Encrucijadas políticas, tribuna en EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

La notable frivolidad y falta de responsabilidad con que se está afrontado por el PSOE (con mención destacada al PSC) la posible investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de ERC contrasta con la gravedad de la crisis política, institucional y territorial que vivimos en España y que deriva en primer lugar de la incapacidad de los partidos y de sus líderes para afrontar con seriedad y rigor los retos de una democracia liberal representativa como la nuestra al empezar la tercera década del siglo XXI. Por supuesto, esta situación no es exclusiva de España, pero llama la atención que mientras que en la sociedad civil, en los think tanks o en la academia se debaten en profundidad cuestiones tales como la demografía, la sostenibilidad del Estado del bienestar, la precariedad, la desigualdad, la crisis climática, la concentración de la población en las ciudades, la cuarta revolución industrial o incluso la necesidad de redefinir el capitalismo para no poner en peligro la democracia, y se alcanza muchas veces un diagnóstico compartido, nada de eso ocurre en los debates políticos. Ni en los parlamentos, ni en los medios de comunicación y no digamos ya en las redes sociales veremos nada parecido. Mensajes cortos y efectistas, tuits y consignas es lo más que, al parecer, podemos esperar de nuestros representantes se trate del tema del que se trate.

Quizá la mejor prueba de esta incapacidad política -porque de eso hablamos- es que el relevo generacional en los principales partidos ha supuesto un auténtico fiasco. La verdad es que podría decirse de nuestros jóvenes líderes lo mismo que Talleyrand dijo de los Borbones tras la Revolución francesa: ni han olvidado nada ni han aprendido nada. Siguen ahí todos los viejos tics del bipartidismo con el problema de que ahora ya no hay bipartidismo, que por lo menos permitía gobiernos estables. Peor aún, la creciente brevedad de nuestros ciclos electorales ha llevado el tacticismo al límite; el cortísimo plazo es lo único que importa, justificando los cambios continuos de discursos y de estrategias que llegan a ser mareantes no ya para los electores sino para los propios elegidos. Las contorsiones dialécticas a las que están obligados nuestros representantes no sólo son difíciles, es que son imprevisibles. Tenemos el viraje del presidente del Gobierno en funciones, quien, tras manifestar que gobernar con Podemos le producía insomnio, llegó a un acuerdo con Pablo Iglesias 48 horas después de las elecciones que convocó para evitarlo. Cabe hablar también de los diputados de Ciudadanos que se enteraron por la prensa de que el «no es no» a Pedro Sánchez había desaparecido por ensalmo justo antes de la campaña electoral para el 10-N, viéndose obligados a defender un posible pacto con el PSOE del que abjuraban unas horas antes. Y podríamos multiplicar los ejemplos. No es de extrañar que los políticos prefieran las ruedas de prensa sin preguntas o con preguntas preparadas o con periodistas complacientes. Ninguno está en condiciones de aguantar las preguntas de un periodista mínimamente solvente.

Pero sin duda lo más grave que está ocurriendo ahora mismo es la negociación del PSOE con ERC, un partido cuyo líder está en la cárcel condenado tras un juicio oral que hemos podido ver todos y en el que se ha aplicado el Código Penal vigente (aprobado por nuestro Congreso por mayoría absoluta), como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho. Las explicaciones de por qué lo que era impensable hasta hace muy poco es ahora lo más deseable se mueven entre lo inverosímil y lo bochornoso. No hace falta decir que la frivolidad y la falta de coherencia que ponen de manifiesto estas negociaciones van a traspasar nuestras fronteras, invalidando de paso el muy meritorio esfuerzo realizado por este mismo Gobierno y la sociedad civil por explicar la postura española frente al separatismo catalán. ¿Qué diremos ahora en las instituciones europeas? ¿Qué nada de lo que se ha dicho y escrito sobre el independentismo iba en serio? ¿Qué les decimos a los constitucionalistas catalanes, que volverán a ser moneda de cambio para el apoyo nacionalista al Gobierno central como ha venido ocurriendo con los sucesivos ejecutivos minoritarios del PP y del PSOE en las últimas décadas? Y a los independentistas, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Que el Estado de derecho no se aplique en su caso? ¿Que puedan elegir a los jueces que les juzguen? ¿Un nuevo Estatuto, más autogobierno, cambiar la Constitución por la puerta de atrás cuando los votos no son suficientes para hacerlo de otra manera? Como decía Einstein, «si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo».

Por otro lado, causa una cierta sorpresa que el PSOE piense que puede convencer a la ciudadanía de que un pacto con ERC sería un pacto progresista de algún tipo. Si algo ha puesto de manifiesto el procés -más allá de los despistados o de los que se lo hacen- es el carácter profundamente retrógrado del nacionalismo supremacista y separatista. Si de algo se va percatando la sociedad española es de las similitudes entre el discurso ultranacionalista catalán (y vasco, por cierto) y el discurso ultranacionalista de Vox. Si en el primer caso el enemigo son los españoles, en el otro son los inmigrantes. Por lo demás, las dosis de demagogia, odio y falsedades o medias verdades están presentes en ambos discursos, probablemente más incipientes todavía en el caso de la ultraderecha que en el de los nacionalismos periféricos, aunque sólo es cuestión de tiempo que se igualen. Lamentablemente, mover las bajas pasiones da muchos réditos electorales en una etapa de polarización y pasiones desatadas.

El problema está en que nuestros partidos políticos constitucionalistas, incluidos los nuevos, siguen siendo tan disfuncionales como siempre; los hiperliderazgos y los palmeros siguen estando a la orden del día, lo mismo que las purgas internas, los mensajes vacíos y las consignas que sustituyen a los debates y reflexiones sosegadas. El Parlamento cada nueva legislatura se asemeja más al patio de un colegio o a un circo, según que se preste más atención a las disputas infantiles por el escaño o a las gesticulaciones del número nada despreciable de diputados que se consideran oprimidos por el régimen del 78. El que dicho régimen haya sido el periodo de mayor prosperidad y bienestar en la historia de España y que sea precisamente la Constitución de 1978 la que ampara su derecho a denostarla ni se les ocurre. El que pretendan sustituirla por un modelo de democracia iliberal a la turca, polaca o húngara (en el mejor de los casos) o por una autocracia pura y dura a lo Putin o Maduro (en el peor) no les preocupa nada. Las voces de los diputados sensatos con tanto ruido no se escuchan.

La salida a esta situación no es nada fácil. Pero habrá que intentar encontrarla. A mi juicio, lo crucial es que el Gobierno español no dependa de los independentistas catalanes no sólo por razones básicas de coherencia y de eficiencia sino también por razones de otro tipo. Hay coyunturas críticas en que toca hacer lo correcto, porque si no se hace se ponen en riesgo los logros de varias generaciones, en nuestro caso la esencia de la propia democracia liberal representativa. Creo sinceramente que esta es una de esas coyunturas. Esto exige una altura de miras por parte de quienes pueden facilitar la investidura de Pedro Sánchez para que no dependa de los independentistas, altura de miras que ciertamente no es a lo que estamos acostumbrados. Quizá pueda dar el primer paso Inés Arrimadas, aunque sólo sea por estar al frente de un partido que fue el gran responsable -junto con el actual presidente en funciones- de que no se llegase a un pacto de centro en la anterior legislatura con las consecuencias que ahora vemos y que muchos advirtieron. Claro que sólo tiene 10 diputados, por lo que no puede aspirar a liderar nada en serio, pero los gestos son importantes y su voto favorable podría animar al PP a abstenerse. La abstención no parece suficiente. Esto le permitiría al PP ejercer una oposición responsable, teniendo en cuenta las posibilidades de que Vox y los independentistas (si se quedan fuera) la ejerzan de forma totalmente irresponsable. En cuanto a Podemos, considero que hay que darles de una vez la oportunidad de convertir un discurso populista en una acción de gobierno, moderados por sus socios del PSOE e incluso por alguna personalidad de fuera del entorno partidista que pudiera aportar un cierto contrapeso. En definitiva, son necesarios dentro del consenso constitucionalista.

Por lo que se refiere a las condiciones, llegados a este punto probablemente se trate de volver a los consensos básicos de las democracias liberales representativas. Esto quiere decir respeto a la Constitución y al Estado de derecho, respeto por los checks and balances, respeto por las minorías, respeto por la evidencia empírica en relación con las políticas públicas (o si se quiere, respeto por la verdad), respeto por la separación de poderes y respeto por la neutralidad y profesionalidad de todas y cada una de las instituciones. Son las condiciones sin las cuales no es posible plantearse seriamente resolver ningún problema complejo incluido el conflicto catalán. Por eso conviene ponerse a trabajar ya con los útiles que tenemos disponibles en la caja de herramientas de las democracias liberales representativas. Básicamente, porque no tenemos otros: no hay soluciones mágicas, como nos quieren hacen creer los demagogos y populistas y la culpa de nuestros problemas no la tienen los enemigos que nos inventamos para eludir nuestras responsabilidades como nos quieren hacer creer los nacionalistas. En definitiva, debemos actuar como lo que somos, ciudadanos mayores de edad, y exigir que se nos trate como a tales.

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