La purga en la cúpula de los Mossos d´Esquadra o el problema de la politización de la función pública.

Una versión de este artículo ha sido publicada en Crónica Global disponible AQUÍ.

El revuelo político-mediático ocasionado con motivo de la reciente “purga” según la oposición (simple relevo, según el Govern) en la cúpula de los Mossos d´Esquadra pone de nuevo sobre la mesa uno de los problemas estructurales más graves de las Administraciones Públicas españolas, en general, y de la catalana en particular: la politización de la función pública, particularmente peligrosa cuando como ocurre en este caso, se refiere a la dirección de un cuerpo policial. Si, además, resulta que esos profesionales estaban llevando a cabo tareas de investigación en torno a posibles casos de corrupción que afectan a personas importantes de la política catalana en activo debemos preocuparnos todavía más porque parece responder a la intención de bloquear o desactivar esa investigación.

En ese sentido, los que se llevan las manos a la cabeza, con razón, con los casos de politización destapados en el Ministerio del Interior que pone de relieve el caso Kitchen deberían de ser los primeros en denunciar este tipo de situaciones: es fácil comprender que puedan acabar de la misma forma, con la utilización ilegal de recursos públicos para proteger a personas pertenecientes a un partido político (o al mismo partido político) que está en el gobierno.  Recordemos que en el caso Kitchen se encuentran imputados altos cargos del PP por utilizar funcionarios y recursos del cuerpo de policía nacional para espiar a Bárcenas y proteger al partido en la trama Gürtel). En el que nos ocupa, se destituye a la cúpula de los profesionales de los Mossos d´Esquadra -con la pobre excusa de que hay que “feminizar el cuerpo”- para evitar las labores de investigación incómodas para el poder político. En ese sentido, es paradigmático el cese del intendente de los Mossos d’Esquadra, Antoni Rodríguez, hasta ahora jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos y que ha sido destinado a la comisaría de Rubí, donde, dadas sus competencias, ya no podrá incomodar a nadie.

La cuestión está en que esta posibilidad de “molestar” a los altos cargos forma parte de la esencia de un Estado democrático de Derecho: que se pueda investigar y, en su caso, exigir rendición de cuentas en forma de responsabilidades jurídicas (y políticas, aunque esto se suela olvidar) a las personas que ostentan cargos públicos. Que, al menos en una democracia, están sometidas a las mismas normas que el resto de los ciudadanos. Y no, cuando se investiga a personas concretas por posible corrupción ni se está abriendo una “causa general” contra su partido (en palabras de Mariano Rajoy para referirse a la investigación de la Gurtel) ni tampoco se está atacando a Cataluña, por referirnos a las famosas palabras de Jordi Pujol en relación con el caso de Banca Catalana. Sencillamente, se está investigando a personas concretas que han podido incurrir en comportamientos ilícitos. Esto, por no hablar de la obligación de ejemplaridad y de respeto por el ordenamiento jurídico que tienen los altos cargos, y que proclaman infinidad de normas y de códigos éticos.

Pero es que en España resulta que los controladores dependen de los controlados. No se trata sólo los funcionarios de las policías nacionales o autonómicas; también ocurre con los interventores, con los asesores jurídicos, con los habilitados nacionales (los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local cuyo control ha conseguido el PNV que les ceda el Gobierno por la puerta de atrás vía Presupuestos) y en general con cientos y cientos de funcionarios cuyas carreras administrativas dependen del favor político. El origen de esta importante quiebra en nuestras Administraciones Públicas está ampliamente diagnosticado: es la enorme extensión de los puestos de libre designación (y de libre cese) en la función pública, que permite que se nombre y se cese a las personas por razones de confianza, con total discrecionalidad (muchas veces convertida en total arbitrariedad) por parte de los cargos políticos. Es un auténtico cáncer que está corroyendo la profesionalidad de las Administraciones Políticas y al que ningún gobierno quiere poner fin, porque le asegura una libertad de gestión enorme. ¿Quién es el valiente que le va a poner pegas a su jefe político sabiendo que su promoción profesional o/y sus retribuciones dependen de que sea complaciente? Pues unos pocos valientes que creen que es su deber hacerlo. Pero la mayoría de los funcionarios no son héroes, ni tienen que serlo.  Tendrían que estar protegidos por las normas y por las instituciones.

Originariamente la libre designación estaba prevista únicamente para los puestos directivos en la función pública (así lo recoge el Estatuto básico del empleado público, el EBEP) pero en la realidad se han ido calificando como tales un sin número de puestos adicionales, particularmente en las CCAA, de manera que todos los puestos de más relevancia para la carrera funcionarial de un funcionario acaban por ser de libre designación con lo que esto supone: básicamente, que acaban transformando en puestos de confianza política. Por eso en España son tan frecuentes los cambios en niveles directivos de segundo o tercer nivel cuando se produce un cambio político, que son absolutamente infrecuentes en los países de nuestro entorno y que nos sitúan a la altura de Turquía o de Chipre en cuanto a falta de profesionalización (o politización) de la Administración Pública. La solución es muy sencilla: implantar de una vez un modelo de dirección pública profesional tal y como exige el EBEP desde el año 2007, y limitar drásticamente los puestos de libre designación, que además deberían cubrirse por estrictos méritos profesionales. Pero claro, no hay ninguna voluntad política de hacerlo; con un sistema de dirección pública profesional no se habría podido producir una purga como la de los Mossos y se seguirían investigando los posibles casos de corrupción hasta el final, sin interferencias políticas. Sin duda, para los ciudadanos sería un gran avance, aunque para los políticos pueda suponer un retroceso.

Y como coda ¿Cuánto tiempo tardará el Govern, de seguir por este camino, en tener su propia “policía patriótica”, sus propias “cloacas de Estado” y su propio comisario Villarejo del futuro? Se admiten apuestas. Así, por lo menos, cuando tenga que sostener teorías conspiranoicas sobre el 17 A o sobre lo que toque podrá hacerlo sin tener que recurrir a figuras tan desprestigiadas como la del comisario Villarejo, quizás la más perfecta encarnación de los problemas institucionales españoles. Pero por lo menos en el resto de España la policía patriótica y Villarejo no se ven precisamente como un modelo a seguir.

 

4 comentarios
  1. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    La actuación antidemocrática de los dirigentes políticos catalanes era predecible ya que, el movimiento independentista, está trufado de políticos que sueñan en gestionar una “democracia del tercer mundo” en la que el Estado es la propiedad privada de los que ganan las elecciones y otros partidarios de sistemas políticos dictatoriales, extractivos tanto de recursos económicos como de libertades individuales, incompatibles con los principios y la normativa de la Unión Europea,
    El control de la enseñanza, la cultura y la información, durante tanto tiempo, es lo que permite justificar que Cataluña cuente con la clase política más incompetente, inmadura, irresponsable, autoritaria y extractiva de la UE y que ,a pesar de su nefasta gestión, continúan votándoles .
    De ahí que sus “ proyectos constitucionales” , como el de a reforma judicial hacia una mayor ampliación de su dependencia , no tengan nada que ver con el de las democracias plenas. El ejemplo de estas manifestaciones ya daba la idea de sus intenciones .
    Ejm Lluis Llach : En el momento que tengamos la ley de la transitoriedad jurídica , ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil , al revés, muchos de ellos sufrirán…”
    Santi Vidal : De los 801 jueces , sabemos perfectamente los que se quedarán y los que se irán .Tenemos perfectamente diseñada la estructura judicial de la República y sabremos con qué jueces podemos contar”
    Como ejemplo de la politización en este sector de la función pública, que denuncia Elisa ,es la protección que reciben por parte de la Generalitat “los nuestros” cuando cometen infracciones y delitos ( ejm paralización de actas de sanción abiertas por los Mossos d Escuadra relacionadas con el procés o la retirada de acusación contra independentistas investigados por causar disturbios y hasta de lesionar a mososs)
    .Es ,por lo tanto previsible ,que con “jueces de los nuestros”, los corruptos como los violentos , “nuestros” ,tengan un mejor tratamiento y con ello, que hay más violencia ( contra “ los otros”) y corrupción. Esto se ha vivido en otros lugares ., pero fuera de la UE.
    Si Cataluña saliera de la Unión Europea , dirigida por ellos , no volvería , no es su sistema.

  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Magnífico artículo que pone de relieve una vez más la perversión del sistema político donde -como señala Elisa- se “depende” de los cargos políticos para cualquier tipo de privilegio en la Función Pública.
    Ayer, leía un temario de oposiciones donde se demuestra cómo se ha pasado de la Función Pública y sus responsabilidades, al concepto “empleado público”. El primero es independiente ya que depende del Estado y puede incluso negarse a seguir las órdenes que considere ilegítimas o contrarias a la Constitución y las leyes; el segundo depende de quien haya provisto la plaza e incluso se atreve a firmar documentos públicos.
    Un saludo.

  3. JOSE EUGENIO SORIANO
    JOSE EUGENIO SORIANO Dice:

    Hay un tema añadido que no aparece en este artículo (magnífico) de Elisa y que hay que abordar ya: la falta de control judicial sobre la “pretendida discrecionalidad” en estos nombramientos. No hay duda alguna de que los jueces contenciosos se han arrugado y han pasado a ser, en este punto, jueces “contentos y ociosos”. Ceden temerosamente ante la arbitrariedad, han abdicado de sus potestades de control, se limitan a ser burócratas y no “Poder Judicial”. Y técnicas de control de la discrecionalidad existen desde hace décadas teorizadas, por todos, desde Eduardo García de Enterría. Pero si no quieren no pueden y es mucho más cómodo mirar a otro lado, encogerse de hombros y no dar los pasos, que se les ha encomendado (sometimiento pleno a la Ley y al DERECHO) para abordar el control de la arbitrariedad. Ese “temor reverencial” de tantos jueces contenciosos para con el burdo e ignorante (muchas veces) poder político está en el origen del desfallecimiento de Estado de Derecho. Y hay cientos de ejemplos de sentencias que se arrugan ante la evidencia de la arbitrariedad, apoyándose en cualquier elemento fútil y lerdo del ejercicio de una potestad administrativa para torcer la cabeza y permitir todo este panorama de corrupción. El viejo y conocido Glissez, mortels, n’appuyez pas que también sirve para ir resbalando y deslizando por encima, porque, como decía Santi Romano de este viejo poema de Roy, esa es la forma de no decidir.

  4. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Después de la declaraciones anteriores que evidenciaban el carácter antidemocrático y totalitario del independentismo catalán ,era de prever que sus comportamientos posteriores se adecuaran a estos principios. No sólo los hechos tan graves de octubre de este mismo año 2017 , los posteriores y hasta los actuales eran consecuencia de su intención de que “no van a cambiar”. Lo que me sigue extrañando es la ingenuidad y/o ignorancia de tantas personas y entidades relevantes en este tema .Por eso en nuestro artículo en Hay Derecho hicimos esta aclaración. Reflexiones sobre el «fracaso del Proceso» 9 de julio de 2017
    13 Marzo, 2017 en 09:52
    Creo que es un momento oportuno para que el independentismo haga una autocrítica y aproveche esta ocasión para hacer una regeneración interna sustituyendo a las personas que tanto daño le han hecho. Hay que partir de la base que el movimiento prometió a la población que Cataluña sería como Dinamarca o Austria después del proceso, que son países que están en los primeros lugares en cuanto a transparencia, ausencia de corrupción, eficiencia en la gestión pública y en el sistema económico y en respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y al cumplimiento de las leyes. Es muy importante que el independentismo, además de los corruptos, incompetentes y despilfarradores de los que nos hemos venido ocupando anteriormente, se libere de los políticos que sueñan en un régimen sin libertades para los ciudadanos que no opinan como ellos. Hay que recordarles que el autobús de la independencia, según nos han prometido, tiene su destino en Copenhague, no en Caracas, en La Habana o en otra capital de un estado totalitario “.

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