Las cláusulas secretas del acuerdo progresista del nuevo Gobierno

Según ha podido saber Hay Derecho de fuentes bien informadas, existe un protocolo secreto con algunas cláusulas que el PSOE se ha obligado a cumplir respecto a sus futuros socios y que, francamente, nos resultan bastante preocupantes desde el punto de vista de las instituciones y el Estado de Derecho. Algunos dirán que no es el fin del mundo y que tampoco es para tanto, pero se trata de cuestiones sensibles para la ciudadanía, por lo que no pueden considerarse meras concesiones simbólicas como afirman los negociadores.

En primer lugar, está el tema de las naciones y la plurinacionalidad. El PSOE reconoce nada menos que 14 naciones (se excluye a Madrid y Ceuta y Melilla por aquello de no generar problemas adicionales con Marruecos) aunque solo de manera simbólica, para que se recoja en los preámbulos de los Estatutos de Autonomía y sin efectos jurídicos inmediatos. Dirán algunos que esto no es una novedad, pero lo cierto es que nos parece sinceramente que son demasiadas naciones para poco territorio. De hecho, algunas de ellas ya han venido manifestando tentaciones expansionistas en los últimos años que creemos que no deben de ser alentadas con este tipo de reconocimientos. No obstante, y como muestra del respeto a la diversidad, hacemos constar el voto particular de uno de los editores que considera que son pocas, al no reconocerse la Nación de Jumilla, de innegable autenticidad y con un largo memorial de agravios frente a la Nación de Murcia. En todo caso, nos permitimos apuntar una dirección nueva de pensamiento. ¿Por qué no admitir una “nacionalidad fluida”, al modo del género fluido? Imagínense ustedes que en función de cómo se sientan pudieran optar por una regionalidad u otra, o calificar la regionalidad de nacionalidad o viceversa. Sería maravilloso. Y si además aplicáramos las nuevas tecnologías y mediante una cómoda App conectada con el Ministerio de Justicia pudiéramos satisfacer nuestros deseos de modo inmediato optando por una nueva identidad en función de cómo nos encontráramos por la mañana el círculo se cerraría, adecuando el interior al exterior sin engorrosos trámites. Eso sí, con todas las garantías de protección de datos y con la posibilitad de incorporar tuits promocionados en la App para hacer sostenible el gasto (aunque quizá esto consumiría más CO2 y previamebte deberíamos consultar a Greta)

En segundo lugar,  hay que referirse a la cuestión del Poder Judicial. Sabido es que la judicialización de la política -que tanto se ha combatido desde este blog- está teniendo consecuencias directas en la gobernabilidad de nuestro país, dado el gran número de dirigentes que transitan entre los parlamentos y las cárceles (por diversos motivos que van desde la sedición al tráfico de influencias pasando por la administración desleal) y que cada vez las legislaturas son más cortas.  Para acabar con una situación que tanto deteriora la imagen de las instituciones se ha decidido que nadie con más de una condena firme pueda presentarse a unas elecciones. Pues bien, sinceramente nos parece que esto es situar el listón muy bajo, dado que se estaría permitiendo ser parlamentario a políticos con una sola condena firme y en prisión por delitos graves. Es más, incluso podrían formar parte de un Gobierno.

Pero ¿de verdad queremos que se nos gobierne desde las cárceles? ¿Pensamos que será más eficaz que desde los Ministerios porque solo podrán hacerlo en el tiempo libre y dispondrán de recursos más limitados?  Algo de verdad hay pero también le vemos muchos inconvenientes. Por ejemplo ¿qué pasa con las visitas oficiales? Cierto es que algunos ya están acostumbrados a realizarlas en algunas prisiones escogidas pero, ¿qué ocurre si, como parece, el fenómeno de los políticos presos se generaliza?  ¿ Qué dirán los representantes de otros países? ¿No les parecerá un poco raro o por lo menos incómodo?

Por otro lado, en las negociaciones no se oculta un problema de fondo: la judicialización de la política, que conduce a que al final el rumbo de un país dependa de una decisión jurisdiccional. Una idea que al parecer ronda en las negociaciones es resolver este problema aplicando principios del Derecho privado, por mucho que el espíritu de izquierdas de los involucrados sea reacio a ello. Algunos asesores del PSOE, formados en USA, han sugerido que la figura de la fusión por absorción podría ser adecuada para este conflicto: el Consejo de Ministros podría absorber al Consejo del Poder Judicial, con lo cual, a la par que se evitarían molestas discrepancias de criterio que restan eficacia a las decisiones de la Superioridad, se obtendría una unidad de Dirección Orgánica en lo Universal que alinearían las decisiones políticas con las jurídicas, logrando con ello unas evidentes sinergias. El problema, lógicamente, es el de toda fusión: determinar la relación de cambio previa la valoración de los activos, para determinar así a qué puestos del gobierno podrían aspirar los miembros del CGPJ. Ni que decir tiene que esta posibilidad nos repugna: es cierto que ya el gobierno condiciona los nombramientos del consejo, pero si queremos hacer de tripas corazón, sería mejor una fusión directamente con el Parlamento, haciendo a los miembros del CGPJ diputados. Hay que mantener las formas, por favor.

En fin, la cosa no acaba aquí. Hay mas concesiones retóricas esta vez a Podemos en relación con el lenguaje inclusivo, los topónimos “reaccionarios”  (todos los que se refieren al santoral, por ejemplo), la monarquía o las fiestas oficiales. Así, San Sebastián pasaría a ser Don Sebastián, consiguiendo al tiempo una cierta armonización con el topónimo en euskera; Santander, para evitar equívocos, sería Sun Tander, lo que ayudaría a promocionarlo como destino de sol y playa, sobre todo ahora que el cambio climático lo convertirá en la Nueva Canarias. Aunque el lenguaje del protocolo es vago y poco preciso en estas materias se hace referencia a “evitar conmemorar efemérides con un componente de vulneración de los derechos humanos” (¿quizás el 12 de octubre?)   o “desvincular determinadas festividades de referencias culturales que puedan resultar molestas para sectores de la ciudadanía que no las comparten” (¿quizás las Navidades?).

En cuanto al lenguaje inclusivo, somos conscientes de la necesidad de avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres también en este ámbito, pero no a costa de que nuestro lenguaje oral y escrito resulte interminable al tener que duplicar todos los nombres, pronombres y adjetivos. Por eso nos atrevemos a proponer una sencilla regla númerica: cuando a ojo haya más varones que mujeres se puede usar el plural masculino, cuando ocurra lo contrario, el femenino. Así  en los Consejos de administración del IBEX se hablará siempre de los consejeros, pero no así en las reuniones de padres de los colegios (que lógicamente deben de ser de madres). Cuando a ojo la cosa esté igualada, proponemos un plural neutro en “e”, como en jueces o fiscales (por ejemplo: “cuñades”).

El pacto de progreso no renuncia a reformas de más calado en materia jurídica. Así, considera que hay que superar las rigideces heredadas de Derecho Romano -“al fin y al cabo son los primeros fascistas”, dicen- y frente a la “Dura Lex sed Lex”, se propone el más moderno derecho blando o líquido, que tan bien explicaba aquí  Rodrigo Tena. No haría falta cambiar las leyes – “que pereza…”- , sino simplemente añadir a determinados preceptos del Derecho Penal y Civil las expresiones “según y como”, o “según y quien”, para evitar que remilgos de juristas maleados por la vida de opositor impidan la necesaria gobernabilidad. Como era de esperar, ese reblandecimiento general no se aplicaría al Derecho Fiscal y Tributario pues, como señala nuestro garganta profunda, “no se juega con las cosas de comer”. A este ámbito se trasladarían determinados aforismos romanos, eso sí, con las necesarias adaptaciones. En caso de interpretaciones dudosas se aplicaría el “in dubio te arreo”, condenando siempre al contribuyente e imponiendo la sanción en su tramo más alto; en las actuaciones inspectoras el principio de “Acta sunt servanda”, haciendo las actas de los inspectores irrecurribles ante cualquier instancia.