Leyes pro cannabis (reproducción de la tribuna del editor Segismundo Alvarez en ABC)
Las adicciones son, por definición, difíciles de controlar. Así lo demuestra una vez más la actual crisis de los opiáceos en EE.UU. Hacia el año 2000, varias farmacéuticas de Este país propagaron la teoría de que el dolor crónico se debía tratar con opiáceos, y gracias a ella consiguieron vender, legalmente, miles de millones de esas medicinas. Varios años se hicieron más de 80 recetas de opiáceos por cada 100 habitantes. Pero el precio que está pagando por ello la sociedad americana es incalculable: solo en 2020 murieron 93.000 personas por sobredosis de opiáceos. Los intentos de controlar esta plaga han fracasado y los millones de adictos creados acuden cada vez más a drogas ilegales como la heroína o el fentanil. Las estremecedoras imágenes de personas vagando como zombis por las calles de Filadelfia han dado la vuelta al mundo.
Mientras tanto, en España, varios partidos políticos proponen regulaciones que favorecen el consumo de otra droga extraordinariamente adictiva y perjudicial. Aunque el cannabis no produce la muerte por sobredosis, sus efectos son también demoledores. Hasta un 30% de los usuarios se convierten en dependientes o adictos (aquí). El consumo habitual de cannabis multiplica por 4 el riesgo de sufrir brotes psicóticos, por 3 los intentos de suicidio, y aumenta en un 30% el riesgo de depresión. Además, reduce gravemente las capacidades cognitivas y afecta a los receptores de dopamina, debilitando la motivación y la capacidad de aprender. A todo esto hay que añadir unos efectos cancerígenos y pulmonares similares a los del tabaco. Si fumar mata, -como por ley indican las cajetillas- fumar cannabis hacer descarrilar tu vida -y mata- (referencias a artículos científicos aquí).
Es cierto, como dice la proposición de Más País, que la estrategia de prohibición no ha impedido la proliferación de su uso. Por eso solo hace más necesaria una gran campaña para concienciar a todos de sus riesgos. Un enorme esfuerzo previo en ese sentido quizás permitiría plantear su legalización, pero la propuesta de este partido va en sentido contrario: no solo legaliza el cannabis sino que lo promueve. La exposición de motivos, que sería cómica si la cuestión no fuera tan grave, dice que durante milenios “el cannabis ha formado parte de nuestro paisaje rural … llegando a ser un cultivo de gran importancia económica y cultural”. Peor es el artículo 1 que “declara y reconoce el valor y carácter universal, cultural, sociológico, lúdico, recreativo, medicinal, comercial e industrial de la planta ¨Cannabis Sativa L”. El resto del texto, como es lógico tras esta declaración de principios, da un trato de favor al cannabis frente a otras drogas legales como el alcohol y el tabaco: permite su cultivo para uso propio; presume este uso salvo que se excedan unas cantidades considerables; reconoce y promueve los “clubes y asociaciones de cultivo y consumo compartido”; prohíbe la sanción por su consumo en espacios públicos; limita la posibilidad de sancionar por conducir bajo sus efectos (exigiendo una prueba conductual además de la química); establece normas de etiquetado mucho menos estrictas que para el tabaco; y limita los impuestos que se le pueden imponer al 35%, muy inferior al que se aplica al tabaco. (La proposición de Podemos también va en esta línea: persigue la “desestigmatización” del consumo de cannabis y rebaja la gravedad de sus efectos declarando reiteradamente que sus efectos son menos que los del alcohol. Aunque fuera verdad, que no está claro, es un mensaje contraproducente. La de ERC es la única que plantea los problemas de la adicción y el abuso, pero apenas tienen reflejo en el articulado).
En resumen, las propuestas valoran positivamente esta droga y le otorgan privilegios que favorecen su consumo, en contra de lo que dictan la ciencia y la experiencia. El oportunismo político y los intereses de un mercado legal superior a 20 mil millones de dólares anuales quizás expliquen esta posición. Pero esta regulación, combinada con el aumento de su uso entre los jóvenes, la creciente concentración de su elemento activo (el THC), y las nuevas formas de consumo (vapeo, comida) puede que nos lleven, dentro de unos años, a un paisaje casi tan desolador como el los opiáceos en EE.UU, con parte de generaciones perdidas en la adicción, la desmotivación o la psicosis.
Este artículo es una adaptación del publicado el 17 de octubre de 2021 en el diario ABC (https://www.abc.es/opinion/abci-segismundo-alvarez-royo-vilanova-leyes-procannabis-202110170007_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=wh&vli=noticia.foto)
Licenciado en Derecho en 1989 (ICADE- E1). Notario en la oposición de 1991. Doctor en Derecho. Patrono de la Fundación Hay Derecho. Autor de artículos en El País, ABC, Nueva Revista, y de diversas publicaciones de Derecho Mercantil y otras materias.
He leído el artículo con atención y no puedo estar más en desacuerdo. En primer lugar, porque creo que carece de todo rigor comenzar el artículo equiparando los efectos y los daños que causa el consumo de opiáceos con el cannabis, porque ciertamente presentan más diferencias que semejanzas. En segundo lugar, porque el debate no consiste en negar que el consumo del cannabis sea perjuidicial sino que sería posible un marco de regulación del cannabis para evitar, fundamentalmente, que la distribución de esta sustancia sea competencia estatal y no continúe siendo monopolio de las organizaciones criminales, al igual que sucede con el tabaco, el alcohol y otras sustancias legales que sin embargo también perjudican seriamente la salud.
Muchas gracias por su comentario. Es cierto que hay muchas diferencias entre el cannabis y los opiáceos, pero no cabe duda de que la trágica crisis de los opiáceos pone de relieve lo peligrosas que son las drogas y las adicciones. Y muestran que una droga legalizada con finalidad terapéutica exclusivamente también puede tener efectos devastadores y aumentar, en lugar de disminuir, el narcotráfico.
En relación con la segunda cuestión, el que usted señala es uno de los debates: reducir el narcotráfico. Esa es una buena razón para promover la legalización, a mi juicio. Pero también hay otras, como la recaudación de impuestos y evitar la economía sumergida o la estigmatización de los consumidores, como señalan estas proposiciones.
Sin embargo, para mi la cuestión más importante, porque es el que más daño produce a los individuos y la sociedad, es el de la saludo pública y las adicciones, que las proposiciones de Ley presentadas ignoran o (en el caso de ERC) tratan de manera tangencial. Para mí hay que partir de este problema para ver como se legaliza: es decir, la legalización tiene que estar dirigida en primer lugar a disminuir el consumo, después a reducir/eliminar el narcotráfico y muy por detrás las demás cuestiones. Pero estas proposiciones ignoran el que debía ser el primer objetivo de esta legislación, y ofrecen un tratamiento incluso menos estricto que el del tabaco o del alcohol en muchos aspectos (autocultivo, etiquetado, sanciones por conducir, impuestos).