Por un sector público capaz de liderar la recuperación

Declaración publicada originalmente en Agenda Pública y disponible aquí.

La Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia crucial de lo público, pero también sus insuficiencias. El personal de la Administración implicado en la provisión de servicios esenciales ha respondido de forma excelente, con un comportamiento ejemplar de muchos colectivos profesionales: sanitarios, Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, docentes, empleados de servicios logísticos y de mantenimiento, servicios sociales, entre otros. Pero el sistema, como tal, ha fallado, mostrando escasa anticipación, trabas burocráticas y déficits de agilidad que han afectado a la compra de mascarillas, la fabricación de ventiladores o gestión de las ayudas; problemas de gestión de datos que reflejan déficits de personal cualificado en este campo, mientras las profesiones jurídicas y las categorías de cualificación técnica media y media baja siguen siendo muy abundantes. Otros desajustes han derivado de problemas no resueltos de colaboración entre administraciones que caracterizan a nuestro modelo de gobernanza multi-nivel, y que han dado lugar a episodios disfuncionales de mayor o menor calado a lo largo del estado de alarma.

Muchos de estos problemas no son nuevos. Reflejan, por una parte, la lentitud con que los cambios suelen llegar, más allá de la superficie, a la Administración pública. Por otra parte, son carencias que derivan del escaso interés que la política viene prestando a las reformas de la Administración, más allá de los debates ideológicos y retóricos entre una derecha atea, que parece no creer en la capacidad del sector público para evolucionar y reformarse, y una izquierda beata, que lo contempla como si fuera moralmente superior e infalible.

Las crecientes demandas sociales derivadas de la crisis agudizan estas deficiencias. Nuestros gobiernos y administraciones abordan hoy un reto descomunal: uno de los momentos más difíciles de la historia del país, con déficits presupuestarios perennes, estructuras administrativas caducas y una clase política desorientada. Los ingentes recursos, internos y externos, que habrá que invertir en la recuperación y en la atención a los más vulnerables corren el riesgo de perderse, llegar tarde o no ser debidamente aprovechados si no se ponen al día los circuitos y mecanismos de nuestro sector público. Piénsese en la aplicación efectiva del Ingreso Mínimo Vital o en la gestión de los proyectos que deberá financiar el fondo europeo de reconstrucción, en un país al que los datos de la Comisión Europea sitúan en el furgón de cola en cuanto al nivel de ejecución de los fondos estructurales.

Es hora de extraer conclusiones de lo ocurrido, recuperar diagnósticos existentes desde hace años y habitualmente relegados, y pensar en reformas que garanticen que el sistema público se sitúa en condiciones de liderar la recuperación y el futuro de nuestro país. Para hacerlo, esta crisis constituye una nueva ventana de oportunidad. Las reformas más importantes se dieron en países devastados por crisis graves, como derrotas militares (son los casos de Japón o Alemania tras la Segunda Guerra Mundial), recesiones económicas (como Nueva Zelanda en los 80 o Suecia en los 90) o corrupción sistemática (como Reino Unido a principios del siglo XIX o Estados Unidos a principios del XX).

La reflexión debe ir más allá de la necesidad de ajuste. El escenario fiscal obligará sin duda a contener, simplificar y reducir, y algunas medidas de ese tipo son necesarias y saludables, pero sólo con ellas no se dispondrá de un sector público como el que precisamos. La experiencia de lo ocurrido durante la Gran Recesión de 2008-2013 nos enseña que los ajustes sin reformas empeoran la situación, en tanto que los ajustes con reformas meramente aparentes o nominales distraen del problema y no lo resuelven. Para que España pueda hacer frente con éxito al escenario post-Covid-19, necesitamos actuar en cuatro grandes ejes: innovación y evaluación; internalización de la inteligencia y externalización del trámite; diversificación y flexibilización del empleo, y liderazgo y gestión profesional.

Innovar y evaluar de modo transparente

Son dos verbos que la Administración apenas conjuga. Tenemos un sector público más preparado para seguir pautas establecidas, propias de escenarios estables, que para manejar entornos de cambio y disrupción tecnológica que obligan a gestionar innovación, y que requieren que ésta se haga de forma transparente y abierta al escrutinio social.

La crisis nos exige una gestión pública crecientemente basada en datos y evidencias. La disponibilidad masiva de información y la aceleración del cambio tecnológico nos pueden ayudar a conseguirlo, pero se hace imprescindible facilitar la formación de núcleos y laboratorios de innovación en políticas públicas, dotados de un funcionamiento autónomo y flexible y capaces de hacer un progresivo uso de los hallazgos de la economía del comportamiento, de impulsar y aprovechar la transformación digital y de desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial en el diseño y la prestación de los servicios públicos.

Al mismo tiempo, esta orientación innovadora exige poner el foco en las verdaderas prioridades de la sociedad y desarrollar los mecanismos de evaluación de los impactos de las políticas públicas. Debemos pasar de medir los outputs a medir los outcomes. Para ello, hay que construir organismos evaluadores profesionales y dotarlos de la independencia que los haga fiables y creíbles. Necesitamos una Administración capaz de trabajar de forma totalmente íntegra y transparente, de rendir cuentas de un modo efectivo y de abrirse proactivamente al escrutinio social. No hay mejor modo de combatir la corrupción y de recuperar la confianza de los ciudadanos.

Internalizar inteligencia, externalizar el trámite

Nuestro sistema público padece un déficit cognitivo severo que le hace muy difícil anticipar los cambios y responder con eficacia a los retos que le plantea la combinación de una sociedad global hiperconectada y una revolución científica y tecnológica sin precedentes. La baja cualificación de muchas tareas y el envejecimiento de las dotaciones agravan este diagnóstico. Los actuales sistemas de retribución sitúan por encima del mercado el coste del trabajo de menor nivel, mientras ofrecen salarios poco estimulantes a los profesionales de mayor cualificación como médicos, científicos o expertos en tecnologías de vanguardia.

Ingentes recursos de la Administración se dedican hoy a actividades rutinarias, poco creativas o de trámite que, más pronto o más tarde, serán automatizables y que en muchos casos podrían gestionarse a través del mercado. En cambio, se necesita incorporar a las organizaciones del sector público dosis masivas de talento. Esta necesidad es apremiante, tanto en las áreas regulatorias, precisadas de entender y anticipar los impactos de la innovación en campos emergentes como en las áreas de servicio, sometidas a la rápida evolución de las tecnologías.

Se hace imprescindible, de entrada, dar prioridad a la captación de inteligencia e incorporar al sector público nuevas competencias en las áreas más conectadas con la innovación. Los cientos de miles de jubilaciones previstas para los próximos años deben ser aprovechadas para poner en marcha planes contundentes de cualificación y rejuvenecimiento de las plantillas. Se debe evitar, tanto la reproducción de perfiles profesionales que no satisfagan las necesidades futuras como las amortizaciones indiscriminadas de puestos derivadas del ajuste fiscal que será inevitable.

Incorporar empleo joven altamente cualificado obliga a implementar transformaciones profundas en los sistemas de reclutamiento, haciéndolos más ágiles y atractivos para las nuevas generaciones. Por otro lado, será imprescindible invertir la lógica de los sistemas de compensación, ajustándolos a los mercados salariales de referencia e incentivando la atracción del mejor talento.

Diversificar y flexibilizar el empleo

El empleo público sigue adoleciendo de una regulación exageradamente uniforme que no se corresponde con la pluralidad de su composición y con el carácter diverso de las funciones y tareas que se realizan en la Administración. Este marco uniforme está compuesto, además, por procedimientos y prácticas que introducen una considerable rigidez en los mecanismos de gestión de las personas, lo cual lleva consigo importantes restricciones a la calidad de la gestión, la adaptación a los cambios, las mejoras de eficiencia y la capacidad de innovación.

Las regulaciones del empleo público deben garantizar los principios constitucionales de mérito y capacidad, pero deben hacerlo diferenciando claramente entre el ejercicio de potestades públicas y la actividad –muy mayoritaria en cuanto al número de personas implicadas– de producción de servicios públicos. Si para las primeras tienen sentido arreglos jurídicos cuya prioridad es preservar ante todo la imparcialidad e independencia de quienes las ejercen, los segundos necesitan regímenes de empleo diversos, más flexibles, más próximos al régimen común del trabajo por cuenta ajena, y con el foco puesto en el talento, el rendimiento, el aprendizaje y la adaptación al cambio.

Este empleo público más diverso y flexible que necesitamos debe albergar una pluralidad de fórmulas contractuales y de servicio. Se necesitan prácticas flexibles de gestión de las personas, en materia de acceso y desvinculación, duración, movilidad, evaluación, desarrollo e incentivación que se adapten a esa diversidad. Al mismo tiempo, para administrar este tipo de sistema resulta imprescindible descentralizar las funciones de gestión de personas, aproximándolas a las direcciones de las diferentes entidades, organismos, unidades y equipos.

Fortalecer las garantías de integridad en la actividad de los servidores públicos, en este entorno de cambios profundos y acelerados, debe presidir estas reformas. En definitiva, el empleo público se juega su futuro en cuatro grandes ámbitos: refuerzo de los valores, planificación, fortalecimiento y puesta al día del sistema de mérito y gestión de la diferencia.

Liderar y gestionar

Nuestra Administración pública está más acostumbrada a hacer cosas que a conseguir que pasen cosas; le resulta más fácil remar que llevar el timón. Siguen predominando, además, en su relación con otros actores sociales, los modelos autosuficientes y verticales, a pesar de que la creación de valor público es, en este tiempo, una tarea cada vez más colaborativa.

Por otra parte, ganar eficiencia y mejorar la calidad del gasto público será crucial en el nuevo entorno de fuerte limitación de recursos. Eso requiere mejorar significativamente la capacidad gerencial. En nuestra Administración, el desarrollo de la gestión pública se ha visto constreñido tanto por la colonización política del espacio directivo, frecuentemente denunciada, como por las limitaciones del modelo burocrático de función pública para producir, reconocer e instalar capacidades directivas en la Administración.

En el contexto económico y social que abordamos, se hace necesario que el sector público interiorice un papel estratégico, cuyo eje es el liderazgo de procesos sociales capaces de producir un alto impacto en las áreas donde se concentran las prioridades del país. Ejercer este rol obliga a adoptar enfoques colaborativos y abiertos a los actores económicos y las organizaciones de la sociedad civil. Requiere el uso de aquellas modalidades de gestión de servicios más adecuadas para cada caso, ya sea con medios internos o externos. Obliga a desarrollar activamente fórmulas –algunas bien conocidas, otras emergentes– de colaboración público-privada. Implica el trabajo en red y la apertura a la coproducción de servicios con los ciudadanos.

En paralelo, será imprescindible delimitar con mayor precisión los marcos de responsabilidad de la política y la gestión al interior de las instituciones. La política debe visualizar de una vez por todas el valor añadido que, para su óptimo funcionamiento y legitimación, tiene disponer de estructuras directivas profesionales en la Administración. La reforma de la alta Administración es una propuesta política y en beneficio de la buena política. Esta delimitación debe ser la base para articular diseños organizativos descentralizados que permitan a los directivos la autonomía de gestión necesaria para responsabilizarse de crear valor en el ámbito que les es propio.

Disponer de esta capacidad gerencial hace imprescindible y urgente la construcción de un régimen jurídico específico de dirección pública profesional, que preserve a ésta de las turbulencias del ciclo político-electoral, sin confundirla con la función pública ordinaria ni pretender aplicarle los esquemas propios de ésta. Sobre esta base, será necesario desarrollar mecanismos de gestión por resultados; crear, sobre ellos, marcos claros de responsabilidad gerencial y diseñar sistemas de incentivos a la eficiencia.

Este conjunto de orientaciones que proponemos no constituye una reforma de carácter sectorial, que deba ser pensada por funcionarios y hecha para funcionarios. Se trata de cambios cuya dimensión y significado los incluye en el ámbito de las reformas estructurales, es decir, de aquellas transformaciones profundas que, como ocurre en campos como la fiscalidad, las pensiones, la educación o el empleo, son necesarias para que no se detenga el progreso económico y social de los países. Y que, por tanto, exigen un consenso entre las principales fuerzas políticas. No saldremos bien de la enorme crisis económica y social que nos lega la pandemia sin ocuparnos de nuestro sector público e incluir su reforma en la agenda política de reformas institucionales que resultará necesario emprender en los próximos meses.

(Firman también este texto Marc Esteve, Mila Gascó, Rafael Jiménez Asensio, Fernando Jiménez, Guillem López Casasnovas, Juan Luis Manfredi, Elisa de la Nuez, Carles Ramió, Luz Rodríguez, Carlos Sebastián, Maite Vilalta y Manuel Villoria)

Enseñanza. Nuevas informaciones, nuevas decepciones. De los dislates a los disparates.

En mi último post del 7 de mayo en este blog – Nuevos dislates en la enseñanza y en la educación: ¿hacia dónde vamos? -, manifestaba mi extrañeza por la poca importancia que se le estaba dando entre nosotros – lo que llamamos la sociedad civil- a los temas educativos en estos momentos, pues, literal y metafóricamente, “se habían dejado para septiembre”, justamente cuando el resto de países estaba estudiando y poniendo en marcha, con muy diferentes estrategias, la vuelta a clase antes del verano (menos Italia). Pues bien, entre ese post y el que actualmente escribo tan solo una semana después, algo ha empezado a moverse, ya que tanto en la prensa escrita, como en la digital, como en la televisión, se empiezan a hacer distintos tipos de comentarios, entrevistas, información sobre reuniones habidas a distintos niveles, todo lo cual indica que algo empieza a preocupar ¿pero, en qué sentido y en qué dirección? Por nuestra parte no solo seguimos sin ser optimistas, sino más bien todo lo contrario. Juzgue el lector por lo que se expone a continuación.

Universidad.

  1. Empezaré, a manera de anécdota, -aunque por desgracia real – por comentar el contenido de una entrevista en la Sexta, hecha al Ministro Castells días atrás por el Gran Wyoming. Por casualidad zapeando por encontrar algún programa interesante, caí en dicha cadena, en la que se estaba entrevistando al Ministro de Universidades. Pensé que por fin alguien estaba hablando de los problemas de la Universidad, de la inminente y complicada puesta en marcha de los  exámenes, de la futura vuelta a clase, etc…pero no. Planteó el entrevistador, en primer lugar, el tema de la imposibilidad de unos 14.000 alumnos para poder pagar el 2º plazo de la matrícula este curso, dadas las condiciones del momento actual – lo cual en sí es un problema importante-  a lo que el Ministro contestó que se iban a ampliar enormemente las becas para el curso próximo, pero  al margen del rendimiento académico, es decir teniendo solo en cuenta la situación económica del solicitante. Sin más profundización ni matices. A continuación el locutor sacó el tema  de la camiseta con que, con un lema feminista, se presentó en el Senado hace un tiempo el Sr. Ministro, hecho que fue muy comentado; se bromeó con ello, así como con  la corbata del presentador, de la que según Castells  debía prescindir; alguna broma más y esto fue todo. Ni un abordaje serio de ningún tema universitario. La decepción fue enorme.
  2. En la misma línea de decepción, en El Mundo del Jueves 14 de mayo, David Jiménez Torres, en Ciudad abierta y con el título de El Castells show, tras hacer un breve e incisivo recorrido por el PERIPLO (con mayúsculas en el original) de Manuel Castells como Ministro de universidades, dice literalmente entre otras cosas que “ da una sensación de amateurismo que sería simpática si no estuviera sufragada con dinero público y no afectase a un sector absolutamente crucial para cualquier país desarrollado; uno que además arrastra graves problemas desde hace mucho”. Tras hacer algunas consideraciones interesantes y pertinentes acaba diciendo que “esto es el síntoma de una sociedad a la que sigue sin importarle demasiado qué sucede con su sistema universitario”.
  3. También en el mismo diario y en la misma fecha, aparece la noticia, que ya conocíamos, de que “Castells aplaza su reforma universitaria” hasta 15 días después de que acabe el estado de alarma. El proyecto puede leerse en este link: http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=37b337e3c9ba1710VgnVCM1000001d04140aRCRD

Pretendía someterlo a consulta pública en pleno estado de alarma (hecho que también se está llevando a cabo con la LOMLOE en el Congreso, donde el plazo de presentación de enmiendas acaba el día 20 de mayo; el contenido se puede leer en https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8c7d3863-aaa7-4bbd-91b2-4d05bcb80286/apl-lomloe-web2020-03-03.pdf), pero se le ha echado encima la comunidad universitaria, amenazando incluso CCOO a través de su servicio jurídico con solicitar la nulidad del proceso. Las causas parecen ser, entre otras, que se inclina por una Universidad mucho más ligada a la empresa, por alargar de nuevo los años de duración volviendo al modelo 3+2 y por acercar el modelo al de las universidades catalanas, de alguna de las cuales ha sido profesor. En el fondo  – y es lo curioso- parece haberse inspirado en el último proyecto del PP que no llegó a entrar en vigor. No entramos aquí a valorar el contenido, que sería objeto de otro post, sino el inadecuado momento para  someter a consulta un proyecto de este tipo y el malestar causado por este hecho en la Comunidad universitaria. (El Mundo 16 de mayo, 2020.LOC Primer plano)

  1. Pero más grave que lo que acabamos de citar, por lo que supone de falta de ética,  de conciencia universitaria, es lo que  en varios de los medios informativos mencionados se ha empezado a poner de manifiesto ante el nuevo sistema de exámenes online- también en Enseñanza media-: el problema que se presenta es que  muchos alumnos están buscando en las redes alguien que haga los exámenes por ellos, pagando una cantidad (incluso a veces con la justificación de algún padre, que recurre para justificarlo a la caótica situación actual).  Los anuncios están a la orden del día, y aparecen en los portales de internet en Tablón de anuncios, Milanuncios, etc. Se encuentran ofertas por 15 euros.  Es decir, la picaresca, el fraude está a la vuelta de la esquina. Incluso se han explicado con detalle en algún medio las dos o tres formas en que esto se puede llevar a cabo. Con el título de “El lucrativo fraude de los exámenes online”,  El Mundo del 11 de mayo  aborda este problema, donde se comenta ampliamente. Pero  – y aquí viene lo más grave- el comentario del Ministro, preguntado  en Público por esta nueva situación, ha sido que si se copia de manera inteligente no pasa nada. Copiar bien es prueba de inteligencia. “La obsesión de los docentes por que los estudiantes  no copien es un reflejo de una vieja pedagogía autoritaria”. Los profesores están indignados. Rafael Arenas, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB  envió una carta de queja al Decano de su facultad en los siguientes términos: un Ministro de Universidades que apoya prácticas fraudulentas, es contrario a todas las reglas de deontología universitaria.
  2. Ya había hecho unos comentarios impropios, burlones, por los que se tuvo que arrepentir y pedir disculpas a través de una carta a la Coordinadora de Estudiantes de Universidades Públicas, al ironizar sobre los alumnos universitarios que, cuando se dictó el estado de alarma, al vivir aquí en Madrid en pisos pequeños compartidos o en residencias, habían decidido irse  a sus casas, sin esperar nunca que este confinamiento durase tanto.  Ahora se han encontrado sin libros, sin apuntes y sin ordenadores para preparar los exámenes. Comentó en el Congreso que se habían ido a lugares más divertidos. “Les presento a ustedes mis excusas sinceras por el tono tal vez frívolo, aunque involuntario, en el que comenté su dramática situación”. El País, de 14 de mayo de 2020, en páginas de Sociedad.

Por suerte para estos estudiantes, el Grupo 9 Universidades (Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra, La Rioja y Zaragoza) está facilitando todo tipo de medios  (material, ordenadores, incluso la posibilidad de facilitarles los exámenes) a estos estudiantes desplazados y a los que el Ministro Marlaska no deja volver a sus universidades de origen. El País 14 de mayo de 2020.

Enseñanza media: ESO y Bachillerato.

Como comentamos en el post citado de 7 de mayo, se decidió por parte de la Ministra Celaá y su equipo, en el marco de las competencias concedidas por el mando único en el estado de alarma, dejar toda actividad lectiva presencial para Septiembre, en todos los niveles educativos. Sin más. Sin saber ni siquiera cuál iba a ser la trayectoria y evolución del Covid-19, se tomó esa decisión  que, como ya manifestamos, causa, y causará en un futuro próximo, enormes problemas de todo tipo a  familias y profesores – y por supuesto a los alumnos-.

  1. Nuestro país, con la excepción hecha de algunos centros generalmente privados, no estaba, ni está, preparada para un tipo de enseñanza totalmente telemática, a pesar del esfuerzo de muchos centros y profesores por iniciarse en esa vía, que han visto multiplicarse su tarea. No hay plataformas educativas preparadas, y las diversas situaciones de aprendizaje, cada vez más diferentes entre unos centros y otros, se multiplican, ampliando las diferencias educativas.
  2. Algunas CCAA solicitaron poder hacer uso de su autonomía para planificar este periodo, hecho que en un principio se les denegó (aunque el País Vasco decidió hacerlo). Sin embargo, pasado un tiempo – exactamente dos meses- y ante la imposibilidad – o la falta de interés o ineptitud – de llevar a cabo una planificación adecuada para Septiembre, se ha delegado ya explícitamente en dichas CCAA. Esta especie de tira y afloja entre Gobierno central y CCAA, tanto en Sanidad como en Educación, es uno de los problemas más graves que tenemos planteados como país y que tendrá que abordarse en cuanto se pueda. (El Mundo, 16 de mayo de 2020.  La Educación.Siete autonomías quitan el límite de suspensos para pasar de curso. La indefinición de Celaá permite que haya regiones donde es más fácil obtener el título). Antes de delegar en las CCAA, la Ministra había lanzado un globo sonda, sin estudiar en absoluto las dificultades que ello implicaba, que fue muy mal recibido por todos: la propuesta era que en Septiembre los niños volverían al colegio en días alternos: unos días la mitad de la clase y la otra mitad los otros días (la mitad que no asistiese seguiría telemáticamente, enseñanza mixta pues presencial y online). De nuevo saltaron las alarmas: ¿Cómo se lleva a cabo eso con la misma plantilla de profesores, con el mismo presupuesto, entre otros problemas organizativos y docentes de todo tipo?
  3. Por su importancia trataremos en otro post, que seguirá a este, las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP) sobre la vuelta al Colegio en la desescalada; la propuesta de fusión de asignaturas en grandes núcleos temáticos trasversales, como forma de llenar las lagunas con que van a volver los alumnos a clase en Septiembre y las dificultades que esto plantea; algunas de las enmiendas a la totalidad que han presentado varios grupos políticos – Voz, Ciudadanos y PP – a la LOMLOE; la adaptación por parte de las CCAA del currículo para el curso próximo de muchas maneras diferentes y la desigualdad de oportunidades que eso va a conllevar y las quejas y argumentos muy bien fundamentados que ha presentado la Real Sociedad Matemática Española (RSME) a través de su comisión de educación, sobre el lugar en que quedan – que se pretende que queden – las matemáticas en el nuevo bachillerato. https://www.rsme.es/2020/05/una-veintena-de-sociedades-y-entidades-apoyan-la-obligatoriedad-de-las-matematicas-en-bachillerato/
  4. Quizá este último punto es uno de los más graves, aunque la referencia a la página web de la RSME, y su contenido, puede explicar mejor que nosotros, por qué es un absoluto desatino. Cualquiera medianamente documentado hoy día sabe que el conocimiento de las matemáticas es una herramienta tanto conceptual como operativa básica prácticamente para todos los campos del conocimiento, y, además, que es una de las herramientas que están permitiendo a los estudiantes obtener mejores puestos de trabajo. El Ministerio implicado y sus asesores ¿no se han dado cuenta de que a quien más va a perjudicar esta medida, en caso de ser finalmente aprobada, va a ser a los estudiantes más modestos, que no pueden pagarse un profesor particular de matemáticas ni tener cursos complementarios? ¿Qué es una medida socialmente regresiva? (El País, 14 de mayo, en páginas de Sociedad: los matemáticos se rebelan por la nueva ley educativa)
  5. El término STEM es el acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics (CienciaTecnologíaIngeniería y Matemáticas). El término fue acuñado por la National Science Foundation (NSF) en los años 90.1​ El término STEM, a secas, únicamente sirve para agrupar a las 4 grandes áreas de conocimiento en las que trabajan científicos e ingenieros. El concepto “Educación STEM” (del inglés STEM Education) se ha desarrollado como una nueva manera de enseñar conjuntamente Ciencia, Matemáticas y Tecnología (en general, no solo informática)”. Esta breve cita sacada de Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_STEM, informa por sí sola de la importancia de esos campos de conocimiento. Saque el lector sus conclusiones.

Pero algo empieza a moverse por fin…

Poco después de escribir estas primeras líneas señalando la ausencia casi total de planteamientos educativos en nuestra sociedad en el momento actual (frente al exhaustivo de bares, terrazas, playas, comercios, etc.), empieza a verse algún movimiento en las redes sociales, medios de comunicación y conversaciones entre familias, profesores, sindicatos, etc., sobre este tema. Recogemos someramente y de una manera resumida los últimos movimientos, que se irán analizando según cursen los acontecimientos.

  1. La Generalitat de Cataluña, se da cuenta de que estamos en una emergencia educativa y que los niños tienen que volver a clase, al menos, en Junio, y se prepara para ello. Las críticas no se han hecho esperar, quizá por la falta de preparación previa, más que por la idea en sí.
    https://www.lavanguardia.com/vida/20200521/481306791047/perplejidad-en-los-colegios-ante-una-apertura-expres-en-junio.html?facet=amp
    La diputada del PSC, Esther Niubó, resumió todas estas críticas en un tuit: “Reconoce que estamos en una emergencia educativa, pero no anuncia ningún plan de choque”, y “traslada la responsabilidad de la reapertura de escuelas a ayuntamientos y centros educativos”. Recordemos que en Francia los ayuntamientos han jugado un enorme papel, incluso decisivo, en la organización de los colegios para la vuelta a clase de los niños en mayo.
  2. En los últimos días han aparecido además dos peticiones en change.org.
    http://chng.it/R4Zp5kcs
    En una se pide que no se eliminen las matemáticas como obligatorias en el bachillerato, https://www.moncloa.com/gobierno-matematicas-feminismo y en la otra que no se tramite la nueva ley de educación (LOMLOE) en pleno periodo de alarma. Ambas cosas parecen más que razonables. Vamos a ver si la Ministra Celaá y sus asesores son sensibles a las mismas.
  3. En El Mundo, 22 de mayo, en la pg. 16, COVID-19 El impacto en la Educación, la Ministra Celaá, empieza a preocuparse en Cómo convertir
    bibliotecas y gimnasios en nuevas aulas (además de patios, porches, salas de música, informática, etc.) Es decir aborda el tema de los espacios físicos para lograr que las ratios de alumnos bajen hasta 15 por clase. CCOO calcula que el próximo curso, este desdoblamiento –sea finalmente todo presencial o presencial y on line – requerirá 4.000 millones adicionales. (El Mundo de 6 de mayo).
  4. “Vuelco al sistema de becas”. En El País de 20 de mayo, se anuncia el aumento de la financiación de la partida de becas en un 22% y se añade que los requisitos académicos de obtener una media de 6,5 en el curso anterior ya no será necesario. Bastará con un 5. Antes era de un 5.5 en Bachillerato y de un 6.5 en universidades.

Sobre este tema, de la rebaja en el nivel de exigencia académica para obtener una beca, hay que leer el excelente y clarificador artículo publicado en El Mundo el Jueves 28 de Mayo, por José Sánchez Tortosa: Las limosnas de la Universidad híbridapara entender bien lo que supone para las clases más desfavorecidas  (a las que supuesta y demagógicamente se pretende favorecer), esta rebaja de la calidad y la exigencia académica. Es una crítica en toda la línea de flotación a la propuesta del Ministro Castells, y en general a la falsa democratización de la enseñanza.

Resumiendo: Readaptación – no fácil- de los espacios físicos en los colegios y escuelas para septiembre y el coste en personal y obras que ello conllevará; ayuda de los ayuntamientos en esta labor; nuevo sistema de becas más cuantioso pero también más laxo en lo académico y, de nuevo con insistencia y movilización en las redes, solicitud del mantenimiento de las matemáticas como asignatura obligatoria en el Bachillerato así como lo absurdo de tramitar una nueva ley de educación en pleno estado de alarma.

Sobre la Administración de Justicia y la (auténtica) transparencia

La publicidad de las actuaciones judiciales funciona en nuestro ordenamiento jurídico con un doble rango: por un lado, es un derecho fundamental del justiciable (artículo 24.2 Constitución Española) y, por otro, es un principio que informa la organización y el funcionamiento del Poder Judicial (artículo 120.1 CE). Esta doble naturaleza es causa y consecuencia del importantísimo papel que ostenta la publicidad en el seno de un Estado de Derecho (artículo 1.1. CE). Si comprendemos éste como —ante todo— la sujeción de la actuación institucional a la legalidad, qué duda cabe de que ese control o fiscalización sólo puede acontecer si realmente se ofrecen los mecanismos suficientes que habiliten una observación posible sobre las decisiones, y los procedimientos que dan lugar a las mismas, del poder establecido. La publicidad, en suma, es una garantía de la legalidad; si se nos permite la apreciación: sólo con publicidad puede hablarse de ley porque una norma sólo es tal cuando es conocida y cuando se contemplan sus efectos sobre el escenario social. El Derecho, siempre, se orienta hacia un colectivo; incluso en aquellos casos en que su proyección es estrictamente singular.

El tratamiento de la publicidad del contenido judicial ha sido objeto de desarrollo por el legislador (por ejemplo: véase el artículo 232 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), y también por la jurisprudencia (por ejemplo: véase la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 64/2019, de 9 de mayo. Ponente: Su Excmo. Sr. D. Fernando Valdés Dal-Ré). Sin embargo, más allá de estas previsiones legislativas y de la interpretación y aplicación de las mismas por la doctrina jurisprudencial, creemos que es necesario situarlas, no ya como punto imprescindible del desarrollo de nuestros procesos jurisdiccionales, sino más allá de ese horizonte, como una pauta de referencia para la construcción de un metaconcepto cuya transversalidad sobre la arquitectura de nuestra Administración de Justicia debería revolucionar el enfoque actual que mantenemos sobre ésta: la transparencia.

¿Qué es la transparencia? Vaya por delante que no estamos en presencia de un término —o idea— de fronteras acotadas y significados pacíficos; la transparencia no es un concepto jurídico determinado; la transparencia es una perspectiva, un método de análisis y escrutinio que se sostiene sobre la observación y la comprensibilidad del hecho objeto de contemplación. La publicidad o el acceso o información públicas consienten que podamos tomar conocimiento de datos; la transparencia, a nuestro juicio, sin embargo, arranca con esa publicidad pero busca viabilizar la interpretación de los datos por el observador y, finalmente, convertir a éste en un actor, partícipe y responsable, que interactúa con esa realidad contemplada, mutándola desde su conciencia y compromiso con el ente social al que pertenece y del que la realidad observable es sólo una muestra tangible.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha subrayado en su jurisprudencia (Por todas, véase: Sentencia de 16 de junio de 2015. Asunto C-615/2013 «Agencia Europea de Seguridad Alimentaria») que la transparencia en las decisiones públicas contribuye a conferir mayor legitimidad a las autoridades decisoras a los ojos de los destinarios de sus actos, al mismo tiempo que eleva la confianza de éstos en esas autoridades; igualmente, el Tribunal de Luxemburgo nos recuerda que la transparencia, en los sistemas democráticos, refuerza la responsabilidad de los poderes públicos frente a sus ciudadanos. Efectivamente, la transparencia es un concepto consustancial a la democracia, igual que ésta es inherente a la más amplia expresión de confianza. Freud escribió que toda sociedad descansa sobre la culpa compartida resultado de la perpetración de un crimen común. Y así es: nuestro «pacto social» es la consecuencia de la aceptación de la comunión cívica como alternativa pacífica frente a la barbarie, pero, al propio tiempo, ese pacto no se sostiene sin confianza, sin la legitimidad recíproca que los ciudadanos y el poder constituido se deben entre sí. Y llegados a este punto: ¿Qué legitimidad puede esperarse de aquellas instituciones que todavía viven en la sombra, enfermas de agorafobia, resistentes al debido escrutinio público? Ninguna.

No pretendo emitir juicios tan severos ni opiniones hirientes sobre nuestra —mejorable— Administración de Justicia, pero sí debemos decir que en su espacio todavía quedan muchas ventanas por abrir y que la legitimidad de nuestra democracia, de nuestros Juzgados y Tribunales, y de los servidores públicos que trabajamos en ellos, sólo será posible si asumimos con compromiso la inexorable necesidad de someternos, constantemente, al juicio riguroso —no populista— de quienes nos dotan de significado: los ciudadanos.

La transparencia, desgraciadamente, sigue siendo una tarea pendiente. Por ello, con vocación constructiva, las líneas que continúan buscan presentar, al menos, un boceto preliminar sobre el que poder trabajar posteriormente; pinceladas sobre un lienzo que nos pertenece, como el Estado de Derecho, a todos.

1º.- Visión macro: la realidad judicial a examen.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia de 2002 se abre con el apartado dedicado a «Una Justicia transparente», en el cual, entre otras cosas, se reconoce el derecho de cualquier ciudadano a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España. Producto de esta previsión tan esperanzadora en su momento, fue la redacción del vigente —aunque con modificaciones posteriores— artículo 461 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuya dicción se prevé todo lo que afecta a la Estadística Judicial, la cual es diseñada con el fin de asegurar la disponibilidad permanente y en condiciones de igualdad por las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos, servicios y oficinas judiciales de España, así como sobre las características estadísticas de los asuntos sometidos a su conocimiento. Igualmente, el precepto reconoce que los ciudadanos tendrán pleno acceso a la estadística judicial, mediante la utilización de medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Aunque más tarde se aprobó la Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, del Plan de Transparencia Judicial, y aunque también es cierto que se han realizado esfuerzos notables por el Consejo General del Poder Judicial, es certeza es que la transparencia cuantitativa en materia de litigiosidad y organización de los Juzgados y Tribunales continúa siendo un horizonte, próximo, pero no alcanzado.

La Estadística Judicial, a nuestro juicio, es una herramienta indispensable para que el ciudadano pueda entender cuál es el estado real de nuestra Administración de Justicia. Sin embargo, los parámetros e indicadores actuales de la misma, así como los criterios de confección, no sólo son ciertamente mejorables sino que, dada la falta de conexión entre las aplicaciones informáticas judiciales —múltiples— y los cuadros estadísticos, en la práctica, la misión se convierte en una tarea costosa, de difícil realización y —lo más importante— de escaso valor real cuando, para su elaboración, es habitual que los Letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios de Cuerpos Generales aparten sus funciones ordinarias para dedicarse, cada trimestre, a la elaboración de los boletines individuales exigidos por el CGPJ.

Un buen instrumento cuantitativo, en una sociedad digital como la nuestra, habría de proyectarse sobre la interconexión de los datos auditables de las aplicaciones judiciales con las comprobaciones virtuales que, en su caso, pudiese realizar el órgano responsable. Igualmente —creemos— la verdadera transparencia que ofrece una estadística es la comprensión de los datos, individualmente considerados y en su conjunto, pero siempre siendo datos útiles. Una correcta definición de los objetivos, con una visión macro de conocimiento para el público, permitiría una mejor comprensión del funcionamiento del órgano judicial y, al mismo tiempo, evitaría costes y esfuerzos a las oficinas judiciales.

2º.- Visión micro: más allá de lo cuantitativo.

La transparencia tiene lugar en la visión cuantitativa de los hechos, pero, también, en la cualitativa. De este modo, igualmente, a través de indicadores generales y de fácil comprensión, habría de facilitarse la exposición y conocimiento de cuadros públicos reveladores no ya de la carga de trabajo, sino de la «calidad» del mismo. Es verdad que hablar de calidad en cuestiones judiciales es difícil; sin embargo, no imposible. Con independencia del sentido de la resolución que el ciudadano reciba por parte del Juez o el Letrado de la Administración de Justicia, debería ser imperativo que se fiscalice cuál y cómo ha sido la relación de ese ciudadano con el servicio público. A estos efectos, convendría recabarse su opinión sobre aspectos atenientes al trato personal recibido, esperas, plazos de resolución, gestión y solución de incidencias, estado óptimo de las herramientas o instrumentos de uso (por ejemplo: videoconferencias…), condiciones físicas de la sede, limpieza… Los elementos de apoyo al ejercicio de la potestad jurisdiccional son fundamentales para que ésta pueda ejercerse correctamente, con toda la dignidad que ha de tener la aplicación de la Justicia en un Estado de Derecho; sin embargo, estos aspectos auxiliares no son valorados de forma ordinaria, no se fiscalizan —excepción hecha de las Oficinas de Atención al Ciudadano— y ello conlleva que, desgraciadamente muchas veces, la resignación se convierta en la aceptación indeseada del estado de las cosas.

3º.- La «calidad»: la obsesión que debemos perseguir.

La interpretación de la Justicia como un servicio público transparente comporta hacer partícipe activo al ciudadano en la misma.  No es suficiente entender la calidad y la transparencia como un buzón de sugerencias o un boletín estadístico. La Administración de Justicia debe exponerse, continuamente, al examen y escrutinio público en aquellos aspectos que inciden en la prestación correcta del servicio. La calidad, la excelencia, han de ser un faro que guíe cualquier actuación judicial —desde una óptica procesal-logística, no de fondo— hasta el resultado final del proceso: la decisión última. En ese camino, la transparencia debe convertir al ciudadano, interesado responsable, en un aliado al servicio de sus intereses, pero, también, del interés público que exige que todo servicio se preste en condiciones óptimas, de forma eficiente y eficaz.

La reflexión sobre la posición que debe ocupar la transparencia en el marco de nuestra Administración de Justicia es hoy más necesaria que nunca. Una sociedad responsable no debe dar nada por supuesto; los derechos y las libertades, y las instituciones que los garantizan, se defienden día a día, en —parafraseando a Foster Wallace— «las trincheras de la vida doméstica». Transparencia, democracia, libertad, justicia…Para defender nuestro pacto social hay que criticarlo; y la crítica constructiva nace en una raíz profunda, vertebradora de todo: la transparencia.

La razonabilidad del Gobierno

“¿Cómo es posible la existencia duradera de una sociedad justa y estable de ciudadanos libres e iguales que no dejan de estar profundamente divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables?”

Rawls, 1980.

 

No hablaré en este texto ni de los aciertos del Gobierno, que los ha tenido, ni de sus abusos, que hemos padecido, sino que lo haré de los usos, de los débiles y difusos, así como de su relación con los usos que Ortega llamaba fuertes y rígidos -esto es, el derecho y el Estado-, pues de ellos trae causa el Gobierno en un Estado democrático de derecho. En una sociedad, el poder máximo, el poder público, radica en el Estado, en un uso jurídico que consiste en “dar por bueno que ciertos hombres bajo ciertas condiciones manden”, lo que quiere decir que “se les atribuye el derecho a mandar”; esto es, a crear la ley.

Ahora bien, esta atribución del mando de unos sobre otros suscitó desde tiempo inmemorial cierto temor. Esta es la razón por la que ya Aristóteles sostuvo que la política ha de ocuparse de construir un gobierno de leyes y no de hombres, pues “no permitiremos –decía- que nos mande un hombre, sino la razón, porque el hombre manda en interés propio y se convierte en tirano”. Con este fin se dictan leyes que han de satisfacer el requisito de no ir contra la recta razón. El problema con el que nos enfrentamos desde entonces es el de saber dónde encontrar ese depósito de racionalidad que nos permita asegurar el bien de la ciudad.

En un Estado democrático de derecho podemos encontrarlo en la Constitución. Y esto, por dos razones: primero, porque se asienta en el interés general; y segundo, porque establece una serie de procedimientos que permiten que ese interés general perviva en su determinación. Sin embargo, tanto el origen de este Gobierno como sus actuaciones ponen en riesgo estos presupuestos. Trataré de explicarlo.

Sabemos que el Presidente fue elegido tras un pacto de investidura para el que fueron necesarios, entre otros, los votos de Esquerra Republicana. Esto tiene un grave inconveniente. Decía su portavoz parlamentario que en política todo tiene precio, al mismo tiempo que su líder natural había afirmado con anterioridad que lo volverían a hacer. Dice Kelsen que un golpe de Estado consiste en alterar la forma política existente, esto es, la Constitución, al margen de los procedimientos recogidos en la misma para su cambio. Si esto fue lo que sucedió, produce cierta desconfianza que un Presidente sea elegido con los votos de aquellos que trataron de romper el orden constitucional, al mismo tiempo que afirman que están dispuestos a apoyarlo por un determinado precio, ¿qué precio?

El acuerdo de Gobierno entre socialistas y Podemos produce pavor. Es verdad que se han logrado avances sociales importantes que han cuestionado, ahora con la ayuda de la Unión Europea, los desastres de la anterior política de austeridad, entonces bajo la exigencia de la misma Unión. El problema de este ejecutivo progresista consiste, en mi opinión, en los mimbres sobre los que se asienta. No me voy a detener en la contradicción flagrante que supone que Podemos se denomine como grupo confederal, lo que se contradice con el principio de soberanía sobre el que se construye nuestro orden constitucional. Esto supone cobijar “el monstruo político de un imperium in imperio”. Tampoco entraré en la diferente concepción de la democracia que poseen los miembros de la coalición de Gobierno, aunque sí que lo haré en relación con algunas actuaciones relativas al poder judicial; la quiebra de los derechos y libertades y algunos de los usos débiles de algún miembro del Gobierno.

Teniendo en cuenta que existe un solapamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo, sobre el que ya advirtió Montesquieu que “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se reúnen en la misma persona o asamblea, no puede haber libertad”, es evidente que sólo queda un poder que pueda actuar como garante de nuestros derechos y libertades: el poder judicial. Por eso son preocupantes las críticas irracionales que miembros de Podemos vertieron sobre el juez que condenó a uno de sus miembros. Aunque peor es el manifiesto que este partido, firmante del acuerdo de Gobierno, suscribió, entre otros, con algunas de las fuerzas independentistas. En ese manifiesto se critica, lo que es loable, la sentencia dictada por unanimidad por la sala penal del Tribunal Supremo, compuesta por siete magistrados, basándose en un informe de escasas veinticuatro páginas de Amnistía Internacional, que no se sabe quién firma. Esta acción es plenamente legítima cuando la llevan a cabo partidos, grupos, ONGs, etc, pero es una insensatez cuando lo hace uno de los partidos que componen el ejecutivo, pues sólo contraponer una sentencia como la que el Supremo dictó con unas páginas deslavazadas es un absoluto despropósito. Si el poder judicial es el depositario último del ejercicio del discernimiento –judgement-, frente a la fuerza y la voluntad de los otros poderes, el hecho de cuestionarlo mediante procedimientos propios de la agitación política pone en grave riesgo uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho.

Tampoco habría que olvidar la que parece probable injerencia del ejecutivo, por medio de su ministro de Interior, en las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en su actuación como policía judicial en relación con la cuestión de la manifestación del ocho de marzo. Esta se encuentra íntimamente relacionada con la quiebra de derechos y libertades que empezamos a sufrir en este país. Si recordáramos las palabras de un general advirtiendo de la necesidad de controlar las críticas al Gobierno y esto todavía en una democracia constitucional, produce espanto pensar que es lo que sucedería si se alcanzase su destrucción. Por eso no creo que sea muy razonable la defensa de este Gobierno por su “restauración de derecho civiles y políticos”.

Por último, quisiera referirme, aunque muy brevemente, a los usos débiles y difusos de este Gobierno que contribuyen a conformar la opinión pública. Es cierto que tales usos son también ejercidos por una oposición “poco escrupulosa” y “agresiva”, incluso como se ha dicho de “tono cuartelero y tabernario”. Pero predicar “elegancia y contención” del Gobierno me parece desacertado y esto por dos razones: porque sus usos han sido tan poco escrupulosos y agresivos como los de la oposición, pero también porque es el Gobierno, y el Gobierno no lo es de una fracción frente a la oposición, sino que lo es como poder ejecutivo, un poder que emana de la soberanía nacional, esto es, del pueblo español, y en consecuencia ha de ser el Gobierno de todos, también de quienes lo critiquen y de quienes, chabacanamente, lo insulten.

En definitiva, un Gobierno constitucional y democrático no puede tolerar que una parte de él cuestione las bases sobre las que se asienta el Estado democrático de derecho, es decir, la soberanía del pueblo, la división de poderes y los derechos y libertades civiles y políticos. Un Gobierno que permita tales actuaciones por algunos de sus miembros no puede calificarse como un Gobierno razonable, pues este ha de sustentarse sobre estas estructuras básicas, justamente las que se están poniendo en cuestión.

El galimatías de las relaciones jurídicas afectadas en la suspensión de eventos deportivos populares por la COVID-19

El intenso debate público sobre la reanudación de las grandes competiciones profesionales nacionales contrasta con el poco tratamiento que se le ha dado a la suspensión generalizada de los eventos deportivos populares causada por el COVID-19 que no sólo perjudica a miles de deportistas sino que también afecta a importantes intereses económicos y a múltiples relaciones jurídicas que confluyen en estas actividades.

Tomando como punto de partida la perspectiva del organizador de los eventos deportivos, como centro de imputación de estas relaciones jurídicas, se ofrece una aproximación a las diversas disciplinas jurídicas involucradas.

 1.- De las relaciones jurídicas con la Administración Pública:

 Buena parte de los eventos deportivos que mayor número de participantes atraen se suele desarrollar en vías públicas (triatlones, maratones, carreras populares, ciclismo, etc.) que requieren la obtención previa por parte del organizador de las correspondientes autorizaciones administrativas para la celebración de espectáculos públicos y para poder ocupar los bienes de dominio público. Estas autorizaciones tienen por objeto que la Administración Pública pueda supervisar los planes de protección y seguridad que haya elaborado el organizador del evento, el cumplimiento de la obligación de suscripción del correspondiente seguro de responsabilidad civil, el respeto de la normativa urbanística de las instalaciones temporales que se pretendan establecer, y otras tantas cuestiones que se susciten en salvaguarda del interés público.

a) La devolución de las tasas satisfechas por el organizador de eventos.

El otorgamiento de autorizaciones administrativas constituye el hecho imponible de determinadas tasas que tendrán que ser satisfechas por el organizador. Las tasas variarán en función de la naturaleza del evento deportivo y del ámbito en que se celebren, en la que podrá intervenir una o varias de las Administraciones Territoriales (Estatal, Autonómica o Municipal).

Muchos de los organizadores de eventos deportivos que han sido suspendidos han satisfecho tasas por las autorizaciones solicitadas a las Administraciones Públicas y se preguntan si tienen derecho a su devolución. Para responder a esta cuestión, será preciso realizar un análisis exhaustivo de cada una de las tasas que han sido devengadas y abonadas a fin de determinar si efectivamente se ha producido el hecho imponible legalmente establecido.

Por norma, el organizador tendrá derecho a que se le devuelva las tasas cuando no se haya realizado el hecho imponible por causas que no le sean imputables. En el sentido contrario, cuando se haya realizado el hecho imponible, el organizador no tendrá derecho a que se le devuelva el importe de las tasas (véase el artículo 12 Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Es por lo tanto necesario analizar el régimen jurídico de cada una de las tasas satisfechas a fin de comprobar si efectivamente se ha realizado el supuesto de hecho determinado en la normativa de aplicación.

b) La modificación de las autorizaciones otorgadas por la Administración Pública.

Por su parte, se suscita otra duda acerca de la posibilidad de modificar la autorización otorgada por la Administración Pública para poder posponer la celebración del evento deportivo a otra fecha en la que no haya impedimentos. Se ha de referir, en primer lugar, que nos encontramos ante las denominadas autorizaciones simples, cuya finalidad es controlar la actividad autorizada y, en su caso, acotarla negativamente dentro de unos límites determinados.

Por lo general, tanto los títulos habilitantes de ocupación de bienes demaniales de la Administración Pública (vías públicas, montes públicos…), así como de las otorgadas en cumplimiento de las competencias de espectáculos públicos, se agotan el mismo día en que deban celebrar.

La normativa no contempla la posibilidad de modificar la autorización otorgada para posponerla a otra fecha, por lo que dependerá de la voluntad que tenga la Administración Pública en facilitar esta modificación. En caso de que no sea así, habrá de solicitarse una nueva autorización en los mismos términos establecidos en la autorización que no se pudo materializar. Es presumible que la Administración Público, en ambos supuestos, imponga mayores medidas preventivas a fin de evitar nuevos contagios del COVID-19 u otras amenazas víricas que se puedan dar en el futuro.

 2.- De las relaciones con los participantes del evento deportivo:

La suspensión de los eventos deportivos plantea serias dudas acerca de la obligación que tiene el organizador de devolver el precio de la inscripción que ha sido abonada por los participantes. En el momento en que una persona decide inscribirse en el evento deportivo, se suscribe un contrato de prestación de servicios que, por lo general, lleva aparejada la aceptación de una serie de condiciones generales de contratación. Es decir, nos encontramos ante un contrato de adhesión en el que el participante no tiene posibilidades de negociación al ser cláusulas predeterminadas por el organizador.

Por ello, es de plena aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que constituye el marco jurídico en el que se han de resolver estas incógnitas. A la luz de esta normativa, tendrán que ser analizadas las cláusulas particulares de las condiciones generales de contratación a la que se ha adherido el participante a los efectos de comprobar si pueden constituir cláusulas abusivas de conformidad con el artículo 82 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En el caso de que un órgano judicial considere el carácter abusivo de una determinada cláusula, se tendrá por no puesta. Y, a los efectos de suplir tal laguna, será necesario acudir al régimen general establecido en la normativa de consumidores y a las medidas transitorias que han sido adoptadas por el Gobierno durante el estado de alarma.

A los efectos de que se cumpla con la normativa vigente, el organizador habrá de ofrecer alternativas para la posterior celebración del evento deportivo sin incluir ulteriores recargos sobre el precio de la inscripción inicial o, en su caso, proceder a la devolución de la cuantía íntegra del precio abonado por el usuario.

No obstante, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID 19, ha incluido medidas para adaptar el régimen general al impacto producido por la crisis sanitaria, a los efectos de velar por los intereses de los consumidores y de los empresarios. En particular, este Real Decreto-ley determina que cuando resulte imposible cumplir con el contrato suscrito como consecuencia de las medidas adoptadas por el estado de alarma, los consumidores tendrán derecho a resolver el contrato durante 14 días y el empresario habrá de ofrecer el reembolso, bonos o vales sustitutivos. Es decir, el Real Decreto-ley reconoce el derecho del usuario a resolver el contrato y a que se le devuelva las cantidades abonadas.

Sin embargo, este mismo Real Decreto-ley determina que el empresario deberá devolver la cuantía abonada por el usuario, a excepción de los gastos en los que haya incurrido, debiendo desglosar los mismos y debiendo facilitarlos al consumidor. Por lo tanto, el organizador, siempre y cuando justifique los gastos en los que ha incurrido en la organización del evento a fin de prestar el servicio prestado, tendrá derecho a retener dicha parte de la inscripción, debiendo devolver el remanente al participante que haya exigido el reintegro de la inscripción.

3.- De las relaciones con las Federaciones Deportivas:

Otro ámbito que suscita importantes dudas es la devolución del precio de la licencia de día que otorga la Federación Deportiva competente y que es necesaria para que el deportista pueda participar en el evento. Esta licencia federativa vincula exclusivamente al participante del evento con la Federación Deportiva, debiendo el primero abonar el precio que se estipule. Esta licencia lleva aparejado un seguro que cubre las prestaciones mínimas equivalentes al seguro obligatorio para deportistas federados por el periodo de vigencia de la licencia, figurando la Federación como tomador del seguro y el participante como beneficiario del mismo.

Si es el participante quien deba satisfacer el precio de la licencia de día directamente a la Federación Deportiva, el organizador del evento no tendrá que preocuparse por esta cuestión. No obstante, en la práctica habitual, la licencia es tramitada por el organizador del evento y su coste está incluido en el precio de la inscripción. Por lo tanto, será el organizador quien gestione estas cantidades para ser posteriormente transferidas a la Federación Deportiva.

La primera cuestión que debemos plantearnos es si el organizador del evento es el sujeto que ha de reembolsar el coste de la licencia de día a los usuarios. Como hemos referido anteriormente, la licencia de día es una autorización que vincula exclusivamente al deportista con la Federación, motivo por el cual no parece lógico que, en caso de que la Federación no quiera devolver estos gastos, el organizador sea el sujeto que soporte estos costes. Esta situación de intermediario sitúa al organizador en una situación comprometida, en la medida que los consumidores, por un lado, exigirán la devolución de la cuantía íntegra de la inscripción con el coste de la licencia de día incluido, mientras que la Federación Deportiva, por otro, requerirá el abono del coste de las licencias federativas que le corresponden.

Por lo tanto, a fin de evitar conflictos en estos casos, una de las múltiples posibilidades que ofrece la práctica es que el organizador abone siempre las cuantías de las licencias de día a la Federación Deportiva, e incluya dicha cuantía como gasto en el que ha incurrido a los efectos dispuestos en el Real Decreto-ley 11/2020, para retraer dicho importe de la devolución del precio de la inscripción a los participantes.

4.- De los contratos suscritos para la celebración del evento deportivo:

 La organización de un evento deportivo alcanza un importante nivel de complejidad al analizar las relaciones contractuales que el organizador ha tenido que constituir para su correcto desarrollo. Entre otras relaciones contractuales, en los eventos deportivos son habituales los contratos de suministro y compraventa del material necesario, así como los contratos de prestación de determinados servicios como son los servicios médicos y sanitarios. A estos se han de añadir los contratos destinados a la obtención de financiación como son los contratos de patrocinio y de publicidad. Y, por último, los gastos necesarios para atraer participantes como son los contratos de promoción y de marketing, así como los contratos que puedan suscribirse con distintos medios de comunicación. Tampoco debemos olvidar los contratos de seguro de responsabilidad civil, obligatorios para poder desarrollar este tipo de eventos deportivos.

Estos contratos requieren de un análisis individualizado dadas las particularidades que los caracteriza y porque las necesidades que cada uno de ellas pretende satisfacer son de diversa naturaleza. Sin entrar a valorar la problemática que se pueda suscitar en cada tipología contractual, parece más oportuno realizar un somero análisis de la afectación que tiene el COVID-19 en términos generales en el cumplimiento de los contratos.

Partiendo de que la solución óptima es alcanzar de mutuo acuerdo la adaptación o la resolución de los contratos, esta posibilidad no siempre está presente en todas las relaciones contractuales, y, por este motivo, se han de tomar en consideración otras figuras jurídicas presentes en nuestro ordenamiento jurídico. Se ha de advertir que en este ámbito nos encontramos ante un terreno pantanoso, en la medida que no hay precedentes judiciales relativas a la paralización generalizada de la actividad producido por una pandemia mundial que nos faciliten un punto de apoyo sólido.

En primer lugar, se ha de tener en consideración la posible aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” de construcción jurisprudencial, que nos permitiría renegociar los contratos entre las partes de forma temporal mientras duren las circunstancias excepcionales que imposibilitan su correcto cumplimiento. Esta cláusula se fundamenta en que las partes contratantes no tenían conocimiento cuando se suscribió el contrato de que se daría un acontecimiento imprevisible, como es la pandemia y el estado de alarma en la que nos encontramos inmersos, que iba a repercutir directamente en el equilibrio de la relación contractual. Por ello, es necesario realizar un análisis particular de cada uno de los contratos que hayan sido suscritos a fin de determinar si concurren los requisitos jurisprudenciales para poder aplicar la cláusula “rebus sic stantibus”. La aplicación de esta cláusula es factible en la medida que la suspensión del evento es un hecho no imputable al organizador, que la crisis sanitaria y el estado de alarma constituyen una situación imprevista e inevitable y que dicha situación es causa directa del incumplimiento.

Otra de las posibilidades sería calificar el incumplimiento de las obligaciones contractuales como fuerza mayor de conformidad con lo establecido en el artículo 1.105 del Código Civil. Este artículo pretende dar una respuesta jurídica a aquellos daños que se han producido en el seno de una relación contractual como consecuencia de un acontecimiento imprevisible e inevitable, determinando que cuando consta acreditada la existencia de fuerza mayor no habrá responsabilidad.

La concurrencia de una causa de fuerza mayor en el incumplimiento de las obligaciones contractuales permitirá la suspensión del vínculo contractual y del cumplimiento de las prestaciones, volviendo al normal cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando el evento de fuerza mayor haya desaparecido. No obstante, la fuerza mayor también puede tener un carácter definitivo, provocando la extinción del vínculo contractual cuando su cumplimiento devenga imposible como consecuencia del evento de fuerza mayor. Así, si se pierde el objeto del contrato como consecuencia del evento constitutivo de fuerza mayor, ambas partes sufren el perjuicio de forma que comparten el riesgo del “mal producido” y se procederá a la devolución recíproca de las prestaciones, excluyéndose la obligación de indemnizar.

De todo modos, tanto la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” como el motivo de fuerza mayor habrán de ser analizados de un modo individualizado en cada relación contractual vigente por la diversidad contractual que confluyen en un evento deportivo y por la compleja situación en la que nos encontramos, al no poder aplicar las herramientas jurídicas propias de una situación de “business as usual”.

5.- De las relaciones con voluntarios:

Para concluir, a sabiendas que los voluntarios son una fuente crucial de ayuda para que los eventos deportivos puedan prosperar, se ha de manifestar que la cancelación de los eventos producido por el COVID-19 no supone un problema jurídico de gran calado en este ámbito, en la medida que el voluntario se define por su carácter libre, gratuito y solidario tal y como se desprende de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado y de las leyes autonómicas que regulan esta materia.

Por lo tanto, a pesar de que hubiera un grupo de voluntarios estructurado y organizado para ayudar en la consecución del evento deportivo, la suspensión del evento no genera responsabilidad de ningún tipo al organizador con respecto a este colectivo.

No obstante, cuando la situación sanitaria permita la celebración de eventos deportivos, el organizador sí habrá de tener en consideración el derecho legalmente reconocido a los voluntarios de realizar su actividad en condiciones de seguridad e higiene. En caso de no tomar medidas al respecto, podrán derivarse responsabilidades de distinta naturaleza.

La «despeñada» de la exoneración de cuotas en los ERTE fuerza mayor COVID-19

Francamente, no resulta en absoluto sencillo pretender abarcar dentro de los constreñidos límites de un post la muy variada problemática asociada a la adecuación de los ERTE a la reanudación de la actividad, tras la etapa más virulenta -nunca mejor dicho- de la Covid 19. Vaya por delante, por tanto, que no pretendo en esta colaboración un análisis exhaustivo de las muy diferentes posibilidades que se suscitan en la materia, sino únicamente esbozar un esquema general de este proceso de finalización o adaptación de dichos instrumentos de regulación temporal de empleo a la situación actual, y en lo concerniente a un específico aspecto asociado a este tipo de ERTE, como es la exoneración de cuotas de seguridad Social.

A este respecto, el ya lejano RDLey 8/2020 de 17 de marzo estableció en la redacción originaria de su artículo 24 una exoneración de cuotas de Seguridad Social para aquellas empresas que se hubieran acogido a un ERTE fuerza mayor Covid 19, diferenciando entre el cien por cien de exoneración, que se aplicaba a aquellas empresas que a 29 de febrero de 2020 tuvieran menos de 50 trabajadores en situación de alta, y el 75% aplicable a las empresas que igualaran o superarán dicho número de trabajadores. Se disponía, asimismo, que dicha exoneración sería aplicable mientras durara el período de suspensión de contratos o reducción de jornada, y que no tendría efectos para el trabajador, considerándose dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resultara de aplicación lo establecido “en el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social”. Posteriormente, el RDLey 18/2020 de 12 de mayo, vino a modificar la redacción de este artículo 24, alterando el periodo de vigencia de la exoneración prevista inicialmente en el mismo, y referenciándolo ahora exclusivamente a los meses de “marzo y abril de 2020”. Y, finalmente, el RDLey 19/2020 de 26 de mayo, ha venido nuevamente (y van…) a modificar la redacción original del precepto, para precisar que lo que no resultaría de aplicación sería lo establecido “en el apartado 1 del artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social”.

Paralelamente a la modificación en la redacción de este precepto, “primigenio” en la contemplación del régimen excepcional de exoneración de cuotas, el RDLey 18/2020 también ha venido a introducir esenciales modificaciones en el régimen propiamente dicho de la exoneración, y ello partiendo de una radical separación entre aquellas empresas sujetas a ERTE en las que persistan plenamente las causas imposibilitadoras de actividad (que, a efectos sistemáticos, denominaremos como “Empresas en ERTE de fuerza mayor total”); y aquellas otras empresas en que dichas causas permiten una recuperación parcial de actividad hasta el 30 de junio de 2020  (“Empresas en ERTE de fuerza mayor parcial”).

Con respecto a las primeras, “Empresas en ERTE de fuerza mayor total”, procederá seguir aplicando las medidas de suspensión y/o reducción de jornada, mientras duren las causas “habilitadoras”, sin que exista variación alguna en cuanto al régimen de exoneración de cuotas (100% o 75% en función del número de trabajadores). Existe, no obstante, una esencial discrepancia entre la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 18/2020, y su propio articulado en cuanto a la fecha de finalización, ya que la Exposición de Motivos señala que la fuerza mayor se extenderá en principio (ojo, con dicha expresión) hasta el 30 de junio de 2020, mientras que, por el contrario, el artículo 1, apartado 1 resulta ser extraordinariamente más taxativo (y, digámoslo, contradictorio con lo anterior) afirmando que ésta no se extenderá “en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020”. Las últimas noticias aparecidas en prensa parecen situar como más probable la primera interpretación, que la taxativa segunda

En cuanto a las “Empresas en ERTE de fuerza mayor parcial”, hay que partir de la base de que respecto a las mismas se considera que pueden reanudar parcialmente su actividad y que, en base a ello, deberán proceder a reincorporar a los trabajadores afectos al ERTE o modificar su jornada, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Esto es: si tuviera trabajadores en situación de suspensión de contrato, deberá procurar la máxima incorporación posible de los mismos, ya sea a jornada completa o reducida. Y si lo que tuviera fueran trabajadores sujetos a reducción de jornada, habrá de procurar una variación en el porcentaje de reducción, no olvidando que ‑para terminar de enreversar el asunto‑ pueden coexistir en un mismo ERTE por fuerza mayor parcial, situaciones de suspensión de contrato y de reducción de jornada.

Una vez determinada por la empresa esa obligada variación en la situación de los trabajadores, se procederá a la aplicación del régimen de exoneración de cuotas en mayo y junio de 2020 atendiendo igual y primeramente al criterio diferenciador que ya hemos visto relativo al tamaño de la empresa (50 trabajadores).  Sin embargo, se establecen porcentajes diferentes en un mes y otro, y ‑en aras a facilitar o impulsar la mayor recuperación posible de actividad‑ se potencia la exoneración respecto a los trabajadores que se reincorporen, y se penaliza el porcentaje de exoneración de que se venía disfrutando en relación con los trabajadores que se mantengan afectos al ERTE.

Esquemáticamente, la situación queda, pues, como sigue:

En relación con las empresas de menos de 50 trabajadores, respecto a los trabajadores reincorporados se podrá optar a la exoneración del 85% de las cuotas en mayo y del 70% en junio; y en cuanto a los trabajadores que permanezcan afectos al ERTE, el porcentaje de exoneración varía sensiblemente respecto a la situación de exoneración total anterior: pasando del cien por cien, a un 60% en mayo y un 45% en junio.

Y con relación a las empresas de 50 o más trabajadores, el porcentaje de exoneración aplicable a los trabajadores reincorporados será del 60% en mayo y el 45% en junio; y respecto a los trabajadores que se mantengan afectos al ERTE, también se produce una variación significativa respecto al 75% que hasta ahora les era aplicable, y que pasará a ser de un 45% en mayo y un 30% en junio.

En lo relativo a a la exoneración de cuotas aplicable al mes de mayo, no resulta baladí destacar que el real decreto ley 18/2020 entró en vigor el día 13 de dicho mes, lo cual ha venido a plantear una serie de dudas respecto al porcentaje concreto a aplicar, discutiéndose si ‑primera opción‑ había que establecer un fraccionamiento en cuanto a la exoneración, aplicando hasta el día 12 de mayo la misma exoneración de cuotas de que se venía gozando con anterioridad a la modificación del ERTE, y aplicando al resto del mes el porcentaje modificado resultante del RDLey 18/2020; o, si por el contrario, la reincorporación del trabajador ya determinaba la aplicación del porcentaje del RDLey 18/2020 a la mensualidad completa de mayo.

A este respecto, el Boletín RED de la TGSS de 11/2020, 14 de mayo, generó incluso toda una serie de dudas adicionales al respecto, dando incluso lugar a una consulta formulada ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio, en la que se aludía precisamente a dicho Boletín pues, permitía ‑a juicio del consultante‑ entender que la empresa que hubiera procedido a “reactivación” con anterioridad al 13 de mayo, no tendría derecho a bonificación o exención de cuota alguna. La respuesta de la citada Dirección General de Trabajo, evacuada el 27 de mayo, fue del siguiente tenor literal: A efectos laborales, la reincorporación de algún trabajador incluido en el ERTE conlleva la calificación de la situación de la empresa como «fuerza mayor parcial», independientemente de que ésta se hubiese producido antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020”. Sin embargo, tras tal aseveración y respecto al objeto fundamental de la consulta, esto es la incidencia a efectos de exoneración de cuotas, se señalaba de modo un tanto “escapista” y resaltado con subrayado lo siguiente: “Pero ello se entiende sin perjuicio de los efectos que se pudiesen derivar en cuanto a la aplicación de la normativa de Seguridad Social, sobre lo cual se deberá consultar a la Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión,  Seguridad Social y Migraciones.”

En cuanto a la ya citada confusión a que dió lugar el Boletín RED 11/2020, obligó a una aclaración de este, obrante en el Boletín 12/2020, de 19 de mayo, que estableció el siguiente criterio: tanto respecto a los trabajadores “reactivados” entre el 1 y el 12 de mayo, como respecto a los que en idéntico período se dejaran afectos al ERTE, los porcentajes de exoneración aplicables para el mes de mayo serían los del RDLey 18/2020

A la vista de lo hasta ahora expuesto, entiendo que cobra muy especial sentido y relevancia la “confesión” obrante en la propia Exposición de Motivos del reciente Real Decreto Ley 19/2020: “Se llevan a cabo mediante este real decreto ajustes técnicos a las medidas urgentes adoptadas en materia de Seguridad Social para mitigar el impacto del COVID-19, a la luz de los problemas de interpretación que se están identificando en su aplicación. Estos ajustes son necesarios y urgentes, teniendo en cuenta la inseguridad jurídica que la redacción actual está generando en los interesados.”

Poco más que añadir, salvo que ‑en opinión de quien suscribe‑ esta nota, la inseguridad jurídica, es la que preside toda la normativa producida con ocasión de esta crisis, incluida la relativa a lo que me he atrevido a calificar como “despeñada” ‑que no, “desescalada”‑ de los ERTE por fuerza mayor Covid 19.

Los obstáculos prácticos para la carga de vehículos eléctricos

Si bien es cierto que esta situación coyuntural que estamos viviendo por causa del ya tan nombrado coronavirus nos está a una situación límite económicamente, también está dando visibilidad al impacto que tenemos los ciudadanos en la calidad ambiental de nuestras ciudades. Es evidente que el descenso de concentraciones de dióxido de nitrógeno en más de un 50% en los grandes núcleos urbanos de nuestro país, fruto del confinamiento, no es sostenible en un escenario de vuelta a la normalidad dentro una urbe concebida en torno al “cochecentrismo”. A pesar de que venimos presenciando una tendencia general a desviar el tránsito de vehículos de las zonas más céntricas por parte de las instituciones, y recientes hechos como que la peatonalización de grandes avenidas parece tener un rol clave en la desescalada, es indudable pensar que, aunque estos eventos suponen un cierto empuje, queda un largo camino por recorrer en la transición a una movilidad sostenible.

Esto se refleja en el lento acompañamiento que se le está dando al vehículo eléctrico, cada vez más normalizado en el parque automovilístico nacional. Ha habido poco seguimiento institucional posterior a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, cuya finalidad fue abrir puertas a nuevos prestadores de servicios de recarga de coches eléctricos. Este Real Decreto-Ley derogó el entonces vigente RD 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regulaba la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética. Así, se puso fin a la figura del Gestor de Carga abriendo la posibilidad a que los propios consumidores (empresas o particulares) puedan ofrecer servicios de recarga. No obstante esa eliminación de barreras resulta en vano si existe una inseguridad jurídica resultante de un reglamento que sigue aún pendiente de desarrollo. La falta de una disposición normativa en que aparezca detallada dicha prestación del servicio en cuanto a requisitos e información necesarios a cumplir por los prestadores, se une al poco aliciente que a corto plazo tiene invertir en la implementación de esta tecnología. Los horizontes de recuperación de la inversión en servicios de movilidad son largos puesto que necesitan una capilaridad por todo el territorio, es decir que es necesaria la presencia de cargadores por toda la geografía nacional. La transición es cuestión de prioridades y puede no estar en la agenda de los operadores que se dedican al abastecimiento de combustibles tradicionales, para los cuales el cambio supone una oportunidad pero también canibalizar el grueso de sus ingresos actuales.

Recientemente, desde el Ministerio de Transportes se ha dado un paso para tratar de mejorar la experiencia de los conductores de coches eléctricos mediante la modificación parcial de la Orden Ministerial de accesos a la Red de Carreteras del Estado. El pasado mes de febrero se publicó la Orden TMA/178/2020, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden de 16 de diciembre de 1997 que regula los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. Sin embargo, su contenido se limita a introducir los puntos de recarga eléctrica en la normativa vigente para decir en su artículo único que “cuando se trate de instalar puntos de recarga eléctrica en instalaciones de servicios ya existentes y en explotación debidamente autorizadas, no será necesario ajustar los accesos existentes a lo previsto en la legislación y normativa técnica aprobadas con posterioridad a dicha autorización, siempre que el nuevo uso de recarga eléctrica vaya asociado al uso principal autorizado y quede acreditado que no se produce una afección negativa significativa a la seguridad viaria y a la adecuada explotación de la carretera”.

 

Aunque el precepto tiene el claro objetivo de facilitar la construcción de nueva infraestructura de carga, para el usuario final la recarga va a seguir suponiendo una operativa compleja. Esta complejidad deriva de que actualmente se obliga al consumidor a descargar una aplicación móvil del gestor de carga u operador en cuestión lo que implica dar sus datos personales y aceptar los términos y condiciones de uso. El proceso se complica más cuando se exige adquirir la tarjeta o sistema RFID obligatorios para poder hacer uso de los puntos de carga. Así ocurre en la ciudad de Madrid donde las empresas gestoras de infraestructura de carga en la vía pública condicionan el uso a dicho proceso. Todo ello para poder realizar un servicio que se pretende lo más análogo posible al repostaje de gasolina, lo que va en contra del fin último que persigue el Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. Contradice el espíritu de la normativa y la letra del artículo 4.5 que prevé que “todos los puntos de recarga accesibles al público proporcionarán la posibilidad de recarga puntual a los usuarios de vehículos eléctricos, sin necesidad de que medie contrato con el comercializador de electricidad o con el gestor de que se trate”.

Existen otros pasos que el legislador puede dar para la promoción de la movilidad eléctrica. El citado RD 639/2016 es una trasposición parcial de la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. Dicha trasposición parcial no recoge el valioso precepto sobre información a los usuarios (artículo 7.7): “Los Estados miembros garantizarán que, cuando se disponga de datos que indiquen la ubicación geográfica de puntos de repostaje o recarga accesibles al público para los combustibles alternativos contemplados en la presente Directiva, estos sean accesibles a todos los usuarios con carácter abierto y no discriminatorio. Para los puntos de recarga, cuando se disponga de dichos datos, podrán incluir información sobre la accesibilidad en tiempo real, así como información histórica y en tiempo real sobre la recarga”. La falta de esa información ha dado lugar a la entrada de lo que comúnmente se conoce como la figura del agregador en el argot tecnológico: empresas que han hecho de esa información su modelo de negocio, y monetizan el acceso y visualización de dichos puntos de carga mediante la venta de llaveros que permiten hacer uso de los mismos salvando el proceso operativo anteriormente explicado.

No hay que olvidar que, más allá de los intentos institucionales de promover este tipo de movilidad en nuestro país, es el consumidor quién tiene la última palabra en su difusión a través de su decisión de comprar un vehículo u otro, por lo que la facilidad de uso de los coches eléctricos y en particular de su recarga va a tener un papel fundamental. Por ello, la mejor manera de aumentar el parque de estos vehículos es ampliar y simplificar el sistema de recarga, para lo que parece muy acertada la labor de nuestros vecinos portugueses que recogen en un listado todos los puntos de carga de acceso público existentes en el territorio. Esa obligación de carácter informativo también podría complementar a otras que demanda el cliente final como puede ser la certificación de origen de la energía, es decir, si es energía 100% renovable. No en vano, esa ansiada disposición reglamentaria que aún esperan los usuarios, debería primar la evidente necesidad de hacer uso del servicio sin aplicaciones móviles y/o cualquier mecanismo que suponga obstaculizar el proceso, es decir como en un repostaje tradicional.

 

La confusa doctrina del Tribunal Supremo español sobre la aplicación de los Dictámenes de Comités de Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por España

1. INTRODUCCIÓN.

Que son tiempos difíciles para la justiciabilidad de los Derechos Humanos en nuestro Estado no es una novedad. Y de ahí que sigamos con mucha atención cómo se van desarrollando las pocas herramientas que tenemos para la aplicación de las decisiones que los órganos de tratados internacionales de Derechos Humanos dictan contra nuestro Estado cuando se producen vulneraciones de los mismos. Especialmente, vamos a considerar aquí qué ocurre cuando esas decisiones implican una necesaria revisión de sentencias dictadas por el Poder Judicial español.

Utilizar las herramientas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se está convirtiendo, en muchas situaciones personales y familiares que acompañamos desde la sociedad civil, en la única fórmula de encontrar acceso a la justicia. He tenido la suerte y el privilegio de ver a personas llorar de alegría tanto sólo, ¿tan solo?, porque un comité de un órgano de tratado internacional le concedía una medida cautelar o porque una relatora especial de Naciones Unidas recogía su documento de reclamaciones y propuestas para hacerle una comunicación a nuestro Gobierno.

Así pues, de eso se trata para muchos y muchas de nosotras, de seguir en esta lucha silenciosa y lenta para el logro de una mayor aplicación de ese Derecho Internacional que, también con certeza, está produciendo cambios en nuestra normativa y en nuestros estándares de Derechos Humanos en la última década. Las decisiones de nuestro Tribunal Supremo han reflejado estos cambios.

2. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: CASO ANGELA GONZÁLEZ CARREÑO Y CASO BANESTO.

Es evidente que la Sentencia 1263/2018 del Tribunal Supremo, de 17 de julio, en referencia al Caso Angela González Carreño posee aristas que no son contenido de esta reflexión, pero que no dejan de ser fundamentales para el avance en la aplicación de la garantía de los Derechos Humanos en nuestro Estado, en especial en referencia a la debida reparación cuando se vulnera el derecho al acceso a la justicia en todas y cada una de sus dimensiones.

En estas líneas, queremos hacer referencia al establecimiento por dicho Tribunal de la interpretación sobre la aplicabilidad directa de los Dictámenes de los Comités de los Tratados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en este caso, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  Dictamen dictado por dicho Comité en 2014, tras la comunicación presentada a cabo por la interesada (acompañada por Women’s Link Worldwide) contra el Estado español (habiendo “llamado a todas las puertas de justiciabilidad” en el derecho interno Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional). El Dictamen condena al Estado por vulnerar los derechos de Angela y de su hija fallecida contenidos en los artículos 2 a), b), c), d), e) y f); 5 a); y 16, párrafo 1 d), de la Convención, leídos conjuntamente con el artículo 1 de la Convención y la recomendación general núm. 19 del Comité. El mismo formula las siguientes recomendaciones:

  • Dos recomendaciones particulares (autora de la comunicación como destinataria):
    • Otorgar a la autora una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos;
    • Llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial con miras a determinar la existencia de fallos en las estructuras y prácticas estatales que hayan ocasionado una falta de protección de la autora y su hija.
  • Tres recomendaciones generales (para implementación por el Estado de las debidas políticas públicas y legislativas correspondientes):
    • Tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos. El interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado deberán prevalecer en todas las decisiones que se tomen en la materia;
    • Reforzar la aplicación del marco legal con miras a asegurar que las autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para responder adecuadamente a situaciones de violencia doméstica;
    • Proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia doméstica que incluya formación acerca de la definición de la violencia doméstica y sobre los estereotipos de género, así como una formación apropiada con respecto a la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, en particular la recomendación general núm. 19.

La STS 1263/2018, de 17 de julio, establece, respecto de la vinculatoriedad de las recomendaciones emitidas en dicho Dictamen (o Decisión) lo siguiente: que aunque ni La Convención ni El Protocolo regulan el carácter ejecutivo de los Dictámenes del Comité de la CEDAW, no puede dudarse que tendrán carácter vinculante/obligatorio para el Estado parte que reconoció La Convención y El Protocolo pues el artículo 24 de La Convención dispone que «los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención». Como ocurre en el caso del que nos ocupamos, ya que España ratificó dicho Tratado el 16 de diciembre de 1986 y su Protocolo Facultativo el 14 de marzo de 2000.

Hace pocas semanas el Tribunal Supremo ha vuelto a manifestar su criterio interpretativo respecto a dicha vinculatoriedad/obligatoriedad en la Sentencia 401/2020, de 12 de febrero, nada más y nada menos que desde su Sala Especial Artículo 61 L.O.P.J.

Esta vez en el llamado “Caso Banesto” y respecto al Dictamen de 25 de julio de 2007 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, producido ante la comunicación contra el Estado español interpuesta por vulneración del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité condenó al Estado español por violar dicho artículo y le hizo las siguientes recomendaciones:

  • Una particular: debe proporcionar al autor un recurso efectivo que permita la revisión del fallo condenatorio y la pena por un tribunal superior.
  • Una general: El Estado Parte tiene la obligación de tomar las disposiciones necesarias para que en lo sucesivo no ocurran violaciones parecidas.

Estableciendo, en su Fundamento nº 6 que:

Resulta conveniente añadir que no procede equiparar las sentencias del TEDH con las recomendaciones o dictámenes de los distintos Comités de las variadas organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos. La ley española sólo atribuye a las sentencias del TEDH, y en determinadas condiciones, la condición de título habilitante para un recurso de revisión contra una resolución judicial firme (artículo 102 LJCA, artículo 954. 3 LECrim, 510.2 LEC). Esa previsión normativa es congruente con los términos del Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, ya que en sus artículos 19 y siguientes creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que para los distintos Estados se establecieron en el propio Convenio y sus Protocolos, y afirmó en su artículo 46 con meridiana claridad la fuerza obligatoria de sus sentencias y el compromiso de los Estados de acatarlas. Por ese motivo la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de junio, ha dispuesto que sólo las sentencias del TEDH sean título habilitante para la revisión de las sentencias en que se produjo la vulneración del derecho fundamental, sin extender esa clase de eficacia a otras sentencias o dictámenes”. 

3. DOS SENTENCIAS, ¿DOS INTERPRETACIONES CONTRADICTORIAS?

Nos encontramos antes dos procedimientos diferentes (recurso de casación y recurso de revisión) pero, sobre todo, ante dos recomendaciones particulares de Comités de Órganos de Tratados de diferente calado en lo procesal-judicial para el Tribunal nacional al que se pide aplicarlas:

  • Derecho de reparación.
  • Revisión de una sentencia interna por un mandato externo internacional.

Por tanto, no encontramos una interpretación contradictoria formal, ya que, el mandato legal es claro: sólo se puede proceder a la revisión de una sentencia interna por vulneración de derechos fundamentales cuando viene establecido por sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ahora bien, si nos parece que puede llevar a una contradicción clara el que, previo a esta argumentación material, el Tribunal Supremo introduzca en su última Sentencia 401/2020 una diferenciación general entre las sentencias de un tribunal internacional y las recomendaciones o dictámenes de los distintos Comités de las variadas organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos. Más aún cuando la propia Sala no desarrolla ni explica qué quiere decirse cuando dice “que no son equiparables”.

¿Quiero esto decir que no tienen una misma fuerza vinculante o de obligatoriedad cuando los Comités de Tratados emiten dictámenes sobre si se han vulnerado o no Derechos Humanos por el Estado español?, ¿se lanza esta afirmación desde el ámbito de lo procesal-material y respecto de la tradicional argumentación que enfrenta lo judicial con otras fórmulas de justiciabilidad.?. Parece que tendremos que esperar entonces al contenido de futuras sentencias mientras se sigue trabajando desde la sociedad civil y el mundo de la Academia en propuestas de protocolos de coordinación entre diferentes organismos de la Administración (Ministerio de Exteriores, de Justicia, de Inclusión, de Agenda Urbana, de Derechos Sociales…) y otras herramientas (dada la actual vía “inaceptable” de una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial)  para la aplicabilidad directa de las decisiones/dictámenes de dichos Comités.

4. UNA BIFURCACIÓN EN EL CAMINO PARA LA APLICABILIDAD DE LOS DICTÁMENES DE LOS COMITÉS DE TRATADOS INTERNACIONALES: ENCAJAR LAS PIEZAS EN UN PUZLE DE APARIENCIA JUDICIAL O EN UN NUEVO PARADIGMA DE JUSTICIABILIDAD.

Ahora bien, no quiero dejar esta reflexión sólo en ese camino de búsqueda de una herramienta concreta que nos ayude ante muchas situaciones personales y familiares que acompañamos cada día en el acceso a una efectiva justicia (justiciabilidad) en la vulneración de derechos; sino que quiere ir un paso más allá ante la inseguridad de estar siguiendo el camino correcto. La propia STS 1263/2018 del Tribunal Supremo, de 17 de julio, en la línea que hemos querido llamar de encajar las piezas en un puzle de apariencia judicial, nos decía: que la declaración del organismo internacional se ha producido en el seno de un procedimiento expresamente regulado, con garantías y con plena participación de España.

Es decir, trabajamos constantemente, desde la presentación de la comunicación ante los Comités, durante el procedimiento de tramitación ante los mismos, con los intercambios constantes y transparentes entre la parte que actúa y el Estado denunciado, bajo el seguimiento del Comité y un largo etcétera en el planteamiento de estar ante un proceso cuasi-judicial con las debidas garantías y plena participación de las partes. Eso sí, por el contrario, la argumentación dada por el Estado en los recursos ante el Tribunal Supremo o en las propias respuestas ante las demandas de información de los Comités también es la de que no hay garantías suficientes para acreditar que se está ante el ejercicio del derecho a un proceso equitativo, al acceso a la justicia (Artículo 24 CE y Artículo 6 Convenio Europeo de Derechos Humanos). Nos situamos entonces en la defensa de su directa aplicabilidad, su vinculatoriedad u obligatoriedad legitimando el proceso que da lugar a la decisión/dictamen.

Hay otro planteamiento, seguro que atrevido, desde luego con trazas utópicas: un nuevo paradigma de justiciabilidad de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las herramientas de garantía de los mismos que se han consensuado en sus Protocolos Facultativos, firmados por los Estado miembro de la comunidad internacional.

Donde la argumentación no se establece en ese encaje de “apariencia judicial” sino en la legitimidad del Estado que se compromete ante la comunidad internacional con la creación de un escalón más de protección y garantía de los Derechos Humanos, en este caso el Comité, que solo puede traducirse en una mejora de la vida de las personas sobre las que gobierna y administra.

Tomando como primer sustento el propio deber de diligencia que tienen los Estados cuando se hacen parte de un tratado internacional de tanta relevancia como lo son los tratados de Derechos Humanos. Tomamos como ejemplo el último tratado internacional que está en estos momentos en fase de borrador y negociándose sus diversas y consensuadas versiones por el Grupo Ad Hoc en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Contiene, como todos los tratados, un artículo dedicado a las provisiones finales y que hace referencia a su futura implementación por parte de los Estado miembro que se obliguen mediante su ratificación:

Implementation

  1. States shall take all necessary legislative, administrative or other action including the establishment of adequate monitoring mechanisms to ensure effective implementation of this Convention”

Estableciendo no sólo que la legislación futura de dichos Estados ha de incluir mecanismos de seguimiento de cumplimiento de los compromisos adquiridos (transparencia, debida información, acceso – principios jurídicos del buen gobierno-), sino también la correspondiente plasmación en una debida administración (Artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). En este segundo ámbito, menos remarcado que la acción legislativa, y siguiendo al Profesor Juli Ponce Solé, con debida diligencia que tienen los servidores públicos (desde el que Gobierna, hasta el que imparte justicia o el que informa y tramita en una oficina de registro) para hacer del Estado – desde luego con las ombudsperson como primer referente de su seguimiento-, el primer y fundamental garante del derecho a una buena administración, del que forma parte ese cumplimiento de la obligación internacional de acceso, disfrute y garantía de los DDHH.

No se trataría por tanto de la imposición de una jerarquía judicial externa superior, sino en un espacio más posible de acceso a la garantía y protección de esos derechos que se hace diario y cotidiano en ese acceso concreto a la buena administración de justicia (donde los tribunales también han de cumplir los fundamentos de ese derecho – por todas, STJUE del 29 de abril de 2015, T-217/11, Claire Staelen vs Defensor del Pueblo UE.) Requiriéndose, eso sí, de las todas las herramientas formales y materiales que sean necesarias para hacerlo posible, accesible, transparente, equitativo…

Mientras tanto, y seguro por mucho tiempo, seguiremos trabajando en las fórmulas tradicionales ya que la necesidad y la angustia de tantas personas no puede esperar.

 Bibliografía

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS (1976) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS (2007) Comunicación Nº 1381/2005 90º período de sesiones CCPR/C/90/D/1381/2005 11 de septiembre de 2007

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (1981) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (1992) Recomendación General nº 19 sobre la Violencia contra las Mujeres

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (2014) Comunicación Nº 47/2012 Dictamen adoptado por el Comité en su 58° período de sesiones (30 de junio a 18 de julio de 2014. CEDAW/C/58/47/2012

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (2018) STS 1263/2018  de 17 de julio http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8457097/Responsabilidad%20patrimonial/20180723

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (2020) STS 401/2020, de 12 de febrero http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fa633d2d95d772a1/20200221

FERNANDEZ RODRÍGUEZ DE LIÉVANA, G. (2018) “El significado de la palabra justicia”, en Opinión-Blogs Tribuna Abierta de EL DIARIO.ES

PONCE SOLÉ, J. (2019) “La lucha por el buen gobierno y el derecho a una buena administración mediante el estándar jurídico de la diligencia debida”. Colección Cuadernos Democracia y Derechos Humanos Nº 15 Universidad de Alcalá de Henares.

WORKING GROUP ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND OTHER BUSINESS ENTERPRISES WITH RESPECT TO HUMAN RIGHTS (2019) “Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises”. Draft 16/07/2019

Ingreso mínimo vital: la regulación del Real Decreto-ley 20/2020

El 1 de junio de 2020 se publicó en el BOE el RDley 20/2020 de 29 de mayo por el que se establece el ingreso mínimo vital, cuya Exposición de Motivos –para variar- resulta de muy recomendable lectura, al contener un resumen muy ilustrativo de la literatura existente en la materia, así como de los datos sobre la pobreza en España. Esto demuestra que esta norma tiene un trabajo técnico importante detrás, lo que siempre es muy de agradecer y más en los tiempos que corren. Es también lo que se desprende de su articulado.

Más allá de las valoraciones económicas, que exceden del ámbito de mis competencias profesionales, lo cierto es que la primera impresión técnica de la norma es muy buena. En cuanto a la valoración política, considero que es un avance importantísimo para nuestro Estado del bienestar, pero también una forma de abrir la puerta a muchos conciudadanos para salir de la trampa de la pobreza y para poder tener las oportunidades en la vida que los más privilegiados solemos dar por descontadas. A continuación, me referiré a los aspectos esenciales de su regulación, siguiendo la estructura de la norma y la presentación que se realiza en la propia Exposición de Motivos.

En primer lugar hay que recordar que el objetivo del ingreso mínimo vital es la reducción de la pobreza, en particular de la pobreza más extrema, asegurando a todos los ciudadanos un nivel mínimo de renta, con independencia del lugar de su residencia, dado que se trata de una prestación que queda incluida dentro de la acción protectora de la Seguridad Social. De esta manera, afirma la Exposición de Motivos, el ingreso mínimo vital se configura como una prestación “suelo” dado que es compatible con las prestaciones autonómicas  que puedan existir en concepto de rentas mínimas. Así,  en el cómputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones autonómicas concedidas en dicho concepto. Se pretende, siempre según la norma, permitir a las comunidades autónomas adaptar su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio.

En cuanto a los beneficiarios, pueden serlo las personas que vivan solas o los integrantes de una unidad de convivencia, considerando como tal dos o más personas que residan en la misma vivienda y que estén unidas entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, si bien se establecen excepciones para contemplar determinados supuestos, como es el caso de las personas que sin tener vínculos familiares comparten vivienda por situación de necesidad. En todo caso, para tener la condición de beneficiario, se exigen una serie de requisitos para el acceso y el mantenimiento del derecho a la prestación.

El titular de la prestación es la persona que teniendo plena capacidad de obrar la soliciten y la perciban, bien  en nombre propio o en nombre de unidad de convivencia, en cuyo caso asumen su representación. El derecho a la prestación se configura en función de la situación de vulnerabilidad económica de los beneficiarios tal y como la define la propia norma, que se produce cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio anterior, sea al menos 10 euros inferior al nivel de renta garantizada para cada supuesto previsto, en función de las características de la persona beneficiaria individual o la unidad de convivencia. Se requiere además que su patrimonio (excluida la vivienda habitual) sea inferior a los límites establecidos en el real decreto-ley.

La periodicidad del ingreso es mensual, y su objetivo es cubrir la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el beneficiario (hogar unipersonal o unidad de convivencia) durante el año anterior y la renta garantizada determinada por la norma para cada supuesto, que, para el ejercicio 2020, se deduce de aplicar la escala establecida en su anexo I. Para hacerse una idea, la renta garantizada para una persona es el equivalente al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada momento, dividido por 12 mensualidades. El importe de la renta garantizada se incrementa en función de la composición de la unidad de convivencia mediante la aplicación de unas escalas de incrementos. Por ejemplo, en el caso de hogares monoparentales se les protege especialmente, al establecer complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuantía mensual de la pensión no contributiva unipersonal. Asimismo, protege de manera más intensa a los menores de edad a infancia, al establecer escalas de equivalencia para los menores superiores a las utilizadas habitualmente en este tipo de prestaciones.

Eso sí, la prestación por hijo o menor a cargo se integra en la prestación del ingreso mínimo vital, de manera que a partir de la entrada en vigor del real decreto-ley no podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, sin perjuicio de que las personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán ejercer el derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social (hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento).

Es importante subrayar también que el ingreso mínimo vital tiene carácter indefinido y se mantendrá siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesión. Por tanto, los beneficiarios no tienen que instar de forma recurrente este tipo de beneficios, como viene sucediendo con las actualmente existentes. Hay que destacar también que se establece el régimen de compatibilidad del ingreso mínimo vital con el empleo, de forma que la percepción de esta prestación no desincentive la participación en el mercado laboral. Según la Exposición de Motivos el ingreso mínimo vital, al ser compatible con los rendimientos del trabajo y estar acompañado de un mecanismo incentivador al empleo, así como de las obligaciones de los beneficiarios de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de figurar como demandantes de empleo en caso de no trabajar, ofrece la oportunidad de incorporarse a la economía formal a personas y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de este ámbito.

En cuanto al procedimiento para solicitarlo, está previsto que se habiliten diferentes canales a disposición de los ciudadanos. Una de las dificultades habituales para acceder a este tipo de ayudas es precisamente el desconocimiento de los procedimientos y canales existentes para hacerlo. También se prevé la suscripción de convenios con las comunidades autónomas y entidades locales para la presentación de las solicitudes e iniciación y tramitación del expediente aunque es el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el competente para el reconocimiento y control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios con otras entidades.

Efectivamente la disposición adicional cuarta contempla el estudio por parte del Gobierno de la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación y además la disposición adicional quinta regula la aplicación del real decreto-ley en los territorios forales, señalando que dichos territorios asuman las funciones y servicios que el real decreto-ley atribuye al INSS previendo que, mientras no se asuman dichas funciones, se firmará una encomienda de gestión. En mi opinión, más que a la especificidad de las Haciendas forales –que no tiene lógicamente nada que ver con una prestación del INSS. esta norma parece deber su origen a la necesidad de apoyo del PNV y de Bildu que tiene el Gobierno pero esa es otra historia. En todo caso, la tramitación del procedimiento se realizará por medios telemáticos.

Por último se establece el régimen de obligaciones y el de infracciones y sanciones. En este sentido, el real decreto-ley establece que tanto las personas titulares y beneficiarias del ingreso mínimo vital que hayan cometido la infracción, como aquellas otras que hubiesen cooperado en su comisión, serán responsables de las infracciones tipificadas que pueden ser leves, graves y muy graves y pueden llevar aparejada la obligación de devolver la prestación. Asimismo, se establecen sanciones accesorias como la extinción del derecho o la imposibilidad de resultar beneficiario a futuro en los casos más graves como son los de falseamiento, ocultación fraudulenta de cambios en la situación o cualquier otra actuación fraudulenta que den lugar al acceso indebido a la prestación, a su mantenimiento o a un aumento indebido de su importe. Todo ello sin perjuicio de la obligación de devolver las prestaciones indebidamente cobradas. Hay también disposiciones transitorias importantes, dadas las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria.

En este sentido, se prevé que el INSS reconozca la prestación transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la prestación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que reúnan determinados requisitos y se obvian algunos de los requisitos procesales de forma extraordinaria. A partir del 31 de diciembre de 2020, los beneficiarios que mantengan los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de la prestación transitoria, pasarán a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Apreciándose en estos momentos circunstancias de extraordinaria, la disposición transitoria tercera prevé un procedimiento excepcional relacionado directamente con la situación económica generada a raíz de la pandemia del COVID-19, que tiene por objeto asegurar que el ingreso mínimo vital llegue urgentemente a los más necesitados, para lo que se permite el reconocimiento de la prestación para las solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos durante dicho año, en lugar de la del año anterior. Así, a efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se considerarán los ingresos que haya tenido la persona o unidad de convivencia durante 2020, siempre y cuando en el ejercicio anterior no supere la mitad de los límites de patrimonio establecidos de forma general para las unidades de convivencia y cuyos ingresos no superen en más del 50 por ciento de los límites establecidos para toda la unidad de convivencia en el ejercicio 2019 en los términos establecidos en el Real decreto-ley.

Por último, la disposición final séptima autoriza al Gobierno para actualizar los valores, escalas y porcentajes del real decreto-ley, cuando, atendiendo a la evolución de las circunstancias sociales y económicas y de las situaciones de vulnerabilidad, así como a las evaluaciones periódicas de la AIReF, se aprecie la necesidad de dicha modificación con el fin de que la prestación pueda mantener su acción protectora. Se prevé por tanto expresamente algo que es muy desconocido en nuestro país: el estudio de la evolución de esta importante política pública, y precisamente por parte de la AIReF lo que es, sin duda, una garantía.

Marlaska y nuestra enfermedad institucional: reproducción artículo en Crónica Global

Artículo previamente publicado en Crónica Global y disponible aquí.

El escándalo de los ceses en el Ministerio del Interior pone de relieve –una vez más– varios de los problemas institucionales que aquejan a nuestra democracia. Efectivamente, no es fácil encontrar un síntoma tan claro de una enfermedad institucional como el cese del coronel Pérez de los Cobos.

Empecemos por los hechos. El coronel Diego Pérez de los Cobos es cesado por el ministro del Interior Grande Marlaska a consecuencia de un informe solicitado a la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial por la jueza de instrucción Rodríguez-Medel. La investigación se centra en la posible comisión del delito de prevaricación por parte del delegado del Gobierno en Madrid por la autorización de una serie de manifestaciones a principios de marzo, entre ellas la del 8M. Se trata de un procedimiento que se ha iniciado por querella de un particular, aunque luego se han sumado otras acusaciones populares.

La trascendencia política y mediática de la instrucción es obvia, aunque a mi juicio estamos ante un nuevo ejemplo de un mal uso de la vía penal para dilucidar otro tipo de responsabilidadesNada nuevo bajo el sol.

Pero los personajes también son relevantes. La jueza instructora fue asesora del ministro Catalá (PP) en el Ministerio de Justicia, puesto del que ha vuelto directamente al juzgado de instrucción nº 51 de Madrid. Por su parte, Fernando Grande-Marlaska también es juez de carrera, y ha ocupado importantes destinos en la Audiencia Nacional antes de postularse para ministro (primero con el PP y luego con el PSOE, por cierto). La peculiaridad es que en España, ambos pueden transitar tranquilamente de la judicatura a la política y viceversa sin que se les imponga ningún periodo de enfriamiento o cooling offEn otros países esto sería impensable, dada la evidente posibilidad de contaminación de un juez-político tanto en el ministerio como en el juzgado. Son las puertas giratorias entre política y justicia que giran constantemente sin que nadie se escandalice; es más, muchos jueces cuentan con ellas para hacer no ya carrera política sino también judicial. Es una manera de llegar antes a los más altos puestos de la magistratura, vía nombramientos de un Consejo General del Poder Judicial totalmente politizado.

A estos hechos y a estos personajes hay que unir otro problema gravísimo de nuestra función pública: el uso y el abuso de la libre designación (y del libre cese) por razones ajenas a la confianza profesional. Porque la confianza a la que se refiere la normativa de la función pública es, lógicamente, a la que suscita el desempeño profesional y la adecuación al puesto de trabajo, no la que se produce en el ámbito familiar, social o ideológico. Esta es la interpretación jurisprudencial y la única congruente con los principios constitucionales de mérito y capacidad. Hablando en plata, para nombrar a alguien por razones estrictamente de confianza desligadas de toda consideración profesional ya existe la figura del personal eventual.

Por último, hay que referirse también a la confusión entre las funciones de la Guardia Civil como instituto dependiente del ministro del Interior y sus funciones como policía judicial, en las que solo rinde cuentas ante el juez que se las encomienda. Todo eso en teoría, pues aunque para realizar funciones de policía judicial la Guardia Civil solo dependa del Juez de turno (lo que se denomina dependencia funcional) lo cierto es que orgánicamente dependen del Ministerio del Interior a todos los efectos, incluidos nombramientos, ascensos o ceses.

No resulta difícil comprender las tensiones que se suscitan en una situación así cuando los superiores jerárquicos –o sus colegas en el Gobierno– son precisamente los que pueden resultar dañados por las investigaciones en curso, por no mencionar el problema adicional de la difusión del contenido de las actuaciones. Con este modelo, el investigado puede conocer antes que el juez el informe que se ha emitido. La única forma de evitar esto es sencillamente creando unidades especializadas (de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Inspección de Hacienda, etcétera) que dependan funcional y orgánicamente del propio órgano de instrucción.

Pero también hay que mencionar la increíble torpeza política con que se ha manejado todo este asunto; como he dicho antes, considero muy problemática la vía penal elegida, probablemente más por razones políticas y mediáticas que técnicas. El famoso informe de la Guardia Civil –analizado hasta la saciedad por todo tipo de tertulianos y periodistas– tiene, además, una importancia muy limitada en una investigación de estas características. De esta forma, al destrozo institucional se suma el político. La actuación de Marlaska ha convencido a muchos españoles de que realmente hay mucho que ocultar en torno al 8M. Y es que muchas veces hacer lo correcto es también lo más inteligente.