La importancia de un Estado de Derecho sano

Una buena prueba de que el Estado de Derecho funciona en democracias europeas consolidadas es la reciente dimisión en bloque del gobierno holandés, a causa del titánico trabajo jurídico de una abogada cacereña, Eva González, que defendió a miles de ciudadanos a los que la Administración holandesa había acusado injustamente de fraude para denegarles ayudas públicas a las que tenían derecho.

El dimisionario primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, ha declarado –en un gesto de vergüenza torera, que le honra- que “El Estado de Derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso Gobierno y el sistema ha fracasado de forma estrepitosa”. De ahí la asunción de responsabilidad política y la dimisión en bloque de todo el Ejecutivo. Otro gesto de vergüenza torera europea es la reciente dimisión de la ministra de trabajo austriaca que ha sido acusada de plagio en su tesis doctoral, pues la ciudadanía europea exige decencia a quienes manejan los asuntos públicos.

La abogada española tuvo que enfrentarse al todopoderoso Gobierno al que se refiere el señor Rutte, es decir, a toda una cohorte de funcionarios y abogados del Estado que le pusieron las cosas muy difíciles, pues sabido es que un pleito entre un ciudadano y el Estado no es una contienda entre iguales.

La Comisión Europea describe de esta manera el principio de Estado de Derecho:

“El Estado de Derecho está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los valores comunes a todos los Estados miembros. En un Estado de Derecho, todos los poderes públicos actúan siempre dentro de los límites fijados por la ley, de conformidad con los valores de la democracia y los derechos fundamentales, y bajo el control de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales. El Estado de Derecho engloba los principios de legalidad, que implica un proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas; seguridad jurídica, que prohíbe el ejercicio arbitrario del poder ejecutivo; tutela judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales y control judicial efectivo, lo que incluye la protección de los derechos fundamentales; separación de poderes; e igualdad ante la ley”.

La transparencia es consustancial a la democracia y al Estado de Derecho. La forma de entender esto en las democracias consolidadas europeas es muy distinta a como lo ven los gobernantes de corte populista. Un claro ejemplo son las recientes declaraciones del presidente de México, López Obrador. Un periodista mexicano le reclamó en público la insólita carta en la que el presidente exigió a España una disculpa por la conquista, al no haber tenido acceso a ella a través del órgano de transparencia oficial. El presidente indicó que organismos como el Instituto Nacional de Transparencia consume cada año 49,5 millones de dólares; y en el lenguaje habitual de los dirigentes populistas señaló que este tipo de organismos no son necesarios pues su Gobierno «tiene transparencia y comunicación diaria», «¿para qué tener un órgano costoso si el Gobierno está obligado a informar?», manifestó.

La Comisión Europea parece que se está tomando en serio la vigilancia del cumplimiento del principio de Estado de Derecho en los Estados miembros y en la actualidad está haciendo un seguimiento a la tramitación en España de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la capacidad del Consejo del Poder Judicial para hacer nombramientos. Cuestión ésta que ha sido denunciada por el propio Consejo y todas las asociaciones de jueces.

Parece fundamental que los todopoderosos gobiernos respeten el principio de Estado de Derecho.