Bloqueo Institucional

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Puede consultar la versión de este artículo publicado en Crónica Global.

Comienza el nuevo curso político con las asignaturas pendientes habituales, entre ellas, de forma muy destacada, la renovación de los órganos constitucionales y en general y del Consejo General del Poder Judicial en particular. El CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, lleva más de 1000 días en funciones, presidido por Carlos Lesmes, uno de los “políticos togados” (es decir, los jueces y magistrados que suelen ir y volver de la política a la Justicia y viceversa) probablemente más dañinos para la separación de poderes y la democracia liberal de este país, y eso que hay competencia tanto entre los jueces que han jugado tanto a ser peones del PSOE como del PP.

Dicho esto, está claro a estas alturas de la película que el sistema hace aguas. Por el sistema nos referimos a la forma de designación de los Vocales de procedencia judicial por el Parlamento Generales que ha llevado a un reparto partidista de cuotas en el Consejo en función de los escaños en el Parlamento (tantos para ti, tantos para mí) completado por un sistema de vetos cruzados (a ese juez no me lo pongas) y que ha dado momentos de gloria, como el nombramiento para vocal del CGPJ del ex juez Pascual Estevill a instancias de CiU, conocido por extorsionar al empresariado catalán por el expeditivo procedimiento de enviarlos a prisión y que fue condenado por prevaricación continuada y detención ilegal a seis años de suspensión en cualquier actividad judicial.  La degradación del órgano de gobierno de los jueces, colonizado por los partidos con la inestimable colaboración de las asociaciones judiciales afines (sobre todo la progresista Jueces y Juezas para la democracia y la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura cuyos miembros se han beneficiado directamente del sistema) nos ha traído hasta aquí. Tanto el PSOE como el PP cuando han estado en la oposición han llevado en sus programas electorales la reforma de este sistema de nombramientos para despolitizarlo, pero cuando han llegado al poder, oh sorpresa, han hecho exactamente lo contrario, con mención especial al PP que, con la mayoría absoluta que tenía en el año 2013, incumplió flagrantemente su promesa.

Sentado lo anterior, para la renovación del CGPJ con las reglas actuales es esencial que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo. Y aquí empieza el baile, porque como ahora la mayoría “progresista” es del PSOE quiere hacerlo con las reglas vigentes, que le favorecen, mientras que el PP es un converso que pretende despolitizar el sistema aunque dados sus antecedentes no parece que haya sido porque se haya caído del caballo y haya tenido la visión de cómo funciona la separación de poderes en una democracia liberal sino porque le conviene. Lo interesante, no obstante, es que en los 36 años que llevamos con este nefasto sistema de nombramientos partidistas las cosas han ido evolucionando en el ámbito de la Unión Europea, de manera que ahora tanto el GRECO (Grupo de Estados Europeos contra la corrupción) como la Unión Europea en su mecanismo de “rule of law” como el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideran, con razón, que un sistema en que todos los vocales del órgano de gobierno de los Jueces son nombrados por el Parlamento es un sistema en el que peligra la separación de poderes, dado que el CGPJ realiza los más importantes nombramientos judiciales (incluidos los magistrados del Tribunal Supremo llamados a juzgar, en su caso, a los políticos aforados) y además, tiene la facultad de abrirles expediente disciplinario. El todavía Presidente del CGPJ habló, con total sinceridad, de que para gobernar a los jueces tenía el palo y la zanahoria. Sin embargo, los estándares europeos son claros: las autoridades políticas no deben influir en los procesos de nombramiento (o separación) de los jueces.

Por tanto, en este momento resulta que los argumentos del PP para reformar el sistema de nombramiento devolviendo a los Jueces y Magistrados la facultad de nombrar a los 12 vocales de procedencia judicial son los que esgrime la Unión Europea, el TJUE y el GRECO, aunque los invoque por razones espúreas y su propósito de la enmienda sea muy poco creíble; basta comprobar para hacerse pocas ilusiones que otro político togado famoso, Enrique López, es el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. El argumento es puramente táctico, y, por tanto, de volverse las tornas, es probable que el entusiasmo del PP por la separación de poderes decaiga, para qué nos vamos a engañar.

Frente a esta postura, el Gobierno, su partido, sus socios, la Asociación Jueces y Juezas para la democracia, y algunos periodistas y juristas afines esgrimen que lo que hay que hacer es renovar ahora con el sistema actual (que ya muy pocos se atreven a defender abiertamente a estas alturas de la película) y, a continuación, cambiarlo. Claro que lo previsible es que, si cambian las mayorías parlamentarias, cambien las posturas respectivas de los partidos. Y así “ad calendas graecas”.

En fin ¿No les resulta un tanto sospechoso tanto interés por controlar el gobierno del Poder Judicial por parte de los partidos políticos? A mí, desde luego, me lo parece. El único sistema comparable al nuestro en Europa es el de Polonia. Por cierto, para reformar la LOPJ en el sentido que propone Europa se necesitan menos votos que para renovar el CGPJ. Y se puede tardar bastante poco; recordemos que la ley se reformó en unos meses para evitar que el actual CGPJ en funciones siga haciendo nombramientos de la cúpula judicial.  Y si tan problemático resulta volver al nombramiento por Jueces y Magistrados de los 12 vocales judiciales hay otras soluciones para cortar el cordón umbilical entre política y justicia, como, por ejemplo, un sistema de sorteo. Y por favor, que no nos tomen por tontos.

In Memoriam. José María Díaz Moreno S.J.

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La asignatura Derecho Canónico no solía estar entre las más valoradas por los alumnos cuando era materia troncal para la licenciatura en Derecho. Excepción a esta norma lo constituyen varias generaciones de juristas formados durante décadas en ICADE (integrado desde 1980 en la Universidad Pontificia de Comillas), que unánimemente consideraban esta asignatura como su favorita. La razón no es otra que el carisma, talento, simpatía y sentido del humor, que irradiaba el profesor José María Díaz Moreno S.J. (“Dimo”), fallecido en Alcalá de Henares el pasado sábado 4 de septiembre.

Era fácil, al recorrer los pasillos de ICADE, adivinar a través de las cristaleras, quien era el profesor que provocaba esas expresiones de entusiasmo entre los alumnos. Su espíritu práctico le hizo enfocar esta asignatura al estudio del derecho matrimonial-canónico, prescindiendo de otros aspectos del derecho canónico de menor aplicabilidad general. Durante meses, los alumnos de la Facultad de Derecho se convertían en especialistas en derecho matrimonial-canónico analizando las vicisitudes que podían concurrir en el consentimiento prestado por dos protagonistas perpetuos: Ticio y Caya.

Fue profesor durante cincuenta y seis años, no solo de la Facultad de Derecho, sino también de la Facultad de Derecho Canónico. Dirigió el Instituto Universitario de Matrimonio y Familia (1964-1998). Jubilado a los 70 años en la Universidad Pontificia de Comillas, continuó su labor docente diez años más en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Su afán de enseñar y formar le llevaba a dejar claro en sus clases cuales eran los temas fundamentales que había que conocer y estudiar, y anticipar las preguntas que formularía en el examen: “Señoras y Señores alumnos, si no logro explicarme ¡Urjanme!, pero voy a conseguir que ustedes aprendan este asunto, y para ello, les voy a perseguir uno a uno, de hombre a hombre, y de cura a mujer. “

Fue Rector en años tan complicados como los que van desde el 68 hasta la transición. Siempre mantuvo un talante dialogante, respetuoso y abierto, lo cual generó algún incómodo momento en algunas conferencias en las que su posicionamiento innovador provocaba el rechazo del sector más conservador en la España de la transición. Gestionó siempre con mano izquierda y sensatez estas críticas. Fue amigo del cardenal Tarancón, y fue amigo y colaborador de Monseñor Dadaglio, nuncio en España de 1967 a 1980. El padre Díaz Moreno fue miembro activo de la Comisión que derogó el Concordato de 1953 y que elaboró los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede (1979).

Sin apartarse un milímetro de la doctrina católica, su espíritu crítico le llevaba a provocar en el auditorio interrogantes sobre cuestiones que, en su opinión, la Iglesia debía ir afrontando, tales como el papel de los divorciados en la Iglesia, la posibilidad de que personas casadas pudieran administrar los sacramentos, el papel de la mujer en la Iglesia etc. El tiempo le ha ido dando la razón. Sus alumnos le recordamos abordando estos temas con la siguiente coletilla: “Señoras y Señores alumnos, yo no lo veré, pero ustedes sí y les pido que ese día lleven un ramo de crisantemos a la tumba de este jesuita. “

Compaginó durante décadas el magisterio con el asesoramiento a matrimonios en dificultades, que encontraban en su criterio la luz que a veces no es fácil vislumbrar en el Código de Derecho Canónico. Puede ser lema para entender su forma de pensar el cartel que tenía en su despacho reproduciendo la cita de la primera Carta de San Juan: 3, 20: “Tranquilicemos nuestro corazón ante El, porque, aunque nuestro corazón nos reprenda, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo”.

Este profesor y sacerdote citaba frecuentemente, en los funerales que presidia, la frase de San Juan de la Cruz: “En la tarde de la vida os examinarán en el amor”. José María Díaz Moreno S.J. amó mucho: amó el Derecho Canónico, amó a la Compañía de Jesús; amó su vocación docente; y amó a los afortunados que tuvimos la suerte de ser alumnos suyos durante los cincuenta y seis años que impartió clases, todas ellas magistrales. En su Examen Final merece las más altas calificaciones. Y, como buen jesuita, habrá podido hacer suyos los versos que José María Pemán ponía en boca de San Francisco Javier: “Me cercaron con rigor, angustias y sufrimientos. Pero de mis desalientos vencí, Señor, con ahínco. Me diste cinco talentos y te devuelvo otros cinco.” A.M.D.G

Sobre exámenes tipo test: la visión de un estudiante

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A punto de comenzar el curso académico, un estudiante de un doble grado de ciencias sociales de una universidad pública madrileña quiere aportar sus reflexiones al debate sobre el examen tipo test. En el tiempo que lleva estudiando en la universidad, de 20 asignaturas cursadas, 15 se evaluaron mediante un examen tipo test independientemente de la materia impartida (Filosofía, Derecho, Historia…).

Este estudiante considera que la proliferación de los exámenes tipo test debe responder básicamente a la necesidad que tiene el profesor de ahorrarse tiempo y trabajo (sobre todo en tiempo de pandemia y enseñanza on line) puesto que no entiende cuáles serían las posibles ventajas pedagógicas de este tipo de exámenes. Estos son sus argumentos:

En primer lugar, con un examen tipo test el profesor no puede valorar las reflexiones que el alumno pueda haber realizado sobre la materia en cuestión porque no se le exige nada más que contestar a preguntas concretas del temario, cuando precisamente, por lo menos en las carreras de ciencias sociales, el profesor debería tener interés por cómo el alumno piensa y desarrolla sus argumentos. Por ejemplo, en los casos prácticos de Derecho es imposible saber mediante un examen tipo test el proceso por el cual el alumno ha llegado a sus conclusiones, que precisamente en muchas de las universidades extranjeras de prestigio, es lo que más se valora.

Un ejemplo de plena actualidad: en un examen tipo test se pregunta al estudiante sobre el estado de alarma, pero al tratarse de un test, no hay manera de expresar y desarrollar una opinión propia fundamentada sobre dicho concepto jurídico (lo que para este estudiante es lo realmente valioso). Reducir esas interpretaciones a una respuesta tipo test es imposible, tal y como queda de manifiesto en el debate que se ha producido recientemente entre los magistrados del TC.

Además, ocurre que en las Ciencias Sociales no siempre existen verdades absolutas, con lo cual un alumno que lee más de lo que contiene el temario que proporciona el profesor, puede verse perjudicado porque, al conocer más interpretaciones sobre un asunto, puede dudar sobre la respuesta adecuada. Por citar de nuevo un ejemplo: una pregunta tipo test sobre la voluntad general en Rousseau podría tener diferentes respuestas por las innumerables interpretaciones (e incluso por sus propias contradicciones) que existen sobre ese concepto. Una persona que hubiese leído mucho sobre el tema podría no acertar con la respuesta que busca el profesor. Incluso a veces se dan casos en que los profesores de una misma materia confiesan que responderían de manera diferente al mismo examen tipo test. Da la sensación de que, con este tipo de exámenes, el único propósito del profesor es que el alumno se estudie la materia que el docente proporciona y no tanto que piense por sí mismo y adquiera un espíritu crítico lo cual sería infinitamente más interesante y más enriquecedor tanto para el alumno como para el profesor.

En segundo lugar, en casi todos los exámenes tipo test hay una serie de respuestas que son completamente absurdas y que, cualquier alumno que sepa algo de la materia puede descartar. Sin embargo, las otras dos o tres o más respuestas, difieren en pequeños matices, lo que supone que, al final, tiene el mismo valor matemático elegir la opción manifiestamente incorrecta (“una burrada”), que elegir la opción que difería mínimamente de la respuesta correcta. Es decir, se está evaluando de igual manera al alumno que pone una barbaridad (y que en otro tipo de examen supone un suspenso inmediato) que al que ha elegido otras opciones equivocadas por cuestión de matiz.

En tercer lugar, este sistema desmotiva a los alumnos que tienen mas interés en profundizar en la materia porque, al margen de que tampoco se valora la capacidad de expresarse por escrito, también ocurre que otros muchos alumnos prefieren el test porque les parece que son exámenes más fáciles de aprobar. Nuestro estudiante afirma que conoce casos de alumnos que han aprobado los tests y que, una vez terminado el curso, no son capaces de escribir correctamente ni siquiera el nombre de los autores que habían estudiado. Estos mismos alumnos se lamentan siempre que el profesor avisa de que el examen será “de pensar”, puesto que son conscientes de que ese tipo de prueba les exige mucho más esfuerzo.

Para terminar, este tipo de exámenes tampoco prepara a los alumnos para el mundo laboral. Existen pocos puestos de trabajo en los que no se tenga que pensar y/o redactar correctamente. Realizar exámenes tipo test en la carrera de Derecho, por ejemplo, es absurdo. Es como si un juez llegase a un juicio y pidiese a los abogados que señalen entre varias opciones y sin dar explicaciones, la decisión correcta.

En definitiva, este estudiante considera que una sociedad en la que no se enseña a pensar por uno mismo está condenada al estancamiento y a la mediocridad. Se trata de una educación pobre y triste que no deja lugar a la imaginación ni a la originalidad.

Seminario Experto: Venta de unidades productivas y acreedores financieros

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Retomamos nuestros seminarios de expertos preguntando a los mejores especialistas sobre cuestiones clave para el Estado de derecho, en la línea del trabajo que realizamos en nuestro blog y en nuestro videoblog.

En este seminario de expertos organizado junto al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,  trataremos sobre la Venta de unidades productivas y acreedores financieros ¿Cuáles son los criterios en los Juzgados de Barcelona y Madrid sobre la venta de unidades productivas? ¿Cómo se ha abordado esta materia en el anteproyecto? ¿Existen ineficiencias o insuficiencias  materiales y legales?

Responderemos a todas estas cuestiones de la mano de los siguientes expertos:

  • Yolanda Ríos López, Magistrada: Titular del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona
  • Dolores Alemany Pozuelo: Abogada Socia en Amelegal Asesores y Administradora Concursa
  • José Carlos González Vázquez: Profesor de Dº Mercantil de la UCM y Socio de Ceca Magán Abogados
  • Ignacio Pi Corrales: Empresario y Patrono de Hay Derecho.
  • Mª Ángeles Heredia Vela: Asesoría Contenciosa Caixabank. 

Moderador: José Ramón Couso Pascual. Director General Corporativo CECA Magán. 

 

El coloquio tendrá lugar el miércoles, 15 de septiembre, a las 18:30 y podrá seguirse online a través de Zoom y del canal de Youtube del ICAM. 

Para asistir, deberán registrarse en la página del ICAM pinchando AQUÍ desde donde se les remitirá a su correo el enlace a Zoom. Los participantes en Zoom podrán realizar preguntas en directo (no así desde Youtube).

¡Os animamos a compartir esta información con aquellas personas que puedan estar interesadas!

El derecho a la universidad (II)

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Puede leerse la primera parte de este artículo aquí.

 

Nuevos públicos y nuevas funciones, vinculados a las transformaciones productivas, pero también a los cambios demográficos y a la propia consideración del envejecimiento. Hoy en día, no podemos entender la longevidad como la simple suma de años. La longevidad modifica nuestra relación con la existencia y por lo tanto con el estudio y el aprendizaje. La posibilidad de alcanzar edades mucho más longevas de las que estamos socialmente acostumbrados a ver obliga a estructurar la vida de forma completamente distinta a la de las generaciones precedentes. La ciencia y el progreso social han transformado la edad en un indicador del cual no podemos deducir automáticamente un estilo de vida o una forma de ser. La edad ha dejado de ser la variable que define la forma en la que vivimos y aprendemos. “La vejez empieza cuando se pierde la curiosidad” nos legó José Saramago.

La “Estrategia España 2050” presta una especial atención al impacto de la longevidad en el futuro del país. “El cambio demográfico reducirá sustancialmente nuestra fuerza laboral, pero si logramos recortar la tasa de paro y elevar la tasa de empleo hasta los niveles actuales de los países más avanzados de Europa (esto es, 15 puntos de aumento hasta el 80%) conseguiremos neutralizar en buena medida los efectos negativos del envejecimiento. De perder 2,5 millones de ocupados potenciales, pasaremos a crear 1,5 millones de aquí a 2050… Si España supo crear casi 2 millones de plazas formativas en FP superior y universidad entre 1980 y 2020, bien podrá crear un millón de puestos para programas formativos mucho más breves de aquí a 2050, sobre todo si se vale de las tecnologías digitales y los formatos híbridos de enseñanza”.

La idea de que la prosperidad futura para España pasa por la implantación de una Sociedad del Aprendizaje está plenamente recogida en la propuesta Estrategia España 2050. De hecho, al menos cinco de los ocho ítems del documento le afectan directamente. Ello conduce a la necesidad de definir y potenciar las instituciones públicas que van a dar soporte a esta transición, y de manera especial al papel que se espera que jueguen las Universidades.

El denominado K60, el currículum organizado con una extensión de 60 años, está en el epicentro del debate de las universidades norteamericanas. La publicación, en el año 2020, del libro “The 60-Year Curriculum. New Models for Lifelong Learning in the Digital Economy”, supuso una llamada de atención que no ha pasado desapercibida. Las universidades se enfrentan al reto de ser capaces de dar respuesta a un currículum sin otro límite que las demandas del mercado laboral y la duración de la vida. Un cambio estructural que no es asimilable al incremento del tradicional aprendizaje permanente, pues como señala Huntington D. Lambert, Decano de la División de Educación Continua y Extensión. Universitaria de la Universidad de Harvard, “No se trata solo de mirar hacia adentro, en términos de estudiantes, sino también de cómo la universidad puede ayudar realmente a la comunidad”.

La configuración del derecho a la universidad es la manera que permitirá gestionar las transformaciones a las que se enfrentan las universidades en la sociedad del aprendizaje, desde el impulso a la relevancia de su función, la promoción del bien común y el máximo respeto a su singularidad institucional. Las universidades concentran la mayor parte del conocimiento científico y del talento público de la sociedad, pero las universidades también son reflejo de la exclusión de importantes colectivos de población que nunca tendrán opción de beneficiarse de sus servicios, de igual modo que de la precarización en las condiciones de su actividad. Tan cierto es que la universidad está fuera de los umbrales de percepción para una parte importante de la población, y que en su funcionamiento domina la reproducción de las desigualdades previas, como lo es el hecho que la universidad permite, como ninguna otra institución, el estudio, la creación de redes colaborativas y la producción de ciencia abierta, elementos esenciales para el debate social y político, a la vez que para la competitividad económica. No podemos olvidar que las universidades han sido, a lo largo de los dos últimos siglos, los elementos más cercanos a la encarnación del ideal romántico de la liberación a través de la educación; pilares sobre los que Occidente ha construido su modernidad y, en último término, los Estados Sociales y Democráticos de Derecho.

Llegados a este punto, es conveniente hacer una salvedad. Ciertamente, más que de universidades consideradas de manera aislada, deberíamos hablar de redes o de sistemas universitarios, ya que son éstos realmente los espacios socioeconómicos significativos y recursivos en donde se desarrolla la actividad y sobre los que se proyectan las políticas públicas. En este sentido, podemos hablar de la “perma universidad”, entendida como un ecosistema donde todos sus integrantes se benefician mutuamente y generan una esfera de influencia, en su entorno, en donde es posible aprender, desde el diálogo y la escucha, con una dimensión ética que nos invita a entender al otro.

Es la comunidad universitaria expandida, más allá de los límites de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, la que construye el derecho a la universidad, a través de lo que “hace, siente, percibe y llega a articular en su búsqueda de significado para su vida”, en palabras de David Harvey. De esta manera, se convierte a la universidad en un lugar de experimentación, un espacio abierto al mundo capaz de transformarse y de transformar la sociedad, por qué no, en el marco ético de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El derecho a la universidad es una manera de urbanizar, en el sentido que creó Ildefons Cerdà en su Teoría General, la generación, el acceso al conocimiento y el estudio. Teniendo claro que cuando hablamos del estudio lo hacemos de “la formación del sujeto y la transformación de su relación con el mundo, es decir, cómo hacerla más atenta, cuidadosa, densa y profunda”, en palabras de McClintock.

Utilizando la idea desarrollada por Izaskum Chunchilla en su libro “La ciudad de los cuidados”, podríamos decir que el derecho a la universidad debería contribuir a la creación de una universidad de los cuidados, o como la denominan Antonio Lafuente y Juan Freire, una universidad “Slow”. El necesario rediseño de la Universidad post – COVID nos ofrece la oportunidad de replantear la función de la universidad y hacer de ella el espacio en donde encontrarnos con el otro y aprender a vivir con él, a la vez que el ecosistema donde aprehender conocimientos, habilidades y valores.

La configuración del derecho a la universidad obliga a una relectura del derecho a la educación regulado en el art 27 de la Constitución Española a fin de reposicionar en la realidad actual su afirmación; “Todos tienen el derecho a la educación”. En cualquier propuesta educativa que hagamos no podemos olvidar la Educación a lo largo de la vida, concepto definido por la UNESCO para designar el derecho que tienen todas las personas a recibir educación en cualquier etapa de su vida y de forma permanente. Como tampoco podemos dejar de tener presente los riesgos que nos expuso Hannah Arendt en su artículo “La crisis de la educación”; “Quienquiera que pretenda educar a los adultos, pretende en realidad hacer de guardián suyo y apartarlos de la actividad política… lo que hay es una simulación de educación, mientras que el propósito real es la coerción sin el uso de la fuerza”. La respuesta a estos desafíos es una pregunta; ¿cómo vamos a aprender juntos?, ¿cómo vamos a comunicar los universos paralelos que conviven en la sociedad para poder construir la convivencialidad? Ninguna institución recoge el deseo sobre lo que queremos ser, como persona y como sociedad, mejor que lo hace la Universidad; ni refleja mejor el compromiso de una comunidad con su futuro. La universidad es antes que nada un lugar de esperanza, y como tal un espacio obligado a vivir en permanente reinvención.

Los ámbitos sobre los que reflexionar para desarrollar el derecho a la universidad y reposicionar a la universidad como eje de la sociedad del aprendizaje afectan a sus elementos esenciales. El llamado momento Netflix de la educación, o educación a la carta, no es más que una manifestación de este proceso que nos envuelve. El rígido sistema de acceso a la universidad debe adaptarse a los nuevos públicos, a la vez que deben mejorar las condiciones de equidad existentes en sus procesos de admisión. Estas circunstancias harán inevitable la revisión del sistema de financiación, en especial en lo relativo a las becas y precios públicos. Las universidades tendrán que considerar la posibilidad de que los estudiantes entren y salgan de períodos de estudio intensivo. En relación con las titulaciones y las prácticas docentes veremos emerger micro credenciales, mini títulos en áreas específicas de competencia. También surgirán títulos y credenciales que se trasladan con el estudiante en lugar de permanecer en la institución gracias a la creación de pasaportes de aprendizaje electrónico. Se desarrollarán nuevas modalidades de asistencia a clase: presencialmente, a través de videollamada o de otras modalidades síncronas en línea. Se crearán más puentes entre la educación continua y los programas de pre-grado y de posgrado y se ampliarán los servicios complementarios de apoyo al estudiantado a través de programas de ayudas financieras, programas de asesoramiento y otros servicios profesionales.

Al margen de sus títulos, oficiales o no, la Universidad tiene mucho que aportar en la democratización del conocimiento y en la facilitación del aprendizaje expandido. Su condición de laboratorio para desarrollar políticas públicas, en especial en temas medioambientales, la producción de contenidos rigurosos en abierto y accesibles, la involucración en actividades con el tercer sector y de las administraciones locales, como las universidades populares, o la puesta en marcha de programas propios en bibliotecas, laboratorios ciudadanos, clínicas universitarias o science shops que posibiliten la creación y difusión del conocimiento junto al estudiantado y los afectados de su entorno, sin olvidar sus actividades de extensión cultural, unen a la Universidad con su comunidad en el marco de la sociedad del aprendizaje.

El conocimiento de vanguardia, la inclusión de habilidades transversales en todos los programas, la incorporación de nuevas pedagogías y la flexibilidad en el aprendizaje pueden hacer de las universidades la opción más atractiva para el aprendizaje, en cualquier momento de la vida. La demanda es evidente, atenderla de manera adecuada debería ser una prioridad de las administraciones y universidades. Hasta ahora, la universidad ha sido entendida fundamentalmente como una etapa intermedia entre la educación secundaria y la formación a lo largo de la vida.

Reivindicar el papel de la universidad como garante del acceso equitativo al aprendizaje durante toda la vida parece la solución no sólo más eficiente y evidente, sino también la más ajustada al rigor e incertidumbre de las exigencias formativas a las que nos enfrentamos como sociedad. Operar estos cambios será imposible si no  cambia la relación de la universidad con su comunidad. Incorporar en la agenda el derecho a la universidad nos permite superar los debates internos en los que encalla la universidad española, a la vez que supone acercarla a las demandas crecientes de formación y conocimiento propias de la sociedad del aprendizaje, en un proceso calmado, abierto y orientado al bien común. Festina lente.

 

El derecho a la universidad (I)

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De igual manera que la democratización de la universidad modificó su relación con la sociedad y su jerarquía interna durante la segunda mitad del siglo XX, la apertura en los próximos años de la universidad a nuevos públicos, y en consecuencia a nuevas funciones y prácticas, preludia una profunda transformación de la institución. En la década de los sesenta del siglo pasado, Henry Lefebvre incorporó al debate político la existencia de un “derecho a la ciudad”, ante la creciente relevancia que estaba adquiriendo la vida urbana y la necesidad de su construcción colectiva, partiendo de la idea que la ciudad era demasiado importante para dejarla en manos de arquitectos, promotores y políticos, exclusivamente. Casi sesenta años después, ante los cambios que avecina la sociedad del aprendizaje, podemos hablar de un emergente “Derecho a la Universidad”, entendido en tanto que propósito colectivo, más que como derecho subjetivo. Un derecho a una universidad entre todos para una sociedad de aprendices permanentes.

La universidad humboldtiana se enfrenta a la necesidad de revisar las murallas que defendieron su éxito, al igual que hicieron las ciudades europeas durante la segunda mitad del siglo XIX. La apertura de la Universidad, desde la autonomía y los valores que la representan, es la manera con la que poder atender el creciente afán por aprender y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y sostenible. El papel que asuma la Universidad en la gestión de conflictos, tales como la evitabilidad del ecocidio, la dignidad de la persona frente a las tecnologías, las tensiones demográficas o los desafíos de las nuevas formas de trabajo, determinará su futuro como institución, y con él, en gran medida, el del conjunto de la sociedad.

La vinculación entre la ciudad, como espacio que nos promete la libertad para ser, y la universidad como espacio que se construye desde la libertad, la podemos encontrar desde sus orígenes medievales. En la actualidad las metáforas de la “Universidad como ciudad”, o de la “ciudad educativa” recogen una realidad que crece en la misma medida que lo hace la sociedad del aprendizaje. Universidad y ciudad se hibridan en las calles y en el entorno digital para satisfacer las demandas de aprendizaje, formal y expandido, de las personas, así como las actividades de investigación científica e innovación tecnológica y la construcción de la convivencia y la convivencialidad. El Cardenal Cisneros en siglo XV fue el primero en plasmar en su proyecto alcalaíno la idea de la “ciudad universitaria”, con una visión premonitoria que alcanzará su plena expresión en la refundación de la universidad en el siglo XIX encarnada en la idea de campus universitario.

La llegada del nuevo siglo ha enfrentado a las universidades a desafíos científicos y formativos esenciales para sus comunidades, incompatibles con la mediocridad y el corporativismo. Ahora bien, no es un problema que afecte sólo a las universidades, ya que, para poder dar respuesta a estos retos necesitan la implicación directa de la sociedad y el reconocimiento y pleno compromiso de los gobiernos. Los informes y la realidad vivida nos exhortan a abordar con urgencia el impacto de las nuevas  tecnologías en los mercados laborales, a través de la puesta en marcha de políticas educativas destinadas a potenciar exponencialmente los niveles de educación y de habilidades entre todos los rangos de edad. Estudio tras estudio, crece la alarma en relación con los millones de personas, excluidas, amenazadas o temerosas por los inciertos cambios del sistema productivo, que demandan formación. Migrantes de la transformación tecnológica que reclaman servicios y recursos excepcionales.

El Informe 2020 del Foro Económico Mundial sobre el Futuro del Empleo nos presenta un panorama convulso que insta a la aplicación urgente de políticas públicas vigorosas y radicales. Políticas que sean capaces de responder a las necesidades tanto de los trabajadores que probablemente permanecerán en sus funciones, como de a aquellos otros empleados que corren el riesgo de perder su actividad debido a las transformaciones que está experimentando mercado de trabajo. En promedio, los empleadores esperan ofrecer capacitación y actualización al 70% de sus empleados para el año 2025. Para ese mismo año, 85 millones de puestos de trabajo pueden ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas, mientras que 97 millones de nuevos roles mejor adaptados a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos, pueden surgir. Ello supondrá un importante desafío que transformará los proveedores tradicionales de formación. Por responsabilidad y por oportunidad, dado que en este momento hay más de un millón menos de jóvenes en edad universitaria en España que a principios de siglo, los sistemas universitarios deben ser capaces de dar una respuesta a este importante reto.

En España, tan sólo en el ámbito del aprendizaje formal, el International Institute for Applied Systems Analysis considera que se debería pasar de tener un 26% de graduados a un 38% y de un 11% de titulados con un FP Superior a un 17% a fin de garantizar la sostenibilidad económica. En el marco de la financiación de las políticas  activas de empleo dedicadas a la formación, la Estrategia España 2050 recoge la necesidad de incrementarlas hasta alcanzar el 0,25% del PIB en 2030 y el 0,4% en 2050. Con este escenario, “España tendrá que hacer una apuesta decidida y contundente por la educación (desde el nacimiento hasta la senectud), y multiplicar sus esfuerzos en I+D”. Se trata de una inversión de miles de millones de euros adicionales que atraerán a todo tipo de proveedores, y en la que los sistemas universitarios deberían asumir un papel determinante.

Así lo han interpretado en el Reino Unido en donde preparan una reforma en profundidad de su sistema de formación a lo largo de la vida. En su discurso de apertura anual del Parlamento inglés, la soberana británica puso el foco, con especial intensidad, en dicho tema: “La legislación apoyará una garantía de habilidades de por vida para permitir el acceso flexible a educación y capacitación de alta calidad a lo largo de la vida de las personas”. Inmediatamente después, el gobierno inició la tramitación del proyecto de ley de Habilidades y Educación Post-16. Esta ley se fundamenta en la profunda reflexión del Libro Blanco sobre habilidades y educación elaborado desde el año 2018. Como elementos más destacados cabe señalar la incorporación de la obligación de las universidades de alinear los cursos que ofrecen a las necesidades de los empleadores locales, atribuyendo poderes extraordinarios para que el secretario de educación intervenga en las universidades que no satisfagan las necesidades locales, y el reconocimiento al derecho a acceder, durante cuatro años, a financiación mediante préstamos estudiantiles que permitirán realizar estudios de educación superior a lo largo de su vida.

En este sentido, pocos informes ofrecen una visión global tan clarificadora para entender los desafíos a los que se enfrenta la institución universitaria como “The Futures of Universities Thoughtbook”,.En su edición de 2020, “Universidades en tiempos de crisis” ofrece una sugerente visión prospectiva sobre el ecosistema global de educación superior para el año 2040. En dicha panorámica se recoge el concepto de “Life partner”, considerado como uno de los cinco ámbitos esenciales para la transformación de la Universidad. “Más allá de los estudiantes tradicionales que comienzan sus estudios universitarios directamente después de la enseñanza secundaria y antes de tener experiencia laboral, la noción de estudiantes se expande para incluir individuos en todas las etapas de la vida”. En definitiva, el informe marca una tendencia que parece ineludible: el incremento y la mejora de las habilidades de los miembros de la sociedad, a lo largo de sus vidas, a fin de disponer de las herramientas necesarias para encarar con éxito los retos de un mundo cambiante se ha convertido en un cometido esencial de la Universidad en siglo XXI.

Una reflexión semejante sobre la necesidad inminente de cambios estructurales en los sistemas universitarios también es compartida por los responsables del “Espacio europeo de educación superior” (EHEA). Así, en la declaración de la última reunión de ministros de universidades celebrada en Roma en el año 2020; “Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHAE”, se recoge que “Participation in higher education has to be a lifelong option, including for adults who decide to return to or enter higher education at later stages in their lives. An inclusive approach needs to involve wider communities, higher education institutions and other stakeholder groups to co-create pathways to higher education.”

Posiblemente sea en el sistema universitario de los EEUU en donde, dada su heterogeneidad y proyección global, se esté produciendo un debate más intenso sobre la modificación de los públicos y su impacto en la organización y servicios universitarios. En el año 2018, la prestigiosa universidad tecnológica Georgia Tech publicó su visión prospectiva para el año 2040: “Deliberate innovation. Lifetime education”. En su declaración inicial puede leerse como uno de los elementos clave del futuro. “The successful universities will be those which invest in the pipeline to help students acquire and renew skills not only through formalized degrees and credentials but with programs, products, and services that are relevant and valuable throughout their lifetimes”. De este modo, la universidad norteamericana se abre y transforma para adaptarse a las demandas sociales emergentes.

En América Latina y el Caribe, el debate también se articula alrededor de las mismas coordenadas. A través del programa “Los futuros de la educación superior,” UNESCO-IESALC ha querido que la comunidad universitaria responda a las dos siguientes preguntas; ¿Cómo le gustaría que fuera la educación superior en 2050?

¿Cómo podría contribuir la educación superior a mejoras futuras para todos en 2050? Así, el 25 de mayo del 2021 se publicaba el informe “Pensar más allá de los límites. Perspectivas sobre los futuros de la educación superior hasta 2050”. En este informe, se recoge como uno de los objetivos básicos de la universidad para las próximas décadas “intentar imaginar nuevas formas de diseñar, proporcionar y mejorar la educación superior para todos… cumplir con el derecho a la educación superior para todos”.

Seguidamente se publicará la parte 2 de este post.

La justicia y la inversión están relacionadas (y a mayor inversión, mayor prosperidad)

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Sin perjuicio de otras explicaciones parciales del desarrollo económico, un factor fundamental para el progreso de un país tiene que ver con que se “ejecuten” de forma correcta sus normas y sus acuerdos. Es decir, que un país sea, al fin y al cabo, fiable. Para lograr ese objetivo, se necesita un sistema judicial sólido. En consecuencia, no debería ser sorpresa que el mal funcionamiento de la justicia se observe en multitud de facetas concretas de la economía y la vida diaria, como, por ejemplo, por el lado de los ciudadanos, problemas en el mercado del alquiler o, por el lado de las empresas, menor emprendimiento o crecimiento empresarial. En concreto, en este artículo, me gustaría analizar más en detalle cómo afecta que el sistema judicial esté en peores condiciones a la paralización de proyectos de inversión (que podría hacer competitiva una región o no).

Desde un punto de vista empresarial, junto a la discusión sobre cuántas empresas entran en el mercado, también es importante saber por qué esas empresas (o las que ya estaban funcionando en España) deciden invertir más o menos. Por “decisiones de inversión” me refiero a iniciativas importantes para la supervivencia de una compañía, como la compra de una imprenta en una empresa editorial. También cabe pensar en la adquisición de ascensores o de nuevas máquinas de laboratorio para un centro de investigación o para un hospital. Este último ejemplo es, de hecho, muy relevante en el contexto de la pandemia por COVID-19 que se inició en 2020.

Esos equipamientos usualmente se encargan con especificidades y adaptaciones. A modo ilustrativo, los ascensores de un bloque de viviendas son de un tamaño distinto a los del edificio de enfrente. A su vez, los ascensores de un hospital son largos y grandes para mover con facilidad una camilla y admitir ángulos de giro amplios. Las adaptaciones implican que, una vez encargado un equipamiento, incluso antes de que finalice su instalación, ya haya perdido valor de mercado. Volviendo al ejemplo, el ascensor de mi bloque de viviendas no puede ser reinstalado en otro pues simplemente no cabe. En resumen, se ha generado una situación de dependencia, tanto para el comprador como para el vendedor.

Es un campo fértil para abusos e incumplimientos contractuales. Técnicamente, esos problemas se conocen como “oportunismo” y “cautividad” (hold-up). Precisamente, las decisiones de inversión son reactivas al buen o mal funcionamiento de la justicia debido a su especificidad e irreversibilidad: cada edificio tiene un ascensor de un tamaño diferente y, además, el ascensor, una vez producido, no puede reajustarse con facilidad. Cabría por tanto esperar que exista una relación negativa entre inversión empresarial y la congestión judicial. Ante una justicia menos eficaz, que las defienda peor, las empresas no se lanzarían a invertir tanto si tienen el riesgo de encontrarse con un mal proveedor.

Esta intuición se observa, precisamente, en los datos para España: existe una relación negativa entre los promedios provinciales de inversión empresarial y de congestión judicial (calculada para la jurisdicción civil en fase declarativa). Véase el gráfico 1 en el que se muestran medias provinciales para ambas variables en el largo plazo (2002- 2016).

 

GRÁFICO 1. RELACIÓN ENTRE LA CONGESTIÓN DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA Y LA INVERSIÓN POR PROVINCIAS (PROMEDIOS DEL PERÍODO 2002-2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mora-Sanguinetti (2021).

 

En un estudio publicado recientemente (Dejuán y Mora-Sanguinetti, 2021), fueron analizadas 653.289 empresas y se observó que, efectivamente, una eficacia judicial mayor estaba relacionada con más inversión de las empresas españolas. Más en concreto, si se lograra una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión de la justicia se podría alcanzar un incremento medio de la tasa de inversión de 0’1 puntos porcentuales. Ese sería el efecto “medio” para toda España, pero se puede pensar en casos específicos: si, por ejemplo, Alicante (que es una provincia altamente congestionada) tuviera la eficacia judicial que se observa en Álava, la inversión en Alicante podría aumentar en 0,8 puntos porcentuales.

Como en otras facetas de la economía, la justicia importa.

 

NOTA

Las opiniones y las conclusiones recogidas en esta entrada representan las ideas del autor, con las que no necesariamente tiene que coincidir el Banco de España o el Eurosistema.

La información y conclusiones recogidas en esta entrada pueden ser ampliadas consultando, entre otros, los siguientes artículos: Dejuán y Mora-Sanguinetti (2021) y Mora-Sanguinetti (2021).

-Dejuán, D. y J. S. Mora-Sanguinetti (2021). “Which legal procedure affects business investment most, and which companies are most sensitive? Evidence from microdata”. Economic Modelling 94, 201-220.

-Mora-Sanguinetti, J. S. (2021). El impacto de la eficacia de la justicia en la inversión empresarial en España. Artículos Analíticos. Boletín Económico 3/2021. Banco de España.

Sobre el “Panfleto contra la trapacería política” (“Nuevo retablo de las maravillas”) de Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes

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La contraportada del texto a analizar lo explica bien: se trata de “una exposición tan implacable como técnicamente fundada de la situación política española. Mezclando lo ácido con lo jocoso repasa el funcionamiento de los partidos políticos, de las Cortes, del Poder Judicial, del Gobierno y de la Administración Pública, poniendo de manifiesto la profundidad de su actual deterioro”.

Todo empieza por lo que se llama Presentación (páginas 15-20). Desde el primer momento el tono es denuncia, incluso a veces encarnizada: lo que tenemos ante nuestros ojos, a poco que uno no se muestre ciego, son “instituciones de cartón piedra”, lo que contrasta con la sociedad, “fuerte, productiva, imaginativa, creadora”. El primer acto (páginas 21-47) se ocupa –y bien hecho- de los partidos políticos, que, muchas veces con repartos por cuotas, han secuestrado –así se afirma de manera literal- a la democracia. Es la idea central, que se aplica caso por caso a lo que va viniendo a continuación.

El acto segundo (páginas 49-71) saca a escena al Gobierno y a la Administración y les dispensa un diagnóstico parecido. El tercero (páginas 73-88) hace lo propio con el poder judicial. La organización territorial es el objeto del cuarto (páginas 89-110). Y la corrupción –en sus muchas facetas- del quinto (páginas 111-121). El sexto y penúltimo (páginas 123-137) versa, con carácter general, sobre el estado de salud del texto constitucional. Y todo termina con unas palabras que se califican como final infeliz (páginas 139-140) y que ponen de relieve, por enésima vez, lo difícil que en estos casos es pasar del diagnóstico a la terapia. ¿Cómo se arregla el estropicio?

Ni que decir tiene que el libro puede invocar un soberbio peligree. Invoca –ya en el propio subtítulo- el retablo de las maravillas de Cervantes, pero pudieran mencionarse otras muchas cosas, empezando, en la literatura picaresca, por el diablo cojuelo, que iba levantando los tejados para poner al descubierto las vergüenzas de todo el mundo, sin dejar títere con cabeza. En el siglo XX, el foco está, por supuesto, en el Valle Inclán de Luces de bohemia (1920), donde se fundó un género, el esperpento, poniendo de relieve con crudeza lo grotesco del espectáculo de la vida pública. En el cine, la referencia es por supuesto Berlanga, que sin embargo aportó un factor de ternura que hasta entonces había estado ausente.

La lista pudiera ampliarse, empezando, también en la época de la restauración canovista –el paraíso del bipartidismo-, por la conferencia de Ortega en 1914 sobre la vieja y la nueva política. Y, en general, son dables de tratarse a colación todos cuantos han puesto de relieve, siempre con tono acusatorio, que lo nuestro son las apariencias más que las realidades. Imposible olvidarse de Galdós (La de Bringas) y antes, en el barroco, de Quevedo y por supuesto del Gracián del Oráculo manual y arte de prudencia. Es una historia antigua y no precisamente brillante: la tradición del pesimismo nacional, antes y después del 98 y del otro desastre, el de Annual en el verano de 1921, hace ahora justo un siglo. Mucho antes, por tanto, de que pudiera hablarse, con tono de descalificación,  de la antipolítica que es propia del populismo.

La Constitución tiene un precepto, el Art. 6, dedicado a los partidos políticos, de los que predica –con estilo descriptivo y no imperativo: algo por cierto insólito en el planeta de los textos normativos- cosas verdaderamente maravillosas: a) expresan el pluralismo político, b) concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y c) son instrumento fundamental para la participación política. A lo que se añade que “su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la constitución y a la ley”. Sólo al final el autor del texto cae en la cuenta de que lo suyo son las prescripciones: “Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos”.

Ni que decir tiene que, aunque no aparezca la palabra representación, es eso lo que subyace a todo. Como también las elecciones, que el Art. 23, apartado 1, sí menciona, aunque en esta ocasión siendo los ciudadanos, sin intermediarios, los titulares del derecho (fundamental) a ser votados. Pero en general, toda la regulación de las Cortes Generales –Congreso de los Diputados y Senado- no se entiende al margen de los partidos. Y lo mismo cabe decir del Art. 99, sobre el procedimiento de designación del Presidente del Gobierno, que empieza con la consulta del Rey a “los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria”.

Todo eso –la quintaesencia de la democracia tal y como la entendemos en cualquier lugar del mundo: lo mejor que se despacha en regímenes políticos- es tan cierto como que la propia Constitución, en el apartado 1 del Art. 103, proclama que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”; y en el apartado 3 estipula que el acceso a la función pública se tiene que hacer “de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. Y no sólo: incluso para Diputados y Senadores –surgidos, quieras que no, de una lista electoral y por ende de un partido, el que los ha colocado en esta lista- se establece en el Art. 67 que “no estarán ligados por mandato imperativo”: Art. 67.2. Cabe plantearse la tesitura de si el mandante –el que, según el Art. 1.719 del Código Civil, podría dictar las instrucciones a las que el mandatario debería arreglarse-, y que se ha visto así desapoderado, podría ser el conjunto de los electores –cosa desterrada desde el famoso discurso de Edmond Burke en Bristol- o más bien el partido, aunque, dado lo taxativo del precepto –ese mandante es una caricatura de mandante porque en realidad no manda nada-, el debate resulta bizantino.

Pero los partidos, ay, no se quedan en las Cortes Generales (o en las otras instituciones representativas y electivas, como los Parlamentos de las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos), o en el Gobierno surgido de los comicios. La propia Constitución de 1978 les abrió la puerta para designar el Tribunal Constitucional –Art. 159.1- y, al menos en parte, al Consejo General del Poder Judicial: Art. 122.3. Vistas las cosas cuarenta y tres años más tarde, eso fue –en conexión con el Art. 6, su duda- el principio del fin. Las famosas cuotas, sin que las cuales no se entiende la partitocracia. Lo mismo que los mercados de ganadería resultan de todo punto incomprensibles sin que el número de cabezas constituya el objeto primario de cualquier negocio.

A partir de ahí, el crecimiento del ámbito de los partidos, así sea –dicho de la mano de Kant- en lo extenso como en lo intenso, ha sido exponencial y es lo que se recoge –con tono, se insiste, de poca complacencia- en el libro de esos dos diablos cojuelos que son Sosa Wagner y Fuertes. Con lo de extenso se alude no ya a los espacios del empleo público reservados a la clientela –lo que el Estatuto Básico llama eufemísticamente personal eventual, cuyo número por cierto crece sin freno- sino incluso a las tertulias de las radios y las televisiones (privadas), donde las sillas se reparten a prorrata por obediencias.

Pero el fenómeno también puede explicarse desde la otra perspectiva, la de la intensidad: los ve uno con tanta convicción al exponer lo que interesa ese día al partido de turno (y lo que más desagrada al adversario) que la impresión que dan es que no les hace falta un  mandante que se tome la molestia, a veces engorrosa, de tener que impartirles instrucciones, porque ellos salen de casa (o incluso fueron elaborados así en la fábrica) con la consigna, que los ha abducido o incluso, como diría Jorge Edwards,  esclavizado. Es más: conocen tanto lo que interesa a su tribu que se anticipan a los designios del mando. Son gente sin duda meritoria (Hegel, al explicar la dialéctica del amo y el esclavo, parte de la necesidad de dos sujetos –una autoconciencia debe reconocer a la otra- y ahora sucede que se ha producido el milagro de hacer prescindible al mandante) pero, por lo elemental de sus concepciones maniqueas (el mundo se divide en buenos y malos) fácilmente identificables como discípulos del remoto Zoroastro en estos tiempos postmodernos y digitales, o al menos de San Bernardo de Clavaral cuando elogiaba a lo que era la nueva milicia, los templarios. Verdaderas reliquias de otros tiempos: personas abnegadas –auténticos jemeres rojos-, dispuestos a inmolarse por la causa aun cuando la tal causa se antoje nimia a quien no está en ninguno de los dos bandos y se limita a observar las procesiones desde el balcón. Un sitio privilegiado, por cierto.

Ese es el espectáculo (otra caricatura) que tenemos a la vista los españoles en nuestra florida pluralidad institucional. Cabe dudar de que sea una enfermedad privativa nuestra –endémica-, porque lo que uno se encuentra en otros países del mundo –antes, idealizados- no ha terminado siendo mucho mejor. También resulta posible interrogarse si la culpa se remonta a el propio texto de 1978, por sus silencios y en general la ingenuidad de sus autores, o si, por el contrario, lo que sucede es que los malos son los que han venido después, que han traicionado las intenciones de los fundadores. Argumentos hay para todo. El libro, en un ejercicio de elegancia, no entra en ese debate de individualización de culpas, quizás porque a estas alturas no sirve para nada o también porque estamos en la sociedad del espectáculo, en unos términos mucho más descarnados y patológicos que los que describió hace  cincuenta años Guy Debord, y sería milagroso que una criatura tan frágil como la democracia no se hubiese visto alcanzada por ello.

Más aún, en ningún momento el texto desciende a poner nombres propios. Otra muestra de elegancia. Y, dentro del estilo de llamar a las cosas por su nombre, el lenguaje no tiene la aspereza de, por ejemplo, un Alejandro Nieto. Incluso a la hora del sarcasmo, los autores han desplegado contención. Llamándose la cosa panfleto, podría quizá el lector haberse imaginado algo con mayor dosis de crueldad.

El prólogo es un hombre de teatro como Albert Boadella, que afirma que “mi condición de constructor de ficciones dentro de un escenario me obliga a estar al cabo de la calle sobre las razones por las que el respetable se deja encandilar. Siempre necesito situarme en el otro lado para comprobar si la invención será capaz de seducir, dado que el espectador en el teatro y más exigente que en la vida real”. Y bien: “Cuando uno repasa esa detallada profusión de encerronas públicas descritas en el libro y organizadas sin pudor alguno, lo primero que sorprende es cómo la gente pierde su condición de ciudadano y se entrega tan gustosamente al artificio. Sorprende cómo millones de españoles pasan de ser individuos a compartir rebaño de embancados”.

Pero eso no significa que Boadella no celebre el libro. Antes al contrario: “Hurgar en la realidad es duro, laborioso y de alto riesgo”. Y “afortunadamente, aquí están Mercedes y Francisco para suministras su antídoto de veracidad a una España de adictos a la ficción o, para ser más precisos, de masas viciadas por el apático hechizo de la mentira”. A Boadella le asiste, una vez más, toda la razón. La gente de la tramoya ya no exagera un ápice.

La educación en España: ¿vuelta a empezar por el cambio de ministros? La reforma de las universidades: ahora o nunca.

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La problemática educativa se cita muy a menudo en estos últimos tiempos en los medios informativos de todo tipo, en los que, curiosamente y a diferencia de otras épocas, se abordan continuamente diferentes aspectos del mundo de la educación – aunque no tanto como el de las terrazas, el del ocio nocturno, el de los horarios de apertura de los bares, discotecas, etc. -. Esperemos que esto suponga un interés real de la sociedad por este tema. Obviamente ello está en relación por una parte con la aprobación de la llamada Ley Celáa, la LOMLOE, hace unos meses, así como con la propuesta en el marco de dicha Ley de una nueva normativa sobre  metodología educativa y evaluativa en primaria y secundaria, basada en competencias, es decir, en otros presupuestos conceptuales distintos de los tradicionales (sobre lo que ya escribimos en este artículo del Blog Hay Derecho).

A su vez está relacionado con la discusión actual sobre dos Anteproyectos de Ley de Castells, que siguen en proceso de debate con los distintos colectivos implicados: por una parte, el Borrador del Anteproyecto de Real Decreto del Estatuto de personal docente e investigador (PDI), que aún no ha sido aprobado, y que comentamos en este blog en este artículo, y por otra la LOSU, Anteproyecto de Ley orgánica de universidades, que se espera aprobar en torno al próximo septiembre. Parece ser que en este último  se está implicando personalmente el presidente de Gobierno.

Respecto a universidades ¿En qué ha quedado el Anteproyecto de Ley de universidades del ministro Castells?

Pues debido a las críticas de sindicatos, estudiantes, profesores y la misma CRUE (Conferencia de rectores de las universidades españolas), ha sido alterada una serie amplia de contenidos y se han añadido otros nuevos, para tratar de ir llegando a un acuerdo con los diversos sectores. En realidad, la motivación más inmediata de este post, aparte de la frecuencia con que el tema de la educación aparece actualmente en los medios informativos  como ya hemos comentado antes, y por tanto  la actualidad de los temas de educación y enseñanza, especialmente de la superior, en realidad lo que lo ha motivado es la publicación en El Mundo de un artículo in memoriam con motivo del fallecimiento de María Teresa Miras Portugal, Catedrática de Bioquímica y Biología molecular de la UCM, con un excelente CV que no vamos a exponer aquí, pero que puede verse en www.sebbm.es.

Este artículo in memoriam dedicado a esta profesora, y escrito por 4 catedráticos, uno de ellos además eurodiputado, Luis Garicano, se centra  en lo que fue hace unos años – 2013- un documento llamado  el informe Miras,  elaborado por una Comisión de expertos presidido por esta profesora que acaba de fallecer(Comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español). Dicho informe había sido encargado por y entregado al ministro Wert, un documento que nunca se llegó a aplicar, uno más que, según los autores, Garicano et al., “era el que contenía el mejor diagnóstico y las propuestas más sencillas, precisas y realistas sobre la universidad española”. Resumen los autores en este artículo algunas de las propuestas que, incluso hoy día,  podrían calificarse de revolucionarias y que, como tales, no fueron aceptadas por la CRUE, entre otros. Además, estos autores hacen una crítica a algunos de los aspectos del borrador de Anteproyecto de Ley de Castells, pues, aunque reconocen que trata de combatir con algunas medidas uno de los principales problemas que tiene nuestra universidad, como es la endogamia inherente a la misma, consideran este anteproyecto confuso y ambiguo en varios aspectos. Algunos de ellos fueron expuestos en nuestro post  en este blog Hay Derecho Comentarios al Borrador del Anteproyecto del Real Decreto del Estatuto de personal docente e investigador (PDI), y nos alegramos en coincidir con estos profesores. Entre otros citamos en aquel momento el confuso papel en que queda en el Anteproyecto el personal investigador, las inadecuaciones de la ANECA y la sobrecarga del profesorado, con una posible actividad de gestión posiblemente obligatoria y puntuable para los concursos y oposiciones.

¿Cuáles son los aspectos o temas que el ministro Castells y su equipo están revisando en dicho anteproyecto, que lleva ya un retraso considerable en su tramitación?

Se ha introducido un cambio en la forma de elección del Rector que ahora se propone que no sea exclusivamente entre catedráticos, como viene siendo, sino también entre profesores titulares. Una de las razones que da el ministro Castells para ello, es que haya más oportunidades para las mujeres para acceder a este cargo, ya que el número actual de catedráticas es mucho menor que el de catedráticos (25% de mujeres). El verdadero problema es saber por qué sucede esto y tratar de ponerle solución. Por el contrario la CRUE no solo mantiene que los rectores deben ser elegidos solo entre catedráticos, sino que debe serlo entre los mejores catedráticos, es decir entre los que presenten una mejor trayectoria universitaria.

Por otra parte, es absolutamente necesario el incremento de los recursos públicos que reciben las universidades públicas, de manera que lleguen al 1% del PIB, en línea con las otras universidades europeas. Respecto a la futura LOSU, Anteproyecto de Ley orgánica de universidades  – que tras ser retirada en 2020, pretende ser presentada para su aprobación en Septiembre de 2021-, después de un largo intercambio de impresiones con todas las partes implicadas (según el ministerio, que no según los alumnos), uno de los problemas principales que aborda es la posible autorización de creación y  aumento de universidades privadas, hecho que si bien en un principio pareció querer limitarse imponiendo una serie de condiciones al profesorado de las mismas, como era el de un porcentaje mayor de doctores y profesores investigadores, actualmente parece no solo no limitarse sino incluso potenciarse.

La ambigüedad del ministro Castells, y por tanto su continuo tira y afloja, es a menudo denunciada por distintos colectivos, y podría ser la causa de muchas de las reelaboraciones de algunos aspectos de la ley, tanto de esta como de la del PDI. Probablemente, y es solo una hipótesis, dicho ministro tiene en su mente dos modelos muy distintos de universidad, cuyos presupuestos conceptuales y funcionales son, si no contradictorios, sí muy diferentes a la hora de planificar y diseñar la ley que le ocupa: por una parte el  modelo americano, que como cualquiera sabe no tiene nada que ver con nuestro modelo de universidad, por tradición, trayectoria, pautas culturales y socioeconómicas,  y por otra  el español, e incluso podríamos añadir el de algunas universidades catalanas: por ejemplo, la Pompeu Fabra.

Tomemos dos ejemplos para justificar esta hipótesis: primero, la propuesta de duplicación de los cuerpos de funcionarios universitarios (PDI) habituales en nuestro ordenamiento (titulares y catedráticos) con otros de idéntico rango, pero de profesores contratados. Ya aludimos a esto en nuestro anterior post e ignoramos sinceramente cómo está en el momento actual. Un segundo ejemplo proviene del debate sobre la creación, características, financiación, profesorado, etc. de las universidades privadas, que acabamos de citar, pero podrían citarse otros muchos, entre ellos el de que los profesores tengan que dedicar obligatoriamente una serie de horas a la gestión, como sucede en las universidades norteamericanas. El Gobierno ha aprobado, esta vez sí,  el proyecto de la nueva ley de convivencia universitaria, que derogará el Reglamento de Disciplina en la Universidad, un código franquista en el que, por  ejemplo, las faltas disciplinarias no prescribían y el derecho de defensa del estudiante no estaba regulado.

¿Qué nos dicen los rankings de universidades recién publicados en 2021?

Hace algunos años en España no existían rankings o listados de universidades. No se valoraban socialmente ni intelectualmente unas más que otras, salvo en conversaciones familiares, de amigos o de profesionales especializados. Es un tema relativamente reciente, frente a lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo en los países anglosajones. En este momento son especialmente importantes, porque pueden servir de orientación a los alumnos que han aprobado la selectividad, de cara a la elección del centro donde empezar los estudios de grado.

Tenemos varios tipos de ranking, tanto de colegios como de universidades, y, respecto a los primeros, los medios escritos de mayor difusión publican anualmente sus listados sobre los mejores colegios. En este caso, cuando uno los lee despacio, considera que dicen muy poco y de un contenido informativo repetitivo y muy parecido unos a otros. Las universidades parecen ser evaluadas más a fondo, y, quizá por ello,  los resultados son también muy diferentes. Considero que, en este momento, a pesar de dichos rankings y su potencial utilidad, la información no es suficientemente aclaratoria, es decir “los árboles no dejan ver el bosque”, salvo que uno conozca muy bien el medio.

Si aludimos a estos ranking, recién publicados, es por la importancia que han adquirido para la elección de universidad por parte de los alumnos que en estos momentos se están examinando de la EBAU, o antigua selectividad, pruebas que por sí mismas merecerían otro post por una serie de factores distorsionantes que no abordaremos ahora, pero que adelantamos, pues no es lógico que siendo toda España un distrito único a efectos de elegir universidad, las pruebas selectivas (que, dicho sea de paso, seleccionan muy poco pues son aprobadas por entre el 93% y el  99% de los alumnos) se lleven a cabo por Comunidades autónomas, con distintos tipos de ejercicios, y no por medio de una única prueba, y ello sin entrar en el tema del posible inflado de notas en algunas CCAA y determinados centros.

Ranking de la Fundación CYD (Conocimiento y desarrollo), de las universidades españolas, en su octava edición, publicado el 12/05/2021. Este nos da como primeras a la Autónoma de Madrid (UAM), a la de Barcelona (UB) y a la de Navarra (UNAV). Se han analizado 77 universidades españolas y 2998 titulaciones.

Ranking de Forbes. Publicado también a finales de Mayo de 2021, por el contrario considera  otras universidades distintas en los primeros puestos de su ranking. La coincidencia con el de la Fundación CYD es solo parcial. En el primer puesto está la Universidad privada de Navarra (UNAV) y le siguen la de Santiago de Compostela (USA), Complutense de Madrid (UCM), Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad Nebrija. Hay muchas más privadas que en el anterior ranking y están ausentes dos buenas universidades como son la Politécnica de Valencia (UPV) y la de Granada (UGR). Llama la atención que la Carlos III de Madrid, quede en el puesto 14, por detrás, por ejemplo, de la de Almería.  Tampoco ninguna de las seis catalanas está en el ranking. Se han evaluado 88.

Todos sabemos que la evaluación de las universidades depende de los indicadores que se tomen en consideración y su ponderación, y a su vez de como estos estén organizados en áreas temáticas. Por lo tanto pueden diferir. Por ello hay que conocer dichos indicadores, porque pueden no ajustarse a lo que se considera una buena universidad por parte de algunos sectores. Por otra parte, cada vez toma más fuerza el hecho de especificar por centros y no tanto por universidades, tomadas en su globalidad.

A la hora de cerrar este post, ha tenido lugar  en el Gobierno una gran remodelación que afecta a distintos ministerios. En el caso del campo que abordamos, sale la ministra Celáa, que deja la LOMLOE aprobada, pero no la normativa que habría de seguir a esta, y sale Pedro Duque, el ministro de Ciencia e Investigación, que deja sin aprobar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aunque sí ha conseguido un aumento histórico en los presupuestos para la investigación de casi un 60%. En ambos casos los sustituyen personas con perfiles muy distintos de tanto de Celáa como de Duque. Pero se queda Castells, por lo cual pensamos que la Ley de Universidades se aprobará en septiembre, aunque como hemos dicho al principio está siendo muy difícil llegar a acuerdos.

Asignaturas pendientes: reproducción de la Tribuna en EM de Elisa de la Nuez

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ASIGNATURAS PENDIENTES

Ya mediado el mes de agosto se acerca el final de las vacaciones y el comienzo del curso político. Y, como les suele suceder a los malos estudiantes y a los profesionales poco responsables, todos los problemas que dejamos aparcados unas semanas nos esperan a la vuelta. Quizás la diferencia es que nuestra clase política hace tiempo que ha renunciado a enfrentarse con ellos; simplemente se trata de aparentar que se va a hacer algo mientras todo sigue exactamente igual. Si, como esperamos, la crisis del coronavirus se va solucionando podremos comprobar hasta qué punto nos encontramos en el punto de partida. Ya se trate de la crisis territorial catalana, de la educación, de la falta de productividad de nuestra economía, del deterioro institucional y del Estado de Derecho, de las pensiones, de la precariedad en el empleo, de la brecha generacional, de la politización y falta de profesionalidad de las Administraciones públicas, o de cualquier otro  que el lector quiera elegir, nuestros problemas estructurales siguen sin tocarse. Lo cierto es que,  una vez pasado el corto impulso reformista que agitó a los nuevos partidos políticos hace no tantos años todo ha vuelto a su cauce. Pero claro, el tiempo no pasa en balde, y la situación va empeorando. Nos adentramos en la tercera década del siglo XXI con unas rémoras muy importantes, algunos de cuyos efectos son ya perfectamente visibles  ya se trate de la incapacidad de nuestras Administraciones Públicas para gestionar el ingreso mínimo vital, de la insostenibilidad de las pensiones o de los contratos precarios de los jóvenes.

Y sin embargo el sistema político sigue funcionando como siempre; los partidos tradicionales siguen rotando con el apoyo de los partidos nacionalistas (ya abiertamente independentistas) y se mantienen en el poder a base de concesiones ya sea lingüísticas, simbólicas o competenciales  cada vez más cuestionables, dado que en realidad queda ya poco que ceder: la reciente polémica sobre la “cesión” del MIR a Cataluña es un buen ejemplo. Los apoyos nunca se condicionan a estas grandes reformas pendientes, sino que responden al cortoplacismo electoralista y, en el caso concreto de los nacionalistas, a la lógica de la construcción de un Estado propio, aunque sea dentro de otro al que se expulsa, se extorsiona o se denigra siempre que se puede. La extrema polarización de nuestra vida pública lo permite, así como la escasa o nula rendición de cuentas por lo que se dice o por lo que se hace puesto que no existe riesgo de que la ciudadanía castigue electoralmente al partido con el que se identifica, dado que los demás son, sencillamente, “invotables”. De esta manera, la coherencia y el rigor -esenciales si se quieren resolver problemas reales- son las primera víctimas; lo que se considera injustificable en el enemigo político resulta perfectamente asumible o defendible cuando lo hacen nuestros Esto obliga a unos volatines ideológicos y verbales asombrosos  pero lo el artista siempre aterriza de pie, entre los aplausos de un público fiel.

La creciente alineación partidista de los medios de comunicación también merece especial mención en la medida en que son esenciales para la construcción de un espacio público de calidad y de una opinión pública informada y exigente. Nuestros medios son cada vez menos neutrales y menos plurales, lo que es un problema nada desdeñable. Los espectadores, lectores u oyentes de unos medios tan polarizados no pueden hacerse una idea razonable de los problemas reales en la medida en que se ocultan o se magnifican, según las conveniencias partidistas, y no suelen analizarse con una mínima solvencia, salvo honradas excepciones. El déficit democrático que esto supone es difícil de exagerar, en la medida en que me parece vital para la existencia de una ciudadanía responsable, activa y exigente, capaz de reclamar de sus responsables políticos algo más que declaraciones, discursos o tuits más o menos ingeniosos. Sin ella, la tendencia natural del ser humano a reconocer sus errores y rehuir sus responsabilidades se retroalimenta hasta extremos realmente sorprendentes, como hemos visto durante la pandemia con la actuación tanto de los líderes políticos nacionales como regionales y con su incapacidad para tratar a los ciudadanos como mayores de edad, quizás precisamente para que no pudieran identificar los errores cometidos y, por tanto, exigir responsabilidades.  Como es sabido, lo más que suelen asumir nuestros políticos son “errores de comunicación”, nunca errores a secas. De esta forma, resulta imposible tanto enmendarlos como evitar cometer otros parecidos, como también han demostrado las sucesivas olas de la pandemia.

En definitiva, es cada vez menos frecuente ver, escuchar o leer en los grandes medios de comunicación análisis o debates sosegados e informados sobre nuestros problemas estructurales. La sociedad civil, de forma muy meritoria, intenta cubrir estas lagunas pero es obvio que carece de los recursos y la capacidad de llegar a amplias capas de la población. Y sin embargo estos debates sobre las soluciones para cuestiones políticas complejas entre expertos de perfiles diferentes en base a datos o a argumentos racionales serían más necesarios que nunca, máxime si se tiene en cuenta que los diagnósticos suelen estar hechos al menos por los expertos –no en vano llevamos muchos años conviviendo con los mismos problemas- y que lo que falta es poner, de una vez, manos a la obra teniendo en cuenta las posibilidades políticas realmente existentes y las resistencias que pueden encontrarse. Pero  por el contrario, lo que nos venden los medios es la emoción y, sobre todo, la indignación que es lo que más nos atrae, como bien demuestran los “trending topic” en las redes sociales. En estas cámaras de eco que nuestros medios nos ofrecen se puede vivir muy cómodamente dado que nadie cuestiona nuestras ideas, nuestras preferencias y nuestros prejuicios, y, lo que es mejor, nos proporcionan una falsa sensación de superioridad intelectual y moral. Pero, lamentablemente, nos aíslan de nuestros conciudadanos y, sobre todo, nos alejan de la realidad. En el caso de los profesionales de la información es sencillamente suicida.

Y es que la solución de los grandes problemas comunes exige, inevitablemente, dos cosas esenciales: acertar con el diagnóstico -lo que requiere analizar correctamente la realidad- y buscar soluciones que, además de estar basadas en evidencias y no en ocurrencias, no sean “de partido”, en la medida en que se necesitan acuerdos transversales y estables para afrontarlos. Esto último, a su vez, requiere tratar a los ciudadanos como mayores de edad, explicando bien la situación y los posibles conflictos entre los beneficiarios del “statu quo” y los intereses del resto. Ya hablemos de las pensiones o de la educación o del mercado de trabajo o de la brecha generacional sencillamente no es viable ni que el diagnóstico ni que las soluciones puedan venir sólo de una parte de la sociedad o/y de una parte de sus representantes políticos, ignorando o despreciando lo que pueden aportar los demás. Y no es viable porque son problemas muy enquistados y muy complejos, que requieren de mucho conocimiento técnico pero sobre todo de consensos muy amplios no sólo para evitar que el adversario los utilice como arma política sino también porque requieren estabilidad en el tiempo para poder dar sus frutos. El ejemplo de las leyes partidarias de educación, que se modifican con cada cambio de partido en el Gobierno no puede ser más demoledor, puesto que en España tenemos un problema importante en este terreno, ampliamente diagnosticado y evaluado. Así, sencillamente, no hay manera de avanzar.

Lo peor de todo, quizás, es que parece que a nuestra clase política no es ya que esta tarea les venga grande sino que parece que no le preocupa o no le interesa demasiado. Incluso que cuando se empiezan a abordar reformas ya inevitables (como las de las Administraciones Públicas a la vista de la jubilación masiva de funcionarios en los próximos años) los ministros responsables son sustituidos por razones de política partidista, sin ninguna consideración no ya por ellos sino por las tareas que estaban desarrollando. La impresión que produce este continuo tejer y destejer es de una enorme frivolidad e inconsistencia y de una ausencia total de visión de futuro que tiende a suplirse con grandilocuentes discursos y declaraciones enfáticas ya que las soluciones reales no llegan. Estos mismos reproches de falta de seriedad y de rigor pueden hacerse a los partidos de la oposición, empezando por el PP. Se trata de una actitud cómoda, infantil y también irresponsable porque los que tienen la capacidad real de transformar la realidad para mejorar la vida de sus conciudadanos parecen haber renunciado a este cometido esencial que va asociado siempre al ejercicio del poder democrático y que, en último término, lo justifica.

Conviene ser conscientes de que si no reconocemos y abordamos de una vez estos problemas estructurales que están condicionando nuestra capacidad como sociedad para enfrentarnos a los enormes retos que nos esperan estamos condenados a una decadencia cierta. Lo más preocupante es que la sociedad española, muy por delante de su clase política, no sea capaz de exigir de una vez que se aborden las asignaturas pendientes.