El dedómetro: primeros avances, pocas sorpresas

El proyecto puesto en marcha por la Fundación Hay Derecho para medir el nivel de politización y amiguismo en la designación de los principales ejecutivos de organismos públicos, denominado “El Dedómetro”, avanza a buen ritmo gracias al trabajo de múltiples colaboradores. En esta primera fase el análisis se está centrando en empresas públicas, entes públicos empresariales, agencias y autoridades administrativas independientes vinculadas a la Administración General del Estado.

En numerosas ocasiones (por ejemplo aquí o aquí) los colaboradores de la Fundación han alertado del impacto negativo que tiene la selección del personal directivo de los organismos públicos por su afinidad política, por consolidar redes clientelares afines al partido o por mero amiguismo sobre la calidad de dichas instituciones. La falta de profesionalidad y meritocracia en las cúpulas directivas de los organismos públicos puede derivar en una gestión ineficiente de los mismos o, en el peor de los casos, pervertir su función original para poner el organismo al servicio del partido político que nombra a su principal ejecutivo.

El objetivo de la Fundación es contar con un amplio número de instituciones analizadas para poder analizarlas en su conjunto y en su contexto temporal y político. Pero mientras avanzamos en esta ardua tarea, queremos ir mostrando algunos de los resultados que estamos encontrando.

Una de las primeras instituciones analizadas ha sido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad pública independiente encargada de velar por la protección de datos personales y la privacidad de los ciudadanos. La designación del director/a de este organismo está regulado por el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos. El artículo 14 recoge que el director/a es nombrado por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, de entre los Miembros del Consejo Consultivo y que su mandato tendrá una duración de cuatro años desde su nombramiento. El artículo 15 desglosa los motivos de su cese, que solo pueden ser por la expiración de su mandato o por petición propia. El mismo artículo otorga al Gobierno la potestad de separar al director/a de su cargo antes de expirar su mandato solo por incumplimiento grave de las obligaciones del cargo, incapacidad sobrevenida, incompatibilidad o condena por delito doloso. Por tanto, la designación del director/a de la AEPD se encuentra, a priori, protegida de los vaivenes políticos con mandatos de duración fija. De esta forma se intenta asegurar la independencia y objetividad de la agencia respecto a otros poderes públicos. Obviamente, en el momento en el que el mandato llega a su fin, el partido en el gobierno tiene la potestad de designar uno nuevo, entrando de nuevo en juego la tensión entre meritocracia y politización.

La creciente preocupación de los ciudadanos sobre su privacidad, motivada por escándalos en el uso de datos personales como el protagonizado por Facebook y Cambridge Analytica, ha hecho que la actividad de la AEPD haya crecido notablemente en los últimos años como puede comprobarse en su última memoria. Aunque no contamos con datos concretos sobre la valoración que los ciudadanos otorgan a esta institución, el tratamiento periodístico de la misma suele ser muy positivo, destacando su labor sancionadora ante abusos en la utilización de los datos personales por parte de empresas u otras entidades. En este sentido parece que no ha habido grandes problemas en su gestión, por lo que cabría pensar que su dirección ha estado en manos de profesionales sin mayores intereses que velar por el cumplimiento de su propia misión.

A lo largo de su historia la AEPD (creada en 1992 y funcionando desde 1994), ha contado con seis directores. En el análisis de los cuatro últimos descubrimos que tres de ellos fueron nombrados por el gobierno de turno tras haber desempeñado puestos de responsabilidad en el partido de gobierno o altos cargos en la propia administración, como por ejemplo Director de Gabinete del Ministro de Justicia (encargado de realizar el nombramiento).

Si bien es cierto que la formación académica y trayectoria profesional previa a la designación de los tres directores más politizados (todos licenciados en Derecho y con experiencia en gestión pública) podrían ser suficientes para dirigir con éxito la AEPD, ninguno destacaba por ser especialista en protección de datos.

Esto podría ayudar a explicar algunos informes especialmente polémicos de la Agencia en los últimos 10 años. Así, por ejemplo, algunos informes de la AEPD han servido para avalar prácticas relativas al uso de datos personales por parte del gobierno que había nombrado al director encargado de emitir dicho informe (por ejemplo, el informe que en 2010 avaló el tratamiento de datos de SITEL, Sistema de Interceptación de Comunicaciones que protagonizó una fuerte polémica política entre PP y PSOE) o prácticas que afectaban a toda la clase política, como el que autorizaba con restricciones a los partidos políticos a recabar información sobre las opiniones políticas de los ciudadanos para utilizarlos en las campañas electorales, autorización finalmente anulada por el Tribunal Constitucional.

La pregunta del millón es: ¿es necesario contar con directivos especialistas en las áreas de actuación de las instituciones públicas? Nosotros entendemos que sí, ya que el conocimiento previo de la materia sobre la que tiene que gestionar sin lugar a dudas contribuye a fortalecer el papel de la institución y centrarse en sus objetivos sin injerencias políticas, mientras que la utilización de las mismas para colocar a amigos o miembros del partido sin ninguna vinculación con la actividad de la institución es un clavo más en el ataúd donde reposa la calidad de nuestras instituciones, calidad que muy pocos políticos están interesados en resucitar.