La Transparencia se resiente en tiempos del Coronavirus

Ante una emergencia como la que estamos viviendo actualmente la información es uno de los bienes más preciados junto con el material sanitario y los bienes básicos de consumo, claro está. Tener una población correctamente informada en este tipo de situaciones no solo ayuda a entender y cumplir las medidas de confinamiento, sino que, además, es una manera de desincentivar bulos o noticias falsas y, ante todo, de tomar las decisiones más adecuadas para frenar cuanto antes el virus. Desde la Fundación Hay Derecho siempre hemos insistido en la importancia de una democracia donde los procesos de toma de decisiones sean transparentes y en base a evidencia empírica y datos comprobables que además deben de facilitarse a la población para facilitar la rendición de cuentas. Precisamente en estos momentos de crisis la existencia de unas buenas prácticas de transparencia y coordinación de datos resulta imprescindible y queda patente si el sistema construido hasta la fecha puede responder a las necesidades actuales.

Desgraciadamente uno de los aprendizajes que extraeremos de esta crisis es que hemos tenido muchos problemas con los datos sanitarios. Hemos podido comprobar la descoordinación y la falta de homogeneidad entre los datos sanitarios que ha existido entre las CCAA, Hay que insistir en no es lógico que una descentralización material de competencias lleve consigo este caos informativo y estadístico. Además la información proporcionada por el Ministerio de Sanidad durante las primeras semanas de la crisis del coronavirus no desglosaba los datos de los enfermos y fallecidos por edad o sexo, entre otras cuestiones. Las razones apuntadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, era sencillamente que no todas las Comunidades Autónomas estaban proporcionando estos datos y por lo tanto podían hacerse estimaciones no representativas. No ha sido hasta que la crisis ha continuado avanzando cuando el Gobierno ha asumido el control de manera centralizada de la información que concierne al sistema sanitario y se han comenzado a ofrecer datos elaborados y desglosados.

A pesar de ello, desde hace unos semanas la Comunidad de Madrid cambió el sistema de contabilización del número de infectados en esta comunidad ante la incapacidad de realizar las pruebas del COVID-19 a todas las personas sospechosas. De nuevo, esta falta de homogeneización repercute en una distorsión de los datos generales. La consecuencia directa de esta desinformación puede afectar a la toma de decisiones tan importantes como el aumento del número de camas de UCI o la necesidad de proporcionar más recursos en determinados núcleos, en definitiva, decisiones de una importancia vital para nuestra salud se ven amenazadas por la mala calidad de los datos disponibles. También ahora el problema de la falta de homogeneidad de los datos se ha agudizado con la nueva fórmula para computar fallecidos elegida por Cataluña.

La otra gran cuestión de la crisis está siendo la transmisión de la información (o transparencia activa) a la población. El Gobierno ha activado una página  en el Ministerio de Sanidad con toda la información relevante y se están ofreciendo ruedas de prensa diarias para valorar la evolución de la crisis. En las tres primeras semanas del Estado de Alarma se llegaron a realizar 40 comparecencias y se respondieron a 390 preguntas. Una voluntad de transparencia nada desdeñable, no obstante, no exenta de polémica puesto que, en estas ruedas de prensa, tal y como denunciaron las asociaciones de periodistas, existía un filtrado de preguntas por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación. Los periodistas han criticado el sistema que ha elegido el Gobierno para responder a las preguntas: un grupo de Whatsapp conformado por 220 participantes en el cual pueden escribir las preguntas que quieren plantear. De todas ellas, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, planteaba solo algunas de ellas. En otros países europeos también tienen, por razones lógicas de seguridad, ruedas de prensa telemáticas, no obstante, los periodistas pueden formular las preguntas en directo mediante videoconferencia, un sistema que impide la selección de preguntas que venía sucediendo en España. No obstante, el Gobierno en las dos últimas semanas ha hecho caso a las peticiones de los periodistas y ha pasado a ofrecer ruedas de prensa telemáticas.

Por otro lado, en cuanto a la transparencia pasiva, las solicitudes de derecho de acceso a la información pública se encuentran paralizadas. Esto quiere decir en la práctica que el derecho a la transparencia pasiva (a solicitud de los ciudadanos) ha quedado suspendido incluso para aquellas cuestiones relacionadas con la crisis del COVID-19 en la que es trascendente disponer de la información ahora y no cuando termine el estado de alarma y se reabran los procedimientos. Desde la Fundación Hay Derecho hemos realizado diversas solicitudes de transparencia en este sentido tanto a los ministerios de Sanidad y Justicia como a cada Comunidad Autónoma sobre, por ejemplo, el número de cargos públicos a los que se les ha realizado la prueba del COVID-19 y los plazos en los que se han hecho. Es fundamental que estos datos sean públicos para que la población sepa cómo se están manejando recursos tan escasos como los tests y que, efectivamente, se están empleando de manera adecuada.

Somos muy conscientes de que la gestión de una crisis como esta pandemia no es algo sencillo, pero debe hacerse bajo las garantías de que las decisiones que se están tomando son las más beneficiosas para la población y, en todo caso, de que los ciudadanos disponen de la información necesaria para rendir cuentas. Por otro lado, una sociedad correctamente informada estará más concienciada y dispuesta a seguir las duras medidas de confinamiento que se han impuesto. Estamos en un momento inusitado en la historia, un estado de alarma que ha trastocado todas nuestras actividades diarias, por ello, desde las organizaciones de la sociedad civil debemos mantener nuestra labor de vigilancia a las instituciones en un momento tan excepcional, por lo que desde aquí pedimos que se tramiten las solicitudes de acceso a la información pública en relación con el COVID-19.