Eficacia, eficiencia y Administración de Justicia

Hace unos días participaba en una tertulia de Radio Córdoba sobre la situación de la justicia en mi provincia. Cuando el moderador me preguntó qué le pedía a los políticos para solucionar el colapso de la justicia, se quedó algo sorprendido de mi respuesta. Le dije que a los políticos les pedía ideas. Esa situación me hizo recordar un hilo que unas semanas antes había escrito en Twitter y cuyas ideas ahora retomo para desarrollar este artículo.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial en su documento La justicia dato a dato, 2018 ([1]), durante ese año el número de asuntos ingresados por juzgados y tribunales en España ascendió 5.993.828. Teniendo en cuenta el número de jueces y magistrados referidos en el mismo informe, a cada uno de quienes integramos la carrera judicial nos correspondió en la anualidad analizada una media de algo más de mil asuntos por toga. ¿Es esa carga de trabajo la causa de los problemas de la justicia en España?

Para tener un criterio con el que dar respuesta a la pregunta me asomé al Cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea 2019, publicado por la Comisión Europea en abril del pasado año ([2]). El citado informe hace un análisis de esa eficacia de la justicia en los distintos países de la UE, considerando esta eficacia judicial como un instrumento de los Estados para crear “un entorno favorable para la inversión, las empresas y los ciudadanos”. Lo demuestra con datos estadísticos: el dinero acude donde hay seguridad y eficacia judicial. El informe de la Comisión Europea afirma que un sistema eficaz no puede prescindir de la independencia, la calidad y la eficiencia.

La ineficacia del sistema judicial español queda claramente reflejada en varios datos del mencionado cuadro. En la tasa de resolución nos encontramos en el puesto 25º de 27, resolviendo en la serie histórica menos asuntos de los que entran. Donde claramente fallamos es en el tiempo de respuesta en las tres instancias. Según los datos aportados, estamos los terceros por la cola, con más de 200 días de media para resolver sólo en primera instancia civil y mercantil.

No voy a detenerme en datos de independencia judicial y calidad y me centraré en la eficiencia del sistema judicial español como factor de eficacia. Siempre se ha planteado que nuestros malos datos no son un problema de eficiencia, sino de falta de medios personales en la administración de justicia. Veámoslo: la Comisión Europea refleja que no estamos tan mal situados en el cuadro de número de asuntos entrantes en primera instancia (civil, mercantil, administrativo y otros); con menos de 5 asuntos/100 habitantes, ocupamos el puesto 9º, teniendo a 18 países por detrás. En asuntos pendientes estamos en la mitad de la tabla con  3 asuntos en primera instancia por cada 100 habitantes. Si no hay de media más asuntos por habitante, puede ser que el problema esté en que existen menos jueces por habitante. Efectivamente, España, con 12 jueces por cada 100.000 habitantes ocupa el furgón de cola en la posición 22ª de 28 países. La falta de jueces en España es un punto de partida para analizar los problemas de la justicia en España.

¿Ya está? ¿Aumentando el número de jueces se acabarían los problemas en el sistema judicial español? ¿El problema para aumentar la planta judicial es la falta de presupuesto? Puede ser que el desequilibrio jueces/habitante no sea más que un reflejo de la falta de eficiencia presupuestaria; que el problema no sea gastar más, sino gastar mejor. Si analizamos en el cuadro antes mencionado el gasto en justicia por habitante y el porcentaje del PIB en justicia, resulta que España está en el tramo de los países que más invierten en justicia; ambos indicadores nos sitúan respectivamente en la posición 12ª y 10ª de un total de 28, gastando más por habitante que países más ricos de nuestro entorno.

Claramente no sólo es gastar más, es gastar mejor, y para ello me remito a los trabajos del magistrado sevillano Francisco Gutiérrez ([3]), que entre otros datos fija en un 12,2% el gasto en jueces del total de gasto en la Administración de Justicia en España, El de fiscales el 5,5% y el de funcionarios el 51,0%. Por tanto, el problema de eficiencia presupuestaria existe.

Seguidamente toca hablar de eficiencia organizativa: la estructura de la administración de justicia española en  juzgados y tribunales resulta rígida y costosa. La planta judicial sólo se puede ampliar en primera instancia con la creación de juzgados, sin poder analizar si el cuello de botella que provoca el colapso está en la admisión, en la tramitación, en la resolución o en la ejecución de asuntos. Frente a ello, la organización por tribunales de instancia permite “engordar” o “adelgazar” la estructura de la justicia allí donde es exclusivamente necesario y con un menor coste. Un ejemplo: por distintas razones un juzgado resuelve 500 asuntos al año y otro homólogo de su mismo partido judicial resuelve 450 asuntos. Ambos están servidos por el mismo personal, sin posibilidad de reforzar el más productivo o ajustar a su verdadera necesidad de recursos humanos en el que menos sentencias se dictan. Esta situación sería impensable en el sector empresarial.

Los jueces somos recelosos a los tribunales de instancia. Sabemos que los políticos pueden tener la tentación de aprovechar esta necesidad para pegarle un nuevo tajo a la independencia judicial, alterando el reparto y conocimiento de asuntos y despojando a quienes formamos parte de la carrera judicial de uno los últimos reductos de democracia: la elección de los decanos. Si la torpeza legislativa pretende aprovechar esta carestía para conseguir el control de la justicia, no ya en su cúpula, sino también en sus bases, encontrará enfrente a la mayoría del colectivo. Yo lo tengo claro: prefiero una justicia lenta a una justicia politizada. La primera llega tarde, pero llega. La segunda no es justicia.

Hecha una breve referencia al argumento económico y organizativo, me voy a detener en el verdadero motivo inspirador de este artículo. Considero que una fórmula eficaz y poco explorada para reducir el colapso de juzgados y tribunales es la de establecer en el proceso judicial elementos de eficiencia en la gestión de los procedimientos, que sin cercenar el derecho de defensa, permitan alcanzar la resolución del conflicto judicial reduciendo los recursos necesarios y el tiempo de espera. Esta posibilidad no es creación mía; el tan citado Cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea 2019 hace un análisis de las iniciativas legislativas de los distintos países de la UE encaminadas a mejorar la eficiencia de los sistemas judiciales y cómo han mejorado la respuesta judicial reformas legislativas en materias como el estatuto de los jueces, las reformas en el ámbito de los profesionales del derecho, el desarrollo de las TIC, la asistencia jurídica gratuita o las medidas para optimizar los mapas judiciales.

¿Y en el proceso? ¿Nuestras leyes procesales son eficientes? ¿Se legisla pensando en procedimientos que permitan, no sólo la mejor respuesta, sino la respuesta más rápida? Considero que no. Nuestras leyes procesales se han pensado para tramitar caso por caso, y no para gestionar de manera racional los centenares, miles de casos que año a año entran en un juzgado o tribunal. Nadie se ha preocupado de poner orden en las montañas de papeles y el único criterio de gestión es el cronológico: se resuelve por orden de entrada.

Las leyes procesales tienen que buscar la eficiencia en el procedimiento mediante tres fórmulas: no alargar innecesariamente los procedimientos, facilitar la tramitación  y decidir el mayor número de conflictos con el menor número resoluciones posibles.

Las leyes procesales tienen que incluir preceptos que permitan hacer eficientes los procesos  y su concreción en el procedimiento judicial. Sobre este presupuesto a bien seguro que surgen muchas ideas en las distintas jurisdicciones. Yo me voy a centrar en lo que conozco. Trabajo en un juzgado de lo social (primera instancia laboral, diría un anglosajón). Esta jurisdicción tiene como característica la existencia de múltiples reclamaciones repetidas. Cuando varios/muchos trabajadores de una empresa tienen un problema con su empleador, de manera habitual formulan cada uno su reclamación, que se ve turnada al juzgado correspondiente para su tramitación. El por qué se presentan de manera individual no me corresponde analizarlo a mí, pero sí es una realidad que esta jurisdicción se ve inundada de casos repetidos que dan lugar a trámites, juicios, sentencias y recursos repetidos, hasta que con suerte, en 4 o 5 años, el Tribunal Supremo resuelva unificando criterios. Esta realidad no sólo es de esta jurisdicción. Situaciones parecidas se dan por los mismos motivos en materia de personal en la jurisdicción contencioso administrativa y también se repiten casos en la jurisdicción civil en materias como la de consumidores.

Esta situación se puede reconducir. No hablo de impedir el acceso a la justicia de miles de reclamaciones, sino potenciar fórmulas legislativas que favorezcan una eficiencia en la tramitación en busca de una justicia menos lenta y más eficaz. Lanzo las siguientes propuestas, algunas de las cuales serían exportables más allá de los juzgados de lo social:

  • Acumulación de procesos. Las demandas repetidas se reparten entre los juzgados de un mismo partido judicial, unidades que carecen de conexión y comunicación entre ellas. El art. 28.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) no resulta suficiente, pues solo prevé la gestión de la acumulación de demandas de un mismo juzgado. La acumulación de asuntos es algo que podría tramitarse desde decanato, donde se conocen todos los asuntos presentados y su posible coincidencia. No es ajeno a esta jurisdicción, algo parecido existe en el art. 25.5 de la LRJS.
  • Extensión de efectos. La figura jurídica de la extensión de efectos prevista en el art. 110 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1988 tiene perfecto encaje en el proceso laboral. Provocar que unos mismos hechos puedan acceder directamente a la vía ejecutiva previo control judicial, sin necesidad de someterlo a un largo procedimiento declarativo.
  • Conflictos colectivos. Esta figura procesal, prevista en nuestro texto adjetivo, es una de las más desaprovechadas. En la realidad que conozco y en todas las jurisdicciones se huye de la acción colectiva. El mejor ejemplo es el trabajo que le está costando a la Unión Europea sacar su directiva sobre el particular en materia de consumidores. Lean sobre las acciones colectivas el artículo del fiscal Fernando Santos Urbaneja ([4]).En el proceso laboral jamás he visto un conflicto colectivo planteado por un empresario o administración empleadora para evitar los cientos/miles de reclamaciones idénticas. Por distintos motivos las partes pueden no tener interés en esta figura. La posibilidad de que fuera la autoridad judicial la que abocara a conflicto colectivo está por explorar.
  • Cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial ante el TJUE ha permitido resolver de manera rápida y clara una serie de conflictos que de lo contrario hubieran provocado un sinfín de reclamaciones en todos los órganos judiciales del Estado. Los jueces españoles en esto somos muy europeos, recurriendo con frecuencia a esta figura que evita el peregrinaje procesal por las distintas instancias judiciales. El éxito de este instrumento nos debe llevar a plantear la posibilidad de “importarlo” para nuestro Tribunal Supremo, adaptando todas las leyes procesales para facilitar esta posibilidad.
  • Prejudicialidad social. Más allá de la litispendencia, el art. 86.4 de la LRJS deja a la voluntad de las partes en el proceso la posibilidad de suspender una reclamación por estar tramitándose otra con el mismo objeto. El protagonismo de las partes es necesario, pero no tiene justificación la exclusión de la decisión de oficio por parte del tribunal. Como sostengo en este artículo, además de los intereses de las partes, debe establecerse criterios de decisión basados en la eficiencia del trámite. Es más eficiente conseguir antes una sentencia firme que colapsar el sistema con múltiples sentencias definitivas susceptibles de recurso. Esta posibilidad ya existe en el art. 37.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
  • Preparación de prueba y diligenciamiento. España tiene más funcionarios por juez que la media europea. Esta realidad no es reprochable al colectivo funcionarial, sino a un sistema que carga en la administración de justicia trámites que no son necesariamente propios del órgano enjuiciador. Las oficinas judiciales ocupan buena parte de tiempo y actividad en facilitar el acceso a la prueba de las partes. La decisión jurisdiccional se debe ceñir a la admisibilidad de la prueba atendiendo a su legalidad, necesidad y utilidad. Una vez tomada la decisión, el LAJ, atendiendo a la disponibilidad y facilidad de la prueba a preparar, debería de tener la posibilidad de encomendar su diligenciamiento a la parte proponente, reformando así el art. 167 de la LEC. De la misma forma el art. 140 de la LEC debería extender su ámbito a todos la documentación que la parte interesada puede acceder sin necesidad del auxilio de los tribunales.
  • Siempre que se habla de costas en el proceso laboral sale el contra-argumento de la indefensión de los trabajadores. Mi experiencia me hace pensar todo lo contrario. Los abusos del proceso pueden estar en las dos parte y la inexistencia de costas por vencimiento facilitan mantener oposiciones sin fundamento. Cuando el único coste del litigio es una iguala previamente pactada o el trabajo de los letrados de plantilla, no hay razón para no litigar. No hago reproche alguno a estos colectivos, son las víctimas de un sistema que ataca la dignidad de su trabajo. Mantener litigios sin coste aumenta la litigiosidad y con ello el retraso en la respuesta, situación que de nuevo sólo beneficia al hipotético deudor. Hay que plantear las costas por vencimiento en esta jurisdicción, permitiendo introducir excepciones como la razonabilidad del conflicto o la limitación para trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social.

Seguro que algunas de las ideas expuestas necesitan una revisión y que existen propuestas más acertadas que las relacionadas. Pero no he visto en mis años de trabajo una reforma procesal que tenga el interés de buscar la eficiencia en el procedimiento. Todo lo contrario. El último ejemplo está en el Reglamento 2/2018 de retribuciones variables por objetivos en la carrera judicial. Dar la importancia al número de sentencias a dictar, por encima de su calidad, envilece la actividad jurisdiccional por dos causas: no dedicar a cada conflicto el tiempo que necesita para su resolución y multiplicar artificiosamente los juicios a celebrar y las sentencias a dictar. Lejos de favorecer la eficacia, sumerge al juez en un mar de tentaciones.

 

 

[1]           Web del CGPJ. Enlace del documento: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Justicia-Dato-a-Dato/

[2]           Web del CGPJ. Enlace del documento: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Aspectos-internacionales/Informes-Organismos-Extranjeros/Comision-Europea—Cuadro-indicadores-de-la-Justicia-en-la-Union-Europea/

[3]          Francisco Gutiérrez López, Cómo y en qué se gasta el presupuesto de la administración de justicia en España. IX Conferencia anual de la Asociación Española de Derecho y Economía. Universidad de Lleida. Junio 2018. Gasto y funcionamiento de la administración de justicia en España de 2004 a 2016. Consejo General del Poder Judicial. Junio 2019.

[4]           CONFILEGAL. Enlace del artículo: https://confilegal.com/20200127-el-ejecutivo-deberia-aprobar-una-ley-que-regule-las-demandas-colectivas-segun-el-fiscal-de-consumo-en-andalucia/

Los enredos del Ministro Abalos ¿por cuenta propia o por cuenta ajena?

El culebrón de la «no-reunión» del Ministro Abalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodriguez, cuya entrada en territorio de la Unión Europea está prohibida hubiera merecido una prosa similar a la Lewis Carroll en «Alicia en el País de las Maravillas» o mejor aún la de «Alicia a través del espejo» que, desafortunadamente, no está al alcance de los editores de este blog.   En todo caso, parafraseando a Humpty Dumpty, el poder consiste en que las palabras signifiquen lo que uno quiere, o al menos que no signifiquen nada. En ese sentido, el Ministro ha conseguido dar sucesivamente varias versiones surrealistas de lo ocurrido en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid, versiones que se iban adaptando a los sucesivos descubrimientos periodísticos, por cierto.  Así que -más allá de lo que pueda seguir apareciendo, que parece prometedor a juzgar por las noticias- podemos llegar a la conclusión de que al Ministro le da exactamente igual lo que opinemos la ciudadanía de sus idas y venidas por el aeropuerto con la vicepresidenta de Venezuela. De hecho, ya manifestó públicamente su concepto de la rendición de cuentas al decir que a él no le echa nadie, faltaría más, y menos por menudencias como mentir varias veces (suponiendo que alguna de las versiones sea la buena). Por otra parte, el Presidente del Gobierno le ha ofrecido todo su apoyo, aunque de los apoyos incondicionales y de las manos en el fuego de los políticos conviene no fiarse demasiado.

En este juego de mentiras y medias verdades nada es creíble. Bueno, algo sí: que la Unión Europea ha impuesto una serie de sanciones a determinados dirigentes de Venezuela (entre ellas Delcy Rodríguez) cuyo cumplimiento incumbe a todos los Estados miembros. Entre estas sanciones está la de entrar y circular por el territorio de la Unión, además del bloqueo de sus recursos económicos en la Unión Europea. Las disquisiciones sobre si el aeropuerto de Barajas y su terminal se consideran o no territorio de la Unión Europea resultan sorprendentes: en primer lugar porque no hay duda desde un punto de vista técnico-jurídico, y en segundo lugar porque uno pensaría que impedir la entrada en un aeropuerto de la Unión Europea es justo lo que se pretende en este caso, aunque solo sea porque para llegar a Europa desde Venezuela se suele hacer en avión. La comparación con los inmigrantes ilegales que llegan a nuestros aeropuertos en avión resulta dolorosa desde el punto de vista del Estado de Derecho y de la igualdad de todos ante la Ley.

Pero lo peor quizás es -por ahora- el remate final. Solo una vez establecido que el Ministro no se encontró por casualidad con la vicepresidenta mientras daba su usual paseo de madrugada por la Terminal 4 del aeropuerto de Adolfo Suarez de Madrid Barajas explicó Abalos en la Sexta que realmente lo que había hecho era un servicio al país, al haber ido (a altas horas de la noche y sin su coche oficial por cierto) hasta el aeropuerto  para avisar a la vicepresidenta precisamente que no podía entrar en España. Cada uno puede pensar lo que quiera de estas explicaciones sucesivas, pero tenemos bastante claro lo que pensaría cualquier jurista avezado y no digamos ya un juez. Pensemos en que estuviéramos ante un testigo que da varias versiones de lo acaecido que a) No cuadran unas con otras b) han ido cambiando para ajustarse a las nuevas revelaciones que se van conociendo c)  van mejorando a medida que dispone de más tiempo y más medios de prepararlas y conoce las «imputaciones» de la parte contraria (las alegaciones de que se estaban incumpliendo las resoluciones sancionadoras  europeas).

Pero lo interesante es que probablemente los  ciudadanos piensen lo mismo: que no se puede creer al Ministro y que por razones que solo él conoce tuvo una entrevista con la vicepresidenta de Venezuela que negó cuando se filtró. Y esto solo puede tener una consecuencia, como ocurrió en el caso de José Manuel Soria que ya comentamos en este blog en su momento.  Otro ministro, otro gobierno, otras mentiras, idéntica actitud. Por ahora, Abalos aguanta quizás porque es tal el volumen de noticias surrealistas o/y escandalosas que nuestra clase política nos proporciona que realmente en el plazo de unos días todo queda olvidado. Será por mentir a la opinión pública… Las últimas noticias apuntan incluso a que quizás estaba en el aeropuerto por cuenta de alguien más importante aún.

Sea lo que no sea, lo que en Hay Derecho no podemos olvidar es el daño a las instituciones que ocasionan estos comportamientos ni la preocupación creciente de los españoles por una clase política tan decidida a tocar fondo que ni siquiera el CIS de Tezanos lo puede disimular.

¿Son una buena idea los exámenes tipo test en las universidades españolas?

Una profesora de Universidad pública nos manda estas reflexiones que queremos compartir con nuestros lectores para abrir un debate que nos parece muy relevante. Sabido es que nuestras universidades no brillan especialmente en los principales rankings internacionales. En este blog hemos hablado mucho de endogamia, de rectores plagiarios, del sistema de evaluación de la ANECA, de la gobernanza en la Universidad…pero quizás ahora toca detenerse en otro aspecto que hasta ahora no habíamos tratado: la proliferación y extensión en diferentes universidades españolas de los exámenes tipo test incluso en carreras «de letras» en las que la comprensión y la estructuración de los contenidos y la buena expresión oral y escrita resulta esencial para el ejercicio profesional. Pensemos en carreras de Ciencias Sociales como Derecho, Políticas, Sociología, Historia, Filosofía, Relaciones internacionales o cualquier combinación que el lector desee. ¿Es posible que con este examen se midan de verdad las competencias que el alumno va a necesitar más adelante? Parece además que esta modalidad de examen se extiende a otras disciplinas «de ciencias».

Nuestra profesora preocupada nos dice que ella y muchos de sus colegas piensan que no es probable. Además, añade, los ensayos y prácticas que deben completar la nota final también son a veces tipo test. Y esto en materias como Ciencia política, Historia de las ideas, Derecho constitucional, Economía etc. A veces el examen es en parte tipo test (como criba) y luego hay una pregunta larga para que el estudiante la desarrolle, pero no siempre es así.

Nuestra profesora piensa que seguramente esto se deba a incentivos perversos generados por diferentes motivos:

1.- muchos alumnos (aunque en teoría con el Plan Bolonia no pueden ser más de 25, en la práctica en algunas universidades pueden llegar a ser 100 o más por clase). Pero el recurso a las pruebas tipo test ocurre incluso en clases con pocos alumnos.

2.- los profesores prefieren no tener que dedicar mucho tiempo a corregir. El sistema les carga con tantas tareas burocráticas, les exige tantas publicaciones y supuestos méritos académicos que apenas queda tiempo para nada más (aunque sea lo más importante, en realidad).

3.- la revisión de exámenes: en muchos casos, las revisiones se han convertido en un problema adicional: muchos alumnos exigen la revisión del examen con o sin motivo, presionan, manipulan, exigen, quieren comentar y discutir sus respuestas etc. etc. Y una manera de librarse de este engorro es el test.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que a menudo los alumnos tienen un nivel bajo de expresión escrita por lo que muchos profesores consideran que no tienen por qué corregir puntos y comas, acentos y faltas de ortografía. Pues bien, el examen tipo test evita tener que dedicarse a corregir estos fallos que no debería cometer un estudiante de universidad (que además ha aprobado la selectividad), pero que lamentablemente sí cometen. No sólo se evita corregir lo que no debería corregirse en la Universidad, sino que, aunque parezca absurdo, se evita “el bajón” de comprobar el nivel de muchos de los alumnos. Mejor no ver lo que uno no quiere ver.

Los alumnos son muy conscientes de que en general el tipo test les favorece. Por eso, cuando se les pregunta, la mayoría dice que prefiere el test. Incluso reconocen (no digamos ya en los grados bilingües) que así aprenden menos pero que es más fácil aprobar. Son pocos alumnos los que se quejan y/o se atreven a protestar.

Las consecuencias parecen serias. No se enseña a redactar, a pensar, a relacionar contenidos, a comparar, a sacar conclusiones etc. No se corrigen los fallos y errores de expresión y contenido y no se favorece a los mejores alumnos que redactan y piensan bien. Incluso les perjudica porque se los coloca al mismo nivel que el que aprueba el test pero que sería incapaz de redactar un texto complejo. Se da el caso de alumnos que en el examen tipo test sacan muy buenas notas y luego se sorprenden de que en otras asignaturas donde el examen no es tipo test obtienen malas calificaciones o suspenden. Muchos se lamentan de que nadie nunca les haya dicho que tienen problemas de redacción y expresión, pero lo peor es que una vez más se perjudica a los más débiles: al alumno que no sabe expresarse ni pensar bien y que sale de la universidad con falsas expectativas sin haber escrito apenas nada y sin que nadie le haya hecho ver que va a tener un problema en el mundo laboral donde un mercado muy competitivo hará una selección muchos más dura.

Nuestra profesora se pregunta ¿cómo es posible demostrar que se sabe y comprende la influencia de, por ejemplo, Hegel en Marx o las diferencias entre Platón y los sofistas contestando a un test? ¿O que se comprende la relación entre el tratado de Versalles y el ascenso del fascismo? Los juristas también podemos pensar en muchos ejemplos parecidos.

En fin, nos parece que este tema merece un debate serio y en profundidad. Nos encantaría saber si los profesores que solo utilizan este tipo de exámenes cuentan con argumentos de peso de carácter pedagógico para defenderlos. Es decir, si realmente consideran que es el mejor modo de enseñar y aprender, y si de verdad creen que redunda en beneficio de los alumnos, sobre todo de los que tiene más dificultades.

 

Dedómetro VII: RTVE, el control de la información

Es indudable que en una democracia los medios de comunicación se han convertido en una pieza fundamental que sirve de contrapeso al poder político. Por algo la prensa, la radio o la televisión han sido denominadas “el cuarto poder” junto al poder ejecutivo, legislativo y judicial.

En el proyecto del Dedómetro analizamos una entidad que cumple una función muy relevante en el ámbito de la información: Radio Televisión Española (RTVE). Una sociedad mercantil cuyo objetivo es la difusión de contenidos y noticias. Sin embargo, a pesar de su carácter público y estratégico la dirección de RTVE no ha gozado de la independencia que debería y se ha visto sujeta al “turnismo político”. Los gobiernos han visto en RTVE una herramienta para influir en la opinión pública y controlar la información “oficial” que recibe la sociedad española.

A diferencia de otras compañías públicas parecidas como puede ser la BBC británica, estatal pero independiente, que no queda sujeta a los cambios de gobierno, y que es conocida por su neutralidad y profesionalidad, RTVE ha ido variando de máximo ejecutivo con cada nuevo gobierno. RTVE ha sido, por lo tanto, el perfecto ejemplo de una entidad sujeta a los cambios en Moncloa, en la que los criterios de confianza y afinidad han primado a la hora de seleccionarlo.

Si retrocedemos en el tiempo hasta la llegada del Partido Socialista a la Moncloa en el año 2004, vemos que una de las primeras designaciones fue la de María del Carmen Caffarel Serra, profesional de la comunicación y docente en la Universidad Rey Juan Carlos, como nueva presidenta. En escasos dos años le sustituiría Luis Fernández Fernández, con experiencia como director de informativos en medios como la cadena SER o Canal +. Su sucesor en el puesto, también nombrado por el gobierno socialista, Alberto Oliart Saussol antiguo ministro de UCD, fue un candidato muy veterano consensuado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, lo que no impediría que los populares acusaran de manipular los informativos bajo su mandato. En todo caso también hay que destacar que este fue un periodo relativamente más profesional en lo que se refiere a la dirección de RTVE coincidiendo con un cambio de normativa que suprimió la publicidad en televisión.

Todo esto cambió con la llegada del Partido Popular al Gobierno en 2012. La persona elegida por el nuevo gobierno, Leopoldo González Echenique, un abogado del Estado, una persona de confianza de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no provenía del ámbito de las comunicaciones o la información, sino que había desarrollado su carrera profesional en distintos ministerios habiendo sido Director General de Servicios de la Sociedad de la Información durante el gobierno anterior del PP. Su experiencia previa en relación con el cargo a ocupar era, por tanto, inexistente. Quien le sucedería a los dos años, José Antonio Sánchez Domínguez también era una persona de confianza de los populares que sí había desempeñado tareas similares en cadenas como Telemadrid, habiendo sido también el jefe redactor en ABC y anteriormente el director general de RTVE con José María Aznar. Se volvía al modelo de total politización de RTVE.

Finalmente, en junio de 2017 parecía que se avanzaba hacia la profesionalización de la dirección en RTVE con la aprobación por parte de todos los partidos políticos de una reforma por la que el presidente de la entidad pasaría a ser elegido mediante un concurso público y por consenso, es decir, con una mayoría de al menos dos tercios del Congreso. Sin embargo, los partidos fueron incapaces de poner en marcha el concurso. Así que tras la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa el nuevo gobierno aprobó, mediante un Real Decreto validado por el Congreso, el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única provisional hasta que se resolviera el proceso de elección del Consejo de Administración de RTVE. Mateo, profesional con más de 40 años de experiencia en Radio Nacional de España, TVE y Antena 3, que hasta la fecha no había desempeñado ningún cargo de naturaleza política, ha continuado al frente de RTVE durante todo este año y medio— mucho más tiempo de lo previsto inicialmente— sin un Consejo de Administración, no solo debido a la falta de gobierno sino también a los desacuerdos para lograr elegirlo.

Ahora que finalmente tenemos gobierno la administradora de RTVE ha anunciado que presentará su dimisión tal y como había prometido a la hora de ocupar este cargo para que se reanude el proceso de elección del presidente. El debate que se abre ahora es si se logrará desbloquear el proceso de elección del nuevo Consejo de Administración para poner fin a la politización del ente dando un paso fundamental para avanzar hacia la profesionalización y la independencia de las radios y las televisiones públicas españolas. Que buena falta hace.

Videoblog: Portabilidad hipotecaria, ¿Cómo cambiar fácilmente de banco tu hipoteca?

En Hay Derecho ampliamos los canales para llegar cada vez a más gente. Arrancamos este mes con nuestro nuevo videoblog. Dos viernes (el primero y el tercero) tendremos dos vídeos cortos -de una duración aproximada de tres minutos- en los que miembros de la Fundación, colaboradores y expertos explicarán brevemente asuntos relacionados con nuestros fines y objetivos. 

Cada mes os presentaremos un vídeo de contenido más técnico y otro de contenido más político. Seguirán el mismo estilo que nuestros posts habituales, divulgación combinada con rigor técnico.

Empezamos este viernes los vídeos técnicos con uno de Fernando Gomá, patrono de la Fundación, en el que nos explica cómo cambiar tu hipoteca de manera sencilla de banco. Este es solo el primero de todos los temas que tenemos preparados para este año. 

Así que ya sabéis, dos viernes al mes, en vez de tener que deslizar hacia abajo mientras leéis el post de Hay Derecho solo tendréis que dar al play para estar al día.

 

 

El desgaste de la justicia

Diseñar un sistema judicial edificante es muy difícil porque todo ser humano posee un sentimiento innato de justicia, una idea propia sobre cómo deben o no deben ser las cosas, fruto de su experiencia particular. Si los hay que, sin saber, se aventuran a detallar animosamente las complejidades sociosanitarias de la propagación del coronavirus en Europa, pueden imaginarse con qué vehemencia se lanzan a instruir sobre si una cosa es o no justa, o debiera ser de otra manera, especialmente si están implicados en el caso.

En estos miles de años de civilización, uno de los mejores sistemas que hemos encontrado para impartir justicia es el nuestro, que consiste básicamente en lo siguiente. Primero, en un sistema de acceso (las oposiciones) que asegura un nivel de conocimiento mínimo y que trata de premiar a los mejores. Segundo, como al Constituyente no le valía haber seleccionado a los mejores, después los obligó a someterse «únicamente al imperio de la ley» (artículo 117 de la Constitución).

Tercero, a efectos de su ordenación interna y para garantizar que el ascenso en la carrera profesional basada exclusivamente en el mérito y la capacidad, y no en ‘enchufes’ y ‘amiguismos’, así como la independencia de los jueces, los españoles creamos hace décadas el Consejo General del Poder Judicial, un órgano mixto compuesto por doce por jueces y otros ocho juristas; así como, por otra parte, el Ministerio Fiscal y la figura del Fiscal General del Estado, también sometidos al principio de legalidad y, no de independencia, sino de imparcialidad.

Cuarto, y por lo que respectaba a los ciudadanos también se pronunció la Constitución (artículo 119), disponiendo que la justicia es gratuita respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Por tanto, en principio tenemos un sistema totalmente independiente, sometido a las leyes (por tanto, a lo acordado por el Poder Legislativo), al que los jueces acceden tras mucho esfuerzo, dentro del cual progresan de acuerdo con sus propios méritos y al que cualquier ciudadano puede acudir para defender sus derechos. Esto en teoría, porque en la práctica se hacen algunas cosas para invertir la tendencia; desde la misma promulgación de la Constitución, esos principios elementales sobre los que se sustenta la justicia han ido deteriorándose de manera progresiva.

Pese a tratarse de un poder del Estado independiente, al Poder Judicial siempre se le ha intentado anular esta condición. Casi desde el advenimiento de la democracia, con mayor o menor éxito, todos los presidentes de Gobierno han tratado de atar en corto a los jueces. La primera gran reforma legislativa que tuvo el objeto de subvertir lo dispuesto en la Norma Fundamental fue la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1985, de la que tanto se ha hablado en este blog. Tras ella, y desde entonces, los doce jueces antes mencionados ya no son elegidos directamente por los jueces, sino también, como a los restantes ocho, por el poder político.

Esto último entraña un riesgo importante de credibilidad política, en tanto que resulta poco democrático que todos los altos cargos del Poder Judicial sean elegidos directa o indirectamente por los políticos cuyos actos los primeros han de enjuiciar. A los efectos de neutralizar una opinión pública desfavorable, últimamente algunos partidos recurren al siguiente argumento: «Si la justicia emana del pueblo, como dispone la Constitución, entonces es el pueblo el que ha de elegir a los jueces». Gracias a este sencillo aforismo, desde luego tramposo, por lo visto resulta fácil convencer a los medios de comunicación, especialmente a los afines, de que el sistema es beneficioso para la democracia. Así se consuma un contundente ataque contra la división de poderes.

Para referirse a la Fiscalía es preciso, lamentablemente, referirse también al Gobierno. El Ministerio Fiscal es un órgano dependiente de la Administración de Justicia de enorme importancia que tiene encomendada la misión de promover la acción de la justicia, velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Debe ser imparcial en su actuación, pero lo cierto es que, según el artículo 124.4 de la Constitución, es el Gobierno el que se encarga del nombramiento del fiscal general del Estado, y ello abre la vía a una posible manipulación.

El anuncio de nombramiento de la nueva fiscal general del Estado es espeluznante desde un punto de vista constitucional, y una anomalía democrática que sienta un precedente indeseable en un historial que no brilla por su ejemplaridad o pulcritud estéticas. A la inmensa mayoría de los fiscales generales del Estado se le ha reconocido una afiliación política, pero la imparcialidad (requisito inexcusable para ostentar el cargo) de Dolores Delgado está totalmente comprometida, al tratarse de una diputada en activo que, además, mientras era propuesta para su nuevo cargo todavía ejercía de ministra (probablemente la más controvertida del Gobierno, reprobada tres veces por las Cortes Generales).

Además, el recién nombrado ministro de Justicia es un hombre de quien no tengo mala opinión pero del que conviene señalar que es un juez que no publica una sentencia desde hace veintitrés años. Por tanto, a estos efectos no es un juez: es un hombre de partido que desde el año 97 ha ido progresando en su carrera política hasta llegar a lo más alto, puertas giratorias incluidas: director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía (1997-2001); vocal del Consejo General del Poder Judicial (2001-2008), a propuesta del PSOE; secretario de Estado de Justicia (2009-2011); secretario general de la Junta de Andalucía de Relaciones con el Parlamento (2014-2015); candidato, propuesto por el PSOE pero esta vez no elegido, a magistrado del Tribunal Constitucional; diputado y portavoz de Justicia desde 2015; y, finalmente, ministro de Justicia.

A pesar de que esto no sea en sí mismo negativo, estos proyectos de vida acostumbran a arrastrar cargas de las que uno sólo puede desprenderse con pago de favores. Son esos favores los que perjudican el ejercicio de la función pública y el buen funcionamiento de la Administración, lo cual se traduce en un peor servicio para los ciudadanos. Prueba de lo anterior es que, para la configuración de su departamento, el ministro ha optado por nombrar no a los mejores sino a “los suyos: fundamentalmente, compañeros de trabajo de su etapa como secretario de Estado o de sus anteriores cargos en el gobierno de Andalucía.

A propósito, resulta enormemente llamativo que, pese a su excedencia en la carrera judicial desde hace más de dos décadas, el pasado 20 de enero el ministro ascendiese a magistrado de la Audiencia Nacional; por lo visto, pese a haber elegido la carrera política, su carrera judicial ha seguido su propio curso, sin perjuicio de su ausencia, de forma que los años de antigüedad le han reportado una progresión admirable, según indica el Boletín Oficial del Estado:

«Ocho. Don Juan Carlos Campo Moreno, Magistrado, en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, con destino en la Audiencia Provincial de Cádiz, correspondiente al orden penal, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, continuando en la misma situación administrativa».

Por su parte, la ley de tasas judiciales de 2012 restringió otro de los elementos fundamentales de la justicia: el acceso a la misma. Con el propósito de reducir la enorme litigiosidad, por lo demás todavía existente, sustrajo a muchos su derecho a exigir amparo ante los tribunales. Cuatro años después, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de estas tasas por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24 de la Constitución.

Y ahora, respecto del acceso a la carrera judicial, otros de los elementos clave de nuestro sistema, el nuevo Gobierno ha anunciado recientemente que tiene intención de «modernizar» el sistema. Aunque no puedo dejar de sentir cierto escepticismo sobre el sistema de oposiciones a la judicatura, es justo reconocer que llegar a ser juez requiere mérito y, sobre todo, mucho esfuerzo. Cualquier mínimo cambio en el sistema debería despertar todas las cautelas, máxime cuando la coalición de gobierno solamente se ha referido a las oposiciones de los jueces (no se conoce referencia a otros opositores) y está probado que el sistema actual funciona satisfactoriamente.

Todo ello por no hablar de las deplorables condiciones en que trabajan muchos jueces, el increíble colapso de los juzgados o que, pese a todo, el Ministerio de Justicia sea tradicionalmente uno de los ministerios que menos presupuesto recibe, más pruebas de que en España nunca se ha prestado mucha atención a la justicia, salvo para asegurarse de que no moleste demasiado.

El matrimonio no es un empleo, ni la pensión compensatoria una suerte de indemnización laboral

Hasta hace ya casi dos años –hasta la Sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2018-, el Alto Tribunal había venido afirmando y reafirmando, sin fisuras, que el momento para apreciar el «desequilibrio económico» generador del derecho a prestación compensatoria por separación o divorcio es el de la ruptura de la convivencia entre los cónyuges, debiendo ese desequilibrio traer causa inexcusablemente de dicha ruptura (STS 10 marzo 2009). Por ende, los sucesos acontecidos con posterioridad a la ruptura de la convivencia matrimonial –entre ellos, la futura y eventual pérdida de empleo- habían de tenerse como completamente irrelevantes para apreciar dicho desnivel patrimonial, de modo que todo empobrecimiento posterior estaría desligado de la separación o el divorcio y no hundiría sus raíces en los sacrificios hechos durante el matrimonio en pro de la familia y los hijos, por lo que no procedería, en consecuencia, otorgar pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil (STS 17 diciembre 2012). De ahí que, sensatamente, las SSTS de 18 marzo 2014 y 27 noviembre 2014 –haciéndose eco de la de 19 octubre 2011- entendieran que la hipotética pérdida del trabajo en la empresa del marido tras la ruptura matrimonial no podía considerarse una causa de desequilibrio económico -inexistente en el instante de la ruptura- y denegasen a la esposa una pensión compensatoria («de futuro», «preventiva o condicionada») en previsión de que perdiera el empleo que tenía en ese momento.

Sin embargo, la antes citada STS 120/2018 de 7 de marzo viene a «mitigar» esa consolidada línea jurisprudencial (y doctrinal) y acuerda establecer en favor de la ex mujer una pensión compensatoria de 500 €, si bien –y aquí radica el vuelco interpretativo del Pleno-, en caso de pérdida de empleo por causa no imputable a ella, habrá el ex marido de abonarle la cantidad que ésta deje de percibir hasta completar la cantidad que recibía por dicho trabajo en la empresa de su ex cónyuge, es decir, hasta 1.900 € mensuales. Expresado resumidamente, el TS sienta como excepción -solo para los casos en los que quien fuera cónyuge es al mismo tiempo el empresario que pagaba antes y sigue pagando tras el divorcio el sueldo de su ex- que, en tales tesituras, si la relación laboral entre los antiguos esposos se termina sin que la causa sea imputable a la parte trabajadora, la otra parte, la empresarial, debe abonarle en concepto de pensión compensatoria (y de forma indefinida) el equivalente al sueldo que hasta entonces percibía

A mi juicio, este paradójico fallo –que la sentencia trata de sustentar a través de un alambicado «juicio prospectivo de futuro»- es fuente de consecuencias perversas y desastres variados, que no tardarán en verse. Con ese llamativo fallo la pensión compensatoria huele a rancio por los cuatro costados, a valores caducos y a concepciones mezquinas de la familia y el matrimonio felizmente superadas por casi todos. Si nos preguntamos qué pudieron tener en mente los magistrados de la Sala 1ª cuando introdujeron excepción tan notoria al régimen que con carácter general plantea el art. 97 CC y su propia doctrina jurisprudencial, parece que sin duda estaban pensando en venganzas, en desquites y revanchas que ese antiguo cónyuge y todavía empresario podría tomarse contra quien fuera su pareja: se imaginarán que, por ejemplo, la despide con cualquier pretexto y solo para chinchar o por despecho o rencor. Pero un repaso del Derecho laboral vigente –arts. 49, 51.7 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores (RD Legislativo 2/2015)- torna en sumamente frágil la suerte de “laboralización” de la pensión compensatoria por la que parece inclinarse esta STS de 7 marzo 2018. 

En primer lugar, y si en despidos pensamos [art. 49.1.k) ET], se impone ineludiblemente la necesidad de discriminar entre las posibles variantes de despido del trabajador –procedente, improcedente o nulo (art. 55.3 ET)- y sus respectivas consecuencias laborales. El despido nulo –con arreglo a lo dispuesto por el art. 55.5 ET- «tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir», tal como establece el art. 55.6. Y el despido improcedente (ex art. 55.4 in fine), una vez declarado tal, fuerza a la readmisión del trabajador o a fuerte compensación económica (según lo preceptuado en el art. 56 ET). Por tanto, si el eventual despido futuro de la ex mujer se debe a mala fe y puro resentimiento de su empresario y antiguo marido y es declarado nulo o improcedente según en tal caso corresponda, entonces ella o no pierde su trabajo o se compensa su perjuicio económico en los términos que marca la legislación laboral. Por otra parte, si la causa que hace válido y procedente el despido es imputable a la conducta o los incumplimientos por la ex mujer de sus obligaciones laborales (ex arts. 54 y 55.4 ET) –despido procedente que extinguirá su contrato de trabajo «sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación» (art. 55.7 ET)-, sabemos que aquí la pensión que le ha de pagar el ex marido-empresario se mantiene en los 500 euros de antes y no sube a los 1.900 del salario por ella perdido.

Pero no son esas las únicas alternativas, ya que puede haber además otras para que, en términos de la STS 120/2018, «finalice la actual relación laboral por causa no imputable a ella», la trabajadora. El lapsus de la Sala 1ª del TS deriva de haberse olvidado del contenido completo del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, que también señala como causas de extinción válida de la relación laboral y que, por tanto, hacen admisible y legítima la decisión del empresario de terminar con dicha relación, algunas como las siguientes: jubilación del empresario [aptdo. g)], incapacidad del empresario [aptdo. g)], fuerza mayor [aptdo. h)], causas consignadas válidamente en el contrato [aptdo. b)], «despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción» [arts. 49.1.i) y 51], etc. Cuando concurre alguna de esas causas la ruptura de la relación laboral no es imputable al trabajador (en lo que aquí interesa, la ex mujer), pero, de acuerdo con esta sentencia del TS, el empresario (el ex marido) tendrá que pasar a abonarle como pensión compensatoria el importe íntegro de lo que era su salario. Mas resulta que no es él el culpable de tener que dejarla a ella sin trabajo -y hasta es posible que él quede en una situación bien delicada-, sino que ha concurrido una circunstancia como que dicho empresario-ex marido tiene ya derecho a jubilarse según la normativa de la Seguridad Social, o ha sufrido un ictus que le ha dejado gravísimamente incapacitado o la empresa se ha ido a la ruina o una riada se la llevó por delante, etc.

El portillo que abre el Tribunal Supremo en la Sentencia de 7 marzo 2018 introduce absurdas discriminaciones y diferencias de trato, a todas luces injustificadas, entre empleados y entre empresarios: entre empleados, porque a igual trabajo e igual salario, da ventaja tremenda al que un día fue cónyuge del empleador; y entre empresarios, porque al acabar la empresa impone una carga especial al que un día se casó con un trabajador suyo. El mensaje subrepticio que esta sentencia estaría tácitamente lanzando sería el siguiente: si usted es trabajador y quiere un seguro vitalicio de paro, cásese con su empresario; pero si usted es empresario, ni de broma se case con uno de sus trabajadores, porque lo pagará caro, más caro aun de lo que lo pagan los que abonan pensiones compensatorias de las habituales. Introducir como elemento en juego para la concesión y/o cuantificación de la pensión compensatoria las relaciones laborales entre los cónyuges y las eventuales vicisitudes de esa relación laboral abocaría, en definitiva, a una nueva y muy sorprendente configuración de la vieja «lucha de clases» o a una sutil indicación para que empleadores y empleados estén a lo de cada cual «sin mezclar churras con merinas» «ni la obligación con la devoción». Que cada cual se case con los de su status, tal vez ese es el guiño o advertencia que el Tribunal Supremo está lanzando a la clase empresarial española. 

Puesto que resulta inasumible pensar que ese pudiera ser el rancio trasfondo de esta nueva senda jurisprudencial, el único modo razonable de corregir el desaguisado organizado con la Sentencia de 7 marzo 2018 es que el TS retorne a la doctrina anterior -sin duda, más ajustada a la letra de Código Civil y al sentido común- y determine que, sin excepción, es el momento de la ruptura matrimonial el que ha de tomarse en cuenta para apreciar la existencia (o no) de desequilibrio patrimonial por causa de la separación o el divorcio y que, por consiguiente, es ese el momento relevante en orden a decidir si una de las partes tiene (o no) derecho a pensión, a qué pensión y por cuanto tiempo. 

No en vano, en la propuesta doctrinal de nuevo Código Civil elaborada por la Asociación de Profesores de Derecho Civil (APDC) y que ha visto la luz en 2018, el precepto referente a la «Compensación por desequilibrio» se ocupa de positivizar de forma expresa dicho extremo a fin de dejarlo meridianamente claro y despejar toda duda al respecto; y así, según reza el párrafo 1 del art. 219-17, «Tiene derecho a una compensación el cónyuge que experimente en el instante de la ruptura un desequilibrio económico respecto a la posición del otro a causa de sacrificios realizados durante el matrimonio, que hayan repercutido en su esfera patrimonial o profesional».

De no aplicarse cabalmente este criterio, de empecinarse el Alto Tribunal en valorar a efectos de la apreciación del desequilibrio el posible advenimiento de hechos futuros, sobrevenidos y posteriores a la ruptura -ello sin perjuicio de la ulterior posibilidad de instar, en su caso, la modificación o extinción de la pensión (ex arts. 100 y 101 CC)-, se estaría regresando a una concepción «profesionalizante» del matrimonio, trasnochada y propia de mentalidades de hace más de cuarenta años y que es preciso desterrar. En la realidad social y cultural del tiempo presente, ningún resquicio legal -ni tampoco jurisprudencial- debería evocar reminiscencias ideológicas de antaño y, bien al contrario, nuestros jueces tendrían que conjurar todo riesgo de convertir la institución matrimonial en «un magnífico negocio» o en una «profesión remunerada» y eludir así el peligro de proliferación de «cazadotes» -o, en el caso estudiado, de seductores del jefe (o la jefa)-. La pensión compensatoria no puede ser concebida como una especie de “cuasijubilación” o seguro vitalicio de paro para el empleado que en su día se casó con su empresario, ni deben confundirse o entremezclarse las consecuencias laborales de la extinción del contrato de trabajo y las que de orden civil atañen a la separación o el divorcio.

Escudado en una veste aparentemente progresista, el beneplácito a esta Sentencia esconde un paternalismo machista hoy inaceptable y que mal se compadece con el tejido laboral, social y familiar de nuestros días en que, afortunadamente, las mujeres han tomado con ventaja el tren del estudio, la cualificación profesional y los más variados y mejor considerados y remunerados oficios, y donde las limitaciones, servidumbres y reveses de la economía y del mercado de trabajo tienden a ser comunes y cada vez más iguales para ellas y ellos, las oportunidades van siendo también las mismas y cada uno gestiona autónomamente las suyas. Este panorama, salvo en ciertos círculos culturales, muy poco se parece a la realidad de los años ochenta en que la Ley 13/1981 fraguara la figura de la pensión compensatoria del art. 97 CC, cuando la esposa se ocupaba del hogar de sol a sol, cuidando de una prole numerosa sin ayuda y sin apenas consideración o valoración de esas tareas; prototipo de ama de casa que, en algunos casos, cooperaba además en el negocio o empresa de su marido -ahorrándole a este el sueldo de un tercero-, sin percibir remuneración alguna, sin contrato, sin cotizar y sin derechos laborales de ningún tipo. Esta no era ni remotamente la situación en que se encontraba la mujer (de 43 años) en el procedimiento de divorcio zanjado por esta STS 120/2018, ni experimentó aquella un desequilibrio económico actual y real tal, causalmente vinculado a la ruptura matrimonial, que la hiciera merecedora de la «singular» pensión que -de manera errada, en mi opinión- el Alto Tribunal le otorgó, a modo de cajón de sastre y enmascarando «compensaciones» o indemnizaciones que no encajan en el alcance del art. 97 CC y que, en su caso y llegado el hipotético caso, deberían dirimirse en la vía laboral.

 

Justicia y posmodernidad democrática

A lo largo de la historia, la vinculación entre poder político y justicia ha sido umbilical. El calculus Minervae que atribuyó a Augusto la potestad de dirimir los empates en las deliberaciones judiciales; la titularidad en los condes castellanos para impartir justicia en su territorio con la asistencia variable de eclesiásticos, laicos y boni homines; la fascinación de los ilustrados del siglo XVIII por el mecanicismo newtoniano, reflejado en la voluntad de configurar una administración de justicia a imagen y semejanza de una máquina que aplicara automáticamente la ley aprobada por el parlamento; la vindicación del «pueblo» como emanador de la verdadera justicia, ya fuera a través de «comités revolucionarios de justicia», «tribunales revolucionarios» y «comités de salud pública» de la España de 1936 o del Volksgerischoft nacionalsocialista de Freisler, epígono de la doctrina de Schmitt y del empleo del Derecho como argamasa de la comunidad nacional, desplazando al individuo como objeto de protección de la ley en favor del pueblo o, sin ánimo de exhaustividad, la reacción a esta weltanschaung tras la Segunda Guerra Mundial, de la mano de la teoría de la constitucionalidad del derecho de Hessen,  arquitrabe del nuevo Estado constitucional democrático.

Tras siglos, por tanto, de cohabitación con imperios, teocracias, satrapías, monarquías absolutas, comités revoluciones, dictaduras criminales y democracias homologables, el sistema judicial se pretende mostrar hoy como un irritante obstáculo para el completo desarrollo de la actual y extendida posmodernidad democrática, un nuevo estadio politikí caracterizado por un desacomplejado presentismo, una inmarcesible liquidez moral, un perseverante relativismo semántico y la casi absoluta expurgación de la consecuencia política apreciable, con la inevitable consagración de la inocuidad del mensaje mendaz por un lado y, por el otro, la inquietante presencia de microautoritarismos en el seno de sistemas formalmente democráticos.

A la Justicia se la presenta así, como una institución esclerotizada e incompatible con una sociedad que se autorreferencia ya no en normas, sino en valores superiores y sentimientos inaprehensibles, tales como el diálogo, el consenso, el progreso, la identidad o la empatía. En un ecosistema social y moral tan intensamente friendly y ontológicamente adolescente, la Justicia resulta desabrida y alcanforizante. Es por ello que se impone crear, empleando la neolengua imperante, «ámbitos libres de judicialización», como la política, desnaturalizándose a tal efecto instituciones vinculadas con el sistema judicial y estigmatizando binariamente a los agentes jurídicos, verdaderas rémoras de esta nueva forma de hiperdemocracia, que sitúa la voluntad del pueblo -otra vez, quién nos lo iba decir- por encima de leyes y procedimientos, legitimando así una forma de dominación capaz de socavar el Estado de Derecho a favor del ejercicio autoritario de la voluntad política.

¿Significa esto que la justicia deba ser refractaria a las bondades de la posmodernidad? En absoluto. No tiene ningún sentido identificar a la Justicia con la razón suprahistórica, inmutable y dogmática carente de sensibilidad social.  La posmodernidad jurisdiccional debe generar en los justiciables el convencimiento de que sus asuntos van a ser tratados no sólo diligente y competentemente sino además de la forma más ecuánime, recta y equilibrada posible. Si no fuese así, resultaría injustificable la expropiación a los particulares de la tentación de hacer justicia por su cuenta, no en vano, la «potestas» del Poder Judicial es necesaria pero no suficiente para que el sistema se muestre como confiable y digno de respecto; para ello precisa además de «auctoritas», es decir, de la capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una decisión. Y esa cualidad, no puede venir únicamente de la mano de las previsiones legales, necesarias sin duda, pero absolutamente insuficientes si no se logra alcanzar una legitimación social, verdadero marbete identificativo de la Justicia de calidad, y únicamente alcanzable desde la independencia, la transparencia, la previsibilidad y la excelencia doctrinal.

Esto exige establecer una vinculación entre lo bueno y lo justo, una interacción circular entre la definición de los objetivos compartidos de la justicia y la concreción de los valores éticos de la sociedad, proporcionando criterios sustantivos que eviten la dispersión y el relativismo, evitando así particularismos que, bajo la invocación de una pretendida identidad colectiva, termine por socavar las exigencias de la sociedad en su conjunto.

Por eso es perentorio recuperar el discurso del universalismo jurisdiccional, pero no para abstraer y sacar a la justicia de los acontecimientos humanos, sino para, precisamente, preservarla de deletéreos intereses particulares y sectarios, al socaire de un sedicente nuevo paradigma democrático.

 

 

El «Estado mayor» del Presidente del Gobierno

“La cabeza debe estar en una sola persona y no en muchas, pues muchos mandos resultan perjudiciales”
(N. Maquiavelo, Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, Alianza, 1987, p. 348)
“Hay una progresiva militarización de la política” (William Davies, Estados nerviosos. Cómo las emociones se han adueñado de la sociedad, Sexto Piso, 2019, p. 198)

La literatura especializada ha calificado a los Gabinetes de los políticos como su “estado mayor”. En verdad, como ya reconociera Guy Thuillier, “un gabinete es un equipo alrededor de un patrón” (Les cabinets ministériels, PUF, p. 19), con la misión de protegerle. Pero cuando este “patrón” es quien ocupa la Presidencia del Gobierno, los roles de esa estructura de apoyo se multiplican, también su peso político. Y más aún de quien lo dirige.

Se ha montado cierto revuelo en determinados medios por la reestructuración llevada a cabo en la Presidencia del Gobierno (por medio del Real Decreto 136/2020, de 27 de enero), en la que, sin duda, se produce un fortalecimiento indudable de la figura del Director de Gabinete de la Presidencia, al que se le ha denominado incluso como “el quinto Vicepresidente”. En realidad no es tal, si bien no cabe pecar de ingenuos: la persona designada tiene, en estos momentos, la confianza absoluta del Presidente del Gobierno y, por consiguiente, capacidad de interferir (o, al menos, habilitación política para intentarlo) en áreas ejecutivas de la actuación gubernamental. Nadie duda tampoco que ese rediseño estructural tiene como objetivo último fortalecer la figura del actual Presidente del Gobierno y el ejercicio de sus propias funciones en una organización gubernamental configurada, por iniciativa propia, en un mosaico de estructuras ministeriales. ¿Cálculo político? Sin duda. Pero no cabe sorprenderse. Léon Blum, en esa deliciosa obra titulada La reforma gubernamental(Tecnos, 1996, p. 12), encuadraba el problema perfectamente: “La Presidencia del Consejo debe constituirse como un ministerio de ministerios”. Todas las presidencias de los Ejecutivos en las democracias avanzadas pretenden lo mismo. El sistema parlamentario español, ya configurado como una “democracia de canciller”, es cada vez más presidencialista. Y con esta presidencia pretende serlo aún más, a pesar de existir, por vez primera, un gobierno de coalición.

Lo escribí hace unos días en mi Blog  , una estructura gubernamental marcadamente elefantiásica y notablemente fragmentada, como es la del actual Ejecutivo (con 4 vicepresidencias y 22 departamentos ministeriales) requeríainexcusablemente una coordinación fuerte, que evitara desajustes y contradicciones, más aún en un contexto de gobierno de coalición. Cabe aludir aquí a la magnífica advertencia de Maquiavelo sobre “la inutilidad de un mando múltiple”.Y en este Gobierno el mando múltiple se visualiza muy bien en el número desorbitado de Vicepresidencias y en la atomización de ministerios, necesitados por razones obvias de coordinación. Las coordinaciones colegiadas no funcionan, a pesar de las apariencias. Es función de la Presidencia dirigir, pero también coordinar, las funciones del Gobierno.

Tras la aprobación del Real Decreto citado, la coordinación material se llevará a cabo por la Dirección del Gabinete, con rango de Secretaría de Estado. La duda estriba si, ante las “nebulosas tareas” (en palabras de Ollivier Schrameck) que ejercen los Gabinetes, y particularmente el de la Presidencia, su potestad derivada será también reconocida sin matices por la vicepresidencia y los ministerios de la fuerza política subalterna coaligada. Tiempo habrá para comprobarlo. Aunque las tensiones serán inevitables. Ingenuo sería pensar lo contrario.Y más en el siempre escabroso terreno de la comunicación, cuando no de las políticas, pues ya el simple enunciado de algunos órganos directivos de los distintos departamentos ministeriales, tal como regula el Real Decreto 139/2020, nos anticipan días memorables en un futuro no muy lejano.

En todo caso, esa norma también ha levantado mucha polvareda mediática y oposición corporativa (FEDECA), pues establece en su preámbulo 23 excepciones a que los órganos directivos deban ser cubiertos por funcionarios del Grupo de Clasificación A1. Hay que hacer sitio, según las características específicas de los órganos directivos, a los “amigos políticos” que no sean funcionarios. Una manifestación dura de politización de la función directiva; pero el hecho de que sean funcionarios sus titulares tampoco les deja al margen del spoils system, aunque sea de circuito cerrado. La profesionalización de los órganos directivos de la Administración General del Estado está hoy más lejos que nunca. Pero a nadie importa. Todos hacen lo mismo. Y, según parece, lo seguirán haciendo.

La coordinación adquiere, por tanto, valor existencial, si la labor de gobierno no quiere sumirse en pocos meses en un griterío que puede transformarse en algo ensordecedor y contradictorio. La nueva consigna comunicativa es, al parecer, “distintas voces, una sola palabra”. Veremos si la armonía se impone al ruido. Otra cosa son las facultades (competencias y habilidades) que deben predicarse de una figura tan singular como es la de titular de la Dirección del Gabinete presidencial, pues la máquina gubernamental y sus relaciones son de una complejidad incalculable. Puede sorprender que las riendas de la Presidencia (que es tanto como decir la conducción soterrada del Gobierno) se otorguen a un “externo” a la estructura del partido dominante en el poder. Pero ya no es tan inusual, menos en estos tiempos líquidos de la política. La ideología socialdemócrata cotiza a la baja. Se lleva otro estilo. Definitivamente. Y no seré, de momento, más explícito.

Se ha querido, por tanto, reforzar la figura del Director de Gabinete para blindar así la propia Presidencia. Bajo su batuta, a través del Comité de Dirección, está toda la máquina presidencial o “la fontanería monclovita” (incluso, atípicamente, la Secretaría de Estado de Comunicación). Su presencia “individualizada”en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios proyecta su poder nebuloso sobre el órgano ejecutivo de coordinación gubernamental por excelencia, que preside formalmente la Ministra de Presidencia. Se aventuran tiempos de tensiones larvadas en ese Jano de Moncloa entre Dirección de Gabinete de la Presidencia y Vicepresidencia primera. ¿Quién coordinará de facto la labor ejecutiva?La larga mano del mando único del estado mayor de Presidencia pretenderá tener la fotografía precisa del funcionamiento del Gobierno y enderezarlo cuando sea menester. Ardua tarea. En todo caso, la estructura de la Presidencia del Gobierno se ha complejizado, sin duda, con equilibrios de poder cogidos con pinzas y cuyos lindes funcionales (como en cualquier Gabinete) son calculadamente difusos, como dispersas son las competencias que tales órganos de confianza y asesoramiento político ejercen.

En realidad, en el mundo de los gabinetes está (casi) todo inventado. Las relaciones entre estructuras staff y departamentos en línea son siempre una fuente inagotable de conflictos. Más en las relaciones de poder político. No digamos nada en un Ejecutivo con cuatro Vicepresidencias, veintidós ministerios y, además, de coalición. Nada será pacífico, al menos en la sombra. Otra cosa es lo que salga a la luz. La apuesta del actual Presidente del Gobierno ha sido clara: reforzar cuantitativa y cualitativamente su “estado mayor”, que será el lugar donde se diseñará la política con mayúsculas (esperemos que no también con minúsculas). Y este, a mi juicio, es el punto clave. ¿Qué línea política se impulsará desde “la cocina” del Gabinete de la Presidencia?, ¿O sólo será comunicativa? Si así fuera, no se hubiera materializado esa compleja operación de entronizar a un director de orquesta en la sombra.

La justificación de esa operación estructural, pero también de recomposición del poder interno, puede encontrar respuesta en la marcada tendencia de las sociedades contemporáneas a desdibujar las líneas existentes entre los estados de guerra y de paz. Williams Davis lo recoge atinadamente en el libro arriba citado. En efecto, hoy en día, más aún en España, la discusión pública se configura con tintes belicistas o, incluso, como una forma de guerra (de batallas abiertas o de guerrillas); y en situaciones de combate lo relevante es la propaganda, el secretismo, la lealtad inquebrantable, así como subordinar los medios y el saber experto (cualquier recurso) a la política gubernamental, pues el objetivo último de esa nueva política es exclusivamente la victoria, no el consenso. Aupar al líder a los cielos, para que allí se quede. En ese contexto, el “estado mayor” (aquí ya sin sentido metafórico) se hace imprescindible. Es el que realmente manda. Y dentro de aquél, su jefe máximo.

En un marco de guerra (siquiera sea política o comunicativa),jugar con las emociones adquiere una importancia fuera de lo común. Hay que provocar en el enemigo “el miedo, el dolor y el pesimismo”. Aplastarlo sin contemplaciones, sea este interior o exterior. No hay descanso para la tranquilidad ciudadana.Ahora la velocidad y el vértigo mandan. Todo es volátil, como subraya Daniel Innerarity. El combate es y será la agenda cotidiana en los próximos años. Malos tiempos para la denostada transversalidad y olvido absoluto de la siempre necesaria democracia deliberativa, que apenas pocos practican. Estamos en un mundo, en palabras de Fernando Broncano, de polarización grupal de la política (Puntos ciegos. Ignorancia pública y conocimiento privado, Lengua de Trapo, 2019). La dialéctica schmittiana amigo/enemigo, embebida ahora de emociones digitalmente dirigidas y por “cámaras eco” (que desacreditan la opinión contraria), vuelve a primer plano de la actualidad, si es que alguna vez se fue de allí. Especialmente, en el escenario gubernamental. Por mucho que las aparentemente neutras y frías páginas del BOE apenas nos lo adviertan.

Dedómetro VI: Paradores de turismo. El reposo de ¿los políticos?

Una vez más desde la Fundación Hay Derecho presentamos un nuevo análisis sobre una institución española con el objetivo de verificar la transparencia e idoneidad de la designación de sus directivos 

La entidad que hoy analizamos es Paradores de Turismo de España, la red de establecimientos hoteleros repartidos por toda la geografía española. Se trata de una de las marcas hoteleras de mayor reputación de España. 

Por eso entendemos que su presidente no debería estar sujeto a cambios políticos coyunturales, sino ser un profesional competente con amplia experiencia en este sector. Y, sin embargo, un análisis sobre sus últimos directores nos demuestra más bien lo contrario. A la vista de las trayectorias profesionales de los presidentes de Paradores en los últimos 15 años parece que se trata más bien de un puesto que recompensa una larga trayectoria política previa. Al fin y al cabo, se trata de un puesto muy apetecible con un salario anual de 183.562 euros al año. 

Para elegir al presidente de Paradores no existe nada parecido a un procedimiento de concurso público que valore los principios de mérito y capacidad, sino que se trata de un cargo de nombramiento político. Si supervisamos la carrera profesional de los últimos cuatro directores podemos observar que no poseían una gran experiencia en la gestión o dirección de empresas del sector hotelero o incluso en entidades públicas empresariales de otros sectores. Lo que sí tenían era una amplia trayectoria dentro de un partido político, casualmente del mismo signo que el gobierno cuando fueron nombrados presidentes de Paradores. Examinémoslo en detalle. 

Antonio Costa Costa, director de Paradores desde mayo de 2004 a mayo 2008 nunca tuvo experiencia previa como director de un complejo hotelero o de una institución pública, ni formación específica para este cargo en el momento de su nombramiento por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por el contrario, Costa había desarrollado su carrera en el seno del Partido Socialista Balear, siendo diputado en el Parlamento de las Isla Baleares y desempeñando cargos en distintos institutos de representación balear en Europa. Se puede decir que, ligado al sector turístico, pero siempre desde el ámbito político.

Con su sucesor Miguel Martínez Fernández, director de la institución entre 2008 y 2012 y designado, de nuevo por Zapatero, volvemos a encontrar el ejemplo de este nombramiento como recompensa a una larga trayectoria política en el partido. Desarrolló toda su carrera profesional previa íntegramente en el seno del Partido Socialista, siendo el Secretario General de la ejecutiva provincial por León, alcalde y senador antes de ponerse al frente de Paradores. 

Algo parecido hizo el Partido Popular al llegar al gobierno en 2011. Mariano Rajoy nombró a María Ángeles Alarcó Canosa nueva presidenta de Paradores a los tres meses de su llegada a la Moncloa. Como sus antecesores en el cargo, Alarcó no poseía experiencia previa en gestión empresarial, y llegó al frente de la entidad en un momento crítico, en plena quiebra técnica de la empresa. Alarcó tenía una breve experiencia de 2 años en el sector del turismo al haber sido Directora General de Turismo de la Comunidad de Madrid y había desempeñado tareas de consejera en Coca Cola o Aguas Fuensanta, en sectores muy distintos. Es lógico pensar que las razones que más pesaron para su nombramiento fueron su conocida proximidad al entorno del Partido Popular, ya que además había sido la exmujer de Rodrigo Rato.

El actual director de Paradores, Óscar López Águeda, nombrado en julio de 2018 por el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez cuenta, de nuevo, con una amplia experiencia en diferentes cargos políticos, pero ninguno en la gestión de una empresa. Tiene una carrera política en el PSOE muy amplia:  asesor para el partido en el Parlamento Europeo, diputado, posteriormente fue secretario de organización del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Senado antes de dar su salto a Paradores. Es decir, toda una vida dedicada a la política y como vemos nada que ver con la gestión hotelera. 

Este breve análisis nos muestra como el puesto de director de Paradores se ha convertido en una recompensa o un premio a una trayectoria en el partido político en el poder, en detrimento de otras consideraciones que hubieran permitido la selección de perfiles más adecuados a las necesidades de una empresa pública como Paradores S.A.