Los incómodos controles del poder democrático

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos aprobó una legislación que, bajo la justificación de luchar de forma más eficaz contra la amenaza terrorista, permitía eludir los controles sobre los derechos fundamentales ligados a la privacidad y a la confidencialidad de las comunicaciones. La nueva legislación reducía el control jurídico y legal del que hasta ese momento habían gozado. Esa legislación, la Patriot Act, fue aprobada por una abrumadora mayoría tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado estadounidense para después ser promulgada por el presidente de los Estados Unidos George W. Bush el 26 de octubre de 2001. El objetivo de esta ley era ampliar la capacidad de control del Estado para combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidenses.

Pocas voces dentro de Estados Unidos se alzaron para cuestionar esta ley. Solo se escucharon voces discrepantes en diversas organizaciones de Derechos Humanos que cuestionaban la restricción de libertades y garantías constitucionales que suponía para los ciudadanos, tanto estadounidenses como extranjeros.

El verdadero alcance de esa ley no se conoció hasta que se produjeron las revelaciones de Snowden en el año 2013. Snowden no descubría nada nuevo al revelar que las agencias de inteligencia americanas realizaban una intensa labor de espionaje en las redes (en Internet). La verdadera revelación fue el carácter masivo y apoyado por la tecnología de las actividades de vigilancia de los contenidos de Internet. Lo que quitó el velo de la inocencia a los ciudadanos fue comprobar que la tecnología permitía no una vigilancia selectiva y específica a personas sospechosas, como había sido a lo largo de toda la historia del espionaje (aunque solo fuera por cuestiones de coste), sino una vigilancia masiva y a toda la población. La tecnología permitía almacenar y analizar toda la información que circulaba por Internet.

Las revelaciones de Snowden también sacaron a la luz la amplia colaboración de las grandes empresas tecnológicas en estas labores de vigilancia apoyadas por la tecnología, lo que desencadenó airadas reacciones. Las tecnológicas trataron de recobrar la confianza de sus usuarios adoptando una mayor exigencia de transparencia y control al gobierno en el uso de esta información e introduciendo el cifrado en todos sus servicios como mecanismo de protección de la privacidad.

El debate sobre privacidad y seguridad es un debate apasionante que se ha extendido a lo largo de muchos años. En aquellos años, tras las revelaciones de Snowden, normalmente se asociaban posiciones de ideología más conservadora a aquellas personas que apostaban por la seguridad, sacrificando el derecho a la privacidad. Las posiciones más progresistas defendían el derecho a la privacidad, aún cuando supusiese limitar la capacidad de lucha contra el terrorismo.

He dado en varias ocasiones cursos en que planteo esta disyuntiva a alumnos de máster (de alrededor de los 23 años). Siempre congratula ver que muchos de ellos consideran que esos derechos deben ser preservados, aunque sea una decisión difícil. En muchas ocasiones abuso de la demagogia y les planteo situaciones que les pueden afectar directamente: «¿qué opinarías si hubiesen secuestrado a un familiar tuyo y localizar al secuestrador dependiera de que el fabricante del dispositivo colaborase para descifrar el móvil del secuestrador?». La mayoría mantienen sus posiciones, incluso ante estos planteamientos tan poco honestos.

La lucha contra el terrorismo se mostró como una excusa perfecta para limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y llegó el año 2020, y nos enfrentamos a una pandemia. Al inicio de la misma, en el mes de Marzo, Harari, el autor de Sapiens, publicó un renombrado artículo en el Finantial Times bajo el título The world after coronavirus. En él Harari ya advertía que, si el terrorismo había sido una excusa perfecta, un problema de salud pública como una pandemia lo era aún más. Y la pandemia combinada con el uso de la tecnología podía abrir un escenario de autoritarismo de difícil reversión. En las últimas semanas Harari ha reforzado este argumento con diversos artículos ante la preocupante evolución de los acontecimientos.

La aprobación la pasada semana de un estado de alarma en España bajo la excusa de la lucha contra la pandemia es un ejemplo del riesgo de la situación. Hay varios elementos especialmente tristes y preocupantes. Si, frente al terrorismo, las fuerzas que se definían como más progresistas se alinearon en defensa de los derechos fundamentales, frente a la supresión de los controles legales y judiciales para restringir estos derechos, hemos visto cómo en España estas fuerzas identificadas como progresistas se han alineado en sentido contrario. A todas estas fuerzas les ha parecido extraordinariamente natural arrollar derechos fundamentales, como el derecho a la libre circulación y también el de libertad de reunión, mediante la aprobación de un estado de alarma sin control parlamentario, en aras de un bien superior como es la lucha contra la pandemia. Incluso han considerado inexplicable que otras fuerzas se hayan opuesta a esa medida. ¡Donde quedaron los recuerdos sobre lo que sucedió en el año 2001 en la lucha contra el terrorismo! En estas situaciones uno siempre tiende a recordar la frase de Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

No puedo pensar en una decisión más profundamente contraria a los principios básicos de la democracia que otorgar un estado de alarma de 6 meses sin control parlamentario. Aún no puedo entender en qué podían estar pensando todos los parlamentarios que no se opusieron a una medida tan profundamente contraria a los principios democráticos. Aún más triste resulta ver cómo a todo aquél que expresa esta opinión se le acusa de no querer luchar contra la pandemia. Aún más impactante ha resultado escuchar a una consejera de un gobierno autonómico afirmar que no tienen tiempo que perder identificando el instrumento jurídico adecuado para restringir derechos fundamentales cuando están luchando contra la pandemia. ¡Los incómodos instrumentos jurídicos que protegen los derechos fundamentales en las democracias! Las veces que habremos escuchado estos argumentos en la lucha contra el terrorismo y las veces que nos habremos arrepentido.

El caso resulta aún más singular y paradójico cuando muchas de las personas que ven natural la aprobación de un estado de alarma de 6 meses sin control parlamentario se escandalizaron cuando se planteó realizar una aplicación informática para el rastreo de contactos que podría invadir la privacidad de los ciudadanos mediante el uso de la geolocalización. Paradójico. A la sociedad española le parecía un escándalo el uso de una tecnología que violaba su privacidad mediante el rastreo de su posición, pero le parece muy apropiada una medida que limite su movilidad. Mejor que me prohíban moverme que permitir saber por dónde me he movido. Para mí es incomprensible. El nivel de cinismo e hipocresía de la sociedad española ha alcanzado una cota de difícil comprensión.

Bajo el título de Libertades civiles en tiempos de crisis el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos ha publicado un trabajo realizado por Marcella Alsan y otros cinco investigadores, basado en 370.000 encuestas realizadas en 15 países (entre ellos España) entre marzo y octubre de este año. El estudio muestra que muchas personas están dispuestas a ceder sus derechos y libertades a cambio de una mejor lucha contra la pandemia. Eso lo hemos comprobado en España. Según el estudio, la libertad que más se desea preservar es la privacidad, seguida de los procedimientos democráticos. No estoy seguro de que el resultado del estudio sea muy coherente con lo visto en España, pero algo de luz arroja. Por supuesto, si una persona se ha visto afectada por el virus, su tendencia a renunciar a sus libertades es mayor.

La aprobación del estado de alarma es un síntoma preocupante. Cuesta mucho hacer comprender que la democracia es mucho más que votar en las elecciones cada 4 años. Que votaciones ha habido en todos los regímenes, incluso en las dictaduras. Que es esencial el contrapeso del poder y la separación de poderes. Que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Que sin contrapesos y sin separación de poderes no hay democracia.

Y dada la escasa reacción por parte de la sociedad civil ante el atropello que se perpetró en el congreso con la aprobación del estado de alarma sin control parlamentario uno empieza a pensar que, en estos tiempos, las democracias mueren en silencio.