En defensa de la institucionalidad

Vivimos tiempos convulsos en los que los viejos populismos y totalitarismos cristalizan en nuevas organizaciones políticas que se abren paso en nuestros ecosistemas políticos. Es un fenómeno ya ampliamente verificado como global al que todavía no hemos resuelto cómo hacerle frente con las herramientas de las que nuestras democracias se han dotado. Dorothy Thompson, periodista estadounidense del siglo pasado, alertó en ‘’Let the Record Speak’’ sobre la tolerancia y la debilidad de las democracias. ‘‘Es demasiado tarde para responder a las consignas del fascismo con las consignas de la democracia. Es demasiado tarde para esperar que preservemos la democracia sin esfuerzo, inteligencia, responsabilidad, carácter y gran sacrificio’’.

Ayer, durante la sesión constitutiva de las Cortes Generales – la segunda en siete meses, la cuarta en cuatro años – observamos algunas manifestaciones, cada vez menos minoritarias, de esta crisis política. Un extremo y otro del arco parlamentario ignoraron la institucionalidad y emplearon los trámites meramente procesales del Congreso de los Diputados como artefacto de difusión de un mensaje antisistema. Más o menos explícitamente, renuncian a la institucionalidad con el fin de poner en cuestión nuestro régimen constitucional.

Una clara manifestación de lo que aquí describo son las ingeniosas fórmulas de promesa o juramento de acatamiento de la Constitución que se pudieron escuchar – entre abucheos -. Ya en la última sesión constitutiva muchos de los parlamentarios hicieron uso de expresiones de acatamiento que fueron, cuando menos, controvertidas. No es mi propósito hacer aquí un análisis jurídico exhaustivo sobre la cuestión. En primer lugar, porque, contrariamente a la creencia popular extendida, la vinculación a la Constitución de los cargos públicos no deriva de su juramento o promesa de acatamiento sino del artículo 9.1 del texto constitucional, en el que se impone la sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico a la ciudadanía y a los poderes públicos. En segundo lugar, porque el debate jurídico sobre la casuística empleada puede ser intelectualmente estimulante, pero corresponderá al Tribunal Constitucional fijar su adecuación o no a la legalidad vigente.

Sin embargo, sí podemos hacer una crítica a la búsqueda continua de los límites del Derecho para exhibir políticamente un incumplimiento del mismo sin asumir las consecuencias propias de su vulneración formal. La Constitución Española proclama como valor superior del ordenamiento jurídico el pluralismo político y garantiza la libertad ideológica, por lo que el Tribunal Constitucional ha huido de interpretaciones restrictivas y formalismos rígidos que excluyan la expresión de tal pluralismo. Sin embargo, sí es concluyente en la jurisprudencia constitucional el requisito de que las cláusulas y expresiones que se adicionen no varíen, limiten o condicionen el sentido propio de la promesa o juramento (STC 119/1990).

En este sentido, observo con intranquilidad la persistencia en la estrategia de desafiar el marco del que todos nos hemos dotado. Serán los órganos de gobierno del Congreso y, en su caso, el Tribunal Constitucional, quienes resuelvan si se ha infringido tal marco, pero no cabe duda de que existe una voluntad de bordear los límites para generar el falso espejismo de que, en realidad, no se ha producido un acatamiento de la Constitución. Esto último debe inquietarnos: la Constitución es la norma que protege nuestros derechos, libertades e instituciones. La norma de la que deriva la propia existencia del mandato parlamentario. Las expresiones que busquen su superación (o una sensación de tal) por medio de subterfugios ajenos a los procedimientos establecidos deben alertarnos.

Tampoco es una buena noticia la emisión de votos nulos para la elección de los miembros de la Mesa del Congreso valiéndose de heterogéneas expresiones políticas. No por la expresión política en sí misma, que es deseable en sede parlamentaria de un Estado democrático, sino por el modo y tiempo elegido para hacerla. La Mesa del Congreso es un órgano de la máxima relevancia constitucional por las tareas que le son asignadas y, por lo tanto, su composición es un asunto de indudable interés general. Lo visto hoy evidencia, por un lado, el empeño en desviar la atención de un evento público importante a otros temas y, por otro, una reducida disposición a participar en la vida pública por los cauces consensuados por todos. Es esa forma a la que venimos acostumbrándonos de captar el foco haciendo activismo desde la representación pública.

Las negociaciones previas y la propia constitución de la Mesa han arrojado, desde otra vertiente, un mal ejemplo de responsabilidad pública. La extrema derecha, inmersa en las tácticas del populismo, ha optado por una estrategia de no negociación con el resto de fuerzas políticas, particularmente con aquellas con las que sí ha alcanzado acuerdos de ámbito autonómico y municipal, con el propósito de visibilizar una exclusión. Estas otras fuerzas no han sabido dar una respuesta cabal a tal operación, logrando un acuerdo entre ellas o con otras. La menor presencia del populismo ultra en el órgano representativo no le resta influencia práctica, habida cuenta de que la mayoría del mismo es de signo ideológico distinto. Al contrario, esa ausencia le permite la victimización y la deseada no institucionalización para profundizar en un discurso antipolítico que oponga las élites de las instituciones representativas (Mesa) al verdadero pueblo (ellos).

De nuevo, tampoco debemos reducir la cuestión sobre la presencia de la tercera fuerza política en la Mesa del Congreso a un debate jurídico, sin duda rico. La flexibilidad con la que tradicionalmente ha sido interpretada la reglamentación de la Cámara permite multitud de argumentos. Lo que me interesa aquí es hacer hincapié en el deliberado deseo de no ser partícipes de nuestras instituciones para, con ello, intensificar un perfil diferenciador y homogeneizar a los adversarios políticos en una suerte de abominado consenso y en la incapacidad de las organizaciones políticas demócratas y liberales para dar una respuesta a la afrenta.

Mi deseo es que sirvan estas líneas no tanto como un retrato pesimista de las grietas de nuestro sistema político sino como un mensaje en defensa de la institucionalidad. Una reivindicación sobre la importancia de respetar y dignificar nuestro ordenamiento institucional y los procedimientos de los que se sirve para la toma democrática de decisiones. Debe leerse este artículo como una alerta sobre las tendencias que pueden suponer un riesgo a nuestro sistema político y como una llamada al esfuerzo, inteligencia y responsabilidad a los que se refería Thompson como garantes de nuestra democracia.