Las gracias de esta alarma o de cómo el Gobierno quiere seguir indultando

Ocurre siempre. El detective Hércules Poirot tiene que investigar su famoso asesinato en el Orient Express tras una fuerte tormenta de nieve. El asesino se oculta en la confusión de los elementos, en la incertidumbre producida por eventos extraordinarios. En política sucede igual. Qué mejor momento para que algo pase desapercibido que cuando todo el mundo está pendiente de algo grave. Es de primero de comunicación política. Que se lo digan a la Casa Real: el Covid-19 ha sido, posiblemente, la gran salvación de la monarquía frente al destierro interno del emérito. Es cierto que, cuando la epidemia amaine, se exigirán responsabilidades por ello. Pero no será lo mismo. Todo el mundo lo sabe.

Me pregunto si es esto mismo lo que el Gobierno ha pretendido hacer con los indultos. En estos días de anormalidad, leer el Boletín Oficial del Estado se ha convertido en una tarea algo más complicada que de costumbre. Entre las publicaciones extraordinarias, los domingos con diario y los farragosos títulos —casi todos con la coletilla Covid-19— se han publicado dos resoluciones que afectan a este (mal llamado) derecho de gracia. Me refiero a la Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría [del Ministerio de Justicia], por la que se acuerda la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto (BOE del 21) y a la prácticamente idéntica Resolución 400/38088/2020, de 23 de marzo, de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa (BOE del 24), para los indultos al personal militar.

Como sabemos, durante la vigencia del estado de alarma se han suspendido los plazos e interrumpido los términos de todo tipo de procedimientos. Solo ha sido gracias a una modificación del decreto de declaración del estado de alarma cuando se ha habilitado a la Administración para que acuerde la continuación de aquellos procedimientos administrativos que, motivadamente, resulten «indispensables para la protección del interés general». Es en este marco en el que se insertan esas dos resoluciones que acabo de citar.

Me centro en la original, en la de Justicia. Según la parte expositiva de la resolución, «el interés general que concurre en estos supuestos [la concesión de indultos, se entiende] es el mismo que constituye el fundamento de su excepcionalidad, la consecución de la justicia material» y, por ello, a juicio del Gobierno, resulta «imprescindible la tramitación de estos procedimientos para dar una respuesta adecuada a los ciudadanos que los insten, evitando los perjuicios que pudieran irrogarse por la suspensión que determina el estado de alarma». En consecuencia, se acuerda «reanudar por razones de interés general todos los procedimientos para solicitar y conceder la gracia del indulto».

Según nuestra vetusta ley de indulto (de 1870), deben concurrir razones de «justicia, equidad o conveniencia pública» para que proceda dicha concesión. Estos conceptos jurídicos indeterminados podrían, sin demasiado esfuerzo argumentativo, equipararse al de «razones de interés general». Por lo que, si la propia ley lo indica, la resolución no estaría sino confirmando dicho extremo.

Ahora bien, es también de todos sabido que la institución del indulto ha venido siendo cuestionada, de unos años a esta parte, tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia (lo importante en términos jurídicos) y, sobre todo, por la opinión pública, mediática y política (que es lo que importa en términos políticos). De hecho, hemos asistido desde el año 2014 a un declive sin parangón y continuado en la concesión de esta medida de gracia (me remito a los datos siempre actualizados de la Fundación Civio, incluidos en su página El Indultómetro), con menos de un centenar de indultos —menos de 50 al año desde 2016—.

Entonces, si estamos ante una medida —ahora ya sí— excepcional, ¿qué ha podido llevar al Gobierno a considerar imprescindible que se sigan tramitando solicitudes de indulto y, eventualmente, concediendo, durante esta época de crisis? Se me ocurren algunas hipótesis, que seguro podrían ser completadas con otras. Veámoslas.

H1. Se quiere indultar a los líderes independentistas en prisión aprovechando el río revuelto. Es, quizás, la más mediática de todas las explicaciones y, posiblemente, la más improbable. No puedo entrar en la conveniencia o no de que se lo concedan —¡si es que alguien ha solicitado su indulto! Pues es posible que ni ellos lo hayan hecho—. Pero resultaría políticamente y, en especial, jurídicamente inasumible a todo juicio y, previsiblemente, dichos indultos serían anulados, de concederse en este momento de crisis. No creo, bajo ningún concepto que este sea el propósito del Gobierno.

H2. No habrá procesiones, ni liturgia pascual (presencial, al menos), pero la Semana Santa ahí sigue en abril. Y, con ella, ese pretendido (e inexistente) privilegio de algunas cofradías a solicitar u obtener indultos en estas señaladas fechas. Esta hipótesis me parece más factible. Las tradiciones, en esta católica España —aun por herencia—, siguen teniendo un gran peso. No me parece descartable que el Domingo de Resurrección nos brinde el Gobierno con el fin de esta cuarentena (ojalá) y unos cuantos indultos celebratorios. Ya sabemos que es tradición bien española el celebrar bodas reales, bautismos principescos, coronaciones y otros eventos de loor con unas cuantas gracias.

H3. ¡Es la economía, estúpidos! Si las cosas se ponen (aun más) feas, igual hay que mandar a casa a unos cuantos reclusos, que gastan mucho. Sin descartar la hipótesis anterior, esta me parece, quizás, la más plausible de todas. He explicado en otro lugar (Yo te perdono. Los indultos en el marco de la política penitenciaria en España: 1982-2014, ed. Libros.com, 2016) que, a pesar de que, en teoría, el objetivo último de los indultos es satisfacer esa necesaria justicia material del caso concreto —y, de hecho, su única justificación jurídica—, no es menos cierto que gobiernos de distinto signo han tenido en cuenta, como variable, la cuestión penitenciaria a la hora de conceder indultos.

Y es que, en España, nos sobran las personas en prisión. Teniendo, como afortunadamente tenemos, unas tasas de criminalidad tan bajas en comparación con muchos países, las personas encarceladas son, comparativamente, muchas más de las que, posiblemente, debieran estar encerradas. Y todo ello a causa de un viejo conocido: el populismo punitivo.

Vienen días duros, esperemos que pocos. Y las cosas pueden empeorar. El Gobierno, a mi juicio, quiere tener en la recámara la posibilidad de librarse del costoso —en términos materiales, pero también personales— mantenimiento de una población reclusa de tal calibre como la que tenemos. De otros lares ya llegan noticias de motines en prisiones y tumultos varios. Sin irse muy lejos, en Italia, cualquiera que haya seguido las noticias habrá visto que un gran número de familiares ha acudido a las puertas de las prisiones al grito de: «Vogliamo l’indulto!». El tiempo dirá cuál era el propósito. O no. Porque es posible que, a pesar de todo, no se indulte a nadie.

Salud.