De la neutralidad de las instituciones
Reproducción de un artículo de Crónica Global que puede leerse aquí.
En Cataluña, como avanzadilla del iliberalismo español, se ha normalizado que las instituciones adopten posturas partidistas, o para ser más exactos, independentistas, sin ningún tipo de complejos. En particular, merece la pena destacar el posicionamiento a favor de las tesis nacionalistas por parte de las universidades públicas, más que nada porque revela la gravedad de la falta de conciencia de las instituciones catalanas sobre cuestiones tan básicas como el respeto del derecho a la libertad ideológica, a la libertad de expresión o incluso a la libertad de cátedra.
Lo cierto es que un espacio universitario en el que no se reconocen estos derechos políticos esenciales no merece tal nombre, por mucha ciencia que se imparta. No es una casualidad que todos los totalitarismos, los regímenes autoritarios o los iliberales de nuestra época hayan buscado siempre ocupar las aulas y silenciar a los discrepantes, de manera que sólo se oiga una voz, la del poder. Pero, y eso es muy importante, las consignas y la propaganda se trasmiten por boca de rectores, catedráticos y profesores, con la enorme ventaja de lo que esto supone al revestirse de una supuesta autoridad que, para entendernos, no tiene un tertuliano de TV3.
Efectivamente, ya se trate de los “presos políticos”, de los avales del Tribunal de Cuentas, de la ejecución de la sentencia del 25% de castellano en las aulas o de cualquier otra cuestión sensible para el independentismo nos encontramos un día sí y otro también con manifestaciones y declaraciones que validan todas y cada una de las consignas partidistas de turno, lo que supone no solo una vulneración sistemática de los derechos de los discrepantes sino también una regla fundamental en una democracia liberal representativa como es la de la neutralidad de los espacios públicos. Porque los espacios públicos son de todos los ciudadanos, de los que piensan como sus gobernantes y de los que no. Para hacer partidismo están precisamente los partidos, como su nombre indica. Ya es especialmente grave que se haga sistemáticamente desde instituciones catalanas, ya sean Ayuntamientos, entidades públicas o consejerías. Desgraciadamente la confusión entre partido y Estado (o Comunidad Autónoma, o municipio) es una constante en un país como el nuestro, con una administración muy politizada y una polarización extrema.
No obstante, creo que merece especial atención el que se viole constantemente la neutralidad ideológica desde los órganos de gobierno de las universidades públicas catalanas, que han optado por hacer seguidismo de una política de partido cuando ni es su función ni se ha elegido a sus órganos de gobierno para que la hagan y cuando su obligación es mantener el espacio de la educación pública libre de este tipo de injerencias. Algo parecido cabría decir de los colegios profesionales. En definitiva, si ya es muy preocupante la falta de neutralidad de las instituciones de gobierno catalanas, cuando esta falta de neutralidad se traslada al ámbito de la educación, de la universidad o al profesional se emite un mensaje muy claro para la ciudadanía discrepante con los planteamientos oficiales. Si quieres mantener esas libertades básicas, vas a tener que luchar por ellas, aunque eso te cueste tiempo, dinero y disgustos. No estamos tan lejos de los planteamientos de un régimen autoritario, con la salvedad de que aquí las reglas del juego imperantes son, todavía, las de una democracia liberal representativa.
Y eso es exactamente lo que pasa. Que organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de a pie se ven obligados una y otra vez a reclamar ante los tribunales de justicia derechos constitucionales básicos frente a unas instituciones que prefieren ignorarlos y que pagan su defensa, no lo olvidemos, con los impuestos de todos los contribuyentes, independentistas y no independentistas. Y aunque se suceden los éxitos judiciales, como es inevitable mientras siga vigente la Constitución española en Cataluña, lo cierto es que ya veremos si las sentencias después se cumplen. No hay demasiados motivos para ser optimista, a la vista de lo que está sucediendo con la ejecución de las sentencias sobre el 25% del castellano en las aulas y a la pasividad demostrada por el Gobierno nacional, rehén del apoyo de los grupos independentistas en el Congreso.
En suma, en una deriva iliberal como la que padece desde hace años Cataluña el respeto al Estado democrático derecho no se considera un valor o un principio fundamental de la convivencia civilizada, sino más bien un obstáculo o un incordio. Lo que no deja de llamar la atención en un momento en que Europa se ha visto obligada a defender, incluso con las armas, estos valores.
Extraño artículo, porque se queja en general de que universidades catalanas se posicionan a favor de las tesis de los independentistas… Pero no cita ni un ejemplo.
También habla de que «las consignas y la propaganda se trasmiten por boca de rectores, catedráticos y profesores, con la enorme ventaja de lo que esto supone al revestirse de una supuesta autoridad que, para entendernos, no tiene un tertuliano de TV3.». También sin ejemplos.
Ahí cabe preguntarse si eso que dicen que se transmite es muy diferente a a los comentarios críticos que, por ejemplo, ha hecho Joan Queralt respecto «el juicio al procés»…O a los que ha hecho J.A. Martín Pallín o J. Pérez Royo.
Entonces cabe la duda de si hay que considerar que estas 3 personas que he citado son unos iliberales con tendencias autoritarias. Yo creo que no.
También cabe preguntarse sobre cuán neutrales, liberales y democráticas pueden ser aquellas instituciones públicas que no proclamen claramente que, por ejemplo, no han de haber presos políticos.
Pérez Royo, en una de sus columnas, reclamó que el ministro de Justicia no refrendase el nombramiento de magistrados designados por el CGPJ para vacantes de tribunales superiores de justicia de CCAAs, para sí obstaculizar dichas designaciones. En otras palabras, que el Ejecutivo se inmiscuyese en asuntos del Poder Judicial. Eso es un discurso claramente iliberal, por muy catedrático de derecho constitucional que pueda ser ese señor.
«Pero no cita ni un ejemplo»
Aquí tiene un ejemplo:
https://www.lavanguardia.com/politica/20191021/471122749968/ub-uab-upc-upf-udl-udg-manifiesto-presos-politicos-proces.html
Apreciado Agonzalo, le adjunto los ejemplos que solicita y de los que supongo nunca supo antes de hoy.
Condenada la Universidad de Barcelona por su manifiesto de rechazo al fallo del 1-O
La sentencia considera que la UB “no puede asumir como propia una posición política determinada”
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-05/condenada-la-universidad-de-barcelona-por-su-manifiesto-de-rechazo-al-fallo-del-1-o.html?event_log=go
Los rectores de las universidades públicas catalanas piden la amnistía para los presos del ‘procés’
LA CRISIS CATALANA
Una amplia representación del mundo académico responde a la iniciativa de Òmnium Cultural en pro de los “presos” y “exiliados”
https://www.lavanguardia.com/politica/20210328/6613123/rectores-universidades-publicas-catalanas-piden-amnistia-presos-proces.html
El 4 de marzo de 2021 centenares de entidades se solidarizaron con el manifiesto ¡Basta ya! contra la degradación de Cataluña. “Reclamamos un Gobierno que defienda la economía productiva, el empleo y el Estado de bienestar; que sitúe la recuperación económica y la cohesión social como su objetivo principal; que mantenga el orden, es decir, que garantice el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades para todo el mundo, y el normal funcionamiento de las instituciones; y que dé seguridad jurídica “.
Es el retrato de un “gobierno fallido” ya que la Generalitat ha fracasado en aspectos fundamentales de los ciudadanos : economía, bienestar social , derechos y libertades, seguridad jurídica.
Los casos de corrupción y despilfarro en Cataluña que recientemente se han publicado ( de bastante antigüedad), que han provocado tanto escándalo social son la punta del iceberg de un fraude a los ciudadanos que se hubiera evitado con un periodismo independiente, solvente y honesto.
El control de la enseñanza, la cultura y la información, durante tanto tiempo, permite justificar que Cataluña cuente con la clase política más incompetente, inmadura, irresponsable, autoritaria y extractiva de la UE y que ,a pesar de su nefasta gestión, continúan votándoles .
Pero ha de haber algo más .
“ El país se hunde…pero las clases medias catalanas han decidido besar la piedras que destruyen sus propias tiendas” ( Antonio Puigverd)
No entiendo como han tenido que sufrir la ruina económica para reaccionar. Si solo uno de ellos, La Vanguardia , hubiera denunciado , anteriormente , la deriva hacia la catástrofe económica y social y la pérdida de calidad democrática, no nos encontraríamos en esta situación , difícilmente reversible.
La actuación antidemocrática de los dirigentes políticos catalanes era predecible ya que, el movimiento independentista, está trufado de políticos que sueñan en gestionar una “democracia del tercer mundo” en la que el Estado es la propiedad privada de los que ganan las elecciones y otros partidarios de sistemas políticos dictatoriales, extractivos tanto de recursos económicos como de libertades individuales, incompatibles con los principios y la normativa de la Unión Europea,
Si Cataluña saliera de la Unión Europea , dirigida por ellos , no volvería , no es su sistema
El problema es que nuestro sector público es “insostenible “ y el caso de Cataluña es el más grave de un error histórico, el desarrollo del estado autonómico y que ,por la falta de recursos públicos ,nos veremos obligados a afrontar
Nuestro régimen autonómico : un camino errado .Hay Derecho27-12-2014 (Extracto)
“El proceso de unificación europea obedecía no sólo a razones económicas sino también a políticas y sociales….
Los graves problemas actuales, políticos y económicos, creo que se deben al desconocimiento y por lo tanto, a la falta de preparación de la ciudadanía y de gran parte de los dirigentes sociales y medios de información, ante el enorme reto que nos planteaba este proceso. Lo que ha permitido que la situación se deteriore hasta extremos inimaginables.
No hubo una segunda transición que cambiara la cultura política popular, reconvirtiera los programas de los partidos políticos, ajustara el marco legal y mejorara la competitividad de nuestro sector productivo, única manera que fuera viable nuestro ingreso en la Unión Europea.
Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que habíamos asumido como socios de un proceso de integración política y económica. Y generó, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes, una estructura territorial inadecuada e inviable económicamente que desarrolló una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.
El sistema autonómico (que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones), tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente, ruinoso para los ciudadanos y fuente de escándalos continuados al aflorar, sin descanso, todo tipo de casos de despilfarro de recursos, de corrupción y de incompetencia en buena parte de nuestra geografía.”
Nuestros grandes economistas nos lo han avisado repetidamente ejm Tamames “ hemos creado una compartimentación de mercado, de manera que hay 17 mercadillos, sistemas sanitarios…Nos hemos pasado de rosca con el Estado de las autonomías. No significa que haya de suprimirlo, sino respetar la idea original, no crear 17 estados dentro del estado español ( 27/7/2014) . Velarde, sobre las reformas necesarias: lo primero es eliminar las trabas administrativas para montar una empresa y unificar el mercado interior español. No es admisible que tengamos 17 legislaciones diferentes. Esta es la gran reforma pendiente de nuestra economía. . Luego un gran pacto educativo. Atajar el déficit enorme de las administraciones públicas, que lastra nuestro crecimiento ( 27/11/2017) .Y también , en sanidad , Miquel Porta , catedrático de epidemiología de la UAB.. “Nos cuesta vidas que haya 17 autonomías que son como 17 estados enfrentados y que, haya también 27 estados europeos también descoordinados”.
Alerta de Anticonstitucionalidad a los Ministros de Educación, Justicia, Sanidad, Universidades,Hacienda Función Pública, Cultura……….:
Desde 1978 todas las leyes de Función Pública estatal, autonómica, local, institucional, universidades, policías, maestros, sus ofertas públicas de empleo, las convocatorias de oposiciones y concursos, los tribunales, las pruebas, los programas, las listas negras de admitidos y excluidos, los nombramientos, las tomas de posesión,los requisitos de acceso del art.56.1.d.EBEP 7/2007 TREBEP 2015 y variantes bajo Juramento de Exclusión Totalitaria Anticonstitucional J.E.T.A. Franquista de virginidad sancionadora de «NO HABER SIDO SEPARADO DE SERVICIO,NI DESPEDIDO, NI ESTAR INHABILITADO…» son nulas porque violan derechos fundamentales de todos los ciudadanos por ser sanciones perpetuas, inicuas, ilícitas de muerte civil de tribunales de honor prohibidas por art.10,15,23, 24, 25,26 CE. Además dichas leyes deben de tener rango orgánico y presupuesto para indemnizar a las víctimas exiliadas, excluidas y sus familias, y deben tener Dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Además todos los funcionarios Catedraticos, Letrados, Abogados Magistrados,… deben abjurar de ese Juramento franquista violador de Derechos Fundamentales. Además el Estado debe pedir responsabilidades de este incplimiento
La imprescindible neutralidad institucional es un imposible. Sobre todo cuando las instituciones han sido capturadas por «arriba» (dirigentes) y por abajo (ideologías personales) o, lo que es peor, por la propaganda mediática hábilmente engrasada.
De ahí que cualquier acto «institucional» en realidad se convierta en un acto arbitrario al servicio de intereses particulares o personales. La falta de consecuencias para quienes los llevan a cabo, propicia aún más la contaminación institucional.
No es sólo una determinada región de España la que muestra graves situaciones de loque la autora llama «iliberalidad», sino por desgracia y como se denuncia en comentarios, afecta a la totalidad del Estado (salvo la excepciones que siempre habrá).
Y esto ocurre por la perversión inicial del sistema electoral, sigue con la representación política partidaria que poco o nada tiene que ver con la de la soberanía nacional, sigue con los «consensos» para vulnerar el equilibrio e independencia de poderes (muy mal resuelto en el texto constitucional), el control parcial de los supervisores, la captura del Estado por los ejecutivos anulando incluso a la Jefatura del Estado, etc.etc. Si todo esto no describe un sistema autoritario o «antiliberal» (me gusta más este concepto) que venga Dios y lo vea.
Item más. Si el gobierno de la propia UE impone teorías estrambóticas que dañan el conocimiento científico y sigue una línea marcada por esos intereses foráneos, estará deslegitimizado y Europa ya no será «de los ciudadanos» sino de las elites globalistas de siempre y sus tentáculos poderosos.
La realidad, aunque nos pese, es que estamos en un mundo totalitario sutilmente disfrazado: «Un poder totalitario no necesitará ejercer la coercción, sino que a través de sus medios de propaganda convencerá a los ciudadanos de que, siendo esclavos, serán más felices» (Huxley).
Un saludo.