¿Podemos acabar con la endogamia?

Podríamos pensar que “los españoles somos así”. Por algo hemos inventado la novela picaresca. Por algo hay pocos idiomas en los que, como en castellano, exista el verbo colarse, o enchufar (a alguien). Un ejemplo más de ello sería la endogamia universitaria –la contratación de los profesores universitarios por sus buenas relaciones con quien contrata, en lugar de por sus méritos en investigación y docencia.

Seguramente la endogamia no refleja malas intenciones. Quien adjudica una plaza a un “discípulo” no lo hace pensando en perjudicar a nadie, y sin embargo su decisión tiene consecuencias que nos afectan gravemente a todos –sobre estas consecuencias hablábamos en un post anterior. La endogamia parece arraigada y por ello la posibilidad de acabar con ella puede parecer poco realista. Sin embargo, lograrlo es tanto crucial como posible. Dentro de los departamentos de las universidades no existe una cultura de contratación endogámica que sea imposible de revertir. Podemos conseguirlo y con ello dar un paso enorme para garantizar que nuestras universidades nos brinden las mejores docencia e investigación. Depende de la implementación de medidas que no solamente existen en otros países europeos sino también en algunos lugares dentro de nuestro país.

Algunos departamentos de alto rendimiento en investigación, como los de Economía de la Universidad Pompeu Fabra o de la Universidad Carlos III de Madrid, han decidido atajar la endogamia de raíz. Lo han hecho prohibiéndose a sí mismos contratar como profesor a un candidato que se haya doctorado en el mismo departamento. Así impiden la tentación de contratar a alguien por ser “de la casa” en lugar de por sus méritos objetivos. El comité de expertos para la reforma universitaria convocado por Wert en 2012 propuso -sin éxito- aplicar esta misma medida a nivel nacional (sección I.3.1.a aquí).

Puede parecer drástica la prohibición de que un departamento contrate a sus propios doctorados. Al fin y al cabo, que un candidato proceda de la misma universidad no quiere decir que no sea bueno. Ser “de la casa” no tiene por qué ser el factor que determina la contratación sino más bien un factor irrelevante. Cualquiera que haya sido estudiante universitario sabe que hay muchos profesores así que son excelentes. Sin embargo, la evidencia indica que en nuestro país el 70% de los profesores de las universidades públicas trabaja en la misma universidad en la que se ha doctorado, mientras que en Alemania o Reino Unido esta cifra no llega al 10%. El contraste entre ambas cifras es tan grande que parece que, efectivamente, en nuestro país ser “de la casa” no es un factor irrelevante, sino de hecho determinante en la mayoría de contrataciones. Quizá un problema drástico como éste requiera una solución drástica como la implementada en la Pompeu Fabra y la Carlos III. Ello permitiría que candidatos excelentes, que a día de hoy sólo pueden aspirar a trabajar en su misma universidad de origen, tengan posibilidades reales de ser contratados en otras universidades.

Pero prohibir no es la única manera. Una alternativa es incentivar la contratación meritocrática mediante la financiación variable. El mecanismo de financiación variable consiste en garantizar a las universidades una base de financiación, a la cual se añaden partidas extra que la universidad consigue sólo si alcanza una serie de objetivos de calidad. Este mecanismo incentiva la contratación meritocrática porque, si un departamento sabe que su financiación depende de sus resultados, el propio departamento se asegurará de contratar a los profesores que logren dichos resultados –y no necesariamente a los profesores con quienes tenga mejores relaciones personales.

La financiación variable ya existe en países como Reino Unido y, desde 2003, en Cataluña (ver la Ley de Universidades de Cataluña en su artículo 118). En 2013 fue propuesta a nivel nacional –sin éxito tampoco- por el comité de expertos convocado por Wert (sección I.3.1.b aquí) y formaba parte del proyecto de la LEMES (Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior), que comenzó a tramitarse la pasada legislatura y finalmente fue aparcada (ver artículo 61 aquí).

La financiación variable no implica establecer un mecanismo de control exhaustivo sobre las contrataciones. No se supervisan las decisiones de contratación de las universidades sino que se mantiene su autonomía, consagrada en el artículo 27.10 de nuestra Constitución. Esta autonomía se combina con un mecanismo de rendición de cuentas, puesto que si la universidad desempeña mejor sus funciones obtiene mayor financiación. Complementar la autonomía universitaria con la rendición de cuentas no sólo es efectivo de cara al mejor rendimiento de la universidad sino que seguramente es la manera más acertada de entender dicha autonomía. “Autonomía” no puede ser sinónimo de utilizar los fondos que entre todos aportamos a las universidades para hacerle un favor a un conocido contratándole como profesor. Las universidades deben tener autonomía en sus operaciones y decisiones para alcanzar el objetivo que justifica su existencia: impulsar el progreso de nuestra sociedad, impartiendo docencia e investigación de la mejor calidad. La financiación variable es una manera de facilitar que este objetivo se cumple.

“El diablo está en los detalles”, dicen, y el mecanismo de financiación variable es un ejemplo de ello. Para que realmente cumpla su función no es suficiente con establecerlo en una ley de manera abstracta. Los objetivos de calidad a cumplir son concretos y deben adecuarse a distintas situaciones –estos objetivos, en el caso catalán, se fijan en forma de “contratos-programa” específicos entre cada universidad y la Administración. Para fijar dichos objetivos es imprescindible que en el momento de concretarlos haya un compromiso decidido por parte de la Administración con la calidad de la educación superior, de modo que se supedite la financiación extra a resultados que realmente reflejen calidad de la universidad. Esto dependerá del compromiso por parte del partido que en un momento dado esté en el poder. No sirve que se concedan fondos en función del número de publicaciones sin que importe su calidad, u otros indicadores imprecisos que a día de hoy se utilizan en algunos mecanismos de financiación (ver párrafo octavo aquí).

Los indicadores de calidad deben diseñarse desde la premisa de que la misión social de la universidad no es sólo la investigación, sino también la docencia. Por ello los objetivos a cumplir deben ser objetivos de calidad investigadora pero también de calidad docente. Esto indudablemente es un reto, puesto que la medición de la calidad de la investigación es menos controvertida que la medición de la calidad docente (ver p.21 aquí).

Acabar con la endogamia universitaria sí es posible. Lo podemos conseguir si implementamos una serie de medidas. En este post hemos revisado dos de dichas medidas: la prohibición de la contratación de candidatos procedentes del mismo departamento y la financiación variable en función de resultados de calidad. Nos jugamos tanto en conseguir que nuestras universidades nos brinden las mejores docencia e investigación. Si acabamos con la endogamia daremos un paso enorme para garantizarlo.