Inconstitucionalidad de los pagos a cuenta del I.S.: suma y sigue

El Tribunal Constitucional, mediante su sentencia (STC) del pasado 1/7 -fecha en la que se divulgó una nota de prensa; no así el texto de la STC cuyo conocimiento se demoró hasta el 7/7-, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (IS) conforme al sistema introducido por el Real Decreto-ley 2/2016, de 30/9 y que, como tal, afectó a los realizados entre octubre/2016 y abril/2018.

La STC basa su fallo tan sólo en el indebido uso -abuso, habría de decirse- de la herramienta del Real Decreto-ley para modificar elementos nucleares de la obligación tributaria: i) la forma de cálculo de la renta gravada (resultado contable en los pagos a cuenta, versus la base imponible en el impuesto final), ii) el tipo impositivo aplicable, y iii) la cuantificación del importe a ingresar. Esta circunstancia, entiende el TC, ya le exonera de la necesidad de “entrar a conocer de la otra posible lesión también invocada (la del principio de capacidad económica del artículo 31.1.C.E.)” que, acertadamente, también había sido apuntada por la Audiencia Nacional en el Auto mediante el que acordó el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Esto supone que estaría abierta la posibilidad de atacar ese mismo sistema de anticipos del IS ya bajo la normativa vigente desde julio/2018 (que, como tal, no fue objeto de este litigio ahora resuelto).

La STC merece ser leída en detalle pues, más allá del sentido y concreto alcance de su fallo, aflora una serie de aspectos acreedores de una pausada reflexión que excede el concreto caso enjuiciado que, en esencia, era un nuevo sistema de pagos a cuenta que, tomando una magnitud (el resultado contable) de la capacidad económica diferente de la de la obligación principal (la base imponible), supuso un incremento muy sustancial -y no correlacionado con ésta- de las cuantías a anticipar. Tan es así que, pese a que las empresas afectadas por esa reforma fueran poco más de 9.000 -frente a un censo total de declarantes del IS superior a un millón y medio-, lo cierto es que el impacto de esa medida supuso un incremento contributivo por ese tributo del 17´9% que, según la propia AEAT, tenía en los pagos a cuenta su “principal componente”.

Como mero apunte clarificador de la distorsión generada por aquella reforma, obsérvese que la empresa cuyo pleito dio lugar a la cuestión de inconstitucionalidad ahora resuelta abonó como anticipo del IS más de 6´5 millones de euros, cuando de no haber operado aquel cambio normativo su desembolso lo habría sido por poco más de 300.000€; y, además, su cuota final del IS apenas fue el 10% de lo indebidamente anticipado. Todo un dislate que, además, en algún mediático caso incluso provocó que una empresa disconforme con este sistema de cálculo del pago a cuenta terminara sometida al escarnio público figurando en la vergonzante “lista de morosos”. En fin…

Ante el TC la Fiscalía General del Estado denunció -en claro contraste con la postura mantenida por la Abogacía del Estado- que “el pago a cuenta se ha convertido en un instrumento de financiación del Estado sin intereses (a tipo de interés “cero”) a costa de los sujetos pasivos, quienes se ven compelidos a procurarse la financiación necesaria para poder cumplir con su obligación a cuenta, con el consiguiente sobreesfuerzo y sobrecoste económico que ello conlleva, pese a la plena conciencia, propia y ajena, de la desmesura y significativa desproporción que tal exigencia comporta”. Esta observación es del todo oportuna, habida cuenta que hace apenas unos días un comunicado de la mismísima Presidencia del Gobierno se jactaba de que, en la “campaña de Renta/2019” ahora concluida, las declaraciones a devolver son el 68´6% del total. Es decir: que casi 7 de cada 10 declarantes del IRPF adelantan -¡gratis!- dinero al Estado durante un período que, en condiciones normales, oscilará entre los 5 y los 23 meses. Ya no es, por tanto, que como ha apuntado recientemente la Fundación Civismo, trabajemos hasta el 26/6 para sostener la “estructura pública” del “sistema” (o, lo que es lo mismo, que sólo desde el 27/6 trabajemos para nosotros mismos), sino que, además, somos prestamistas -sin retribución alguna- en masa de este mismo Estado (o CC.AA. o Ayuntamientos) que nos demanda medio año de nuestro esfuerzo personal.

En este punto es relevante destacar que, tal y como acertadamente -¡otra vez!- apunta la Fiscalía General del Estado en su escrito en favor de la estimación de la cuestión de inconstitucionalidad, el Tribunal Supremo “ha venido censurando (desde hace más de dos décadas) como contrarias al principio de capacidad económica del artículo 31.1 C.E., las situaciones en las que el abono anticipado no guardaba la debida relación con la renta real que se pretendía gravar”; señalando a este respecto las STS 7608/1993, 4956/1999, 4067/2000, 1662/2000, 2184/2000 o 7771/2002. Lo que, en palabras de la propia recurrente, supone que “más que sometidas a un deber de contribuir, las entidades afectadas se encuentran sometidas a un deber de financiación gratuita del Estado, que no hace sino provocar un enriquecimiento injusto de la Hacienda Pública”.

Y este punto -las tan reiteradas como estériles (su propia repetición así viene a acreditarlo) llamadas de atención del TS- es el que me parece de una gravedad extrema, pues entronca con el aspecto más frustrante -y por ello, precisamente, más destacable- de esta STC, que no es otro que la constatación de la cansina reiteración de estos episodios lo que, en última instancia, evidencia una grave -por estructural y no coyuntural- patología patria que no es otra que el obvio fracaso de los contrapesos, de los “checks and balances” necesarios para embridar los excesos de un poder -en este caso, el Ejecutivo; con el aval, vía convalidación, del Congreso- en el ejercicio -indebido, tal y como ahora ha quedado constatado- de sus funciones.

Abundo en esta denuncia trayendo a colación -ya así, a vuelapluma- varios antecedentes relativos a esta misma grave disfunción:

-. El Tribunal Constitucional (TC) “tumba” el IRPF.

-. Se declara inconstitucional la Disposición Adicional 4ª de la Ley de tasas.

-. El TC considera inconstitucional el recurso cameral permanente.

-. El “gravamen complementario” de la tasa del juego es inconstitucional.

-. El Tribunal de Luxemburgo (TJUE) declara contrarias a las disposiciones comunitarias las previsiones españolas sobre la deducción del IVA soportado previo al inicio de actividad.

-. El TJUE enmienda la plana a España acerca del efecto de las subvenciones sobre el IVA deducible.

-. El TJUE deja sin efecto el “céntimo sanitario” (IVMDH).

-. El TJUE recrimina a España por su tratamiento a los no residentes en el Impuesto sobre Sucesiones.

-. El TC declara inconstitucional el “arbitrio municipal de plusvalía” (IIVTNU).

-. El TC declarara la inconstitucionalidad de la “amnistía fiscal”.

Todos estos casos -y los futuros, que los habrá; y ahí está el maquiavélico modelo 720 para, más pronto que tarde, dar fe de ello- tienen en común un “tic”: la política de hechos consumados. Es decir, la recaudación en caliente de relevantes importes -siempre lo son para los afectados, sean éstos muchos o pocos-, con independencia de que finalmente tal gravamen sea arrumbado, bien por el TC o por el TJUE. Y es que, al igual que esa reiterada jurisprudencia del TS reprochando esa insistente práctica del abuso en el préstamo gratuito al Estado, en esos repetidos pronunciamientos del TC y del TJUE subyace un del todo agotador “día de la marmota”, con un agravante añadido: aquello indebidamente ingresado no sólo no es restituido en su totalidad sino que, además, ya para intentar que lo sea, los contribuyentes agraviados se ven obligados a transitar por un del todo penoso y largo peregrinaje… Prueba de ello es el calvario procedimental al que se ha sometido la devolución del IVMDH (“céntimo sanitario”, en el argot) que, más de un lustro después de la STJUE que lo declaró jurídicamente tóxico, aún colea en múltiples vericuetos administrativos y/o judiciales.

Es triste decirlo, pero desde mi particular y subjetiva perspectiva, ésta es para mí la preocupante enseñanza de estos del todo cansinos episodios. Vale, los pagos a cuenta del IS, tal y como se configuraron en 2016, son nulos…, ¿y? ¿A quién se resarce de aquél denodado esfuerzo financiero que miles de contribuyentes debieron afrontar para cumplir con aquella imperativa obligación de pago? Tan sólo a aquellos que no tengan ni una sentencia con efectos de cosa juzgada ni una situación administrativa consolidada…, amén de que por la vía de responsabilidad patrimonial sólo podrán aspirar a una indemnización los que cumplan los restrictivos términos de los apartados 4 y 5 del artículo 32 de la Ley 40/2015. Previsión legal que, por cierto, i) está siendo objeto de análisis por la UE por si, a su vez, generara -paradójicamente- una responsabilidad patrimonial al suponer el autoblindaje del poder Legislativo para lograr su impunidad; y ii) es llamativa, pues parece invadir esferas propias del TC y TJUE…

Sea como fuere, y concluyendo: la reciente STC del pasado 1/7 provoca, una vez más, una inmensa frustración pues viene a consolidar una pesada sensación de impotencia al apreciar cómo al Poder le salen gratis sus “deslices”, habida cuenta que ya no es que no haya una mínima asunción de responsabilidades políticas -¿o es que alguien ha salido a la palestra a pedir disculpas públicamente y yo no me he enterado?- sino que, además, el resarcimiento económico del daño causado llega tarde y mal (y eso, cuando llega). No minimicemos la trascendencia de esta patología pues tras ella se intuye que, en lugar de vivir en un Estado de Derecho que sustenta un Estado de bienestar, estemos instalados en el bienestar del Estado que, obviamente, es algo muy distinto; máxime si éste tiene la tentación de sentirse exonerado de sus propias obligaciones.

Y es que “el Estado, al legislar, (…) se impone también a sí mismo y a sus órganos legislativos la obligación de someterse a las leyes. (…). Liberar al Estado de la obligación de respetar el derecho que él mismo ha proclamado, destruiría la idea de derecho y, con ello, la idea de Estado” (Edith Stein). Pues eso.

#ciudadaNOsúbdito

Condiciones de la UE como oportunidad

Una versión previa de este artículo fue publicado en El Mundo y está disponible aquí.

 

Ahora que estamos debatiendo sobre las posibles condiciones para recibir unos 140.000 millones de euros de dinero europeo -entre transferencias y préstamos-, convendría que nos hiciésemos algunas preguntas. La primera es muy sencilla: ¿se imaginan ustedes lo que nos pasaría si no fuésemos un Estado de la Unión Europea, con la crisis que tenemos encima y el endeudamiento que arrastramos? La segunda es un poco más complicada: ¿por qué muchos españoles pensamos que es mejor que los países europeos nos ayuden pero condicionando estas ayudas económicas a un programa estricto de reformas estructurales que llevan lustros pendientes? Pues porque se trata de una oportunidad histórica de alinear los incentivos de nuestra clase política para emprender de una vez las reformas que necesita este país, lo que hasta ahora no ha sido posible tras el fracaso sin paliativos de la llamada nueva política, que se suponía venía a regenerar la política y las instituciones.

El diagnóstico sobre las reformas estructurales a realizar está hecho desde hace mucho desde la academia, la empresa, la sociedad civil y hasta en los programas electorales. Pero, por resumirlo (parafraseando a Angela Merkel), lo que necesitamos son políticas públicas más efectivas o, si se quiere, una mejor gobernanza de lo público. Parece difícil sostener que esto es antidemocrático. A mí lo que me parece poco democrático es pedir el dinero a nuestros socios sin condicionalidad alguna. Entre otras cosas, porque los países europeos llamados frugales, que son más renuentes a aprobar ayudas incondicionadas (Suecia, Dinamarca, Austria y el líder, Holanda), son democracias como la nuestra; incluso dos de ellos tienen gobiernos socialdemócratas.

El problema debe reenmarcarse: no se trata de un problema de norte contra sur; se trata de que sus electorados (como el nuestro) tienen sus prioridades y sus preferencias, a las que deben de atender sus representantes políticos si quieren seguir siéndolo. Pero es que, además, cualquier electorado -ya podía el CIS de Tezanos incluir este tipo de preguntas- prefiere políticas públicas eficientes y eficaces a políticas públicas caprichosas, despilfarradoras e ineficientes. Sean cuales sean las políticas públicas que se emprendan -y esa sí que es una cuestión de preferencias políticas-, lo mínimo que debemos esperar de nuestros gobernantes es que se basen en evidencias y datos, que estén bien diseñadas y que funcionen razonablemente bien. Y que, si no es así, se cambien.

Cabe también plantearse si el recibir dinero europeo sujeto a condiciones es un menoscabo a nuestra soberanía. Parece difícil sostenerlo cuando una estructura como la Unión Europea se basa precisamente en la cesión de soberanía por parte de los Estados miembros con la finalidad de conseguir unos objetivos de desarrollo económico, social e institucional que no estarían al alcance de muchos de ellos -por no decir de todos- por sí solos. Esto es especialmente evidente en una crisis provocada por una pandemia global. Pero, ¿equivalen las condiciones a los famosos y temidos recortes que tan amarga experiencia dejaron en la crisis anterior? Pues parece que esto depende fundamentalmente de las políticas de los gobiernos nacionales. A mi juicio, es precisamente la incapacidad de nuestros gobiernos (no solo del actual) de proponer reformas estructurales a medio y largo plazo en los periodos de bonanza económica lo que estuvo en el origen de los recortes antes y después del 2012, con el PSOE y con el PP. Probablemente ahora suceda lo mismo, a la vista de que se han vuelto a malgastar estos últimos años para emprender reformas que siguen estando pendientes: pensemos, por ejemplo, en la que requieren nuestras Administraciones Públicas.

La razón es que clientelismo político que reina en nuestro país sale caro cuando hay crisis y, además, es profundamente injusto. Recordemos el desastre de la politización de las cajas de ahorro que todos los partidos ocuparon alegremente para favorecer el clientelismo autonómico como si no hubiera un mañana. Lo hemos pagado muy caro entre todos los contribuyentes.

Lo mismo cabe decir de los recortes lineales a los funcionarios que también se sufrieron entonces y que, probablemente, se vuelvan a padecer ahora: su origen está en la falta de voluntad política para reformar con criterios rigurosos unas Administraciones Públicas muy envejecidas, con muy poca capacidad de adaptación, sobredimensionadas en cuanto a sus escalones inferiores y muy infradotadas en cuanto a sus escalones superiores. Un ejemplo: la edad media en la Administración General del Estado es de 52 años (la media de la población activa en España es de 42 años). Según datos del estudio El empleo público en España: desafíos para un Estado democrático más eficaz, solo se exige titulación superior en el 30% de sus puestos. Además, apenas un 2,4% de los trabajadores de la Administración estatal española ocupan puestos directivos. Por el contrario, un 24% pertenece a los servicios de restauración, personal, seguridad y ventas, casi el doble que en la UE.

Lo que ocurrió entonces puede volver a suceder ahora si no somos capaces de presentar proyectos creíbles de reformas serias y a medio plazo, de esas que no les gustan nada a los políticos populistas y/o cortoplacistas. Y, si no reformamos con rigor nuestro sector público, acabaremos haciendo recortes lineales con los que, como siempre, pagarán justos por pagadores, es decir, la sanidad y la educación para mantener las muchas formas clientelares de despilfarrar el dinero público que hay en España.

El reto y la oportunidad que tenemos delante es aprovechar esta ocasión excepcional para poner orden en nuestras instituciones y en nuestras políticas públicas. Una ocasión parecida se presentó con la entrada en España en la Unión Europea, allá por los años 80. Y se aprovechó. Ahora no solo se trata del mercado laboral o de la sostenibilidad del sistema de pensiones, o de la baja productividad de nuestra economía; se trata de todas y cada una de nuestras instituciones. La desastrosa gestión de la pandemia ha puesto de relieve, una vez más, muchos de los sempiternos problemas que llevamos décadas arrastrando: politización de las Administraciones Públicas, falta de profesionalización en la dirección pública, falta de capacidad de gestión, falta de capacidad de tratamiento de datos, falta de digitalización, falta de perfiles adecuados para una Administración del siglo XXI, ocupación clientelar del sector público con especial mención de los organismos reguladores, falta de separación de poderes… En fin, el diagnóstico lleva mucho tiempo hecho.

Pero hay que ser conscientes de que las resistencias para realizar reformas de este tipo han sido siempre muy grandes. Y no solo por parte de la clase política, sino también por parte de un sector del sector público (el más sindicalizado) muy confortable con este estado de cosas. Por no hablar de unos agentes económicos que pueden campar a sus anchas por ministerios, consejerías, concejalías y organismos reguladores pobladas por pocos profesionales y muchos políticos, lo que conlleva poco criterio sobre el diseño de las políticas públicas y poco músculo para implantarlas. El lamentable episodio de la operación bicho de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid no es una excepción, sino una manifestación más de lo que sucede cuando una Administración carece de una dirección pública profesional y se guía por ocurrencias. Se convierte en la meca de los conseguidores y los vendedores de elixires mágicos. Quizá ahora la opinión pública empiece a ser más consciente de lo que supone este deterioro institucional en términos de bienestar económico y social, e incluso de salud.

¿De verdad creemos que la buena gobernanza no importa? Pues miremos las cifras de la pandemia y la correlación entre el deterioro institucional y el exceso de muertes sobre las habituales. Como era esperable, los países que lo han hecho peor en el mundo desarrollado (Reino Unido, Italia, Bélgica y España) por haber tenido la mayor incidencia de exceso de mortalidad por millón de habitantes tienen algo en común, y no es la demografía, la geografía o la situación del sistema sanitario. Lo que tienen en común es que son los países que más puestos han descendido en los rankings de efectividad del gobierno del Banco Mundial en los últimos años. Por cierto, Portugal, que lo ha hecho mucho mejor que nosotros todos estos años, ha ido escalando puestos en ese mismo ranking. Esto no debería sorprender a nadie. Y no está de más añadir que las condiciones impuestas en el rescate que sufrió en la crisis anterior en cuanto a reformas institucionales y de las Administraciones Públicas le han dado un gran empuje. Pero también hay otras que han adoptado sin necesidad de incentivos externos, como la de la educación. Ahora es un ejemplo a seguir.

En definitiva, el prolongado deterioro de la función pública y su creciente debilidad ante las presiones políticas (ahí tenemos el caso del doctor Simón para ejemplificarlas) nos ha llevado a una situación en la que se reduce sustancialmente la capacidad del gobierno para adoptar medidas efectivas en el ámbito de las políticas públicas, incluso en el supuesto de que fuera capaz de diseñarlas adecuadamente sobre el papel.

Recientemente, he tenido ocasión de participar en un manifiesto liderado por Francisco Longo que propone las medidas que habría que adoptar, bajo un título muy expresivo: Por un sector público capaz de liderar la recuperación. Porque pensar que podemos hacer buen uso del dinero europeo sin buenas instituciones públicas es, sencillamente, ciencia ficción. No tiremos esta oportunidad única al basurero de la historia como hicimos en la crisis anterior. Si no, serán muchos los que empiecen a dudar de la propia capacidad de los sistemas democráticos para garantizar los bienes más básicos a sus ciudadanos, empezando por la salud.

Persuasión en blogs jurídicos y artículos doctrinales sobre una sentencia polémica

Los juristas escriben para convencer. Al juez, al jurado, a su cliente, a la opinión pública. Y para conseguirlo se basan en el poder de las palabras. Dependiendo del medio en el que escriban, los juristas pueden utilizar diferentes estrategias de persuasión.

Como a un abogado y a dos lingüistas nos pareció interesante estudiar la persuasión en blogs jurídicos y en artículos doctrinales, lo hicimos con motivo de una sentencia polémica y hemos publicado un artículo académico titulado «Estrategias retóricas de persuasión en Blogs Jurídicos (Blawgs) y Artículos Doctrinales» en la revista Discurso & Sociedad (volumen 14[2], 2020), y que puede verse aquí.

Los tres autores formamos el equipo de trabajo JANO. Este proyecto tiene dos caras (la lingüística y el Derecho) y pretende aportar propuestas para mejorar el lenguaje jurídico. Los doctores Jiménez-Yáñez y Giner son lingüistas (en la UIC-Barcelona y la Universidad San Jorge, respectivamente) y Pablo Franquet es socio del despacho Fieldfisher-Jausas.

Los blogs jurídicos ofrecen un análisis y comentario profesional y, a veces, personal de decisiones judiciales destacadas y de otros asuntos jurídicos. Por otro lado, los artículos doctrinales muestran un análisis más exhaustivo por parte de académicos y profesionales de la disciplina legal.

El objetivo de nuestro estudio era el análisis empírico exploratorio y comparativo de la posición de los autores de un corpus de blogs jurídicos (blawgs) y de artículos doctrinales (al final de este artículo ofrecemos las entradas y los artículos estudiados), con respecto a una polémica sentencia que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las llamadas «cláusulas suelo» en préstamos hipotecarios.

Para analizar la posición de los autores, nos centramos en el enfoque del metadiscurso y la teoría de la Valoración. Pero no nos detendremos en exponer en qué consisten estos enfoques. Sí que mostramos las tres estrategias retóricas de estos enfoques que se analizan en el estudio.

En primer lugar, los enfatizadores. A través de estas expresiones el autor muestra su fuerte compromiso con los contenidos que transmite en su texto. Ponen el foco en una parte de la frase, que es la que le interesa particularmente para apoyar su conclusión. En segundo lugar, los mitigadores expresan los distintos grados de probabilidad o certeza que el autor concede a la proposición. Es decir, al contrario que los enfatizadores, los mitigadores suavizan una parte del mensaje con el fin de modular el tono. Así, el autor se protege de posibles críticas frente a un enunciado que podría ser demasiado tajante de otra manera. Por último, los marcadores actitudinales señalan una actitud de sorpresa, acuerdo, importancia, obligación o frustración sobre el contenido de los enunciados, esto es, la actitud del autor ante el contenido proposicional. Normalmente son adjetivos o expresiones valorativas que exponen la opinión del autor más explícitamente.

En el estudio realizado se analizan y se comparan los enfatizadores, («deber», «haber que», «tener que», «claramente», «obviamente»…), mitigadores, («puede que», «quizá», «probablemente», «es probable que»…) y marcadores actitudinales, («lamentablemente», «preferir», «estar de acuerdo», «es lógico», «por desgracia»…) que utilizan los autores con el fin de persuadir a la audiencia de su opinión, como profesionales y expertos en el campo, en un corpus de diez entradas de blawgs (blogs jurídicos) y de diez artículos doctrinales.

Además, hemos empleado en este estudio algunas técnicas de la Lingüística de Corpus, dentro de los Estudios del Discurso Asistido por Corpus. El lector del blog de la Fundación «Hay Derecho» puede desconocer qué es la Lingüística de Corpus. Este es un enfoque metodológico (no es una rama de la Lingüística) que permite el estudio con tecnología computacional de textos almacenados electrónicamente.

Imagine el lector que debe leer y analizar siete informes de un total de 200.000 palabras. El trabajo de lectura y análisis sería ingente y supondría dedicar horas y horas. En cambio, con la tecnología computacional de la Lingüística de Corpus el investigador puede saber, por ejemplo, antes de leer los textos, cuáles son las palabras clave, es decir, los términos estadísticamente relevantes de los informes y puede obtener una idea de cuáles son las líneas maestras de los textos. Después, hay que leer y analizar los textos, pero el investigador ha ahorrado tiempo de análisis. O también estudiar el uso de una palabra en los informes que quiere estudiar. Una de las técnicas que ofrece ese enfoque metodológico es la concordancia, es decir, la observación de la palabra en su contexto. Vea el lector la concordancia de la palabra «abusiva» en los blogs jurídicos analizados:

 

De vuelta al artículo académico señalado, hemos percibido el uso equilibrado de estas estrategias retóricas analizadas, tanto en las entradas de los blawgs como en los artículos doctrinales, pero con una presencia mayor de los marcadores actitudinales en estos últimos. Otra observación digna de mencionar, sobre todo en el caso de los blawgs, es la proliferación de combinaciones de estas estrategias.

A modo ilustrativo, incluimos los siguientes ejemplos extraídos de blogs jurídicos. Hemos marcado los enfatizadores en negrita, los mitigadores en cursiva, y los marcadores actitudinales en MAYÚSCULA. Recordamos que los enfatizadores remarcan una parte del mensaje, mientras que los mitigadores lo suavizan y los marcadores actitudinales expresan una valoración subjetiva del autor, a menudo a través de un adjetivo. Por ello, es común encontrar que un punto de vista se acompaña de un adjetivo valorativo o que un mensaje se mitiga al principio con el objetivo de modular el tono, aunque posteriormente se refuerza para darle más peso, que es lo que realmente se pretende para justificar la conclusión del autor:

  • Por ello la única solución RAZONABLE ahora es la revisión por el mismo TS de esa jurisprudencia, reconociendo que tomar atajos no sirve en un Estado de Derecho. (MITIGADOR CONTEXTO-RESTRICTIVO)
  • Puede merecer crítica jurídica, y así me lo parece, el hecho de que para construir la ABUSIVIDAD de una cláusula suelo, no pudiendo acudirse a su ABUSIVIDAD intrínseca o per se (que no es declarada por el TS), se articuló un segundo control de ABUSIVIDAD más allá del propio de incorporación de condiciones generales, que la Ley no contemplaba; pero si la consecuencia de la ABUSIVIDAD es la nulidad de pleno Derecho, salirse de esa regla clara e imperativa en nuestro Derecho, podría suponer algo así como “compensar errores”, en términos de arbitraje futbolístico. (PARA ABRIR CAMINOS RETÓRICOS ALTERNATIVOS)
  • Como se ve, y PARA LIMITAR LOS “DAÑOS” DE SU IMPRUDENCIA, el Tribunal Supremo, ARMADO DE ARROGANCIA, se autoatribuyó la facultad de limitar los efectos de sus sentencias […]. La nulidad de pleno derecho, en España, tiene carácter retroactivo y de eso no tiene duda nadie. Es una obviedad. (ENFATIZADORES ACTITUDINALES)
  • La sentencia del TJUE es lógica y correcta y SUPONE UN REVOLCÓN a nuestro Alto Tribunal. Y es realmente LAMENTABLE pero, por desgracia, se veía venir.

Decíamos en el inicio que los juristas pueden utilizar diferentes estrategias de persuasión.  Esperamos que este estudio haya servido para que sean conscientes de las estrategias propuestas y mejoren su retorica discursiva y, por tanto, la capacidad persuasiva del texto.

 

ANEXO: ENTRADAS Y ARTÍCULOS ANALIZADOS

La Constitución en la pandemia, ¿papel mojado?

Una situación tan grave y relativamente sobrevenida como es la mayor pandemia mundial sufrida el último siglo supone un reto para todos los países, también en el ámbito legal y en la defensa de los derechos y libertades. La pandemia y el riesgo de contagio llevan a los Gobiernos y autoridades a regular el ejercicio de los derechos fundamentales en un régimen de excepcionalidad que justifica ciertas decisiones, pero esto mismo debe llevar a doblar el control a los Gobiernos, tanto por parte del poder legislativo y judicial como de la propia ciudadanía, o de lo contrario se producirán abusos de poder.

No sólo se producen abusos de poder en los regímenes iliberales, las Democracias también se están resintiendo durante la Pandemia y España no es una excepción. Desde hace cuatro meses, diversas medidas tomadas por los Gobiernos centrales y autonómicos han llegado al límite, y lo han sobrepasado, del marco constitucional.

El domingo 12 de julio se celebrarán las elecciones en Galicia y País Vasco, aplazadas hace cuatro meses, en las cuales las respectivas administraciones impedirán ejercer su derecho al voto a parte de los ciudadanos. Los respectivos gobiernos autonómicos han indicado que personas que hayan dado positivo por covid-19 en las últimas dos semanas, o tengan pendiente el resultado de las pruebas no podrán acudir a votar.

La ley 3/1986 de Medidas especiales en Materia de salud pública, en su artículo 3, contempla la posibilidad de tomar las medidas oportunas para el control de enfermos con enfermedades transmisibles. En la aplicación de cualquier ley debe imperar siempre el principio de proporcionalidad. Aunque tanto las causas como las posibles medidas son a propósito ambiguas, es razonable pensar que se puede impedir a un infectado acudir a un centro electoral y poner en riesgo la salud pública. Lo que es mucho más dudoso es que exista proporcionalidad al impedir a estas personas ejercer su derecho al voto sin alternativa posible. Que las autoridades no hayan tomado las medidas necesarias para permitir el ejercicio de un derecho fundamental tras cuatro meses de pandemia, es algo que afecta seriamente al sistema democrático.

Toda persona que lo desee, debe poder ejercer su derecho al voto y las autoridades deben hacerlo posible, especialmente en los casos donde ellos han impedido el ejercicio de este derecho de la forma ordinaria. El voto por correo con las medidas oportunas debería ser la solución menos mala, ya que tras cuatro meses de pandemia no se han desarrollado alternativas tan viables como el voto electrónico. Que esta situación, tras cuatro meses de pandemia y el aplazamiento de esas mismas elecciones sea sobrevenida es discutible. Que la existencia de situaciones, en abstracto, que puedan dificultar el ejercicio de un derecho fundamental como es el voto, y la necesidad de articular alternativas por parte del legislador, no lo es.

La ley mencionada otorga la capacidad a los Gobiernos de tomar las medidas que consideren oportunas con control judicial a posteriori, lo cual no impide que estas puedan y deban ser criticadas al carecer absolutamente de proporcionalidad. No sólo se impide la asistencia al centro, algo comprensible, sino que al no ofrecer ninguna alternativa, impide ejercer un derecho fundamental como es el voto.

Estas cuestiones no deberían coger de imprevisto a unos dirigentes que hace cuatro meses suspendieron las elecciones por la pandemia aún hoy presente. La decisión de aplazar las elecciones fue a todas luces inconstitucional. La Constitución no contempla aplazar las elecciones, tampoco por la existencia del Estado de Alarma. Es completamente razonable defender que las elecciones no podían celebrarse dadas las condiciones, menos comprensible es que el legislador no haya previsto ninguna solución constitucional tras cuatro décadas de democracia, especialmente cuando el debate no se da ahora por primera vez, sino que ya surgió con el 11M.

Se hizo lo único que se podía hacer, con el consentimiento de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía, se saltó la Constitución aplazando las elecciones en Galicia y País Vasco. Violar la Constitución de forma tan clara, incluso en tales circunstancias, debería llevar a tomar conciencia del grave fallo institucional que ha llevado a tal situación y abrir un debate, de forma inmediata, sobre su solución. En lugar de eso, se dio por bueno que los políticos pudieran saltarse sin más la Constitución de forma tan grave, sin que tal hecho generase debate alguno ni propuestas de reforma.

Que hoy algunos vuelvan a poner sobre la mesa el aplazamiento de las elecciones sin que se hayan tomado medidas tras un hecho tan grave, por mucho que fuera necesario, y que otros acepten sin más la limitación de un derecho fundamental como es el voto, pone en relieve un riesgo que va mucho más allá de las situaciones concretas. Si el miedo a la pandemia nos lleva a permitir que se violen derechos y libertades, así como normas constitucionales sin ninguna consecuencia, lo que está en peligro es la propia Democracia.

Vuelta a la actividad lectiva en septiembre en la enseñanza: problemas que se arrastran

En dos meses los niños y adolescentes deberán –deberían- volver al colegio y al instituto. Es decir, la Enseñanza y la Educación deberían volver a ponerse en marcha tras tres meses y medio de parón total, establecido en un momento, el 13 de marzo, en el que ni siquiera se sabía la evolución y trayectoria de la pandemia. En total habrán estado 5 meses y medio separados de sus contextos educativos, de sus profesores, de sus compañeros y grupos de socialización, de sus aprendizajes, de sus deportes y juegos, de sus clases de recuperación, de sus psicólogos. Un total disparate. Y no lo calificamos así nosotros únicamente; un grupo de 100 médicos belgas así lo ha planteado, ateniendo a los efectos sobre la salud mental de los niños (y estos se referían solo al primer periodo de tres meses y medio).

¿Qué se ha hecho en este tiempo para preparar el escenario de la vuelta a clase, o los posibles escenarios, en función de la situación en septiembre próximo?

Prácticamente, nada concreto. Pensemos que hay varios equipos de “expertos”, políticos, grupos de debate, trabajando en la vuelta a la normalidad, y a lo más que se ha llegado es –tras varios pasos adelante y atrás por parte del Ministerio de Educación y Formación profesional – a decidir 1) las distancias entre niños  –primero dos metros, luego 1,30, luego 1 y finalmente parece que ninguno; 2) el tener que llevar o no mascarillas –primero sí, luego no–; 3) la decisión sobre el número de alumnos por clase –primero grupos de 10, luego de 15  (la mitad de la clase presencial y la otra mitad a distancia)-  y ahora, ante las demandas de los sindicatos y profesores de la necesidad de mucha mayor financiación para contrataciones, 4) se ha decidido que prácticamente se seguirá como se estaba (obviamente con mayor cuidado y limpieza). Todo esto, en el nivel funcional u operativo.  Es decir el más básico, y para el que en realidad no hay más que seguir las indicaciones de sanidad.

En el nivel legislativo, se ha seguido tramitando la Lomloe en pleno periodo de alarma, lo cual no parece muy lógico, y se está tramitando ya en el parlamento, con gran disgusto de algunos grupos parlamentarios que, como el PP, pretenden presentar una enmienda a la totalidad. Mal comienzo para una ley que sería la novena en pocos años: LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE (nunca se aplicó), LOE, LOMCE (Wert) y ahora LOMLOE.

No vamos a entrar aquí en aspectos que consideramos muy conflictivos y objeto de enormes debates y diferencias ideológicas, y por tanto desacuerdos y sectarismos (no por no querer tratarlos, sino porque requieren una profundidad de análisis que iría más allá de un breve post). Entre estos, no consideraremos pese a su importancia el concepto de libertad de enseñanza, la libre elección de centro, la demanda social de un tipo u otro de educación, su anclaje en la Constitución, la educación pública versus concertada y el mantenimiento (aunque sea de manera optativa) de la enseñanza de la religión. Sin embargo, sí apuntaremos a lo que a nuestro modo de ver sería indispensable y se está pasando por alto.

  1. ¿Qué modelo educativo queremos para nuestro país? Modelo en cuanto a concepción pedagógica de la enseñanza/ aprendizaje en función de las distintas edades del niño y el contexto actual.
  2. ¿Qué tipo de evaluación de los aprendizajes queremos y en qué fundamento filosófico y/o científico lo basamos?
  3. ¿En qué valores – cívicos, éticos, y otros- hay que educar?
  4. ¿Qué tipo de instrucción debemos proporcionar en un mundo absolutamente digital?

Este sería el momento, ante una nueva ley educativa, de plantearse a fondo estas preguntas, pero seguimos midiendo las posibles distancias entre pupitres, comparando las mascarillas y decidiendo si las clases se darán en el patio, en el comedor o en el gimnasio. O si, como ha dicho la Ministra, se comerá en las clases. Son aspectos funcionales sin duda importantes, pero muy lejos de lo que debería ser un verdadero debate educativo.

En una televisión privada, Josep María Francás ha dicho, literalmente, que somos el hazmerreír educativo del mundo. No voy a evaluar ese juicio tan duro. Pero lo que es real es que estamos en unos niveles de mediocridad, de desconcierto, de falta de competitividad, de improvisaciones y de desigualdades – no solo sociales, sino también entre las 17 CCAA- alarmantes, que el actual parón no ha hecho más que aumentar.

¿Se evaluarán en algún momento las consecuencias a todos los niveles de estos casi 6 meses sin clase? ¿Por quién, cómo y cuándo?

El volumen de regulación en España y sus consecuencias económicas

Las administraciones públicas han buscado siempre el objetivo de “legislar mejor”. En el caso de España, cabe citar el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, que regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Esa disposición persigue que el ordenamiento sea proporcional y adecuado y plantea incluso si la mejor solución a un problema es la redacción de una nueva norma. En la misma línea, cabe mencionar las iniciativas de la Comisión Europea (“Legislar mejor: directrices y herramientas”).

En otras palabras, se busca que el marco normativo sea lo menos “complejo” posible. Una de las facetas de la “complejidad” es que el volumen de la regulación pueda ser excesivo. Se hablaría, por tanto, de un problema de «forma» y no de «fondo» (o de contenido). En este contexto, parece legítimo preguntarse si la cantidad de normativa en España y de cada una de sus administraciones es alto o bajo y cuál ha sido su evolución.

Si contabilizamos todas las normas de la Administración Central (como las leyes orgánicas, los decretos-leyes, etc.), las normas de las CCAA (leyes regionales, decretos legislativos regionales, etc.) y la regulación local (a nivel provincial y municipal, incluyendo decretos forales, ordenanzas municipales, etc.) se llega a un cómputo de 364.267 normas publicadas en el período democrático (1979-2018). La suma de nueva regulación de todas las Administraciones ascendió a 11.737 nuevas normas en 2018, un cómputo alrededor de cuatro veces superior a la cifra de 1979 (3.012 normas). En otras palabras, el cómputo total ha ido en aumento.

Junto a ello cabe recordar que, durante este período, como resultado del proceso autonómico, el número de Administraciones con capacidad de aprobar normativa con rango de ley se ha ampliado. Es también interesante, por tanto, analizar la dispersión o disgregación de la regulación. Así, se puede concluir que el peso de las distintas administraciones en la aprobación de normativa ha cambiado de forma importante desde 1979. Entonces, la Administración Central aprobaba un 88,6 % de las nuevas normas (frente a las administraciones autonómicas, con un 11,3 %), pero en 2018 los pesos se habrían invertido (el 14,7 % correspondería a la Administración Central, y un 71,8 %, de la autonómica). Junto a ello, la regulación local habría ido en aumento, hasta alcanzar un peso similar al de las normas de la Administración central). El gráfico 1 representa la “producción” normativa por cada nivel de la administración, calculando su peso (%) sobre el total. La normativa regional tiene un peso de entre el 60 % y el 80 % anual de toda la producción desde la consolidación del Estado de las Autonomías. La información básica para la construcción de las series se ha obtenido del directorio legal Aranzadi.

 

Gráfico 1. “Producción” normativa de cada nivel de la administración (% del total)

Fuente: Mora-Sanguinetti (2019)

 

El volumen de regulación no solo resulta de interés desde un punto de vista jurídico. También debe ser estudiado desde el punto de vista del análisis económico por los siguientes dos motivos. Por un lado, las empresas vulneran con mayor probabilidad normas que no conocen o sobre las que tienen dudas de su vigencia [véanse los estudios de Bardhan (2002) o Di Vita (2017)]. Por otro lado, distinta regulación (por ejemplo, la proveniente de diversas regiones o provincias dentro de la economía española) podría implicar discontinuidades de mercado reduciendo su tamaño. Esto afecta al potencial crecimiento de las empresas y a sus ganancias por especialización. La complejidad normativa se relaciona más en general con problemas de coordinación. La preocupación por la fragmentación del mercado, con el consiguiente obstáculo para la circulación de bienes o servicios, tiene, de hecho, carácter constitucional (artículo 139 de la CE).

Para España, se encuentra que la complejidad de la regulación (aproximada por su cantidad y fragmentación) se relaciona negativamente (y de forma significativa) con el volumen total de empresas. Un incremento de un 1 % en el volumen de regulación se relaciona con un 0,05 % menos empresas. También se relaciona negativamente con el capital de las empresas entrantes (con una reducción superior al 1,4 % en el capital coincidente con un incremento del 1% de regulación).

 

NOTAS

Las opiniones y las conclusiones recogidas en este artículo representan las ideas del autor, con las que no necesariamente tiene que coincidir el Banco de España o el Eurosistema.

La información y conclusiones recogidas en esta entrada pueden ser ampliadas consultando el Documento de Trabajo 2020 del Banco de España, disponible aquí, así como en el artículo “How does regulatory complexity affect business demography? Evidence from Spain” publicado en European Journal of Law & Economics y disponible aquí (ambos publicados junto a Ricardo Pérez-Valls). También puede encontrarse en el Dossier Thomson Reuters “Producción normativa, mercado de la abogacía y litigación en España” (Mora-Sanguinetti, 2019).

Criterio “provida” del TEAR de Valencia: Las familias con dos hijos, y el tercero en camino, pueden acceder a los beneficios fiscales de las familias numerosas

La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las Familias Numerosas, es la que establece el concepto de familia numerosa, y las distintas categorías existentes. Y es a dicha normativa a la que se remiten las distintas legislaciones estatales, autonómicas o locales, que reconocen algún tipo de beneficio (fiscal, o de cualquier otra índole), para estas familias numerosas.

CÓMPUTO DE HIJOS PARA SER FAMILIA NUMEROSA: ¿CUÉNTAN LOS CONCEBIDOS Y NO NACIDOS?

Dispone el artículo 2.1 de la referida Ley 40/2003 que “A los efectos de esta ley, se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes.” A continuación, el artículo detalla otros supuestos que la normativa equipara a las familias numerosas.

La duda, sin embargo, se plantea en relación con los hijos concebidos, pero no nacidos. De la lectura del precepto trascrito, podría pensarse que dichos hijos quedan excluidos del cómputo para determinar la existencia de una familia numerosa.

Sin embargo, el tema no queda tan claro si se acude al Código Civil. En concreto, dispone su artículo 29 que “El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente.” Por su parte, el artículo 30 dispone que “La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.”

“El concebido se tiene por nacido…” Con esa sencilla expresión, el Código Civil reconoce a los no nacidos los mismos efectos favorables que a los ya nacidos. Y ello, siempre que finalmente nazcan con vida, y enteramente separados del seno materno.

Ello ha llevado al Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia a declarar, en dos resoluciones de 4 de junio, que “este Tribunal defiende que a familias en las que uno de los miembros es un concebido no nacido, como la legislación civil toma al concebido por nacido para todos los efectos que le sean favorables, les resulta de aplicación el tipo reducido, condicionado a que el concebido no nacido nazca con las condiciones del artículo 30 del Código Civil, consolidándose en ese momento el beneficio provisionalmente aplicado”.

Las resoluciones estiman las reclamaciones que he tenido el honor de interponer y dirigir. Y son un gran ejemplo de cómo el Derecho Civil es una materia trasversal, que tiene implicaciones en cualquier rama del Derecho.

Pero, ¿en qué se basa el TEAR para llegar a dicha declaración?

EL CASO PLANTEADO POR EL CONTRIBUYENTE

El caso resuelto por el TEAR se refería a un contribuyente que adquirió su vivienda habitual formando parte de una familia integrada por él mismo, su esposa, y dos hijos pequeños. No obstante, ésta última se encontraba en estado de gestación del tercer hijo, que acabó naciendo vivo, y enteramente separado del seno materno, pocos meses después.

Dicho contribuyente se aplicó, al adquirir la vivienda y formalizar el préstamo hipotecario, los tipos reducidos previstos por aquel entonces (2014) en la Comunidad Valenciana, tanto en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), como en el de Actos Jurídicos Documentados (AJD). En concreto se aplicó un tipo del 4% en el ITP, y del 0,10 en el AJD. Y ello, respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13.Cuatro.2 y 14.Uno de la Ley 13/1997, en su redacción vigente para el ejercicio de 2014.

La Administración comprobó las autoliquidaciones presentadas, y dictó dos liquidaciones aplicando los tipos impositivos ordinarios, tanto en ITP como en AJD. Así, se reclamó al contribuyente algo más de 16.000 euros. Y ello, por considerar que, cuando adquirió la vivienda y se formalizó el préstamo hipotecario, no formaba parte de una familia numerosa, al no haber nacido todavía el tercer hijo. Lo curioso del caso es que, cuando se llevó a cabo la comprobación tributaria, dicho tercer hijo ya había nacido, vivo, y totalmente separado del seno materno, no siendo ya discutible la condición de familia numerosa.

Ambas liquidaciones fueron recurridas ante el TEAR de Valencia, que finalmente ha estimado las reclamaciones interpuestas, anulando las liquidaciones impugnadas.

ANTECEDENTES DE PROTECCIÓN DE LA GESTACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: LA LEY 6/2009, DE 30 DE JUNIO

Cierto es que, en 2014, cuando el contribuyente compró la vivienda y formalizó el préstamo hipotecario, estaba vigente en Valencia la Ley 6/2009, de 30 de junio, de Protección a la Maternidad. Dicha Ley, en su artículo 3.1 disponía que “La promoción de los derechos y libertades constitucionales y civiles sobre los que se asienta la dignidad de la mujer gestante, la protección institucional de sus derechos, así como la del derecho a la vida en formación, el fomento de la maternidad y paternidad responsables y, en su caso, el derecho de los hijos a desarrollarse en un ámbito familiar alternativo al biológico cuando este no sea en absoluto propicio, y la consiguiente promoción de la acogida y la adopción como alternativas eficaces y reales para permitir a la madre gestante seguir adelante con el embarazo, constituyen un principio rector de la política social y económica de la Comunitat Valenciana.”

Entrando ya en el terreno práctico, su artículo 22 declaraba, a efectos de los baremos y puntos para la admisión de alumnos en los centros escolares que “En los procesos de admisión de alumnos de centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos, los alumnos cuya madre se encuentre en estado de gestación, se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nuevo hermano o hermanos, en el caso de gestación múltiple.

Para la justificación de dicho extremo, tendrá que aportarse certificación médica que acredite el embarazo en el momento de la presentación de la solicitud de escolarización.”

Por ello, siendo la protección de los derechos de la mujer gestante, y el derecho a la vida en formación, principios rectores de la política social y económica de la Comunitat Valenciana, no tenía mucho sentido que las previsiones de la Ley 6/2009 no pudieran extenderse a algo tan vital para las familias numerosas, como el acceso a la vivienda.

El problema es que la Ley 6/2009 fue derogada en 2017, por lo que una interpretación que solo se basara en dicha normativa autonómica, apenas tendría efectos prácticos para las familias numerosas. Por ello, es sumamente importante que las resoluciones del TEAR se basen, fundamentalmente, en el Código Civil, y en la presunta vulneración del artículo 39 de la Constitución Española. De esta forma, el criterio fijado por el TEAR tiene alcance general, y es extensible a los beneficios fiscales aprobados para las familias numerosas, por cualquier Administración tributaria.

¿EN QUÉ SE BASA EL TEAR DE VALENCIA?

El TEAR de Valencia no ignora la normativa autonómica. De hecho, el Tribunal recuerda que “la protección del nasciturus no es ajena a la Generalitat Valenciana, que considera al concebido no nacido como integrante de la unidad familiar en la Ley de Protección a la Maternidad”.

Sin embargo, se trata de un fallo basado, principalmente, en el Derecho Civil. En concreto, en los artículos 29 y 30 del Código Civil, antes trascritos. Por ello, una vez corroborado que el tercer hijo nació vivo, y enteramente separado del seno materno, el TEAR realiza esta contundente declaración: “Que el tipo reducido no se aplique a familias numerosas en las que, en el momento del devengo, el tercer miembro es un concebido no nacido que posteriormente nace vivo y vive enteramente desprendido del seno materno, va, a juicio de este Tribunal, en contra del derecho a la protección de las familias, no siendo una interpretación favorable al concebido no nacido, en un contexto actual y en una interpretación teleológica y acorde a las circunstancias en las que la norma tiene que ser aplicada.”

El TEAR también considera vulnerado el artículo 39 de la Constitución Española. Dispone dicho precepto que “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.” Y se remite a la sentencia del Tribunal Constitucional de 27-4-2015 (recurso 3303/2013), según la cual “Una vez que el legislador ha optado por garantizar la protección económica de las familias numerosas mediante la aplicación de un tipo reducido por la adquisición de su vivienda habitual, los órganos judiciales en su aplicación no pueden interpretar las disposiciones legales de un modo incompatible con la Constitución, cuando es posible otra interpretación alternativa sin violentar la letra de la ley”.

Por ello, concluye el TEAR que “una interpretación literal de la norma que regula el beneficio fiscal, como la que hace la Administración, conduce a una situación jurídicamente desproporcionada, excluyendo del beneficio a familias que de nacer el hijo que está en camino en el momento de la adquisición serán familia numerosa.”

EFECTOS DEL CRITERIO DEL TEAR

Es evidente que esta interpretación del TEAR abre la puerta a que aquellas familias que en su día no pudieron disfrutar de algún beneficio fiscal, por no ser consideradas entonces “numerosas”, soliciten la rectificación y devolución de ingresos indebidos en relación con las autoliquidaciones presentadas en los últimos cuatro años. Y lo mismo ocurre en el caso de que el nacimiento del hijo suponga una modificación en la categoría de familia numerosa, y un mayor beneficio fiscal.

Y ello, no solo en la Comunidad Valenciana. La interpretación “provida” de los artículos del Código Civil abre también la puerta a solicitar idénticas devoluciones en el resto de Comunidades Autónomas.

Eso sí, lo aconsejable es solicitar la devolución cuando ya se haya confirmado el nacimiento del hijo, vivo, y separado del seno materno. Es decir, cuando esté plenamente acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 30 del Código Civil.

Por otro lado, y aunque la resolución se refiera a un supuesto de compra de vivienda habitual, considero que también sería extrapolable a cualquier otro beneficio fiscal previsto para las familias numerosas. No obstante, habría que analizar en cada caso la procedencia de la devolución.

El Tribunal Constitucional pone límites al concepto de “orden público” en la anulación de los laudos arbitrales

El Tribunal Constitucional (Sala 1ª), en Sentencia de 15 de junio de 2020 de la que ha sido ponente la Magistrada Doña María Luisa Balaguer Callejón, ha decidido estimar el recurso de amparo planteado y, en consecuencia: ha declarado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE de los demandantes de amparo; restablece a los recurrentes en sus derechos y, a tal fin declara la nulidad de las resoluciones judiciales, todas ellas dictadas por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el procedimiento de nulidad de laudo arbitral 63-2016; y retrotrae las actuaciones al momento anterior al dictado de la primera de las resoluciones anuladas para que por el órgano judicial se resuelva de forma respetuosa con los derechos fundamentales de los actores cuya vulneración se declara.

La importancia de esta Sentencia radica, en primer lugar, en que interpreta el concepto de “orden público” acotándolo en sus justos términos y no haciendo, como declara la Sentencia, un ensanchamiento de él como realizan las resoluciones judiciales impugnadas; y, en segundo lugar, porque se pronuncia claramente respecto a que la acción de anulación contra un laudo “debe ser entendida como un proceso de control externo sobre la validez del laudo que no permite una revisión del fondo de la decisión de los árbitros”.

El asunto trae causa de un contrato de arrendamiento de vivienda sometido a arbitraje institucional, en el que los arrendadores instaron el arbitraje alegando el impago de rentas. El laudo, estimatorio de la demanda, fue impugnado por los demandados en anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En la tramitación de la anulación las partes presentaron un escrito conjunto manifestando que habían llegado a un acuerdo para la solución del litigio, solicitando la terminación del procedimiento por desistimiento de ambas partes y el archivo de las actuaciones. La Sala lo rechazó porque entendió “que, sin perjuicio de las facultades de disposición de las partes en el proceso civil, el objeto del procedimiento de anulación de laudos no es disponible, ya que existe un interés general en depurar aquellos que sean contrarios al orden público”.

Como es sabido, el proceso civil al tener por objeto, como regla general, la decisión sobre derechos o intereses privados, se inspira en el principio dispositivo [Exposición de Motivos de la LEC, Apartado VI], según el cual las partes son “dueñas” del proceso civil, salvo que haya intereses públicos en él, dejando al Tribunal las facultades de dirección y especialmente las decisorias; y en lo que aquí interesa, las partes tienen la facultad de ponerle fin, mediante el desistimiento, la renuncia, el allanamiento, o la transacción, actos de disposición, por no tener ya un interés legítimo en continuarlo, que tienen efectos vinculantes para el tribunal si cumplen determinados requisitos. Pero según el Tribunal Superior de Justicia, “una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo arbitral por motivos apreciables de oficio, las partes no pueden disponer de la acción de anulación, sustrayendo al Tribunal el ejercicio de una competencia indeclinable”. La Sala declara que “el Laudo no sólo infringe el orden público, sino que,…, también se ha de considerar que el convenio arbitral es en sí mismo radicalmente nulo”.

Los recurrentes en su demanda de amparo denuncian la vulneración del art. 24.1 CE en relación con diversos preceptos de la Carta Magna. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso “tras apreciar que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (…), porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.

El Fiscal ante el Tribunal Constitucional interesa en sus alegaciones la estimación del recurso de amparo, señalando su conformidad con el argumento del Tribunal Superior “sobre su legitimación para analizar de oficio la posible nulidad de un laudo arbitral que pueda ser contrario al orden público [art. 41.2 f) LA]. Sin embargo, discrepa sobre el momento en que lo hizo, pues antes de entrar a resolver tal cuestión había otra pretensión de las partes –la petición de archivo por composición entre ellos– que debía haber resuelto previamente”. Y “concluye solicitando que para el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado se proceda a declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas con retroacción al momento anterior a dictarse”.

Según el Tribunal Constitucional “ha sido, en definitiva una interpretación extensiva e injustificada del concepto de orden público contenido en el art. 41.2 f) LA realizada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que ha impedido a los recurrentes ejercer su derecho de disposición sobre el objeto del proceso de anulación del laudo arbitral”.

A juicio del Tribunal Constitucional “la decisión impugnada es, cuando menos, irrazonable y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). En efecto, las partes en litigio solicitaron de consuno el archivo del procedimiento –con efectos equivalentes al desistimiento por pérdida sobrevenida de interés en continuar con el mismo–, dado que se había alcanzado un acuerdo de satisfacción extrajudicial cuya homologación igualmente se solicitó. La sentencia rechaza la solicitud de archivo al entender, primero, que no cabe aplicar el art. 22 LEC [“Terminación del proceso por satisfacción extraprocesal…”] en el procedimiento de anulación de laudos arbitrales, dado que el procedimiento concluyó ya con el laudo, siendo el objeto del proceso de anulación del laudo otro distinto al procedimiento arbitral, en sentido estricto (que es al que alcanzaría en su caso el pacto logrado entre las partes)”.

El Tribunal Constitucional continúa declarando que “con independencia de que la causa de pedir de la anulación afecte al orden público o no, es lo cierto que la cuestión de fondo es jurídico-privada y, disponible, por lo que, en nuestro sistema procesal civil, para que haya una decisión, se requiere que las partes acrediten un interés en litigar”.

Así, “el ensanchamiento del concepto de ‘orden público’ que realizan las resoluciones impugnadas para llevar a cabo una revisión de fondo del litigio por el órgano judicial, lo que pertenece en esencia sólo a los árbitros, desborda el alcance de la acción de anulación y desprecia el poder de disposición o justicia rogada de las partes del proceso”.

En cuanto al segundo tema “es claro que la acción de anulación debe ser entendida como un proceso de control externo sobre la validez del laudo que no permite una revisión del fondo de la decisión de los árbitros, ‘al estar tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45 [según la LA de 1988], y limitarse éstas a las garantías formales sin poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo’ (SSTC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3; y 75/1996, de 30 de abril, FJ 2]. Por todo ello, ninguna de las causas de anulación previstas en el art. 41.1 LA puede ser interpretada en un sentido que subvierta esta limitación, pues ‘la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo’ (ATC 23/1994, de 18 de julio, FJ 3). A ello hay que añadir –a diferencia de lo afirmado por el órgano judicial– que es doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la de que las ‘exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral justifican el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que sólo pueda obtenerse la anulación de un laudo en casos excepcionales’ (STJCE de 26 de octubre de 2008, asunto C-168/05 Mostaza Claro)”.

Como muy bien señala el Tribunal Constitucional “puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizadas en la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente”. Y continúa, “precisamente porque el concepto de orden público es poco nítido se multiplica el riesgo de que se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera discrepancia con el ejercicio del derecho de desistimiento de las partes”.

Así, “el Tribunal entiende que la decisión del órgano judicial fue contraria al canon constitucional de razonabilidad de las resoluciones judiciales, conclusión que se refuerza además por el comportamiento de la Sala, que no sólo rechazó la petición de archivo, sino que, además, como se pone de relieve en la demanda y subraya el ministerio fiscal, ni siquiera dio eficacia a la voluntad tácita de las partes de desistimiento por su no comparecencia al acto del juicio, demostrando con ello una pertinencia en decidir el fondo del asunto, aparentemente, fue más allá de los límites constitucionales del deber de motivación y congruencia”.

En definitiva, dice el Tribunal Constitucional, “de acuerdo con la doctrina anteriormente reproducida, entiende este Tribunal que debe reputarse contrario al derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes el razonamiento del órgano judicial que niega virtualidad a un acuerdo basado en el poder dispositivo de las partes sin que medie norma prohibitiva que así lo autorice; imponiendo una decisión que subvierte el sentido del proceso civil y niega los principios en que se basa, en concreto, el principio dispositivo o de justicia rogada”.

En conclusión, que el Tribunal Constitucional haya precisado más el concepto de “orden público” y determinado el “ámbito del proceso de anulación” contra los laudos hace que sean más previsibles las resoluciones de nuestros tribunales en materia arbitral, ganando con ello el arbitraje una mayor seguridad jurídica.

Ayudas de Estado y COVID 19

Las medidas que los Estados miembros están adoptando para paliar la situación pandémica actual –tales como el distanciamiento social, las restricciones de viaje, las cuarentenas y el confinamiento– han impactado severamente la actividad de numerosas empresas en el mercado europeo, independientemente de su tamaño o sector. Por ello, al igual que ocurriera con ocasión de la reciente crisis financiera, los gobiernos se han apresurado a poner en marcha una ambiciosa acción de apoyo a sus respectivas empresas mediante la concesión de ayudas públicas (v., entre otros ejemplos, las concedidas a las compañías aéreas). El objetivo último de estas iniciativas es aliviar la conmoción que, según anuncian los expertos, sufrirán las economías nacionales a partir del otoño. La emergencia actual supone un nuevo desafío para el ordenamiento jurídico de la Unión, dado que las medidas de sostén económico promovidas frente a la crisis sanitaria entran en tensión con el régimen europeo de ayudas de Estado previsto en el TFUE, que vela por que la concesión de ventajas selectivas de naturaleza pública no falsee la competencia en el mercado interior.

Lo anterior ha llevado a la Comisión a la publicación de la Comunicación de 19 de marzo de 2020, que define un Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. Este marco, revisado posteriormente el 3 de abril, el 8 de mayo, y el 29 de junio define las posibilidades de que disponen los Estados miembros para garantizar, de manera conforme al Derecho de la Unión, la liquidez y el acceso a la financiación para las empresas que se enfrentan a una súbita escasez en este período. El Marco Temporal se fundamenta en el artículo 107, apartado 3, letra b), TFUE, que prevé que podrán ser declaradas compatibles con el mercado interior las ayudas dirigidas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro. Se trata de la misma disposición empleada hace unos años para evitar el colapso sistémico en el sector bancario, y que permite la aplicación de estándares más livianos que los empleados ordinariamente a la hora de evaluar la compatibilidad de las ayudas destinadas a las empresas en dificultad.

Cabe señalar que el cambio de base jurídica ha provocado una firme reacción por parte de quienes temen que la utilización del artículo 107, apartado 3, letra b), TFUE suponga un retroceso en la política de competencia aplicable hasta ahora. No obstante, la Comisión ha insistido en que las ayudas de las que son beneficiarias las empresas en la coyuntura actual abarcan un mayor espectro que las otorgadas a los bancos e instituciones de crédito durante la crisis financiera. Además, tales ayudas no están dirigidas a las empresas a título individual, sino que son un medio para restaurar, en última instancia, la estabilidad económica de los propios Estados miembros, así como para evitar que las repercusiones del fracaso potencial de las medidas económicas puestas en marcha exacerben aún más la crisis. En fin, se ha destacado que, en la crisis actual, no está presente el elemento del ‘riesgo moral’ (moral hazard) que hacía cuestionable hace unos años que el dinero público fuera destinado a rescatar instituciones financieras negligentes en su gestión del riesgo. Un listado actualizado de las medidas aprobabas hasta el momento por la Comisión puede encontrarse aquí.

En un primer momento, el Marco temporal distinguió los criterios aplicables a las medidas de ayuda de los Estados miembros según se tratara de ayudas en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales, ayudas en forma de garantías de préstamos, ayudas en forma de bonificación de los tipos de interés de préstamos o ayudas en forma de garantías y préstamos canalizados a través de entidades de crédito u otras entidades financieras. Tras la dos modificaciones operadas, sobre todo por la comunicación de 8 de mayo, particular atención doctrinal – e incluso mediática – ha suscitado además el supuesto de ayudas mediante recapitalización de empresas no financieras, fundamentalmente por la posibilidad de lo que se ha considerado como una puerta abierta hacia la nacionalización de tales empresas. Para estos supuestos, la Comisión ha insistido, no obstante, en que toda ayuda en forma de recapitalización habrá de estar supeditada a condiciones claras respecto a la entrada, la remuneración y la salida del Estado del capital de la empresa concernida, así como a disposiciones en materia de gobernanza y a la adopción de medidas adecuadas para limitar falseamientos de la competencia. Resulta igualmente llamativo la referencia a las condiciones ambientales impuestas por la Comisión (por ejemplo, en la ayuda concedida a KLM), una novedad en relación con las condiciones impuestas a los bancos y una señal de que la aplicación de las disposiciones de competencia debe cumplir con el artículo 11 TFUE.

Como puede entreverse, la cuestión de la flexibilización en la aplicación de las disposiciones europeas de la competencia ha generado cierta inquietud, sobre todo por lo que se refiere al riesgo de descrédito al que se enfrenta el Derecho de la competencia en el supuesto de que se proceda a la autorización sistemática de todas las operaciones de ayuda promovidas por los Estados miembros en el contexto de la presente crisis sanitaria. De hecho, no se ha tardado en poner de manifiesto que, a pesar del empeño de la Comisión en desarrollar una serie de mecanismos para compensar las distorsiones en la competencia, es difícil evitar un cierto grado de descoordinación entre los Estados a la hora de implementar tales mecanismos. Frente a esta posición, el Marco temporal adoptado por la Comisión parte de la convicción de que el análisis de compatibilidad con la competencia de las medidas de ayuda resulta de un balance de intereses entre la distorsión causada y el bien común que dichas medidas tratan de alcanzar, el cual, en el contexto actual, es ciertamente apremiante.

La versión consolidada del Marco Temporal puede obtenerse en este enlace.

Triste tragedia del Castor

Una versión previa de este texto pudo verse en La Tribuna de El Mundo, disponible aquí.

Esta portada de El Mundo nos informaba hace unos días de conversaciones discretas entre representantes de los dos partidos que han gobernado España durante décadas. Una noticia que, en estos momentos de congoja por los efectos de la pandemia, pudiera traer un aliento de esperanza como muestra de un cambio de actitud en esos modales tan toscos que anegan los debates en las Cortes. Sin embargo, en esas mismas líneas, con la finura propia de buenos profesionales, los periodistas apuntaban que tales políticos negaban que se hablara “del pacto para tumbar la comisión sobre el almacén de gas Castor”. Y es que habían votado de manera conjunta PSOE y PP para impedir que en el Pleno se discutiera tal solicitud. ¿Qué esconde ese almacén? ¿Es que carece de interés el análisis de un complejo expediente, en el que fallaron tantas previsiones, de unas obras que han originado tantísimos daños materiales y, además, un agujero de deuda pública que supera los 4.000 millones de euros? A mi juicio, sería conveniente preocuparse por analizar qué fue lo que ocurrió y el porqué de tantos desaciertos que todavía nos afectarán durante años.

La historia del Castor es la historia de una tragedia que se originó por querer atesorar energía sin mayores cautelas, como analizo en mi monografía “Desventuras del dinero público. Elegía al principio de riesgo y ventura” (Marcial Pons, 2018). Una historia que hay que conocer; porque nos seguirá afectando y porque deberíamos evitar en el futuro los yerros cometidos.

Para contar esta historia hay que remontarse varios años atrás, cuando se anunciaba un horizonte de continuo crecimiento, un incremento imparable del consumo de gas y, por ello, resultaba conveniente contar con reservas suficientes ante los riesgos geopolíticos. Fue entonces cuando el antiguo proyecto de aprovechar una estructura subterránea en la costa tarraconense se activó (estamos en 2004). En dos años se otorgó la correspondiente concesión, esto es, el permiso especial para explotar ese almacén ya conocido como Castor. Es más, el Gobierno reguló una suficiente retribución y revisó la planificación energética. La infraestructura se consideró de ejecución obligatoria, lo que significaba un importante espaldarazo. Implicaba que contaba con las bendiciones para presentarse como una obra prioritaria y urgente.

Una ingente actividad se inició, pues son diversas lógicamente las autorizaciones y licencias que han de conseguirse para un proyecto de estas características. Pero, antes de continuar, quiero dejar constancia de una singularidad. En las fechas en las que se otorga la concesión del almacén Castor, el Gobierno suscribió también otra concesión de almacén subterráneo de gas: el almacén de Yela. Pues bien, siendo similares las concesiones, siguiendo tales textos el mismo guión, hay, sin embargo, una notabilísima diferencia, concretamente en la regulación de la compensación que recibiría el concesionario ante la extinción de la concesión. Al concesionario del almacén de Yela se le reconocía una compensación por aquellas instalaciones que no se desmantelaran y siguieran funcionando, con una excepción: que hubiera existido dolo o negligencia de la empresa. Por el contrario, una tortuosa redacción llena de locuciones como “en caso”, “en tal caso”, “en cuyo caso”, tormentos que deben encender las alarmas a cualquier lector, admitía a favor del concesionario del Castor indemnizaciones con independencia de que hubiera concurrido dolo o negligencia en la actuación del concesionario. Volveré más abajo sobre esta incomprensible cláusula, pues prefiero antes resumir esta historia acompañando el paso del tiempo.

Otros hitos relevantes había que superar para iniciar su ejecución y también generaron perplejidad. Entre ellos, el procedimiento de declaración de impacto ambiental, cuyo fin es analizar que todo proyecto sea respetuoso con el entorno. Tras una compleja tramitación -requieren siempre una ingente actividad de estudios, análisis, alegaciones, informes-, el Boletín oficial del Estado publicó el 11 de noviembre de 2009 la declaración favorable.  La lectura de esas páginas muestra el gran número de organismos y asociaciones que participaron, los miles de ciudadanos que presentaron alegaciones a las que, según la Secretaría de Estado de cambio climático, el promotor “respondió de manera precisa”. Sin embargo, no se había contestado, entre otras alegaciones, la referida a la necesidad de analizar el riesgo sísmico que había apuntado el Observatorio del Ebro. No constaba ningún informe sobre estos riesgos. Lo que sí constó poco después fue que la tierra tembló.

Pero antes de recordar el espanto de los terremotos, quiero dejar constancia en este breve resumen del Castor de otro episodio jurídico. Pues muchos protagonistas han participado en el desarrollo de esta historia. Algunos erraron, y padecemos las graves consecuencias, pero también algunas instituciones funcionaron y ha de saberse. Tal fue el caso cuando se corrigió y anuló la decisión del Ministerio de eximir del análisis de la evaluación ambiental al gasoducto, cordón umbilical que debía conectar las instalaciones en tierra con la plataforma marina. Fue una decisión sorprendente que, gracias a la impugnación presentada por una empresa local, adoptó el Tribunal Supremo en una razonada sentencia del magistrado Rafael Fernández Valverde (sentencia de 10 de junio de 2015).

Nos habíamos quedado en el beneplácito de la positiva declaración ambiental y se inicia la construcción de las instalaciones terrestres, del gasoducto, el encargo de la plataforma marina. Por su parte, el Gobierno asignó entonces una capacidad de reserva al almacén con su retribución, lo que encendió las alarmas de la Comisión Nacional de la Energía, la cual a su vez alertó sobre el riesgo de déficit en el sector gasístico. Padecíamos ya los problemas del déficit de la factura eléctrica y se apuntaba otro agujero de deuda por los costes del gas. Sin duda las paredes del Ministerio de Energía debieron presenciar alguna tensa reunión, porque se puso en marcha un procedimiento administrativo especial. Los juristas lo conocemos como “declaración de lesividad”: con ella, la Administración persigue que los Tribunales anulen una previa decisión al entender que supone una “grave lesión” para los intereses públicos. Fue entonces cuando se consideró que los términos en que se había otorgado la concesión del almacén Castor resultaban lesivos, que el cálculo inicial de las inversiones que se había fijado en 500 millones se multiplicaba y anunciaba una indemnización millonaria. Arriba ya aludí al peculiar régimen de las indemnizaciones a ese concesionario. Pues bien, a pesar de ultimarse el procedimiento administrativo declarando la lesión para los intereses públicos, el Tribunal Supremo, que necesariamente debía ratificar tal decisión, desatendió la petición del Gobierno viendo razonable que se indemnizara incluso si había negligencias o dolo.

Hubiera debido generar cierto estupor esa sentencia (tiene fecha de 14 de octubre de 2013) si no hubiera sido porque esta historia estaba ya inmersa en una gran tensión: en julio de 2013 el proyecto Castor había conseguido cerrar una operación financiera de emisión de deuda que le facilitaría más de 1.400 millones de euros. Por fin se podía empezar a inyectar gas… Pero fue entonces cuando la tierra tembló. Es conocida esta parte de la historia, porque los periódicos narraron el pavor de los vecinos afectados por los seísmos y sus réplicas. Tantas que el Ministerio paralizó la actividad del almacén. Sin embargo, ello no consiguió disipar los conflictos.

Los problemas crecían: no sólo por los grandes daños originados a la población, sino también por los problemas económicos de la empresa concesionaria. El calendario adelgazaba y, obligadamente, acabaría apareciendo la hoja con la fecha en la que debía abonarse la remuneración a los titulares de esos bonos avalados por el Banco Europeo de Inversiones. Sin duda, la mayor tensión la vivía entonces el Gobierno. El concesionario había solicitado la renuncia de la concesión y el pago de su indemnización. ¿Qué hizo el Gobierno? Aprobar un Decreto-Ley, una decisión urgente y excepcional, para inventar una nueva regulación del almacén. Así, pasaría a estar “hibernado” y se ordenaba el pago precipitado de la millonaria indemnización a Enagás, empresa en la que participa el Estado con un porcentaje significativo y en cuyo consejo de administración se sientan  conocidos políticos (y cada vez más, como supimos recientemente).

Tal decisión no logró echar el telón de la historia. Al contrario, el Castor sigue como semillero de conflictos. Además de las reclamaciones de tantos vecinos y empresarios afectados, la instalación está hibernada y hay una esgrima entre informes científicos sobre su puesta en funcionamiento, su congelación o su desmantelamiento. También los bancos que adelantaron el pago de la millonaria indemnización reclaman su compensación, que se ha visto paralizada por la anulación parcial del Tribunal Constitucional del citado Decreto-Ley (sentencia de 21 de diciembre de 2017).

Por eso, ante tanto conflicto, ante tamaño cúmulo de despropósitos, ante el profundo agujero de deuda pública que tendremos que asumir los ciudadanos, no se entiende la razón de no analizar esta historia para evitar futuras repeticiones. ¿O es que los diputados del PSOE y el PP están anestesiados con tanto gas?