerse en cuenta; el Tribunal Especial para la antigua Yugoslavia también se estableció cuando la guerra no había llegado al ocaso. Su labor fue y ha sido diametral tanto para la construcción del proceso de paz, como para el desarrollo de la justicia internacional. Es más, si consideramos que la razón principal de la Corte es la no-cooperación de las partes, ¿acaso este enfoque no incentiva a los estados a negarse a cooperar con la Corte? ¿Acaso no establece el peligroso precedente de que la Corte se incline ante los estados que opongan una fuerte resistencia a cooperar?

La decisión de la Corte se ha emitido después que EEUU haya amenazado a la Corte con represalias económicas y políticas -incluyendo quitar el visado a la Fiscal de la Corte- si continuaba con la investigación. El hecho de que EEUU establezca un travel ban contra uno de los organismos judiciales internacionales más legítimos del mundo es un hecho que queda corto al calificarlo de obstrucción de la justicia. Jamil Dakwar, Director de Derechos Humanos del American Civil Liberties Union, ha calificado este acto como «similar a uno de un régimen autoritario que aplasta la disidencia».

La instrumentalización del derecho internacional por parte de EEUU al coartar a la corte forma parte de un patrón histórico de crimen e impunidad. Durante la guerra fría tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se sostuvieron en el poder que tenían como las potencias reinantes de un orden internacional bipolar. Desde las contras de Nicaragua, a las armas químicas en Vietnam, a las patrullas de la muerte El Salvador –todas estas acciones orquestadas por EEUU tienen algo en común: son crímenes que no han sido juzgados. Durante la Guerra Fría, EEUU y la URSS bloquearon durante los intentos en el Consejo de Seguridad de la ONU las iniciativas de crear una Corte Internacional de carácter penal. Las heridas de los genocidios de Rwanda y Yugoslavia fueron el baño de realidad que puso el foco sobre la necesidad de un sistema jurídico internacional.

La historia del último siglo puso de manifiesto la importancia de la justicia internacional para prevenir los actos más viles de la crueldad humana. Crímenes que, sin el trabajo de los tribunales internacionales, hubieran quedado impunes. A golpe de represalia, EEUU ha contribuido a bloquear la investigación sobre los crímenes de Afganistán. En la obra How Democracies Die, los Profesores de Harvard Levitsky y Ziblatt, hacen una lectura escalofriante de la época que vivimos, señalando cómo: «desde el final de la guerra fría, la mayoría de los desmantelamientos de la democracia han sido causados no por los generales y los soldados, sino por los propios gobiernos elegidos». Y un siglo después de que Mussolini marchara sobre Roma, Donald Trump ha marchado sobre el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

 

Imagen: Human Rights Watch