Sobre la destrucción de estatuas

La reciente vorágine destructora de estatuas, dirigida tras el homicidio de George Floyd contra los monumentos que todavía ensalzan a esclavistas en el Sur de EEUU, pero que enseguida cobró impulso y ya amenaza a presuntos racistas de toda índole, desde Colón a Churchill, tiene, como casi todo, antecedentes muy remotos. Verdaderamente, no hay nada nuevo bajo el sol. Mary Beard nos ha ilustrado sobre este fenómeno en la antigua Roma (aquí) pero cabe encontrar ejemplos más antiguos, y también más instructivos.

El más lejano que he encontrado se remonta al siglo V antes de Cristo y nos los relata Pausanias en su Descripción de Grecia (6.11).  Resulta que en Taso vivió uno de los más grandes atletas olímpicos de todos los tiempos, el gran Teágenes, que consiguió nada menos que 1.400 triunfos o coronas en distintas disciplinas, desde el pugilato hasta las carreras de resistencia. Pasado a mejor vida, sus orgullosos compatriotas le erigieron una estatua en su ciudad natal.

Pues bien, resulta que una noche pasó junto a su estatua uno de sus enemigos en vida y la emprendió con ella a golpes, quizás aprovechando que en esta ocasión ya no había posibilidad de respuesta. O al menos eso creía, porque lo hizo con tal violencia que la estatua cayó encima de él, matándolo en el acto. Así que sus hijos demandaron a la estatua por homicidio, como era permitido según la leyes de Dracón, que reconocía la responsabilidad de los objetos inanimados, y tras obtener sentencia condenatoria, los de Taso echaron la estatua al mar, tal como les había sido ordenado.

Pero enseguida la tierra dejó de dar frutos, por lo que acudieron a Delfos para que el dios les diese una  explicación. El dios, que todo lo sabe, no debía estar muy contento con la solución de la controversia, porque simplemente les dijo  a través de la Pitia que “habéis echado en el olvido a vuestro gran Teágenes”. Así que recuperaron la estatua y la colocaron en su sitio, adorándole desde entonces como un dios.

La anécdota nos ilustra sobre muchas de las cuestiones de fondo y forma que rodean a este antiguo deporte de la destrucción de estatuas.

En primer lugar, Teágenes no debía ser olvidado en Tasos (como instaba el dios) mientras que en otros lugares su estatua tendría escaso sentido.  Una estatua representa algo que los ciudadanos de un lugar pretenden honrar y celebrar, por distintos motivos vinculados, lógicamente, solo a ellos mismos. Esa misma estatua en otro lugar, con otra historia y otras preocupaciones, puede no transmitir nada, o puede incluso transmitir lo contrario. Una estatua de Churchill en algunas ex colonias del Reino Unido puede hasta ser ofensiva, porque lo que les vincula con él no es la lucha contra Hitler, sino el imperialismo. Mientras que en Londres, lo que por encima de todo recuerda es un momento histórico determinado que les une como país y consideran digno y útil recordar. Por supuesto esto mismo puede ocurrir en diferentes momentos de una misma sociedad. Las estatuas a los generales sudistas se erigieron en un tiempo en el que predominaban unos valores felizmente superados. Lo que entonces se celebraba, ahora avergüenza.

Pero lo que esta reflexión nos pone inmediatamente de manifiesto, es que es cada sociedad a quién compete, a través de los procedimientos democráticamente previstos, debatir y decidir qué erigir y qué derribar en un momento dado, no a ciertas personas sin encomendarse a Dios ni al diablo, simplemente porque ellas lo consideran conveniente. Algunos quieren demostrar ahora su enorme valor en relación a ciertos objetos inanimados (seguramente ese valor se hubiera agradecido antes al menos contra ciertos semovientes) pero en realidad lo que demuestran es su desprecio por las normas democráticas. No es de extrañar que por esa vía las estatuas caigan sobre sus cabezas, y también sobre las nuestras. Porque no es a Colón ni a Churchill al que derriban, muertos hace ya mucho tiempo y a lo que esto nada les importa, sino la consideración de que en ámbito público las decisiones no las toma el más violento, sino la mayoría democrática, a través de procedimientos democráticos. Lo irónico es que cuando la estatua caiga, y con ella nuestras normas de convivencia, nos demandarán por ello los hijos del infractor, los autollamados antifascistas.

 

La ciudad, el sitio de mi recreo (la movilidad tras la pandemia)

En los días del confinamiento menos severo he recorrido mi ciudad, sin miedo y sin otro ruido que el que hacía yo sobre mi bicicleta. He podido contemplar sus edificios, descubrir calles que no conocía, ver como volvía la vida a  barrios que hacía años no pisaba. La desdicha de la pandemia ha convertido Madrid en mi lugar de recreo, en mis vacaciones, y en el de miles de familias que paseaban, patinaban e iban en bicicleta por sus calles libres de coches. Ni siquiera puedo decir que me ha devuelto la ciudad porque en realidad nunca antes la había tenido como en estos paseos. Quizás deberíamos intentar que la deseada normalidad no nos la arrebatara.

La terrible crisis sanitaria – ahora económica- trae consigo nuevos problemas y retos.  Debemos evitar aglomeraciones en espacios cerrados, lo que afectará al uso del trasporte público; esta necesidad inmediata y el miedo que sin duda nos va a acompañar durante más tiempo podrían llevar a un aumento del uso del coche, agravando el colapso de nuestras ciudades y la contaminación, con un coste enorme en términos económicos y de salud. Al mismo tiempo, la restricción de movimientos en el futuro próximo -y la reducción de nuestros ingresos durante más tiempo- nos llevarán a muchos a pasar más tiempo en la ciudad, también en fines de semana y en vacaciones. Lo inteligente es hacer de la necesidad virtud y convertir nuestra ciudad en un lugar más agradable para el trabajo y también para el ocio. Crisis y oportunidad pueden venir de la mano.

Los desarrollos tecnológicos actuales, además, nos brindan nuevas posibilidades. Las mejoras en baterías y motores eléctricos permiten hoy sistemas de transporte individual rápido y cómodo (patinetes y sobre todo bicicletas) que eliminan las barreras que para estos medios suponían las cuestas o las distancias más largas. La generalización del móvil facilita que estos medios de transporte se compartan con la ayuda de aplicaciones, multiplicando su uso y reduciendo el problema de su estacionamiento. La combinación de la propulsión eléctrica y vehículos compartidos tiene un ejemplo en el magnífico sistema de alquiler de bicicletas eléctricas de Madrid (Bici-Mad), que inauguró un Ayuntamiento del PP, rescató y mejoró enormemente la corporación siguiente (Ahora Madrid-PSOE) y que el actual Ayuntamiento ha tenido el acierto de poner en marcha apenas relajado el confinamiento. Para que buena parte del transporte se haga de forma individual, limpia y compartida ya solo es necesario aumentar los carriles seguros y la disponibilidad de estas bicicletas eléctricas, hasta ahora limitada al interior de la M30. La reducción del tráfico de coches reduciría la contaminación, el tiempo perdido en trasporte,  liberaría espacios para otros usos y además beneficiaría la salud de los que caminan o van en bicicleta.

Sin embargo, las oportunidades que la técnica nos brinda las puede frustrar la mala política. La movilidad en la ciudad no se ha librado de la peste de la polarización, pues siempre hay políticos dispuestos a sacar rédito de enfrentar a jóvenes contra mayores, ciclistas contra conductores, tratando al mismo tiempo de alinearlos en los bloques supuestamente irreconciliables de izquierda y derecha. Como si todos no fuéramos unas veces peatones o ciclistas y en otro momento conductores o usuarios del metro o del taxi. Si se organiza con inteligencia, la movilidad no es un juego de suma cero en la que unos pierden y otros ganan: los carriles bici reducen el espacio de los coches pero, si su uso se generaliza, también el número de coches y por tanto el tráfico. La restricción del automóvil no implica que no se pueda acceder a las zonas con tráfico limitado en taxi o en coche propio si se es residente o se aparca en un estacionamiento público. El uso de las calles no es uniforme a lo largo del día y en determinadas horas algunas zonas se podían dejar a disposición de los peatones, ciclistas y patinadores, como se ha hecho en muchas ciudades los fines de semana, y ahora especialmente con ocasión de la pandemia. Por supuesto todo requiere estudios cuidadosos y ensayos prudentes por parte de la administración, y para los ciudadanos un cierto esfuerzo de cambiar de costumbres; pero lo que podemos ganar en términos de calidad de vida es enorme. Además,  en un momento en que recuperar el turismo se va a convertir en una necesidad urgente, convertir la ciudad en un lugar más agradable para los paseantes y ciclistas puede ser un estupendo reclamo.

Ninguno vamos a olvidar la tragedia de estos meses, pero superarla juntos debe significar no solo recuperar la salud y la economía sino aprender de la experiencia de forma que todos colaboremos para tener una sociedad mejor. Empecemos por lo más cercano, mejoremos nuestra ciudad.

Efecto catártico del cine clásico, durante el confinamiento

Observar cómo Hugh Grant pasea, reflexivo, en la secuencia de montaje de la película Nothing Hill, con la canción “Ain’t No Sunshine”, me recuerda al efecto del coronavirus en estos tiempos. Vamos atravesando, como el protagonista, un sinfín de días, meses, que se pueden convertir en, quién sabe, estaciones y, mientras tanto, somos espectadores de una realidad nueva, que no sabemos muy bien cómo descifrar aún. Pero para interpretarla mejor, podemos recurrir al cine. Truffaut decía del cine “que lo importante es que te creas lo que ves”, aunque surja como la gran mentira o como la gran ilusión. En una realidad incompresible como ésta, el cine clásico (auténtico referente, genuino e inspirador para los que vinieron a continuación, y sus fragmentos) inspira certezas, realismo, historias de verdad. En el mundo de la incertidumbre, y de las dudas, no hay nada que me parezca más coherente. Pero “además de la lógica, para sobrevivir a esta realidad, necesitamos la imaginación” (Alfred Hitchcock).

Los beneficios de la ficción en la psique están sobradamente demostrados, pero en el confinamiento, si cabe, han adquirido aún más valor. El cine tiene un efecto catártico, de auténtica salvación mental. Nos oxigena y revitaliza, al poner en paz nuestra mente, disminuyendo los niveles de ansiedad y de estrés.  En el plano cognitivo, focaliza nuestra atención ante una dispersión de datos y de estímulos que nos pueden saturar y abrumar.  Fortalece nuestra memoria episódica y semántica, por el esfuerzo en el almacenaje de unos fotogramas que se van consolidando como recuerdos y que asociaremos a un momento preciso: aquel en el que visionamos tal película. Socialmente, nos anima a compartir opiniones en una atmósfera en la que se refuerzan las relaciones, por la capacidad de sorprendernos ante puntos de vista novedosos, creando un debate sano que dé lugar a la interpretación libre y creativa. A nivel emocional, nos pone en contacto con nuestra parte oscura de miedos y temores, y nos permite tolerarlos y aceptarlos mejor.  La identificación con los personajes similares a nuestra experiencia, aumenta nuestra introspección, y nos ayuda a conocernos mejor; pero a la vez vivencias de personajes antagónicos, suponen un desafío por hacernos más flexibles. Y nos genera profunda admiración, la intensa reflexión sobre cuestiones existenciales y antropológicas perfectamente retratadas por los grandes directores de la historia, aportándonos referencias y conocimientos.

Pero no va a ser todo reflexión…en estos meses de confinamiento, hemos necesitado más que nunca la pura evasión, el auténtico entretenimiento. Ya Wilder decía “Si el cine consigue que un individuo olvide por dos segundos que ha aparcado mal el coche, no ha pagado la factura del gas o ha tenido una discusión con su jefe, entonces, ha conseguido su objetivo”. Y en estos momentos, llegas a pensar si alguno de los grandes maestros de la historia del cine, fue consciente de lo que alguna vez, significaría para muchos de nosotros.

Probablemente, no sea la única cuyo confinamiento, haya supuesto el Macguffin o excusa argumental para profundizar en el cine clásico. Y me pregunto: “cómo he sido capaz de perdérmelo hasta ahora?”. Quizás por el miedo de “sentirme una extraña entre las modas”, pero nunca es tarde.  Hay escenas e imágenes poderosamente bellas, y frases memorables, que cobran verdadero sentido y me impactan profundamente: escuchar a Doris Day cantar “Qué será será… “en El hombre que sabía demasiado; los dos hermanos, solitarios, en búsqueda de la supervivencia, en La noche del cazador; el gran coraje del valiente protagonista de Senderos de Gloria; El juicio de Nuremberg, con diálogos precisos donde se debate sobre la necesidad de olvidar, pero aprendiendo las lecciones de la historia; o el inolvidable Moustache, en Irma la Dulce, con su memorable frase “pero eso es otra historia”…

Y de historias, y de escenas cómicas el gran Billly Wilder con su gran sentido del humor, me hace soportar mejor los días tediosos. Él ya decía que “en las épocas en que estaba deprimido hacía comedias. Y cuando se sentía feliz, rodaba temas más bien trágicos «. Muchos, como él, compensamos nuestros estados de ánimo, recurriendo a sus comedias.  Y por algunos instantes, escenas como la de Sabrina, en la que Audrey Hepburn canta “la vie es rosa”, nos engañan plácidamente. Pero en el torbellino emocional del confinamiento, Hitchcock, nos da un golpe de realidad, por su retrato preciso de las obsesiones, traumas, perversiones y el lado oscuro del género humano; y nos sentimos identificados con escenas que describen la sensación de peligro, angustia, miedos, dudas, traumas, bajo un sustrato onírico; que se parecen a cualquiera de nuestras pesadillas. Pero no somos masoquistas disfrutando sólo de la perturbación, sino que las dosis de amor y de romanticismo en sus películas, también nos encandilan y nos resetean por dentro.

Y por unas horas, experimentas una amnesia parecida a la de Gregory Peck, en Recuerda, para evadirte de una triste realidad, que en el fondo sabes que nunca olvidarás. La psicología nos ha enseñado que para que una experiencia no se convierta en traumática, las emociones hay que digerirlas y procesarlas, y en estos momentos, te esfuerzas más que nunca porque una emoción predomine frente a las demás; y esa es el sentimiento de gratitud hacia una gran compañía, el cine clásico, que asumes que no te decepcionará nunca.

Al asalto de los organismos reguladores o la destrucción de la CNMC

Hace unos días leíamos en los medios que la Moncloa preparaba el asalto a la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo regulador encargado de velar por el buen funcionamiento de los mercados y de la competencia en España. Nuestro comentario era que el titular era intemporal: todos los gobiernos aspiran a controlar más o menos los organismos reguladores, por la sencilla razón de que pueden resultar bastante molestos, sobre todo, si de verdad son profesionales e independientes. Así que nuestros partidos, como hacen con otros organismos supuestamente independientes, lo que vienen haciendo tradicionalmente es repartirse los consejeros: uno para ti, dos para mi, en función del número de escaños en el Congreso (o de los apoyos necesarios, ya saben, el PNV siempre pilla). Los otros agentes que aspiran a «capturar el regulador» son los agentes económicos, claro está.

Entre unos y otros, el papel de estas instituciones no es nada fácil. ¿Y cuál es ese papel? Nada mejor que leer la Exposición de Motivos de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que refundió (se nos dijo entonces que por razones presupuestarias) varios organismos reguladores en uno solo. Por cierto, un diseño casi único en el mundo y muy cuestionado; pero esa, ahora, no es la cuestión. Ojalá lo fuera, estaríamos en otro nivel de preocupación.

Pues bien, dice la Exposición de Motivos lo siguiente: «El funcionamiento eficiente de los mercados y la existencia de una competencia efectiva son principios básicos de la economía de mercado, la cual impulsa y promueve la productividad de los factores y la competitividad general de la economía en beneficio de los consumidores. Estos principios son también fundamentales en el diseño y definición de las políticas regulatorias de las actividades económicas. En este marco, los organismos supervisores tienen por objeto velar por el correcto funcionamiento de determinados sectores de la actividad económica, hacer propuestas sobre aspectos técnicos, así como resolver conflictos entre las empresas y la Administración.» Suena tremendamente técnico y complejo. Y lo es. De hecho, la necesidad de contar con estos organismos se justifica -siempre según la Exposición de Motivos- por la complejidad de las tareas de supervisión y control, lo que exige la necesidad de contar con autoridades cuyos criterios de actuación se perciban por los operadores como  eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro tipo de motivación.

En el articulado también se hace referencia a los requisitos para ser Presidente o Consejero de este organismo. Según el art. 15 «1. Los miembros del Consejo, y entre ellos el Presidente y el Vicepresidente, serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y
Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos».

No se hace referencia explícita a la necesidad de la independencia que se predica del organismo pero en fin, sería lo suyo. No en España. La todavía vicepresidenta saltó directamente de Moncloa a la CNMC. La presidenta «in pectore» también lo va a hacer. Nada nuevo bajo el sol. Con esto ya se hacen una idea de lo importante que es el «hearing» en el Congreso. Todo queda atado y bien atado con los pactos previos de los partidos. Oigan lo que oigan los parlamentarios, saldrán elegidos los candidatos propuestos, faltaría más.

Y como es lógico, la gente se va animando. «Sostenme el cubata», como se dice ahora. Porque si antes era un secreto a voces que los candidatos no tenían ni idea en materia de competencia -y así lo reconocía alguno en privado, añadiendo el nombre además de su «padrino» político, para explicar qué hacía en un organismo supuestamente técnico y profesional- ahora ya no es un secreto. Hemos pasado del disimulo al reconocimiento puro y duro de que se es candidato por la gracia del dedazo político de turno. Ayer mismo el candidato de Podemos a Consejero de la CNMC, Carlos Aguilar  -para qué nos vamos a engañar, esto funciona así- lo reconocía, no se sabe ya si con candidez o con desfachatez: no sabe nada de competencia.  Ni falta que le hace, porque tiene algo más importante: un padrino político que le va a colocar.

Nos comentaba el otro día un periodista que es difícil que un ciudadano de a pie entienda lo que nos cuesta esto. Entiende que le vamos a pagar un sueldo público muy importante a una persona que no está capacitada para el puesto y que, si fuera honesta, sencillamente no debería aceptarlo. Pero nos va a costar todavía más en falta de competencia y en encarecimiento de productos y servicios, como ocurre en España con la energía. Y hasta en puestos de trabajo. Ya explicamos el otro día por qué cierra Alcoa, por ejemplo, una fábrica muy intensiva en uso de energía que es mucho más cara en España que en otros países de nuestro entorno. Por no mencionar el coste en imagen. A nosotros, sencillamente, esto nos produce mucho bochorno.

Al final, resulta que los nuevos partidos lo que querían era ser ellos «la casta», en lugar de acabar con «la casta», pero con un grado de incompetencia y mediocridad todavía superior.  Y encima con buena conciencia, pues cualquiera se mete con un antifascista, aunque no sepa hacer la o con un canuto.

En fin, otra muestra más del imparable deterioro institucional ya iniciado hace muchos años, pero que se está acelerando por el desprecio de este Gobierno de coalición con todas y cada una de las instituciones que toca.

Non bis in ídem: ¿pueden concurrir en unos mismos hechos el delito fiscal y el blanqueo de capitales?

Uno de los más intensos debates que, a mi juicio, ofrece nuestro sistema jurídico, es la cuestión sobre si pueden concurrir en unos mismos hechos el delito fiscal y el delito de blanqueo de capitales. En definitiva, si la cuota tributaria defraudada mediante la conducta típica descrita en el artículo 305 del Código Penal puede constituir, al mismo tiempo, el objeto del delito descrito en el artículo 301 de dicha Ley.

Así pues, frente a quienes se han posicionado a favor de la posible concurrencia de ambos delitos, no han sido pocos los detractores que, entre otras razones, argumentan que considerar el delito fiscal como un antecedente del delito de blanqueo de capitales vulnera, de facto, uno de los más esenciales Principios de Derecho, cual es el Principio non bis in ídem (especialmente en los casos del llamado autoblanqueo).

Cierto es que la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, expresamente se refiere a la cuota tributaria defraudada, en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública, dentro de la definición que el artículo 1.2 de la meritada Ley hace de los bienes procedentes de una actividad delictiva.

Ahora bien, antes de valorar si, efectivamente, la cuota tributaria defraudada constituye un incremento patrimonial de origen ilícito para el defraudador, debe previamente relacionarse con el tenor literal del artículo 301 del Código Penal, en virtud del cual constituye la conducta típica del delito de blanqueo de capitales la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes, cuando se tenga conocimiento del origen delictivo de los mismos.

Siendo así, podría llegar a sostenerse que la cuota tributaria defraudada que se mantiene en el patrimonio del deudor constituye al mismo tiempo el objeto del delito de blanqueo de capitales, siempre y cuando la cuota tributaria o, si se prefiere, la parte contaminada del patrimonio del deudor, saliese del mismo (por utilización, conversión o transmisión) para integrarse, ora en otro patrimonio, ora en el tráfico económico y bajo apariencia de legalidad, pues en tales casos la conducta posterior sí se materializaría con conocimiento de la naturaleza ilícita de la cuota tributaria.

Empero, resulta de suma dificultad, cuando no imposibilidad, determinar exactamente la parte del patrimonio del deudor que se encuentra contaminada, pues téngase en cuenta que la cuota defraudada se funde con el resto del patrimonio, el cual conserva su plena licitud. Por tal motivo, sancionar ambas conductas en los casos anteriores resultaría harto complicado toda vez que para ello sería requisito sine qua non individualizar previamente los bienes que, dentro del patrimonio del deudor, constituyen la parte contaminada, así como que ha sido exactamente dicha parte y no otra, no contaminada, la que ha sido utilizada, convertida o transmitida.

De no acreditarse lo anterior, es decir, el blanqueo de la parte contaminada, entraría en juego entonces otro de los Principios esenciales del Derecho Penal, como es el Principio in dubio pro reo y, en consecuencia, no podrían ser sancionadas ambas conductas.

Bien es cierto que acudiendo a la doctrina alemana, entre otras, observamos cómo se han tratado de fijar criterios de individualización de bienes con el objeto de poder determinar fehacientemente los bienes contaminados dentro del patrimonio del deudor, ello a efectos de un ulterior delito de blanqueo de capitales, si bien, insisto, el resultado de dicha tarea debe ser incuestionable pues, de lo contrario, la duda jugaría siempre a favor del reo.

Por otra parte, el artículo 301 del Código Penal incluye como conducta típica del delito de blanqueo de capitales la posesión de los bienes de origen ilícito. Es en este punto donde, con mayor intensidad, entra en debate con el Principio non bis in ídem, pues es claro y evidente que la posesión de la cuota que se defrauda es anterior al delito fiscal, es decir, tras la comisión del fraude, no se posee un bien ilícito, sino que ilícitamente se posee un bien que, previamente, era lícito.

No ocurre como en el caso, por ejemplo, del tráfico de drogas, donde, tras la comisión de un delito previo, se obtiene un beneficio que trae causa directa del aquél y, por ende, la mera posesión sí constituiría un delito de blanqueo de capitales.

Este debate se ha tratado de superar a través de la Teoría de la equivalencia que, aplicada al caso, supone que si eliminamos el delito previo y, consecuentemente, desaparece consigo la cuota tributaria defraudada del patrimonio de deudor, es evidente que la misma trae causa del delito fiscal previo y, por lo tanto, su posesión, adquisición, conversión o transmisión, desde que se materializó el primer delito, es sancionable por mor del artículo 301 del Código Penal.

Sobre esta Teoría se apoyó, entre otros argumentos, nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de diciembre de 2012, dictada por la Sala Segunda en el seno del conocido “Caso Ballena Blanca” a fin de acreditar el origen ilícito de la cuota tributaria defraudada, donde, precisamente, se sancionaron los delitos cuya relación aquí, si brevemente, se ha analizado. No obstante, el Voto particular de uno de los magistrados en el cual argumentaba la práctica imposibilidad de determinar por medio alguno los bienes contaminados dentro del patrimonio, así como la posible vulneración del antes aducido Principio non bis in ídem, deja huella de la diferencia de opiniones al respecto.

Por su parte, la Sentencia dictada por esta misma Sala en el “Caso Nóos” recogió el testigo del debate mantenido apenas ocho años antes, y en la cual reafirmó la postura entonces sostenida. Ahora bien, precisa de manera fundamental que no basta simplemente con que se cometa el fraude para que, inmediatamente, cualquier acto posterior constituya un delito de blanqueo de capitales. Ello por cuanto el segundo tipo (como ya argumentó en su Sentencia de 5 de diciembre de 2012) exige una clara intención de ocultar el origen ilícito del bien, por lo que el mero gasto o inversión de lo defraudado, cuando su importe goce de “apariencia de un cobro legítimo”, no tendría cabida dentro de la conducta típica descrita en el antedicho artículo 301 del Código Penal.

Así, nuestro Alto Tribunal asienta su firme criterio respecto de la cuestión aquí tratada y con la que se pretende superar este no breve debate.

Fiscalía general del estado de alarma

Es bien sabido que una consecuencia de los estados excepcionales contemplados en el art. 116 de la Constitución es la alteración de la normalidad jurídica. Como las Autoridades competentes son incapaces de mantener la normalidad con los poderes ordinarios, el Gobierno es investido por el Congreso de potestades extraordinarias. Entre ellas la de dictar las normas necesarias e imprescindibles para restablecerla, aunque eso implique contravenir el ordenamiento jurídico, que quedará a estos efectos como en suspenso. Por eso la legislación de excepción que se dicte al efecto tiene fecha de caducidad: el cese de la crisis que la provoca.

Pero de esos poderes extraordinarios solo es investido el Gobierno, no el Poder Judicial ni la Fiscalía General del Estado, que mantienen los poderes y facultades ordinarios.

Pues en la mañana del jueves 4 nos desayunamos con un Decreto emitido desde la calle Fortuny de Madrid, que lleva fecha de 03.05.2020, en el que se establecen las pautas para el restablecimiento de la actividad de la Fiscalía tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2020. Está dictado por la Fiscal General al amparo de lo dispuesto en el art. 22.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981), porque según este, a la máxima magistratura de la carrera le “corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal”.

Entiéndase por “relativo al servicio” todo aquello encaminado a dotar a las distintas Fiscalías de protocolos de actuación para afrontar situaciones concretas. De ahí que el susodicho Decreto se dicte “con la finalidad de proteger la salud de las/los componentes de la carrera fiscal, de los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia y de la ciudadanía, así como de asegurar el efectivo cumplimiento del servicio público y de las funciones constitucionales encomendadas al Ministerio Público” (sic). Más que nunca era necesaria una orden general como esta, como así se ha venido haciendo desde el 14 de marzo.

Sin embargo, de rondón se ha colado una disposición relativa al plazo de la instrucción previsto en el art. 324 LECrim: lo declara plazo procesal y proclama su reinicio desde el día 04.06.2020, aunque por cautela insta a los fiscales a promover su reanudación. En definitiva, que mantiene el criterio del informe del 29 de abril pero no lo aplica, habida cuenta de la opinión mayoritaria en contra. Con este mete-saca propio de las estocadas defectuosas que tratan de hurtarse al tendido (lo cual no quiere decir que el aficionado no las advierta), se mantiene un criterio en el que no se cree. La suerte es que los más han sido conscientes del bajonazo.

Sin duda que diversos pronunciamientos de Fiscalías provinciales, como la de Barcelona, contrarios al reinicio del plazo, pusieron sobre aviso a los ocupantes del palacete del Marqués de Fontalba y Cuba, que inmediatamente se entregaron a la tarea de sujetar a los fiscales al criterio sostenido y no enmendado, que hasta entonces había sido orientativo y carecía de carácter vinculante. Incluso ordenan que se rectifiquen los acuerdos y criterios adoptados, como si una orden general no primara sobre los mandatos particulares impartidos hasta entonces por los subordinados y no los hiciera decaer.

Pero lo excepcional del caso es la forma elegida: un Decreto. Hasta ahora, ese tipo de órdenes generales se restringían a los nombramientos de fiscales o a la concreción de funciones y ámbito de actuación de determinadas fiscalías territoriales. Porque cuando se ha pretendido imponer un criterio aplicativo de la norma, algo lógico si de asegurar la unidad de actuación se trata, se ha echado mano de la Instrucción. Es la instrucción el instrumento pensado para marcar directrices de actuación para toda la Fiscalía (art. 22.2 EOMF), a fin de salir al paso de determinada jurisprudencia que ha cambiado la interpretación de un precepto o para solventar los problemas surgidos en la aplicación de la ley.

Son órdenes dictadas por el Fiscal General de contenido no tanto técnico y doctrinal como organizativo y de funcionamiento. Normalmente exigen el acuerdo o asesoramiento del Consejo Fiscal –a él le corresponde elaborar los criterios generales en orden a asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en lo referente a la estructuración y funcionamiento de sus órganos (art. 14. Cuatro a) EOMF)- y persiguen que la actuación del Ministerio Fiscal sea unitaria, en cuanto que sus miembros desempeñan funciones estatutarias y reglamentadas.

Frente a ellas, el EOMF establece otra herramienta de capital importancia: la circular. Se trata de un documento de estudio y análisis jurídico de preceptos materiales y procesales a los que han de ajustarse los fiscales. Están motivadas generalmente por la publicación de una reforma legislativa trascendente, nace siempre por iniciativa del Fiscal General del Estado, se proyecta y prepara por la Secretaría Técnica y es debatida en la Junta de Fiscales de Sala. A lo largo de su historia, la Fiscalía ha decantado una valiosísima doctrina a través de esta herramienta.

La Junta de Fiscales de Sala es el auténtico sanedrín de la carrera, un reducido grupo de fiscales con experiencia y prestigio profesional, que “asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, la resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno y cualesquiera otras, de naturaleza análoga, que el Fiscal General del Estado estime procedente someter a su conocimiento y estudio” (art. 15 EOMF).

Y esta es la anormalidad: con el Decreto se ha eludido el oír a la Junta de Fiscales de Sala, un trámite que si bien no es preceptivo (aunque esto también es cuestionable), sí ha sido la forma tradicional de discutir coralmente las cuestiones jurídicas espinosas. Y también se ha escamoteado la participación del Consejo Fiscal, en el que están representadas todas las sensibilidades de la carrera. Ambas renuncias implican una claudicación, porque se teme que lo que parece tan claro al que ha de tomar la decisión, no lo sea tanto.

Cagancho fue un torero genial que alcanzó la gloria con el capote, aunque esa cualidad de artista ha quedado eclipsada por sus famosas espantadas. Parece que la Fiscalía General haya escogido este derrotero para despachar los problemas… y a la vista de todos. “Azí no pué zé”, que diría el trianero, inquieto ante tamaño espectáculo.

ALCOA, la deslocalización por omisión

El 11 de diciembre de 2014 las calles de Avilés fueron el escenario de una multitudinaria manifestación: 20.000 almas contra el cierre de la planta de aluminio que la multinacional ALCOA explotaba a orillas de la ría. Unos días antes, la empresa había comunicado el cierre de sus plantas de Avilés y Coruña dedicadas a la producción de aluminio primario y que empleaban unos 800 trabajadores de forma directa y otros 300 de forma indirecta. La principal razón que alegaba la multinacional era su incapacidad de asegurar precios competitivos para la energía eléctrica consumida por éstas plantas, lo que suponía el 40% de la materia prima utilizada en sus procesos productivos.

El pasado 28 de mayo ALCOA anunciaba el cierre de su última planta en España, la fábrica de San Ciprián en Lugo, y la intención de despedir a sus 534 trabajadores aludiendo a factores estructurales inherentes y a dificultades de “carácter permanente», es decir, al precio de la energía eléctrica. Con ese anuncio se anticipaba el fin en España de un sector: el de la fabricación de aluminio primario, con una demanda creciente a nivel mundial.

¿Qué ha pasado entre estas dos fechas, diciembre de 2014 y mayo de 2020? ¿Cómo es posible que el principal factor de deslocalización alegado por la empresa, el alto costo de la energía eléctrica, no haya encontrado solución en todo este tiempo? La reclamación, entonces y ahora, repetida de forma recurrente por empresa, sindicatos, fuerzas políticas y sociales era la de disponer de una tarifa eléctrica, predecible, estable y competitiva. Reclamación extensiva a todas las empresas electrointensivas para las que el precio de la energía es un factor determinante de producción. Un artículo publicado el 17 de junio de 2019 en el diario económico Cinco Días Fernando Soto, gerente de AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía) daba cuenta de la magnitud del problema, y resumía así sus peticiones: “Las empresas electrointensivas integradas en nuestra organización, que suman más de 20.000 millones de euros de facturación anual y más de 186.000 empleos estables y de calidad, estamos seriamente preocupadas por el futuro de nuestra actividad, por lo que reclamamos con urgencia un Estatuto de consumidores electrointensivos que aporte certidumbre, que esté dotado económicamente y que facilite compensaciones similares a las que disfrutan nuestros principales competidores europeos. Pedimos las mismas condiciones que ellos tienen desde hace mucho tiempo».

Es forzoso recordar que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, en sintonía con lo que ya recogía la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, reconoce que “el suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general (SIEG), pues la actividad económica y humana no puede entenderse hoy en día sin su existencia”. Consideración que convierte al mercado eléctrico en un mercado fuertemente intervenido, probablemente el que más, con amplias facultades a favor de la Administración para definir sus aspectos esenciales.

Por eso el caso ALCOA no es un caso de deslocalización más, resulta paradigmático de muchas cosas: de cómo se ha abordado la política industrial en España en los últimos 20 años, de los procesos de privatización seguidos al calor de la apertura de nuestra economía; de la discutida capacidad que tienen los viejos Estados nacionales para enfrentarse a las decisiones de las grandes corporaciones que operan en mercados globales con criterios de rentabilidad definidos a escala mundial, cuando muchas veces, y éste es un caso claro, las condiciones de competitividad están decisivamente influidas por factores locales.

Pero sobre todo, desde el ámbito regulatorio, ALCOA es un paradigma de cómo las ineficacias legislativas influyen de forma decisiva en la marcha de la economía. Muchos pensarán que el peculiar contexto político en el que estamos instalados determina esa ineficacia, pero visto el tiempo transcurrido y los sucesivos gobiernos implicados, es para dudarlo. Y es que el problema de la energía eléctrica en España puede resumirse en pocas palabras como el extraordinario encarecimiento de la electricidad en los últimos años, debido fundamentalmente (aunque no exclusivamente) a errores regulatorios. Este problema, como demuestra el caso ALCOA, acarrea otros, no menos graves: la pérdida de competitividad de la industria, la pérdida de atractivo de España como destino de inversión y una percepción de inseguridad jurídica con efectos muy negativos.

Para desbrozar el caso ALCOA es necesario hacer un poco de historia: ALCOA se hizo en 1998 con el grupo Inespal, empresa estatal perteneciente al INI, aprovechando el proceso de privatización puesto en marcha por el primer gobierno de José María Aznar. La multinacional con sede en Pittsburg se hacía con un grupo que daba empleo a 5.000 empleados y que contaba con trece plantas en España. Oficialmente ALCOA pagó al Estado español, a la SEPI, una cantidad próxima a los 410 millones de dólares, pero de esa cifra hubo que descontar 200 millones para afrontar la deuda anterior del grupo, debido sobre todo a inversiones, y otros 100 millones más por sendas reclamaciones del nuevo propietario. Un negocio ruinoso, reconocido por los responsables de la SEPI, que hablaron poco después de «una operación deficitaria para el Estado español». De aquel grupo industrial hoy sólo queda la planta de San Ciprián (Cervo-Lugo), sobre cuyos 534 trabajadores pesa la amenaza de cierre y despido.

El contrato de venta recogía una garantía sobre el precio de la tarifa eléctrica (el obstáculo que había impedido a ALCOA hacerse con Inespal años antes) que iría de 1998 a 2007, más otros cinco años suplementarios, hasta 2012, con cargo a las arcas del Estado, al establecerse una cláusula según la cual la SEPI pagaría el coste extra energético a partir de unas variables establecidas. Es decir, se fijaba un precio para el kilovatio durante todo ese tiempo y todo lo que pasara de esas cifras lo abonaría el Estado.

Es en 2013 cuando ALCOA tiene que empezar a pagar la energía que consume (recordemos el 40 por ciento de sus costes aproximadamente) sin el colchón de aquella “letra pequeña” que le garantizaba un ahorro multimillonario. Antes, en 2009 ya habían comenzado los problemas para el gigante del aluminio estadounidense. La Unión Europea prohibió la tarifa especial que España le ofrecía a la multinacional, denominada G4, porque daba una ventaja competitiva a las industrias beneficiarias. El gobierno diseñó un sistema para compensar a las industrias electrointensivas por  ofrecer un  servicio de  “interrumpibilidad”.

¿Qué es esto? Básicamente un sistema por el que en periodos en que la demanda de electricidad es muy alto, estas fábricas reducen drásticamente su consumo, se desconectan del sistema para permitir que la luz llegue a todos los hogares. A cambio reciben pagos millonarios. Pero en 2013, la UE manifestó su recelo a estas ayudas y con el ministro José Manuel Soria al frente de Industria se sustituyó el sistema de asignación directa por un modelo de subastas a la baja para que el reparto de estas compensaciones atendiese a las reglas de la competencia, y evidentemente para ahorrar dinero en un contexto de caída de la demanda y un exceso de capacidad instalada que, ante el menor riesgo de saturación de consumo en el sistema eléctrico, hacen menos necesario el servicio de interrumpibilidad.

El fracaso de ALCOA en la primera de las subastas, en noviembre de 2014, provocó la amenaza de cierre de sus dos plantas de Avilés y Coruña. A finales de 2014 se produjeron otras dos subastas extraordinarias y entonces si consiguió los paquetes de interrumpibilidad que necesitaba para operar con precios asumibles. Con ello dio carpetazo momentáneo a sus planes de clausura y los centros de La Coruña y Avilés siguieron funcionando. Aunque con la advertencia de que resultaba urgente abordar el asunto de la tarifa eléctrica dadas las insuficiencias evidentes del sistema de subastas de interrumpibilidad.

Sin embargo, en octubre de 2018 la amenaza sobre estos dos centros de producción se concretó definitivamente: la multinacional anuncia su cierre alegando una “improductividad” ocasionada por problemas estructurales, su “menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos”, todo unido al sempiterno problema del coste de la energía.

El episodio que se abre a continuación, penúltimo camino de ésta novela por entregas, es más propio de la vieja picaresca española del Siglo de Oro; una buena muestra de ese capitalismo no ya de amiguetes, sino de pura y dura rapiña que aflora en los momentos de crisis de la mano de avispados empresarios de fortuna, dispuestos a repartirse los despojos de un patrimonio industrial que el Estado no ha querido o sabido defender. ALCOA abrió un verdadero “casting” para seleccionar posibles compradores para sus plantas de Coruña y Avilés y, finalmente, con todas las bendiciones del Ministerio de Industria, supervisor y garante del proceso, el 31 de julio de 2019 se las adjudicó a Parter Capital Group, un fondo de inversión suizo sin conocimiento alguno en el sector fabril del aluminio. “Un día para la satisfacción y la esperanza” en palabras de la Ministra Reyes Maroto. Pronto se agotó la esperanza: recientemente hemos sabido que Parter ya ha cedido el control de las plantas a un denominado Grupo Industrial Riesgo (el sarcasmo del nombre se las trae), nuevo propietario de Alu Ibérica (nombre con el que ahora operan las plantas de Avilés y Coruña de la antigua ALCOA) denominación comercial de PMMR 1866 SL, sociedad constituida el 9 de mayo de 2019 con 3.000 euros de capital social, sede en Benalmádena (Málaga) y carácter de sociedad limitada unipersonal. Detrás se encuentra el empresario Víctor Rubén Domenech y un oscuro entramado de sociedades. Panorama muy negro para la reactivación de estas dos plantas, que permanecen hibernadas apenas un año después de su venta con todo el aparato comunicativo oficial detrás.

Para lo que aquí interesa cabe preguntarse: y, en todo éste tiempo, ¿qué se ha  hecho para ofrecer esa tarifa eléctrica predecible, estable y competitiva, al menos en términos europeos, recurrente reclamación de las empresas que como ALCOA necesitan un alto consumo de energía en sus procesos productivos?

Con Pedro Sánchez ya instalado en La Moncloa y en plena crisis por el cierre de las plantas de aluminio primario, el gobierno aprueba el Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. En él se reconoce la necesidad de dotar de especial protección a la industria electrointensiva en línea con lo que sucede en el resto de la Unión Europea. Por  ello se reconoce que es necesario y urgente arbitrar mecanismos que permitan optimizar el coste que la energía eléctrica tiene para estos consumidores y, de esta forma, mejorar su competitividad internacional. En su art. 4 se crea la figura del consumidor electrointensivo y se da un mandato al gobierno para que, “en el plazo de seis meses, elabore y apruebe un Estatuto de consumidores electrointensivos, que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación con su participación en el sistema y los mercados de electricidad”.

El RD-Ley fue sometido a convalidación del Congreso de los Diputados el 20 de diciembre de 2018, sesión a la que asistieron los comités de empresa de ALCOA en Avilés y Coruña. Tras una intervención de la ministra Reyes Maroto que no formará parte de su mejores tardes, el RD salió adelante gracias a una mayoría de votos escépticos (111, Si; 4, No; 228, Abstenciones).

La portavoz más beligerante de aquélla sesión fue la diputada por La Coruña Dña. Yolanda Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, que en un pasaje especialmente vibrante le espetaba a la ministra: “señora ministra, dos de las medidas que trae usted aquí de energía y para los sectores de las industrias electrointensivas en nuestro país nos las deriva usted a seis meses. ¿Es urgente o no lo es, señora ministra? ¿Usted cree que es serio un precepto como el cuatro? Nos llevan anunciando —sin que nunca lo hagan— que España por fin va a hacer un estatuto que regule la electrointensividad y los grandes consumidores, como en Francia, en Alemania y en los países serios, y nos dice que  trae este real decreto para hacer otro real decreto dentro de seis meses. No es serio, señora ministra. Se lo digo con todo el cariño: no es serio.”

 El 25 de abril del 2019 la CNMC hace público el informe preceptivo sobre el Proyecto de RD que regula el Estatuto de consumidores electrointensivos, remitido por el gobierno el 18 de Marzo. De ese informe interesa destacar un párrafo suficientemente ilustrativo: “En este sentido, la CNMC pide analizar en mayor detalle todos los mecanismos desde la óptica de la normativa de ayudas de Estado y recomienda que se tengan en consideración las ayudas a la industria electrointensiva que otros Estados miembros han adoptado y que ya han sido autorizadas por la CE”. Hablando claramente, el organismo regulador viene a decir: oiga, copien ustedes de otros países como Francia, Italia o Alemania que forman parte de la UE como nosotros y hace tiempo que adoptaron mecanismos que les ha permitido ofrecer una tarifa eléctrica competitiva a su industria. Entre los años 2017 y 2018, el precio eléctrico final pagado por la industria española fue de 20 a 25 euros/MWh más caro que el de sus competidores franceses y alemanes, respectivamente, lo que significa un 50% mayor.

El pasado 11 de febrero de 2020, 14 meses después de que se autoconcediese un plazo de seis meses para ponerlo en marcha, el gobierno hizo público el texto del último Proyecto de Estatuto para la industria electrointensiva. Ha recibido alegaciones de todo tipo de entidades y colectivos y ha conseguido algo extraordinario en estos tiempos de polarización: unir en torno a un mismo escrito de alegaciones pidiendo cambios significativos a la Xunta de Galicia (PP), el Principado de Asturias (PSOE) y el Gobierno de Cantabria (PRC).

Puede que finalmente el ansiado Estatuto vea la luz, aunque si no hay cambios significativos su utilidad parece muy dudosa. Máxime tras asistir al último paso de éste largo vía crucis: la comparecencia el pasado martes ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de D. Andrés Barceló, secretario de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y Director General de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), quien calificó la última propuesta del gobierno para la industria electrointensiva como un “insulto”: ”si sale como el último borrador que nos presentaron, que lo dejen. Ya que si para el principal sector industrial, que es el siderúrgico, la rebaja contemplada en el último marco regulatorio propuesto era de 56 céntimos por Megavatio/hora… Eso es un insulto. No tiene otro nombre”. Sin pelos en la lengua. Los trabajadores de ALCOA que estos días pelean por mantener las instalaciones de San Ciprián en Lugo y sus 534 puestos de trabajo, último reducto del sector del aluminio primario en España (recuerden, esto empezó con 5000 empleos), agradecerán esta sinceridad.

Desde diciembre de 2014, fecha del primer anuncio de deslocalización de ALCOA, se han celebrado siete procesos electorales de alcance nacional. En todos ellos la promesa de una tarifa eléctrica singular para la industria electrointensiva (predecible, estable, competitiva…) ha formado parte del corazón de las propuestas electorales de todos los partidos, muy especialmente de los que lideraban el gobierno en aquella fecha o lo hacen ahora.

Procesos traumáticos como los de ALCOA o de la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona obedecen seguramente a múltiples factores, algunos de ellos derivados de complejas estrategias globales. Pero, en el caso ALCOA, su lento y paulatino proceso de deslocalización ha estado marcado por una reivindicación de sobra conocida; no hay sorpresa ni amenaza nueva. Lo que sí ha habido es una omisión flagrante por parte del Estado; la omisión de la diligencia debida en lo que es su principal obligación en el ámbito económico: generar un entorno competitivo para que la actividad empresarial, en este caso industrial, pueda desarrollarse plenamente. Aquí ha fallado el entorno regulatorio, pues todo lo demás España lo tenía: instalaciones, procesos, tecnología, personal cualificado… Sólo faltaba la regulación y, ahí, con haber copiado a nuestros vecinos europeos, hubiese sido suficiente. Pero ha faltado voluntad política, ese arcano que opera intramuros del Consejo de Ministros y que ha estado presto para apoyar a otros sectores. Desde luego, no a la gran industria, la que curiosamente ofrece el empleo más cualificado, más estable y de mayor calidad.

Sólo me queda una curiosidad, ¿qué pensará de todo esto aquélla enérgica diputada gallega que en el pleno del Congreso le espetó a la ministra de Industria aquello de: “esto no es serio, ministra”? ¿Seguirá pensando lo mismo, ahora que comparten asiento en el Consejo de Ministros y ella es titular, nada menos, que de la cartera de Trabajo?

Si España está transitando hacia una democracia iliberal, no es solo por culpa de Marlaska o de Sánchez

La primera ley de la gravitación política declara que aquél que tiene el poder público tenderá a abusar de él hasta que encuentre un límite. Nos podrá gustar más o menos, pero, como la correlativa de la física, es innegociable. El Estado de Derecho moderno se ha construido sobre su resignada aceptación, y desde Locke y Montesquieu el objetivo fundamental de la teoría política ha consistido en cómo negociar esta realidad. En un primer momento, la solución pareció descansar en una equilibrada arquitectura constitucional en donde los poderes se contrapusiesen unos a otros. Siguiendo con la terminología de la física, el problema a resolver era simplemente un problema de estática constitucional.

Pero enseguida resultó evidente que ese problema de estática era mucho más complejo, porque sin la activa participación de los ciudadanos y de los poderes sociales fácticos, el artefacto era insostenible. Era necesario afinar el sistema institucional para generar los intereses y las complicidades necesarias que ayudasen a defenderlo. Con la protección institucional al sistema capitalista se involucró en la defensa del Estado de Derecho a la incipiente burguesía, lo que garantizó su éxito inicial (no así en España, claro, donde esa burguesía nunca tuvo suficiente masa crítica), y posteriormente, tras las guerras mundiales, el desarrollo institucional del Estado del Bienestar involucró en la defensa del Estado de Derecho a las masas populares.

Con ello parecía haberse cerrado el círculo de la estática institucional, dando retrospectivamente la razón a Kant, cuando señaló que el problema del Estado tenía solución, incluso en un país de demonios, siempre que tengan sentido común. La modernidad consiste precisamente en eso: en el triunfo de la técnica institucional normativa sobre la virtud clásica o renacentista, ya innecesaria. No existirá jamás un nuevo Hitler, Lenin, Franco o Mussolini, no porque la arquitectura constitucional lo impida, que al final es lo de menos, sino porque el diseño institucional en su conjunto ha generado -por fin, después de tantas luchas- los incentivos necesarios para que los ciudadanos y todos los poderes sociales defiendan al Estado de Derecho. Y eso por su propio interés, ya que, como seres racionales, y por muy demonios que sean, tienen sentido común. No se necesitan, por tanto, ciudadanos virtuosos, sino racionales. El Estado no se ha construido para generar héroes, sino para gestionar a esos pequeños tiranos egoístas que somos los seres humanos, tal como hace casi quinientos años afirmaba Vázquez de Menchaca anticipándose a Hobbes.

Sin embargo, desde hace bastante tiempo crece una sombra. Y no solo por el Este, sino por todos lados. Algo está pasando que pone en entredicho el paradigma. Muchos líderes de supuestos Estados de Derecho, cualquiera que sea su orientación ideológica, no respetan las normas institucionales, y nadie les sanciona por ello, sino que más bien se les jalea. No funcionan los controles formales (jueces o funcionarios) pero tampoco los sociales (la prensa mayoritaria, la gran empresa, los sindicatos o los ciudadanos a la hora de ejercer el voto). A modo de ensayo y error, han encontrado una brecha en el sistema, y no hallan resistencia. Conforme a la primera ley de la gravitación política, avanzarán por ella hasta el final.

¿Se explica quizás porque el régimen de incentivos que mantenía en pie el edificio se está desmoronando? ¿Acaso se extiende la conciencia de que el Estado de Derecho no protege ya nuestros intereses? No cabe duda de que las sociedades modernas presentan preocupantes líneas de fractura, tanto de tipo económico, como social, como “cultural”. Pero lo cierto es que ni el capitalismo ni el Estado del Bienestar se han evaporado. Pese a todas las crisis, todos los embates y todas las tergiversaciones (ruptura del pacto social, autogolpe de la burguesía…), hay que reconocer que siguen bastante fuertes (Factfulness). Tampoco existe una quiebra social de carácter identitaria que sea mínimamente relevante (por lo menos en España, donde las guerras culturales tienen escaso fundamento objetivo).

Más bien parece que en nuestro país las élites políticas han hallado una oportunidad en el desasosiego generalizado motivado por las incertidumbres de un mundo globalizado donde el progreso ya no se da por supuesto. Han encontrado una incipiente grieta para expandir su poder, y la están explotando por la vía de exacerbar y polarizar -y no tanto de reflejar- las emociones de los tradicionales grupos de apoyo, bastante más moderados que sus teóricos representantes. Este fenómeno no es reciente, sino que lleva entre nosotros muchísimo tiempo. Lo preocupante es la velocidad que está adquiriendo.

La élite política ha comprendido, consciente o inconscientemente, que es fácil erosionar el Estado de Derecho en beneficio propio si se siguen estas cuatro sencillas reglas:

1.- Se debe actuar de manera gradual, poco a poco, paso a paso, intentando vulnerar el espíritu de la ley (o mejor del sistema) más que su letra, si es posible. Si no hay más remedio que vulnerar la letra, se negará la evidencia.

2.- La protesta que suscita cada paso debe estigmatizarse como hipócrita y espuria, solo motivada por intereses partidistas, no preocupada tanto por la vulneración de la norma como por el avance de la política llevada a cabo a través de ella por el Gobierno. Por eso cuanto más emocional sea el tema de fondo, mejor. Hay que alejar la atención del verdadero problema (la transgresión del límite), para centrarla en el objetivo “cultural”, material o finalista (avanzar las posiciones del bando en cuestión y reducir las del contrario) sin necesidad, ni siquiera, de alegar expresamente que el fin justifica los medios. Total, ha sido una transgresión “pequeña” para conseguir ciertos objetivos (sociales o culturales) mucho más importantes, que son los que verdaderamente molestan a los críticos.

3.- Es fundamental, además, insistir en que el otro bando cuando tuvo oportunidad hizo lo mismo, por lo que es injusto o interesado que los críticos con más resonancia (necesariamente los partidos de oposición) protesten ahora. Es más, todavía más importante es insinuar que, cuando el otro bando llegue al poder, sin duda hará lo mismo en su propio interés (profecía autocumplida), por lo que conviene adelantarse (a modo de ataque preventivo) cuando todavía hay oportunidad.

4.- Cuanto más se polarice el fondo del asunto y las maneras y actitudes con que se debate, más fácil es que pase desapercibido o se perdone por el propio bando lo importante, es decir, la transgresión del límite. En resumen, cuanta más bronca formal, mucho mejor. A esto juegan todos los políticos, aunque estén en la oposición, pues saben que las transgresiones de hoy servirán en su momento mañana, cuando les toque, como territorio conquistado o como justificación de sus propios excesos. La bronca, en consecuencia, no es casual, sino que forma parte fundamental de la estrategia de avance y defensa de posiciones.

De esta manera se desnaturalizan todos los controles. El control judicial no está pensado para las pequeñas adulteraciones, las que afectan al espíritu del sistema, porque en una democracia sana no se espera que los jueces tengan que controlarlo todo (pensemos en el nombramiento de Tezanos como presidente del CIS). Pero, aun en el caso de que haya habido necesidad de ir más lejos y se haya vulnerado claramente la ley, previamente ya se han preocupado de capturar la cúpula judicial o de infiltrarla de fieles (políticos-togados). Y si con esto tampoco basta, siempre queda estigmatizar las investigaciones en marcha como persecuciones políticas llevadas a cabo por jueces capturados por la perversa oposición. Todo ello al margen de la natural lentitud de la justicia. Qué decir de la Administración, mucho más fácil de manejar, o de los órganos reguladores, completamente infiltrados por la política.

En cuanto a los controles sociales (la prensa, las universidades, la gran empresa, los sindicatos, las corporaciones profesionales, etc.) muchos han sido capturados por la gran constelación de intereses materiales o inmateriales de los partidos políticos, directa o indirectamente, y de esta manera asociados a sus fines. La prensa, quizás el poder social más relevante, lo ha sido de todas las maneras posibles, directamente a través de subvenciones y publicidad, e indirectamente a través de convertirles en voceros del bando correspondiente, con todas las ventajas de difusión añadidas. Solo así se explica que los que gritan enfervorecidos cuando el adversario traspasa los límites, callen como muertos cuando lo hacen los suyos, o más bien los defiendan alegando que el contrario hizo lo mismo y que, total, ya se sabe que España lleva siendo desde hace muchos años una democracia cuasi iliberal, o lo que es lo mismo, una democracia con un Estado de Derecho débil (por ejemplo aquí). Parece que el que esto sea cierto, justifica seguir descendiendo por el mismo camino.

Los ciudadanos de a pié, aun aquellos que no se dejan arrastrar por la emoción y sean conscientes de lo que está en juego, poco pueden hacer. Total, en la única ocasión que se les deja ejercitar su control, en las elecciones generales, se les obliga a elegir entre partidos con vicios idénticos. Y cuando de vez en cuando surge alguno que no lo parece, enseguida su líder nos demuestra que estamos equivocados y que se ha convertido exactamente en lo mismo que antes denostaba (aquí).

Mientras tanto, las élites políticas y sociales siguen minando en su propio interés nuestro Estado de Derecho, desvirtuando la justicia en interés de su clientela y poniendo en riesgo los pilares de nuestra convivencia democrática. No es un comportamiento virtuoso, no, pero habíamos quedado en que en el Estado moderno no era necesaria la virtud, y que era sostenible aun en un país de demonios, siempre que tengan sentido común. Pues bien, algo falla en el paradigma, pues si por sentido común entendemos solo la cruda persecución de los propios intereses (aunque sean a corto plazo, que son los más poderosos de todos) Marlaska y Pedro Sánchez han actuado con absoluto sentido común (aquí). Sin duda Marlaska ha hecho como ministro lo que hubiera condenado sin contemplación si hubiera actuado en su otra versión, la de juez. Pero con ello ha perseguido –sin gota de hipocresía aunque con total cinismo- sus intereses del momento, siempre variables en función de las circunstancias. Han aprendido que tocando la tecla de la emoción y de la lucha cultural, como hacen fuera Trump, Johnson, Bolsonaro y tantos otros, pueden mentir de manera sistemática y manifiesta sin sufrir penalización alguna. La mentira se justifica si hace avanzar la agenda, la propia y la de la clientela, aunque ponga en riesgo la sostenibilidad a largo plazo del propio sistema. Los del otro lado que esperen, que ya les tocará. (O no. Hay quien considera que el sistema es sostenible –al menos como democracia, aunque sea iliberal- siempre que la oposición tenga esperanza en llegar al poder y hacer lo mismo. Es dudoso, pero en cualquier caso no es un gran consuelo).

Por eso pienso que a estas alturas deberíamos caernos del burro de una vez por todas. Sin ciertas dosis, no ya de virtud cívica o republicana que ponga a las reglas de juego de la convivencia democrática por encima de los intereses particulares, sino de simple decencia personal y de lealtad al sistema que tanto nos ha costado construir, es imposible sostener a la larga un Estado democrático de Derecho, por muy bien diseñado que esté (menos todavía cuando no lo está). Si se carece de eso, los intereses a corto plazo incentivarán a las élites dominantes a seguir profundizando en la brecha o cavando en la mina, sin que ninguna advertencia sobre el riesgo de derrumbe a largo plazo sirva de nada. El propio Maquiavelo, que no era precisamente un iluso de la política, advirtió a sus amigos de la Signoria de Florencia que si no respetaban las normas que ellos mismos se habían dado, aplicándolas cuando les venía bien pero también cuando les venía mal, deslegitimarían la república y la pondrían en peligro de caer, y a ellos con ella. Así sucedió, aunque él más que nadie conocía la inutilidad de la advertencia, pues, como tantas veces afirmó, si una república carece de virtud, no se adquiere en cuatro días a base de consejos.

A los que no nos apetece ni un líder iliberal ni un cirujano de hierro, ¿qué nos queda? Quizás solo intentar convencer a nuestros conciudadanos que la solución no es seguir el interesado juego emocional de nuestros políticos ni a sus adláteres de la prensa, sino velar por nuestros intereses a largo plazo, que pasan necesariamente por la vigorosa defensa de nuestras instituciones democráticas, y no por ganar hoy esa puntual batallita aquí o allá a costa de poner todo el sistema en peligro. Si en nuestra vida privada y profesional seguimos esta pauta, al menos limitaremos algo los daños.

Ah, y en cuanto a lo de recuperar la virtud republicana, quizás mejor lo dejamos para la era post fósiles (si llega).

 

 

Acercando la Administración al ciudadano

Dos de las preocupaciones constantes en Hay Derecho son la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y la eficiencia de la Administración. En concordancia con estos loables objetivos, avanzo una propuesta que creo que representaría un avance significativo en ambos. Para introducir un poco de variedad en el Blog (y acorde con mis circunstancias particulares), el artículo se escribe desde la perspectiva de un residente en Territorio Foral, pero esto en absoluto invalida las conclusiones generales. Finalmente reconozco que el universo de declarantes de la renta no suele incluir a los mas pobres, por lo que la propuesta no es completa del todo.

En la declaración de la renta se indican los componentes de la unidad familiar, su edad, su dirección, su grado de minusvalía y muchísimos elementos más de sus circunstancias particulares, para el cálculo de si el declarante debe pagar más impuestos o recibir una devolución de parte de lo ya pagado. Pero, en base al nivel de ingresos que tiene y demás circunstancias personales y familiares, puede que el declarante y sus familiares tengan derecho a muchas mas cosas de “lo público”, que se supone les facilitaría la vida. Puede que subvenciones del Estado, comidas escolares, campamentos subvencionados para niños, becas para estudios superiores, ayuda domiciliaria, ayudas de dependencia, ayudas en el transporte, medicamentos gratis, subvención para el alquiler de vivienda, incluso una vivienda pública, de alquiler o compra, a precio subvencionado etc. etc. Seguramente miles de posibilidades si nos ponemos a buscar con ahínco.

Y resulta que, para casi todo, lo único que hace falta es encontrar la “oportunidad”, rellenar impresos y aportar la declaración de la renta (o, supongo, las declaraciones de la renta en el caso de las parejas formalizadas como tal que declaran de forma separada). El que está bien asesorado, conoce a los que hay que conocer y lleva años aprendiendo los vericuetos del sistema seguramente consigue lo que quiere. Pero para un novato, esta labor de búsqueda y captura, de hacerse de forma concienzuda, exige muchísimas horas de dedicación y el tiempo y la colaboración de muchos funcionarios públicos para encontrar y señalar sus “oportunidades” o derechos y luego para corregir las solicitudes, tramitarlas, conseguir su aprobación y, en su caso, ordenar el desembolso. Estoy seguro de que muchos funcionarios se verán reflejados en esta descripción y, en mi experiencia personal, cumplen muy bien con su función, ayudando al particular.

Pero yo propondría dar la vuelta a esta forma de proceder que me parece desaconsejable desde muchos puntos de vista. Con la información contenida en una declaración de renta, las distintas Administraciones saben perfectamente a qué tiene derecho el declarante en su Administración. Así que, sin que el particular lo solicite, le podría informar su Ayuntamiento, la Diputación Foral, el Gobierno Vasco, el Gobierno Central y la Seguridad Social, de los beneficios a que tiene derecho. Solo faltaría entonces que el particular solicitase las ayudas que le interesasen, (¡a ser posible por ventanilla única!)

Lo único que, con la salvedad de la Diputación Foral, entidad recaudadora de nuestros impuestos, se supone que las demás Administraciones no tienen acceso a su declaración de la renta. Pero, ¿y si el particular autorizase a la Diputación a distribuirla de oficio?  Me imagino que poca gente necesitada de ayudas pondría objeción.

Creo que está claro lo que se conseguiría. En primer lugar los procesos se vuelven mucho mas eficientes para el particular; no tiene porqué perder el tiempo indagando cuales son sus derechos. Por una vez no sería el particular quien tuviese que interpretar la marea cambiante de legislación, reglamentos y normativas que le podrían ser aplicables, de todos los niveles del Estado, sino la propia Administración.

En cuanto al funcionario, tendría mucho menos trabajo de asesoramiento, y sabría de antemano que la ayuda está aprobada.  Intuyo que harían falta muchos menos funcionarios, con el ahorro que esto supondría, (y menos Asesorías y Gestorías), pero ¿quizás se podría aprovechar para reforzar el servicio de inspección fiscal?  Al fin y al cabo, el documento base de declaración de la renta debe reflejar la realidad.

En tercer lugar, prepárense para un aluvión de solicitudes. Seguramente mucha gente no llega nunca a saber sus derechos, porque está demasiado ocupada ganándose la vida. Pero si se le dice y se indica el camino, habrá mas solicitudes. Y por lo tanto mas gasto público. Pero no sería lícito limitar el gasto público en base a esconder de la gente sus derechos, ¿verdad?

En cuarto lugar, considero muy importante el cambio de mentalidad. Cuando presentamos la declaración de la renta con derecho a devolución, no pensamos que se nos está regalando nada, y de hecho es así.  Pero cuando se solicita una ayuda, es una solicitud, “a ver si me dan”……   Con el procedimiento propuesto no sería así.  “Estos son tus derechos – dinos cuales quieres ejercer”.  Suena muy distinto, y no está sujeto a la discreción de nadie.  Lo de la discreción es muy importante porque, ya se sabe, sin discreción no puede haber favoritismos ni, en definitiva, corrupción.  Además se elimina un desincentivo importante al trabajo productivo: el que se dedica a ganarse la vida, en lugar de a escudriñar los varios Boletines Oficiales, no sentiría que está haciendo el tonto; porque sabría que tendría las mismas oportunidades que todos los demás.

Quisiera señalar también la ventaja a la hora de confeccionar los presupuestos públicos. Nunca he entendido como se pudo aprobar una Ley de Dependencia sin aportar su correspondiente presupuesto. Otras ventajas colaterales: si las distintas Administraciones compartiesen los mismos datos, uno no se podría domiciliar en un sitio a unos efectos y en otro sitio para otra cosa, picaresca que he podido observar en varias ocasiones. Y, finalmente, el que ahora no presenta declaración de la renta tendría un buen incentivo para integrarse en la economía “formal”, viendo la ventaja de declarar sus ingresos.

A efectos de poner este procedimiento en marcha, en cada nivel de la Administración habría que hacer un inventario de los beneficios legislados y los criterios para conseguirlos, tanto en esa Administración como en los organismos dependientes, para incorporar estos beneficios a un programa informático que identificase los beneficios correspondientes a cada persona(s) física(s) o unidad familiar.  ¡El mero hecho de hacer el inventario de beneficios podría incentivar su racionalización!  En un mundo en que los informáticos son capaces de darnos la ruta multimodal mas rápida (o mas barata, o mas ecológica) entre mi casa y cualquier sitio, no puede ser complicado diseñar un programa que procesa los datos de una declaración de la renta y escupe un listado de derechos.

Eso para empezar.  ¿Y si lo aplicamos a las empresas?  ¿Y a las comunidades de vecinos?  ¿Y…?

Sobre la moción de censura

Esta semana se cumplen dos años de la moción de censura a Mariano Rajoy que permitió a Pedro Sánchez acceder a la Presidencia del Gobierno. Su inesperado triunfo cambió el curso de los acontecimientos políticos en España. A mitad de legislatura, con las mismas mayorías parlamentarias, los bloques Gobierno-oposición se intercambiaron y, por primera vez en nuestro país, un presidente del Gobierno accedía al cargo a través de una moción de censura.

Con ello se generó un intenso debate público sobre este instrumento constitucional. ¿Se puede entender como una válvula de escape cuando se produce la quiebra del contrato entre ciudadanía y ejecutivo? ¿Por qué se ha cuestionado su legitimidad en España? Desde aquel momento, en determinados sectores políticos se ha sugerido cuando no explicitado la idea del presidente ilegítimo. De alguna manera, parte del discurso de oposición se ha basado en la percepción de que la constitución del nuevo ejecutivo respondía a una suerte de irregularidad perpetrada contra la voluntad popular.

A pesar de que la tesis de la ilegitimidad caló en ciertos sectores sociales, no debemos dejar de reiterar que es característica fundamental de los sistemas parlamentarios que el gobierno debe recibir y mantener la confianza del Parlamento para ejercer las funciones que tiene encomendadas constitucionalmente. Lo hará, además, sometiéndose de forma continua la vigilancia política del control parlamentario.

Junto a ese esquema básico, se suele añadir como característica habitual de los sistemas parlamentarios que en ellos existe un cierto equilibro entre poder ejecutivo y legislativo. Ese equilibrio se manifiesta con la mayor evidencia en dos decisiones de ultima ratio: la disolución del Parlamento y, precisamente, la censura al ejecutivo. El gobierno tiene la potestad de, según su criterio político, ordenar la disolución del poder legislativo y llamar a elecciones (art. 115 de la Constitución Española). Paralelamente, el Parlamento podrá cesar mediante una moción de censura a un ejecutivo que no se ajuste a lo exigido por la mayoría parlamentaria (art. 113). Ejecutivo y legislativo pueden neutralizarse mutuamente.

Las mociones de censura son propias de los sistemas parlamentarios como es el español, lo que resulta del todo lógico puesto que se asientan en la idea de que el ejecutivo nace de la confianza del poder legislativo y le rinde cuentas durante todo su mandato, pudiendo el último llegar al límite de retirar tal confianza. El elemento central es, por lo tanto, un Parlamento que otorga y retira su confianza de forma soberana.

Nuestro ordenamiento constitucional dificulta la viabilidad de esa retirada de confianza con la intención de primar la estabilidad del gobierno a través de dos vías: el carácter constructivo de la moción de censura y la mayoría exigida para su aprobación. Así, las mociones de censura tradicionalmente se distinguen entre constructivas o destructivas. A diferencia de las primeras, en las segundas se complica el éxito de la moción al vincular el cese del gobierno saliente al otorgamiento de la confianza a un nuevo presidente.

La regulada por la Constitución en su artículo 113 es de carácter constructivo, al exigir de forma explícita que los Diputados que la registran deben plantear un candidato la misma. El constituyente pretende evitar la inestabilidad que podría suponer que una mayoría negativa provocase el cese del Gobierno sin un ejecutivo alternativo que asumiese sus funciones de forma inmediata. Téngase en cuenta que ello provocaría continuas repeticiones electorales o periodos de gobierno en funciones prolongados.

El juego de mayorías establecido también supone otro paso en la protección de los Gobiernos en minoría en detrimento del equilibrio legislativo-ejecutivo. Fijémonos. El presidente puede ser investido por una mayoría simple, por lo que resulta coherente que para que el propio presidente voluntariamente revalide su confianza parlamentaria le baste una nueva mayoría simple a través de una cuestión de confianza, tal y como prevé la propia Constitución. Sin embargo, aunque pudo otorgar y ratificar su confianza una mayoría simple de Diputados, deberá ser una mayoría absoluta la que la retire.

En conclusión, la Constitución ordena la moción de censura de forma restrictiva, asegurándose de que la misma nace un ejecutivo que cuenta con respaldo parlamentario y, en consecuencia, popular. De todo lo anterior cabe concluir que un gobierno surgido tras una moción de censura es un gobierno constitucional con la misma relación con las urnas que los gobiernos emanados de una investidura ordinaria. A Pedro Sánchez le otorgó su confianza en 2018 el Congreso de los Diputados constituido según el resultado electoral del 26 de junio de 2016. Es el mismo Congreso que hizo presidente a Mariano Rajoy dos años antes.

A todos los presidentes del Gobierno de España los avalan las mismas mayorías, que son las exigidas en la Constitución. El constituyente español, como sucede el resto de sistemas parlamentarios, trató de garantizar que el ejecutivo estuviese apoyado de forma sólida por el poder legislativo. Por ello trazó unas mayorías concretas que permitiesen entender otorgada la confianza al Gobierno de turno. Poner en cuestión la legitimidad de un Gobierno que ha recibido el apoyo parlamentario de tales mayorías es poner en cuestión, en definitiva, el conjunto del funcionamiento institucional diseñado por la Constitución.