Si España está transitando hacia una democracia iliberal, no es solo por culpa de Marlaska o de Sánchez

La primera ley de la gravitación política declara que aquél que tiene el poder público tenderá a abusar de él hasta que encuentre un límite. Nos podrá gustar más o menos, pero, como la correlativa de la física, es innegociable. El Estado de Derecho moderno se ha construido sobre su resignada aceptación, y desde Locke y Montesquieu el objetivo fundamental de la teoría política ha consistido en cómo negociar esta realidad. En un primer momento, la solución pareció descansar en una equilibrada arquitectura constitucional en donde los poderes se contrapusiesen unos a otros. Siguiendo con la terminología de la física, el problema a resolver era simplemente un problema de estática constitucional.

Pero enseguida resultó evidente que ese problema de estática era mucho más complejo, porque sin la activa participación de los ciudadanos y de los poderes sociales fácticos, el artefacto era insostenible. Era necesario afinar el sistema institucional para generar los intereses y las complicidades necesarias que ayudasen a defenderlo. Con la protección institucional al sistema capitalista se involucró en la defensa del Estado de Derecho a la incipiente burguesía, lo que garantizó su éxito inicial (no así en España, claro, donde esa burguesía nunca tuvo suficiente masa crítica), y posteriormente, tras las guerras mundiales, el desarrollo institucional del Estado del Bienestar involucró en la defensa del Estado de Derecho a las masas populares.

Con ello parecía haberse cerrado el círculo de la estática institucional, dando retrospectivamente la razón a Kant, cuando señaló que el problema del Estado tenía solución, incluso en un país de demonios, siempre que tengan sentido común. La modernidad consiste precisamente en eso: en el triunfo de la técnica institucional normativa sobre la virtud clásica o renacentista, ya innecesaria. No existirá jamás un nuevo Hitler, Lenin, Franco o Mussolini, no porque la arquitectura constitucional lo impida, que al final es lo de menos, sino porque el diseño institucional en su conjunto ha generado -por fin, después de tantas luchas- los incentivos necesarios para que los ciudadanos y todos los poderes sociales defiendan al Estado de Derecho. Y eso por su propio interés, ya que, como seres racionales, y por muy demonios que sean, tienen sentido común. No se necesitan, por tanto, ciudadanos virtuosos, sino racionales. El Estado no se ha construido para generar héroes, sino para gestionar a esos pequeños tiranos egoístas que somos los seres humanos, tal como hace casi quinientos años afirmaba Vázquez de Menchaca anticipándose a Hobbes.

Sin embargo, desde hace bastante tiempo crece una sombra. Y no solo por el Este, sino por todos lados. Algo está pasando que pone en entredicho el paradigma. Muchos líderes de supuestos Estados de Derecho, cualquiera que sea su orientación ideológica, no respetan las normas institucionales, y nadie les sanciona por ello, sino que más bien se les jalea. No funcionan los controles formales (jueces o funcionarios) pero tampoco los sociales (la prensa mayoritaria, la gran empresa, los sindicatos o los ciudadanos a la hora de ejercer el voto). A modo de ensayo y error, han encontrado una brecha en el sistema, y no hallan resistencia. Conforme a la primera ley de la gravitación política, avanzarán por ella hasta el final.

¿Se explica quizás porque el régimen de incentivos que mantenía en pie el edificio se está desmoronando? ¿Acaso se extiende la conciencia de que el Estado de Derecho no protege ya nuestros intereses? No cabe duda de que las sociedades modernas presentan preocupantes líneas de fractura, tanto de tipo económico, como social, como “cultural”. Pero lo cierto es que ni el capitalismo ni el Estado del Bienestar se han evaporado. Pese a todas las crisis, todos los embates y todas las tergiversaciones (ruptura del pacto social, autogolpe de la burguesía…), hay que reconocer que siguen bastante fuertes (Factfulness). Tampoco existe una quiebra social de carácter identitaria que sea mínimamente relevante (por lo menos en España, donde las guerras culturales tienen escaso fundamento objetivo).

Más bien parece que en nuestro país las élites políticas han hallado una oportunidad en el desasosiego generalizado motivado por las incertidumbres de un mundo globalizado donde el progreso ya no se da por supuesto. Han encontrado una incipiente grieta para expandir su poder, y la están explotando por la vía de exacerbar y polarizar -y no tanto de reflejar- las emociones de los tradicionales grupos de apoyo, bastante más moderados que sus teóricos representantes. Este fenómeno no es reciente, sino que lleva entre nosotros muchísimo tiempo. Lo preocupante es la velocidad que está adquiriendo.

La élite política ha comprendido, consciente o inconscientemente, que es fácil erosionar el Estado de Derecho en beneficio propio si se siguen estas cuatro sencillas reglas:

1.- Se debe actuar de manera gradual, poco a poco, paso a paso, intentando vulnerar el espíritu de la ley (o mejor del sistema) más que su letra, si es posible. Si no hay más remedio que vulnerar la letra, se negará la evidencia.

2.- La protesta que suscita cada paso debe estigmatizarse como hipócrita y espuria, solo motivada por intereses partidistas, no preocupada tanto por la vulneración de la norma como por el avance de la política llevada a cabo a través de ella por el Gobierno. Por eso cuanto más emocional sea el tema de fondo, mejor. Hay que alejar la atención del verdadero problema (la transgresión del límite), para centrarla en el objetivo “cultural”, material o finalista (avanzar las posiciones del bando en cuestión y reducir las del contrario) sin necesidad, ni siquiera, de alegar expresamente que el fin justifica los medios. Total, ha sido una transgresión “pequeña” para conseguir ciertos objetivos (sociales o culturales) mucho más importantes, que son los que verdaderamente molestan a los críticos.

3.- Es fundamental, además, insistir en que el otro bando cuando tuvo oportunidad hizo lo mismo, por lo que es injusto o interesado que los críticos con más resonancia (necesariamente los partidos de oposición) protesten ahora. Es más, todavía más importante es insinuar que, cuando el otro bando llegue al poder, sin duda hará lo mismo en su propio interés (profecía autocumplida), por lo que conviene adelantarse (a modo de ataque preventivo) cuando todavía hay oportunidad.

4.- Cuanto más se polarice el fondo del asunto y las maneras y actitudes con que se debate, más fácil es que pase desapercibido o se perdone por el propio bando lo importante, es decir, la transgresión del límite. En resumen, cuanta más bronca formal, mucho mejor. A esto juegan todos los políticos, aunque estén en la oposición, pues saben que las transgresiones de hoy servirán en su momento mañana, cuando les toque, como territorio conquistado o como justificación de sus propios excesos. La bronca, en consecuencia, no es casual, sino que forma parte fundamental de la estrategia de avance y defensa de posiciones.

De esta manera se desnaturalizan todos los controles. El control judicial no está pensado para las pequeñas adulteraciones, las que afectan al espíritu del sistema, porque en una democracia sana no se espera que los jueces tengan que controlarlo todo (pensemos en el nombramiento de Tezanos como presidente del CIS). Pero, aun en el caso de que haya habido necesidad de ir más lejos y se haya vulnerado claramente la ley, previamente ya se han preocupado de capturar la cúpula judicial o de infiltrarla de fieles (políticos-togados). Y si con esto tampoco basta, siempre queda estigmatizar las investigaciones en marcha como persecuciones políticas llevadas a cabo por jueces capturados por la perversa oposición. Todo ello al margen de la natural lentitud de la justicia. Qué decir de la Administración, mucho más fácil de manejar, o de los órganos reguladores, completamente infiltrados por la política.

En cuanto a los controles sociales (la prensa, las universidades, la gran empresa, los sindicatos, las corporaciones profesionales, etc.) muchos han sido capturados por la gran constelación de intereses materiales o inmateriales de los partidos políticos, directa o indirectamente, y de esta manera asociados a sus fines. La prensa, quizás el poder social más relevante, lo ha sido de todas las maneras posibles, directamente a través de subvenciones y publicidad, e indirectamente a través de convertirles en voceros del bando correspondiente, con todas las ventajas de difusión añadidas. Solo así se explica que los que gritan enfervorecidos cuando el adversario traspasa los límites, callen como muertos cuando lo hacen los suyos, o más bien los defiendan alegando que el contrario hizo lo mismo y que, total, ya se sabe que España lleva siendo desde hace muchos años una democracia cuasi iliberal, o lo que es lo mismo, una democracia con un Estado de Derecho débil (por ejemplo aquí). Parece que el que esto sea cierto, justifica seguir descendiendo por el mismo camino.

Los ciudadanos de a pié, aun aquellos que no se dejan arrastrar por la emoción y sean conscientes de lo que está en juego, poco pueden hacer. Total, en la única ocasión que se les deja ejercitar su control, en las elecciones generales, se les obliga a elegir entre partidos con vicios idénticos. Y cuando de vez en cuando surge alguno que no lo parece, enseguida su líder nos demuestra que estamos equivocados y que se ha convertido exactamente en lo mismo que antes denostaba (aquí).

Mientras tanto, las élites políticas y sociales siguen minando en su propio interés nuestro Estado de Derecho, desvirtuando la justicia en interés de su clientela y poniendo en riesgo los pilares de nuestra convivencia democrática. No es un comportamiento virtuoso, no, pero habíamos quedado en que en el Estado moderno no era necesaria la virtud, y que era sostenible aun en un país de demonios, siempre que tengan sentido común. Pues bien, algo falla en el paradigma, pues si por sentido común entendemos solo la cruda persecución de los propios intereses (aunque sean a corto plazo, que son los más poderosos de todos) Marlaska y Pedro Sánchez han actuado con absoluto sentido común (aquí). Sin duda Marlaska ha hecho como ministro lo que hubiera condenado sin contemplación si hubiera actuado en su otra versión, la de juez. Pero con ello ha perseguido –sin gota de hipocresía aunque con total cinismo- sus intereses del momento, siempre variables en función de las circunstancias. Han aprendido que tocando la tecla de la emoción y de la lucha cultural, como hacen fuera Trump, Johnson, Bolsonaro y tantos otros, pueden mentir de manera sistemática y manifiesta sin sufrir penalización alguna. La mentira se justifica si hace avanzar la agenda, la propia y la de la clientela, aunque ponga en riesgo la sostenibilidad a largo plazo del propio sistema. Los del otro lado que esperen, que ya les tocará. (O no. Hay quien considera que el sistema es sostenible –al menos como democracia, aunque sea iliberal- siempre que la oposición tenga esperanza en llegar al poder y hacer lo mismo. Es dudoso, pero en cualquier caso no es un gran consuelo).

Por eso pienso que a estas alturas deberíamos caernos del burro de una vez por todas. Sin ciertas dosis, no ya de virtud cívica o republicana que ponga a las reglas de juego de la convivencia democrática por encima de los intereses particulares, sino de simple decencia personal y de lealtad al sistema que tanto nos ha costado construir, es imposible sostener a la larga un Estado democrático de Derecho, por muy bien diseñado que esté (menos todavía cuando no lo está). Si se carece de eso, los intereses a corto plazo incentivarán a las élites dominantes a seguir profundizando en la brecha o cavando en la mina, sin que ninguna advertencia sobre el riesgo de derrumbe a largo plazo sirva de nada. El propio Maquiavelo, que no era precisamente un iluso de la política, advirtió a sus amigos de la Signoria de Florencia que si no respetaban las normas que ellos mismos se habían dado, aplicándolas cuando les venía bien pero también cuando les venía mal, deslegitimarían la república y la pondrían en peligro de caer, y a ellos con ella. Así sucedió, aunque él más que nadie conocía la inutilidad de la advertencia, pues, como tantas veces afirmó, si una república carece de virtud, no se adquiere en cuatro días a base de consejos.

A los que no nos apetece ni un líder iliberal ni un cirujano de hierro, ¿qué nos queda? Quizás solo intentar convencer a nuestros conciudadanos que la solución no es seguir el interesado juego emocional de nuestros políticos ni a sus adláteres de la prensa, sino velar por nuestros intereses a largo plazo, que pasan necesariamente por la vigorosa defensa de nuestras instituciones democráticas, y no por ganar hoy esa puntual batallita aquí o allá a costa de poner todo el sistema en peligro. Si en nuestra vida privada y profesional seguimos esta pauta, al menos limitaremos algo los daños.

Ah, y en cuanto a lo de recuperar la virtud republicana, quizás mejor lo dejamos para la era post fósiles (si llega).

 

 

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