La importancia de comenzar a diferenciar entre transformación y digitalización de la Justicia

Ahora que por fin está de moda la transformación digital, personas como yo, que hace ya casi cinco años comenzamos a predicar sobre el rol transcendental que la tecnología tendría en nuestros trabajos de juristas y en el propio sistema legal, deberíamos dar saltos de contentas. Sin embargo, en mi caso no es así y es que tengo a menudo la sensación de que lo que estamos viviendo es más una burbuja que una realidad, que se trata más de una moda pasajera que del desarrollo de una sólida estrategia por parte de quienes deben apoyar la transformación de un sector clave para el desarrollo de este país como es la Justicia. Y es que creo que antes de ponernos a hablar de tecnología, de digitalización, de desarrollar apps y webs o de aplicar el blockchain o la inteligencia artificial en la Justicia, debería hacerse un ejercicio de reflexión y toma de decisión, que en mi conocimiento se ha obviado para dar respuesta al qué y cómo deberían transformarse el sistema legal actual y las organizaciones y profesionales que para él trabajan.

Para hacer este ejercicio previamente hay que comprender el entorno y lo que en él está pasando. Todos hemos aceptado ya eso de que estamos inmersos en un cambio de era y de que la revolución que llaman 4.0, es la razón principal sobre la que éste se apoya. Todos hemos entendido que como usuarios, consumidores, clientes somos distintos. Exigimos rapidez e inmediatez. Además, queremos transparencia y tenemos acceso a mucha más información de la que ni viviendo mil años podríamos asimilar. Pasamos cada vez más tiempo inmersos en el mundo online que en el real. Contratamos viajes, pasajes, coches, etc. a empresas virtuales. Encargamos nuestros libros y nuestra compra en tiendas virtuales. Nos relacionamos con conocidos y desconocidos en redes sociales.  En suma, nuestra vida transcurre entre dos mundos, cuyas fronteras aparecen cada día más difuminadas.

El segundo ejercicio que necesitamos hacer es el del autodiagnóstico, pues la transformación de cualquier sistema, negocio y organización parte de una realidad, que determina su pasado y su visión del futuro. Transformarse exige dedicación de esfuerzos y de recursos financieros, de personas y de tiempo (que habitualmente hay que retirar de otros proyectos o aportar adicionalmente a los que ya se realizan). Por eso, la transformación no puede ser igual para todos ni para todo.

El tercer ejercicio consiste en innovar, en inventar el futuro. Ese futuro puede ser sólo una transformación de lo que se hacía en el pasado, es decir, simplemente hacer lo que hago, pero hacerlo de otra forma, modificando, por ejemplo, procesos para hacerlos más eficientes o incorporando tecnología a los mismos. Pero también puede significar hacer algo totalmente distinto y los anglosajones usan una expresión que refleja muy bien lo que supone hacerlo: think outside the box. Pensar fuera de la caja, lograr ver las cosas desde fuera, y verlas con un sentido crítico, pero constructivo e imaginativo.  El objetivo: proponer nuevas soluciones para los retos actuales.

En este sentido, creemos que falta hacer la reflexión sobre los retos de que nuestro sistema legal tiene ante sí:

1. Retrasos y/o colapsos en los juzgados, incapaces de asimilar el volumen de litigios que nacen en una sociedad cada vez más compleja e internacionalizada. Estonia informaba recientemente en esta noticia de que ya está destinando fondos al desarrollo de tecnología que sustituya a los jueces en determinado tipo de procesos. ¿Podría interesarnos en España destinar recursos al desarrollo de una solución similar?
2. Desacuerdo entre percepción, imagen y realidad de la Justicia, posiblemente como consecuencia del factor anterior. Y aunque podría argumentarse que lo importante es la realidad, también la imagen y la percepción lo son, porque de ellas depende la confianza que se tiene en el sistema y sin confianza, el sistema no funciona.
3. Imposibilidad y dificultad para un grupo creciente de ciudadanos para acceder a la Justicia por desconocimiento de sus derechos y la dificultad para ejercerlos.
4. Ineficiente digitalización de los procesos que afectan a la Justicia y al ejercicio de nuestros derechos, como consecuencia de la descoordinación de los tres niveles administrativos, de decisiones cortoplacistas, partidistas, ineficientes y/o mal informadas.
5. Imparable rol de la tecnología en la economía de la economía, la política y la sociedad. Pensemos en la capacidad para recabar ingentes cantidades de datos y crear perfiles que tienen las plataformas online y que les permite saber sobre nosotros, más incluso que nosotros mismos o en el poder de influencia de las fake news o en el daño que causan los ciberataques o en el potencial de impactar en nuestras vidas que tiene ya la inteligencia artificial cuando adopta decisiones basándose en algoritmos que aplican criterios que a veces ni quién la ha desarrollado es capaz de explicar y/o tiene el potencial de violar derechos fundamentales como la libertad de movimientos, sentimientos, pensamientos u opinión. Ilustrativo de ello es este vídeo sobre lo que ya se está haciendo en China: ver vídeo.
6. Internacionalización de todos los niveles de actividad del ser humano: ocio, social, económico, político, etc. Algo que exige acuerdos internacionales para problemas que sólo desde ese ámbito pueden encontrar respuesta, como la cibercriminalidad, las fake news, la inteligencia artificial, la protección de datos personales o de los derechos de la propiedad intelectual e industrial.

Quizás es hora de parar y pensar. Antes de nada, tenemos que dar respuesta a una serie de preguntas: ¿qué modelo de Estado de Derecho queremos? ¿preferimos el modelo de Estonia o el de China?; ¿funcionan correctamente nuestras instituciones o debemos revisar algunas de ellas? Es posible que algunas de ellas hayan podido sernos muy útiles en el pasado, pero es posible también que el futuro requiera de otras soluciones.

Es hora de repensar el sistema. Hoy tenemos la oportunidad de introducir en él tecnología (inteligencia artificial, blockchain, sitios webs, apps, etc.) y es estupendo que los partidos políticos hablen de ellas en sus programas ahora que es tiempo de elecciones, pero la tecnología es sólo un medio no un fin. Antes de nada debemos decidir  cómo queremos que sea ese sistema legal y esa Justicia del futuro. Tenemos que adoptar decisiones integradas, coordinadas y dirigidas al logro de objetivos concretos, que obviamente deben ser legales, legítimos, realizables y medibles como lo son, por ejemplo los de:

1. Formar a la ciudadanía para que pueda ejercer sus derechos digitales.
2. Dotar al ciudadano de una identidad digital sencilla de utilizar.
3. Evolucionar hacia una administración sin papeles centrada en evitar duplicidades e ineficiencias.
4. Crear mecanismos reales para permitir la participación ciudadana en la elaboración de las normas, en el diseño de las nuevas soluciones (informáticas o no) que se desarrollan y en la medición de la calidad de los servicios jurídicos.
5. O el de invertir más en prevenir que en curar. Si prevenimos los delitos, evitamos los retrasos y el colapso de la Justicia. Si prevenimos la corrupción, mejorará la confianza.

Con estos y otros objetivos hay que diseñar un plan de transformación de nuestro sistema legal y de nuestra Justicia y encajar en él la tecnología que más valor pueda aportar, pero no construyamos la casa por el tejado, fijemos primero los cimientos. Nuestro Estado de Derecho lo merece.