¿Propone el Gobierno cerrar colegios especializados para niños con necesidades educativas especiales?
Interrumpo su confinamiento para hablar del futuro de los colegios especiales; por ser breve daré los antecedentes por analizados aquí, por mi querido Leopoldo Gandarias, o aquí.
¿Peligran los colegios y aulas especiales, con 36.512 alumnos con necesidades educativas especiales? La preocupación deriva del proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), impulsado por el Gobierno, concretamente de su disposición adicional cuarta, que establece:
“Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.”
El Gobierno, por tanto, pretende transformar los colegios de educación especial en “centros de referencia y apoyo para centros ordinarios”, quedando reservados para la escolarización de alumnos que requieran atención “muy especializada”, y ello podrá suceder desde la entrada en vigor la norma, pues el plazo de diez años se aplica sólo al desarrollo de un plan que dote recursos a los colegios ordinarios. El peligro es inminente.
¿Qué es atención “muy especializada”? Lo ignoro, el concepto es elástico, pero la ministra Celaá, en su intervención en el Pleno del Senado (Diario de Sesiones de 11 de diciembre de 2018), aclaraba su objetivo: “(…) impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión, que brinden el asesoramiento y la ayuda necesarios para que el alumnado que actualmente está escolarizado en esos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios”. No hay matiz, el traslado afecta a todos los alumnos, la atención “muy especializada” parece la excepción puntual a la regla general.
La Sra. Celaá y el presidente Sánchez niegan que su intención sea “cerrar” colegios, pero la realidad es tozuda: vaciando aulas y convirtiendo una escuela en un centro de recursos, dejará de ser un colegio. De poco sirve que el colegio de mi hija sea reconvertido mientras ella es forzosamente escolarizada en un centro ordinario que, previsiblemente, carecerá de recursos para atender alumnos con necesidades especiales. Emilio Pérez Pombo, padre de un niño en edad escolar que empata a cromosomas impares con mi hija, cuenta aquí que medidas análogas vigentes en Cataluña tienen escaso éxito en la inclusión de los niños escolarizados en colegios ordinarios. La terca realidad: tan probable es la aprobación de la LOMLOE como la carencia de recursos para convertir colegios ordinarios en inclusivos. Tampoco consta una memoria económica de las medidas propuestas.
Me preguntan con frecuencia por qué el Gobierno pretende desmantelar los colegios especiales. Quiero creer que la ministra Celaá tuvo mejor voluntad que acierto cediendo a presiones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que exigió al Gobierno “la abolición del sistema separado de educación para estudiantes con discapacidad en centros especiales”.
CERMI tiene un objetivo perverso: utilizar a nuestros hijos con discapacidad como recursos educativos para que otros alumnos se eduquen en diversidad. Jesús Martín, delegado del CERMI Estatal para los DDHH y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo explica: “educar en la diversidad es muy importante para crear una sociedad inclusiva. La educación es básica, porque no se puede pretender que haya personas que de adultas apuesten por legislar en favor de la discapacidad si no la han conocido ni han convivido con ella”. Ingeniería social con las personas con discapacidad, el fin justifica los medios: ¿por qué me obliga Isabel Celaá a sacrificar la educación de mi hija para formar inclusivamente a niños no discapacitados? ¿Por qué CERMI actúa contra los intereses de sus representados?
CERMI exige que la escolarización gravite sobre la discapacidad, y no sobre las necesidades educativas especiales; es un error con terribles consecuencias. La discapacidad no justifica la escolarización de mi hija en un colegio especial u ordinario, no existen colegios para personas con discapacidad. La discapacidad de mi hija no es un factor relevante en su escolarización: lo importante para ella, para su inclusión, es la satisfacción de sus necesidades educativas. Para algunos la vía idónea será el colegio ordinario y para otros el especial, siempre con recursos adecuados que no están previstos.
Al que sólo tiene un martillo todo le parecen clavos: para CERMI todo es discapacidad. Sin embargo, en la ecuación educativa, sustituir “necesidades educativas” por “discapacidad” elimina la única solución posible (satisfacción de necesidades educativas en colegios especiales u ordinarios) y hace el problema irresoluble: la escolarización forzada en colegios ordinarios sin recursos ni satisface las necesidades educativas ni beneficia a la discapacidad; condena al desamparo y abandono a los alumnos con necesidades especiales al negarles la igualdad real y efectiva, que exige un punto de partida semejante para todos.
Mientras, el Gobierno maneja admirablemente “el relato”: basa la transformación de los colegios especiales en el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el ODS cuarto. ¿Quién se opondría a tan benéficos pilares? Pero, aunque aceptáramos basar el problema en la discapacidad, su propuesta no encuentra justificación:
Por un lado, la Convención (el artículo 24.2.e)) exige a los estados asegurar que “se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”: tal exigencia debe cumplirse en centros ordinarios y especiales, por igual, pues ambos son medios para alcanzar la inclusión, no hay motivo por tanto para la extinción de estos últimos.
Por otro, nada hay ni en el ODS cuarto (“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”) que aconseje el desmantelamiento de colegios especiales. Al contrario, su existencia (1) asegura “el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad” (meta 4.5), y (2) garantiza para sus alumnos la existencia de “instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos” (meta 4.a).
Recordaré que el ODS cuarto debe ser interpretado conforme a la Declaración de Incheon para la Educación 2030: la finalidad de la inclusión y la equidad es “brindar a todos iguales oportunidades y no dejar a nadie atrás”, especialmente a las personas con discapacidad. Los colegios especiales aplican ejemplarmente dichos principios: la educación de alumnos con NEE es su fin, no sometido a objetivos de ingeniería social impuestos por CERMI, y si alguien no ha dejado a nadie atrás son los colegios especiales, que atienden a muchos alumnos, como mi hija, invitados a abandonar colegios ordinarios.
El asunto tiene muchos ángulos, el derecho humano de los padres de elegir la educación de sus hijos; interés del menor; apropiación partidista de los ODS y de términos como “inclusión”… o la ofensiva acusación de segregar a nuestros hijos por llevarles a un cole u otro, bajeza similar a la del policía de balcón que, durante la fase inicial del confinamiento, reprochaba el paseo de niños con discapacidad sin atender a necesidades especiales que, entonces sí, fueron correctamente apreciadas por el Gobierno.
Sólo pido que apliquen medidas análogas en educación: apelo a la sensatez de la ministra Celaá para que impida el desmantelamiento de los colegios especiales y dote de recursos a ambas opciones educativas.
