La farsa de los nombramientos en la Fiscalía
El sistema de promoción en la Fiscalía es, en su conjunto, una farsa. Si por farsa se entiende, como sostengo, “una acción realizada para fingir o aparentar”. Aquí estamos ante un sistema pomposo, lleno de trámites a cumplir, pero que intrínsecamente busca poder conferir toda la libertad al FGE para elegir a quien le dé la gana para cada puesto. Para contentar a los perjudicados por este sistema, de tanto en tanto, se hacen concesiones, repartiendo un poco. Pero ese reparto está también viciado por la falta de garantías.
Para que haya un sistema objetivo, ha de acreditarse la intención de quien interviene de actuar de manera imparcial y objetiva. Eso está acreditado que no ocurre. Cada asociación presente en el Consejo Fiscal tira para los suyos, y no de ahora, sino desde siempre. Se ha normalizado ese modo de actuar. Además, debería haber unas reglas mínimas de evaluación, un sistema de baremo de méritos, un sistema de clasificación de los candidatos, unas exigencias anunciadas antes para cada puesto que se intenta cubrir. Pues no. Ni la Sección Permanente de Valoración (concebida en 2009 como una aproximación a la valoración de méritos) funciona, ni ha funcionado nunca; ni hay baremos; ni hay anuncio de las condiciones requeridas para cada puesto, ni tampoco la justificación de las razones por las que se elige a uno y no a otro, son honestas.
Se ocultan las verdaderas razones de la elección, que no tienen nada que ver con el mérito y la capacidad, ni con la experiencia, ni con el trabajo desempeñado, ni con nada de todo esto. Es práctica frecuente en estos tiempos que se llame por la fiscalía general a fiscales para que pidan determinados puestos. Cuando llaman, se sabe que van a ser designados, y, por tanto, otros candidatos ya no piden, porque además se hace saber que se ha llamado a tal o cual candidato. Si se sabe el nombre del elegido antes de conocer con quien puede competir, es claro que el concurso es una farsa. Las razones para elegir a unos y no a otros, no son objeto de contraste. Por ejemplo, elegir a alguien para un puesto porque hay que incrementar la cuota de mujeres en ciertos puertos, sería un argumento si no hubiera otras mujeres candidatas que la elegida, y especialmente si se anunciara en la convocatoria. Pero no se hace así: en realidad, cuando conviene elegir a una determinada mujer, el argumento del género se hace constar en la motivación. Y, si lo que conviene es elegir a un determinado varón, se omite toda referencia al género.
Voy, simplemente a título de ejemplo, a comparar un poco las trayectorias de las elegidas en el último concurso para dos plazas en el Tribunal Supremo con algunos datos de otros candidatos. Han sido elegidas las candidatas número 14 y número 24 de entre los peticionarios por orden de antigüedad. La 24 era la última de todos los candidatos. Ellas no tienen ninguna culpa de ser elegidas, vaya por delante, y, por lo tanto, las felicito cordialmente. Pero unos datos nos ayudarán a entender porque digo que esto más que un concurso de méritos, es una auténtica farsa y un timo profesional para muchos fiscales.
De la número 14 se resalta en la Nota Informativa de la Fiscalía, que es fiscal desde 1989, que desde 2015 está destinada en la Inspección Fiscal, y que fue vocal del Consejo Fiscal entre 2012 y 2014. Se omite que pertenece a la AF, y que aquel fue el famoso Consejo Fiscal autor del atropello que sufrió el fiscal Juan Antonio Frago, al que expulsaron injustamente con el voto favorable del Consejo Fiscal, y que supuso una condena durísima de la Audiencia Nacional a la Fiscalía. Bueno, cosas que pasan.
De la número 24, que ingresa en la Carrera en 1994, se resalta que es una superespecialista en violencia de género, algo que sin duda debe ser verdad. Además, es Juez excedente. Los currículums de ambas acreditan que son dos buenas profesionales, pero no se aprecian méritos objetivos tan extraordinarios para superar a 13 y 23 compañeros y compañeras, respectivamente, con más antigüedad en el escalafón. Por ejemplo, la número 24 tiene una única publicación, un artículo publicado en un curso, en 2013. La número 14 recoge tres publicaciones de artículos doctrinales en su CV: el más antiguo de 2006; el más reciente de 2015. Hay candidatos con mucha más producción científica (por ejemplo, el número 6, que además de haber sido fiscal jefe durante más de 15 años, tiene dos libros publicados, además de más de 10 artículos doctrinales).
El numero 4 tiene un curriculum objetivamente mucho mejor. Doctor en Derecho, con amplísima experiencia internacional en la OLAF, y con una variedad en su experiencia (que incluye haber sido profesor asociado de derecho penal muchos años, o acreditar docencia de doctorado en inglés, o varias publicaciones) incomparable con las elegidas. ¿Que no son mujeres? Vale (aunque esa exigencia hay que avisarla antes del concurso). Pues hay varias mujeres fiscales, de la máxima categoría profesional que ocupan los números 1, 2, 3, 7, 8 y 10, con muchos más años de servicio profesional, con mucho mayores responsabilidades profesionales asumidas (ha habido fiscales jefas en funciones, teniente fiscal durante muchos años de la Fiscalía Anticorrupción, Asistente nacional en Eurojust, o tenientes fiscales de la Fiscalía de Madrid, ni más ni menos) y además con mayor experiencia docente y producción científica. Compañeras que sacan más de 500 números en el escalafón y en algún caso más de diez años de prestación de servicios. Sobre eso, ni la Asociación de Fiscales, ni especialmente la Unión Progresista de Fiscales, dan explicaciones. Y por supuesto, la Fiscal General del Estado, nombra a quien quiere, pero que no se nos diga que es en atención al mérito y la capacidad, porque no es verdad.
Si para una plaza hace falta (o se prefiere) alguien que haya pasado por el Consejo Fiscal, por la Inspección, ser una mujer, o una especialista en violencia de género, habría que indicarlo en la convocatoria. De esa manera, podrían discutirse las bases para establecer las exigencias de cada puesto. Pero no, aparentemente, es solo un concurso de méritos, concebidos estos con amplitud. Pero luego se elige por criterios subjetivos, cuando no caprichosos o arbitrarios, y obedeciendo en muchas ocasiones al reparto de candidatos entre los pertenecientes a las asociaciones profesionales. Esta vergüenza la llevamos padeciendo décadas.
Y es que no basta con resaltar lo brillante que es el elegido: hay que decir porqué es mejor que el no elegido. Especialmente cuando el escalafón nos marca ya un orden. Decir que la mejor es la última de los peticionarios requiere algo más que resaltar sus méritos. ¿O es que los 22 anteriores son unos incompetentes? ¿O es que no le importan a nadie? ¿O es que no tienen las influencias necesarias? ¿A que me voy acercando a la verdadera razón…?
Las verdaderas razones de los nombramientos se esconden en muchos casos. Por eso la promoción en la Fiscalía es una farsa y las complicidades con este sistema equivocado son muy evidentes.
Ingresa en las Carreras Judicial y Fiscal en 1984. Permanece en excedencia en la Carrera Judicial. Ha desempeñado sus funciones como fiscal en las Fiscalías de Barcelona, Granada, Sevilla y Madrid. En 1995 fue destinado a la Fiscalía Anticorrupción, donde ejerció hasta 2003 habiendo sido hasta esa fecha miembro de la Red Judicial Europea. En ese año es contratado por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para los crímenes cometidos en durante la guerra de la Antigua Yugoslavia trabajando en La Haya, Holanda, durante tres años y unos meses. En 2005 es nombrado Fiscal del Tribunal Supremo y se incorpora a dicha Fiscalía en abril de 2006. Es autor y conferenciante en numerosas cuestiones de derecho penal y procesal penal, especializado en delincuencia económica y delincuencia penal internacional. Profesor asociado de derecho penal y procesal en la Universidad Complutense de Madrid en diversas ocasiones, hasta septiembre de 2011 lo fue en la cátedra de derecho penal. Fundador de la página web de derecho penal Wikipenal. Autor del blog Justicia Imparcial (justiciaimparcial.com)
El artículo narra una verdad como puños, que se da, lamentablemente, cada vez más en todos lados al perderse el, supuestamente constitucional, “mérito y capacidad”, donde, hay que decirlo también, en todas las Administraciones (en muchas Autonómicas es un escándalo con el respectivo carnet en la boca) luego los Jueces de lo Contencioso permanecen ociosos ya que no han puesto coto a estas tropelías, no han remitido a Fiscalía, valga la contradicción la más que evidente prevaricación, ni siquiera la desviación de poder se ha utilizado.
La situación en Fiscalía, amparada por todos los partidos políticos, verdaderos dueños feudales de la democracia y ya de la sociedad, son los que dan el reparto, con consecuencias letales para todos, ya que no valen los mejores, acusados además de elitismo como si ser más válido fuera un crimen (exactamente es así). El movimiento contra el mérito, extendido por los agentes académicos y periodísticos de los partidos políticos – contra sabrosas prebendas – está liquidando toda cultura del esfuerzo, entregando a la prevaricación constante a la sociedad, que ya se mueve entre el cinismo y la hipocresía.
Hace años escribí un libro “El Poder, la Administración y los Jueces” denunciando gravemente la situación en el CGPJ. Y entonces, llegó Gallardón y en pacto ominoso con el PSOE, de nuevo al reparto de cromos, casi empeorando las cosas.
Y es que aquí, a diferencia del Molinero de Sant Souci, en Postdam, NO HAY JUECES EN BERLÍN (perdón, en Madrid).
La Sentencia que comenta puede ser buena y seguro merece la pena leerla (debería ponerla) pero en general, la deferencia con la Administración es marca de la casa judicial, nos guste o no. Y el día en que eso se corrija, si sucede, las cosas cambiarán, pero será difícil ya que a los partidos políticos no les interesa un poder judicial que sea tal, sino burócratas más o menos diligentes y que ideológicamente, todos, sigan creyendo que lo que dice la Administración, siempre, representa el interés general, una falsedad incluso demostrable procesalmente.
Desde luego hay buenos jueces muy preparados, esforzados y dedicados, y que de vez en cuando hacen el mllagro de la Justicia, pero es el sistema el que falla por completo
Y le invito a una prueba ¿A que si recurren la número 1 y siguientes, dirán en el contencioso que es discrecional y todo está muy bien hecho? Ponga ahí el acento, e intentemos, en una batalla por las ideas, aunque de momento perdamos, que los jueces se consideren verdaderamente un poder y que hablen en el contencioso de tú a tú con la Administración, haciendo de verdad aquello de que juzgan y “ejecutan lo juzgado” (que esa es otra, lo de ejecutar…)
Le invito pues a un diálogo sobre el control del poder desde la Judicatura. Me temo que no habrá sorpresas, pero al menos quedará evidente que los números 1, pasan detra´s de los 24, siempre que estos últimos sean simpáticos, no den problemas, muy bien mandados y desde luego, afiliados donde corresponda
Con un triste saludo
Menuda vergüenza. Si en el seno de la organización del Ministerio Fiscal se llevan a cabo este tipo de tropelías, que nos podemos esperar en la actuación del Ministerio Fiscal en los procedimientos judiciales. Aunque, obviamente, no se puede generalizar.
Sin embargo, es inconcebible que el caciquismo siga imperando en la Administración de Justicia, en lugar de nombrar a los mejores y a los más comprometidos; y, como garantía de ello, que se exija, como señala el autor, una motivación completa y exhaustiva.
Pero, claro, si partimos de la forma en que se nombró a la Fiscal General del Estado, o la reciente modificación legislativa que se está intentando por la puerta de atrás para asegurarle un puesto en el Ministerio Fiscal (en detrimento de otros compañeros más capacitados), (no sé si son ciertos los comentarios sobre la dudosa intervención de los órganos del Ministerio Fiscal en los procesos en los que interviene su pareja, etc.,etc.) que podemos esperar.
Por último, le felicito al autor, porque los silencios son cómplices… ¡A qué están esperando los Fiscales para cantarle las cuarenta!