Con la transparencia hemos topado, amigo Sánchez

El 19 de junio, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una Resolución (puede verse aquí, por la que se insta al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes e Igualdad “a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información:“Toda la correspondencia entre el Gobierno y el Vaticano (Santa Sede) relativa a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos”. Mucho me temo que será otra de las resoluciones que recurra el Gobierno ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Consejo recalca el indudable interés público de la información “y, por lo tanto, su conexión con la ratio iuris de la LTAIBG expresada en su Preámbulo: La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.

Se viene denegando el acceso a documentos como éstos; al Informe de la Alta Inspección educativa del Estado sobre el adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña; al documento que el Presidente autonómico catalán entregó al Presidente del Gobierno de España en su reunión del pasado 20 de diciembre de 2018 en Barcelona y que contiene 21 puntos o peticiones; a la información sobre las retribuciones percibidas por el personal directivo de RTVE, etcétera. Al final, lo que se suministra al ciudadano es información de bagatela.

No sólo es que el Consejo de Transparencia (y la cultura de transparencia) carece de apoyo político, sino que el Gobierno le toma por el pito del sereno; por lo que la institución le ha dicho que está harta de sus desaires, que, en definitiva, son desaires al ciudadano (Resolución de 3 de mayo de 2019, entre otras).

Antonio Salvador (de elindependiente.com) ha twitteado que “casos como éste justifican la existencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente que vela por que se cumpla la ley que obliga a los gestores públicos a ser transparentes”. Por ello, resoluciones como ésta son las que sistemáticamente se recurren por las autoridades concernidas.

El Independiente “desveló en exclusiva que el Ejecutivo había filtrado una interpretación sesgada de la misiva con que Parolin había contestado a Carmen Calvo el pasado 14 de febrero. Lejos de la versión interesada que el Gobierno de Pedro Sánchez había trasladado, el número dos de la Santa Sede dejó claro en su carta que Roma “no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española” y que era el Tribunal Supremo el órgano que tendría que resolver si el dictador ha de salir de Cuelgamuros”.

Casos como éste ponen en evidencia las verdaderas pretensiones de regeneración democrática y transparencia que se cacarean para acceder al poder y que luego quedan en nada o, como se observa, suponen un debilitamiento de instituciones como el Consejo de Transparencia que cuenta con escasos medios para cumplir con su función.

El Consejo de Transparencia ha puesto de manifiesto a la Presidencia del Gobierno “que viene observando, con cierta preocupación, que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno desatiende tanto las solicitudes de acceso a la información que le dirigen los ciudadanos como los requerimientos que, en vía de Reclamación, le realiza este Consejo de Transparencia para que presente alegaciones que ayuden a clarificar los contenidos de los expedientes de los que es parte.

Por ello, debemos recordar que esta circunstancia que no cumple, a nuestro juicio con la consideración de ejes fundamentales de toda acción política de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno tal y como predica el Preámbulo de la LTAIBG es contraria a una adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública…”.

El acceso a la documentación pública sirve también para descubrir ciertas “travesuras”. Así, en un expediente de la Comisión Europea, como coartada para alargar injustificadamente la tramitación del mismo, se comunicó al denunciante que el asunto era complejo y que requería de un “análisis pormenorizado de la situación en el conjunto de la Unión Europea a fin de garantizar la igualdad de trato de los Estados miembros”.

Pues bien, en la contestación a la solicitud de acceso y, especialmente, en lo que respecta a dicho “análisis pormenorizado”, se dijo que: “(2) En lo que respecta a su solicitud de un análisis en profundidad de la situación en la Unión Europea, el agente responsable aclaró que este análisis se llevó a cabo sobre la base de un examen documental de la legislación nacional disponible públicamente y que no se redactó ningún documento. No se dispone de correspondencia o denuncia formal con respecto a otros Estados miembros”. Si se examinan los escritos remitidos por la Comisión al denunciante, especialmente los relacionados con el archivo de la denuncia, se observa que no existe referencia alguna a la situación en los distintos estados miembros. Parece claro que el referido “análisis” nunca se produjo.

 

Parafraseando a Alfredo Pérez Rubalcaba, necesitamos gobiernos que nos digan la verdad, que sean transparentes.