Los juicios mediáticos y la sociedad de la desinformación

Como sociedad, nos encontramos inexorablemente sumidos en el frenesí de la inmediatez. Muy lejos quedan ya los pacientes intercambios de correspondencia postal, las interminables consultas de manuscritos en las bibliotecas, o las llamadas desde un teléfono fijo. Desde la llegada generalizada de Internet a nuestros hogares, la urgencia se ha propagado como una onda expansiva y se encuentra arraigada –cada vez más y sin visos de retroceso– en los mismos cimientos de nuestra comunidad. Las cabinas telefónicas fueron sustituidas por “smartphones”, y con ellos llegó la explosión de las redes sociales y, también, el fenómeno de la “viralidad”.

Efectivamente, un acontecimiento puede convertirse en cuestión de minutos –si bien de manera momentánea– en “trending topic”, en tendencia, lo que viene a significar que una buena parte de la sociedad se encuentra en ese momento comentando u opinando sobre lo ocurrido. Y, a veces, en esa prisa por opinar, por apoyar públicamente a través de las redes sociales aquellas causas que “creemos justas”, erramos sustancialmente y atentamos –sin ser verdaderamente conscientes– contra nuestras propias instituciones y valores democráticos.

Un buen ejemplo de esos ataques silenciosos e inconscientes es la proliferación de los juicios mediáticos, siendo, además, peligrosamente común que se pierda la confianza en el propio sistema cuando llegamos al firme convencimiento de que nuestros postulados son “los correctos y justos”. Postulados que, dicho sea de paso, no se ven modificados en prácticamente ninguna ocasión, ni siquiera por una decisión judicial firme contraria a aquellos. Y aunque puedan no ser pocas las ocasiones en las que acertemos con esa primera intuición que nos nace al aproximarnos a unos acontecimientos o hechos concretos, no deja de ser una anticipación de un fallo judicial que no permite un ulterior recurso. Porque, generalmente, el juicio y condena sociales no admiten segunda instancia, hayamos errado o no en nuestra sentencia.

No obstante, no puede perderse de vista el papel que juegan los medios de comunicación en ese entramado y en cómo se presenta la información a los ciudadanos. Y es que, por lo que a la sociedad de la información respecta, la carrera por el titular más llamativo (“No dejes que la realidad te estropee un buen titular”) y el mayor número de visitas, siendo lo segundo una indefectible consecuencia de lo primero, supone a veces la pérdida de rigor en pos de la inmediatez. Y cuando el rigor informativo desaparece, el derecho a recibir una información contrastada y de calidad se ve connaturalmente mermado.

Llegados a este punto, cabe plantearse: si la información de la que disponemos no es rigurosa y contrastada, ¿podemos formarnos una verdadera opinión sobre un acontecimiento actual concreto? ¿Está entre nuestras obligaciones como ciudadanos el investigar suficientemente sobre un acontecimiento antes de opinar públicamente sobre él? ¿Y se halla entre las obligaciones de los medios la de combatir la infodemia en la que nuestra sociedad digital se ve inmersa?

En definitiva, ¿responden los medios a las demandas de la sociedad, adaptándose a ellas, o es la sociedad la que se encuentra necesariamente influida por la información que se le presenta? Si bien no hay respuesta correcta o incorrecta —porque se trata de una clara retroalimentación—, no debemos perder de vista la existencia de dos conceptos contrapuestos (aunque quizá presenten cierta analogía o, incluso, simbiosis): el “framing” o encuadre, y el sesgo de confirmación.

En materia de comunicación, el “framing” es la selección y el énfasis que los medios conceden a las características de un tema, y que promueven abiertamente en el público una particular evaluación sobre dicho tema. Dicho de otro modo, un encuadre es un envoltorio o definición que alienta ciertas interpretaciones y desalienta otras (Rodelo, Frida V.; Muñiz, Carlos, 2016). Por su parte, el sesgo de confirmación es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas (Plous, 1993).

Dejando a un lado las elucubraciones sobre si el primer fenómeno es consecuencia del segundo o viceversa, lo que parece innegable es que existe una altísima y “todopoderosísima” magistratura que se (auto) posiciona técnica y moralmente por encima de Juzgados y Tribunales de cualquier orden, categoría y especialización, y que responde al nombre de redes sociales. Y, como decíamos, no suele admitir una revisión en segunda instancia. En este contexto, el problema aparece cuando confluyen la falta de información –porque no se nos haya suministrado con el suficiente rigor y contraste, porque nos baste nuestro propio sesgo para sentar cátedra, o por la confluencia de ambas– y la emoción incontenida de sumarse a una causa que, desde nuestra perspectiva, es la más justa de todas las causas.

Pero tampoco puede perderse de vista que, desde el momento en el que la televisión, la radio o la prensa hablan de “presunto culpable” o dedican grandes espacios a la elucubración y no “simplemente” a la información, ya están atentando –de manera silenciosa e involuntaria, si se quiere– contra el Estado de Derecho. Porque la presunción es siempre de inocencia hasta que se demuestre lo contrario –por muy cliché que esto pueda sonar –y una resolución judicial así lo acuerde. Y, también, porque la defensa de ese Estado de Derecho lleva ineludiblemente anudada la defensa de sus instituciones (Policía, Jueces o Fiscales, entre otros muchos actores), de manera que la pérdida infundada de confianza en estos agentes no hace sino perjudicar a las bases más elementales de nuestra democracia.

Expuesto cuanto antecede, vaya por delante el más profundo respeto y defensa del incuestionable derecho a la libertad de expresión, consagrado constitucionalmente en cualquier país democrático que se precie y, por supuesto, también a la prensa que, como decía Tocqueville, “es, por excelencia, el instrumento democrático de la libertad”.

Sirva únicamente el presente planteamiento como una llamada a la reflexión sobre aquello que los ciudadanos, como parte de esa sociedad de la inmediatez, demandamos; sobre lo que hacemos con el desorden informativo en el que desde hace un tiempo a esta parte vivimos; y sobre el rigor que cabría reivindicar tanto respecto de los medios de comunicación como de nuestras propias opiniones, al menos –y esto es únicamente un mínimo– cuando puedan afectar de lleno a la esfera de los derechos personales de otros individuos, y con ello a las más elementales estructuras de nuestra comunidad.

Marina Blaya Gonzalez

Graduada en Derecho por la Universidad de Murcia (2014/18), y Beca Erasmus en Université de Lille (2017/18). Completó su formación con el Doble Máster de Acceso a la Abogacía y LLM en International Law, Foreign Trade and International Relations en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid (ISDE), y Curso de Negociación y Mediación en la Universidad de Columbia.

Comenzó su carrera profesional con un programa de pasantía en el departamento legal de eSilicon Corporation en San José, California (EE.UU). Posteriormente se incorporó a KPMG Abogados en Madrid, donde colaboró con los equipos de Procesal y Concursal, y Mercantil Financiero.

En septiembre de 2020 comenzó a formar parte del equipo de ONTIER, donde presta asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en toda clase de arbitrajes y litigios civiles y mercantiles.

Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.