Catalán, escuelas y cohesión social. Sobre el acuerdo de la Generalitat de 4 de enero de 2022

El día 5 de enero de 2022 se publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de 4 de enero sobre la defensa del catalán, de las escuelas y de la cohesión social (ver aquí). Se trata de un acuerdo que no puede ser entendido al margen de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 que establece la necesidad de que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano a todos los alumnos del sistema educativo catalán, y de la que me ocupaba en un artículo de hace unos meses (ver aquí). Una vez firme esa resolución
judicial al haber inadmitido el Tribunal Supremo el recurso de casación planteado contra la misma, la Generalitat hizo expresa su voluntad de desobediencia y en este sentido dirigió un correo a los equipos directivos de los centros escolares catalanes conminándoles a continuar aplicando los proyectos lingüísticos existentes, sin modificarlos como consecuencia de la mencionada sentencia. Me ocupaba de ello en el artículo que acabo de indicar.

Ante esta voluntad expresa de desobediencia, varias organizaciones que llevaban años defendiendo los derechos lingüísticos de los ciudadanos catalanes y consiguiendo que los tribunales reconocieran que el castellano no podía ser excluido como lengua de aprendizaje, iniciaron una campaña destinada a conseguir la ejecución forzosa de esa sentencia y a denunciar su incumplimiento.

La respuesta de la Generalitat es el Acuerdo de 4 de enero de 2022, un Acuerdo que, como veremos, es significativo.

El Acuerdo tiene tres concreciones: reafirma el compromiso del Gobierno de la Generalitat en la defensa del catalán, anuncia que pondrá al servicio de los equipos directivos de los centros educativos los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Generalitat y exige responsabilidades a las personas o entidades que ataquen “injustamente” a personas o colectivos por la defensa y uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones.

A mi juicio es un Acuerdo que atenta gravemente contra principios democráticos básicos y contra el Estado de Derecho, tal como intentaré mostrar a continuación.

En primer lugar, el Acuerdo supone una deslegitimación radical de las decisiones judiciales que establecen la necesidad de que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas catalanas. En dicho Acuerdo se lee que la enseñanza en catalán es la que se deriva tanto del Estatuto de Autonomía de Cataluña como de la Ley de Educación y de textos internacionales suscritos por España, para añadir que “Pese a ello, últimamente, varias actuaciones políticas y judiciales han puesto en cuestión el modelo de enseñanza en catalán, legalmente establecido, al margen de la comunidad educativa, de la ciudadanía y de los poderes públicos elegidos democráticamente”.

La afirmación de que las decisiones judiciales han puesto en cuestión el sistema de enseñanza “legalmente establecido” no puede ser interpretado más que como la acusación de que las sentencias a las que se refiere no se han ajustado a Derecho. Se trata de una afirmación que es perfectamente legítima en un particular o en un político, pero que no puede ser introducida en un texto normativo publicado en un Diario Oficial sin poner en cuestión las bases mismas del Estado de Derecho, que exigen que los poderes públicos acaten las decisiones judiciales. Una deslegitimación como la que se acaba de describir, en el marco de un Acuerdo formal del gobierno autonómico supone una vulneración grave de elementos nucleares del Estado de Derecho, que debería tener consecuencias no solamente internas, sino también internacionales, especialmente en el marco de la UE, pues no podemos olvidar que ésta es especialmente vigilante del respeto por parte del poder ejecutivo de las decisiones judiciales, como se ha podido comprobar en los casos abiertos en relación a Polonia y a Hungría.

La deslegitimación, sin embargo, va más allá; pues, tal y como se acaba de indicar, el acuerdo publicado en el DOGC indica que las decisiones judiciales se han producido al margen de la comunidad educativa, la ciudadanía y los poderes públicos elegidos democráticamente. Esto es, existe un reproche implícito, pero claro, a quienes recurren a los tribunales para obtener la garantía de sus derechos en contra de los criterios del poder ejecutivo, a los que éste suma la comunidad educativa (en buena medida, configurada por este mismo poder ejecutivo) y la ciudadanía, de la que parece excluir a quienes optan por presentar sus alegaciones ante los tribunales.

Una crítica de esta entidad al recurso a los jueces es completamente inadmisible a partir de estándares democráticos elementales. El hecho de que un texto oficial cuestione que se acuda a los mecanismos jurisdiccionales para la obtención de la tutela judicial supone una enmienda a los pilares de la democracia liberal que se ha construido en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial y que constituye el núcleo del ordenamiento jurídico de la UE y de sus estados miembros.

Pero aún hay más. Tal como se ha adelantado, el acuerdo incluye la exigencia de responsabilidades tanto políticas como penales, administrativas “o de otra naturaleza” a las personas o entidades que “ataquen injustamente a personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones”. Se trata de una decisión especialmente perturbadora, porque en el contexto en el que se adopta el acuerdo es claro que tales personas o entidades son aquellas que han exigido ante los tribunales la enseñanza bilingüe y que han denunciado por otras vías los incumplimientos de la Generalitat. Esta amenaza de exigencia de responsabilidades, no solamente jurídicas para el caso de que se hubiera actuado ilegalmente, sino también políticas “o de otra naturaleza” parece buscar el amedrentamiento de la sociedad civil que cuestiona las actuaciones del poder público y es, por tanto, también otra quiebra significativa de elementos básicos del Estado de Derecho. Los ciudadanos no pueden ser coaccionados por el poder público para que dejen de exigir la garantía de sus derechos ante los tribunales de justicia o por los medios legales que consideren oportunos. Aquí es necesario llamar la atención sobre el hecho de que el Acuerdo de 4 de enero no limita la exigencia de responsabilidades a los casos de actuaciones “ilegales”, sino que lo extiende a las que el gobierno considere “injustas”, lo que supone dotar a ese gobierno de un margen de discrecionalidad en la apreciación de las actuaciones que han de ser perseguidas que carece de fundamento legítimo.

La exigencia de responsabilidades se extiende también a los “ataques” a quienes ejerzan sus funciones. De nuevo el contexto nos aporta la explicación de a qué se refiere este extremo.

Tal como hemos indicado, ya en noviembre el Gobierno de la Generalitat, a través de su Consejero de Educación, trasladó instrucciones a los equipos directivos de los centros educativos para que no modificaran sus proyectos lingüísticos; esto es, para que siguieran excluyendo el castellano como lengua vehicular. Ante esta situación, las entidades defensoras del bilingüismo han anunciado que pondrán en marcha las actuaciones judiciales que consideren necesarias para conseguir la plena efectividad de la Sentencia de 16 de diciembre de 2020. La advertencia contenida en el Acuerdo de 4 de enero parece dirigida a informar que esas actuaciones podrán ser consideradas como “ataques” injustos que podrían dar lugar a la exigencia de responsabilidades “políticas, penales, administrativas o de otra naturaleza”. De nuevo el intento de amedrentar a la disidencia dentro de Cataluña.

A esto se une el segundo de los Acuerdo adoptados, en relación a la puesta a disposición de los equipos directivos de los centros educativos de los servicios jurídicos de la Generalitat. No entraré ahora en ello, pero es necesario apuntar que el auxilio a los funcionarios por parte de la Administración en los casos en que estos funcionarios actúen en el ejercicio de sus funciones no alcanza a liberar a estos de su responsabilidad cuando de forma dolosa o por culpa grave incumplan una obligación legal, lo que incluye la necesidad de acatar las decisiones judiciales.

Seguramente habrá ocasión de volver sobre este punto más adelante, así como sobre el régimen lingüístico en las escuelas catalanas. Ahora interesa sobre todo destacar que el Acuerdo de 4 de enero, publicado en el DOGC del 5 de enero supone un cuestionamiento inasumible de las decisiones judiciales y del recurso a los tribunales en contra del criterio del poder público, así como una indisimulada amenaza a las personas y entidades que han cuestionado la enseñanza monolingüe en catalán. Se trata de hechos graves que atacan frontalmente elementos esenciales del Estado de Derecho, por lo que no deberíamos permanecer indiferentes ante ellos.

6 comentarios
  1. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Sobre la diferencia entre lo que interesa a los dirigentes políticos catalanes y a sus ciudadanos.

    El 2 de enero pasado ,La Vanguardia publicó un interesante artículo de Carles Castro “¿ Cuándo se quebró la paz lingüística? “, sobre la evolución de los sondeos desde que en abril de 1983 se aprobó la Ley de Normalización Lingüística , hasta el más reciente sobre el tema.
    En 1984 “ los sondeos del CIS lo dejaban muy claro: entre un 75% y un 80% de los consultados rechazaban que en las escuelas públicas de Catalunya la enseñanza se diera “ sólo en catalán”. Y sólo un 17% aceptaba una escuela monolingüe.
    Lo significativo del caso es que incluso entre el electorado nacionalista era mayoritario el rechazo a una escuela “ solo en catalán”. Casi un 70% de los votantes de CIU o de ERC estaba en contra de que las clases se impartieran únicamente en lengua catalana. ..”
    Y acaba con este texto sobre la opinión ciudadana en esta materia :
    “La respuesta , más de dos décadas después, la ofrece un sondeo recogido por este diario…..las preferencias en el reparto de horas lectivas arrojan los siguientes porcentajes: 47% para el catalán ; 26% para el castellano y 19% para el inglés . Y aunque las proporciones cambian según el voto del entrevistado no lo hacen de un modo insalvable: el elector independentista defiende un 20% de castellano y el de la derecha estatal un 30% en catalán”

  2. Manuel Villa
    Manuel Villa Dice:

    Esto de facilitar los medios autonómicos en ayuda de quien incumpla la sentencia del 25% es otra más. Sostienen los que defienden la Escuela Catalana que al finalizar estudios el alumno domina tanto el catalán como el español. Supongamos que el alumno finaliza estudios con 17 años, ¿a los 9 años no ha de tener el nivel de español exigible a un alumno de 9 años? ¿a los 13 años no ha de tener el nivel exigible a un alumno de 13 años? ¿a los 17 años no ha de tener el nivel exigible a un alumno de 17 años?. A los 17 años sí lo tiene, porque los que defienden la Escuela Catalana dicen que lo tiene. Es decir, no lo tiene a los 9 ni a los 13 pero con la enseñanza en Catalán desde los 13 a los 17 por ósmosis se pasa a dominar el español como un alumno de otros territorios con 17 años de edad. Es claro que lo que se sostiene con la Escuela Catalana solo es demostrable con Exámenes de Estado: a los 9, a los 13 y a los 17 años, el mismo examen para todas las autonomías, el mismo día y a la misma hora. Si los mejores resultados los obtienen los que tienen como lengua vehicular el noruego, habría que pensar en cambiar a la enseñanza en noruego.

  3. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    En un artículo reciente en El Economista de Joaquín Leguina «De qué vamos»
    (30/11/2021 ) , decía lo siguiente :
    “El domingo 28 de noviembre el periódico El País publicó una larga entrevista con el portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián. A lo largo de toda ella no se entró para nada en lo que, a mi juicio, es lo más relevante a lo que se enfrenta la sociedad española: el paro (especialmente el juvenil), la inflación, la pandemia, la marginalidad, la inestabilidad en el empleo, la deuda pública… Todo eso no existe para ellos, los aliados de Sánchez, y posiblemente tampoco para el propio Sánchez.
    Para Rufián, lo importante es que desde Cataluña se expulse al español…”
    El 4 de marzo de 2021 centenares de entidades se solidarizaron con el manifiesto ¡Basta ya! contra la degradación de Cataluña. “Reclamamos un Gobierno que defienda la economía productiva, el empleo y el Estado de bienestar; que sitúe la recuperación económica y la cohesión social como su objetivo principal; que mantenga el orden, es decir, que garantice el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades para todo el mundo, y el normal funcionamiento de las instituciones; y que dé seguridad jurídica “.
    Es el retrato de un “gobierno fallido” ya que la Generalitat ha fracasado en aspectos fundamentales de los ciudadanos : economía, bienestar social , derechos y libertades, seguridad jurídica..
    Lo suyo es el teatro y la provocación para ocultar sus carencias en las materias que interesan a los ciudadanos y que exigen competencia, responsabilidad y recursos que reducirían su “extracción para hacer política “.
    Ejm en sanidad La Vanguardia del 21 de noviembre pasado “ En Catalunya la visita a un traumatólogo puede tardar hasta 149 días, mientras que la media española es de 87 “ . 25-26 diciembre publicaba “ el caso más dramático es el de Catalunya , donde los pacientes tienen que esperar 12,38 días para conseguir una cita con su médico ( después Valencia 9,33 , Baleares 8,86 ..).En la mayor parte de la gestión pública del Govern , como con la pandemia podemos encontrar las mismas graves deficiencias .
    Para ellos, como demostraron en la huida de empresas, no les preocupa el futuro , la salud , la renta ni el trabajo de los ciudadanos catalanes sino el suyo y de su red clientelar.
    Recientemente , como ejemplo escandaloso, La Vang ha publicado un artículo de Pedro Nueno el 4-1-22 “ Viajando” de cómo se frustró la inversión de una gran empresa china , fabricante de coches, que él había gestionado porque al momento de la firma, en Pekin, el President no fue porque “ la gente decía que hacía muchos viajes”.

  4. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Anexo a la primera respuesta:
    La última encuesta de octubre de 2021 ,está incluida en otro artículo de La Vanguardia “ Lengua y escuela , la sociedad sin extremos” . El texto que acompaña al título era “Una encuesta previa a la polémica indica que , pese a las diferencias ideológicas , nadie quiere una educación monolingüe “ .
    La pregunta era la siguiente ”Si usted pudiese decidir el reparto de horas en la educación pública catalana ¿qué porcentaje atribuiría a cada una de las siguientes lenguas : catalán, castellano, inglés y otras lenguas ”
    La respuesta en porcentajes y votantes de los diferentes partidos eran : VOX 30% catalán , 40 % español , 23% inglés y 7% otras y en el mismo orden CS 31-41-20-8 ; PP 29-37-23-11; PSC 40-31-20-9; ECP 50-23-21-6; ERC 55-21-18 -6; JUNTS 57-20-17-6 y CUP 57-19-17-7 y la media queda en 47-26-19-8.
    No sé si como era el 28 de diciembre ,la gente no se la tomó en serio.
    En cuanto la gestión política de la sanidad y de las actividades económicas me remito al comentario del sindicato Metges de Catalunya , incluido en un editorial crítico de La Vanguardia del 23 de diciembre pasado “ Covid, Govern y unos sectores indignados” Metges de Catalunya, tilda de “ nefasta” una gestión de las autoridades que “ siempre va tarde” y al artículo de hoy en Voz Pópuli de Pedro Pérez ¿Para qué sirve el toque de queda? Cataluña registra 276.000 contagios en Navidades; Madrid, 193.000 .La patronal catalana del ocio nocturno estima pérdidas de 1.000 millones de euros.

  5. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Para la Generalitat , no tiene preferencia ni el cambio climático ni la independencia energética y su coste
    La Vanguardia del 9 de diciembre de 2021 artículo : “La eólica liderará por primera vez en el 2021 la generación de electricidad “ de D.Älvarez . Os extraigo lo siguiente “ según datos recogidos por Red Eléctrica Española ( REE) y adelantados por el diario digital Nius . Los parques eólicos ya han producido más del 23% del total de energía del sistema eléctrico , superando a las nucleares , que aportaron el 21% y los ciclos combinados de gas , que aportaron otro 16,8%….Es todo un hito para las energías renovables y se explica por el aumento de la potencia de energía eólica instalada , que ha crecido un 12% en los dos últimos años en España. Con la excepción destacada de Catalunya donde los proyectos siguen paralizados y donde el último decreto presentado por el Govern pone muy difícil la inversión en este campo , porque una de las condiciones es que se exigen consenso previo con los Municipios afectados..”
    Ni tampoco, la pobreza de los catalanes:
    La Vanguardia del 18 de diciembre de 2021 , en el suplemento VIVIR , artículo “Un 11% de las familias atendidas por Cáritas convive con desconocidos” Rosa M. Bosch
    “La entidad religiosa denunció ayer la grave situación en la que se encuentran numerosas familias con niños; no en vano, la tasa de pobreza de los menores de 18 años se eleva en Catalunya al 33,4 %, seis puntos más que en el conjunto de España. De hecho, España es el tercer país por la cola de la Unión Europea (UE) en este indicador, sólo por delante de Rumanía y Bulgaria. La media de la UE se acerca al 20%. La clave de esta gran diferencia es el escaso apoyo que se presta a dicho colectivo, mientras la UE invierte el 2,4 % del PIB en ayudas a los hogares con menores a cargo, España destina el 1,3%, según destaca Salvador Busquets, director de Càritas Barcelona.
    …Si la tasa de pobreza relativa en Catalunya, en el 2020, se elevaba al 29 % en los hogares con niños – frente a la media del 17 % de la UE–, en los monoparentales se situaba en el 43,2 %. Las carencias que sufren es determinante para que “tengan el doble de posibilidades de no acabar la enseñanza obligatoria”, alerta Míriam Feu, responsable de análisis social de la entidad…………
    Y los datos tienden a empeorar………………»
    El 16/12/21 mientras en un artículo en Voz Populi de Marina Alias “La Generalitat lidera las muertes de personas dependientes que esperaban sus ayuda “destaca que Cataluña registró 11.715 muertes de personas a la espera de ayudas en lo que va de año, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La cifra supone más de la cuarta parte de todo el país “. A la vez el mismo periódico había publicado que “ ERC llega a un acuerdo con el Gobierno sobre el catalán en Netflix.
    ¿ Es o no un gobierno fallido para resolver los problemas esenciales de los ciudadanos? ¿ Confiarías en él, después de tantas evidencias , que en educación se está preocupando exclusivamente del futuro de los estudiantes ?
    Pero los ciudadanos tienen una enorme responsabilidad porque “ un pueblo que no sabe escoger, controlar ni corregir a sus dirigentes no merece quejarse de los fracasos y los abusos de su gestión”

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