Comisionistas y Conseguidores

Este artículo es una reproducción de la tribuna publicada en El Mundo, disponible aquí.

A raíz del escándalo por la compra de mascarillas por el Ayuntamiento de Madrid a través de su empresa de servicios funerarios a presuntos conseguidores (para algunos más bien estafadores) procedentes de lo que antes se llamaba «jet set», podemos hacernos algunas preguntas muy básicas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones en general y de la contratación pública en particular. Porque, a juzgar por las noticias en prensa, parece más que probable que surjan otros escándalos parecidos que afecten a otras Administraciones y a otros partidos políticos..

Lo primero que hay que recordar es  al principio de la pandemia hubo que contratar a toda velocidad, y con escasos controles, todo lo que se considera imprescindible para combatir la pandemia, desde respiradores hasta mascarillas, pasando por EPIS o test COVID. De hecho, que un político fuera capaz de conseguir material sanitario era una prueba de buena gestión y de preocupación por la salud de la ciudadanía: nadie preguntaba entonces mucho por su procedencia o por su precio. Por otra parte, dado que la gestión de la pandemia estuvo muy politizada desde el principio a nadie puede extrañar que los esfuerzos de los responsables políticos estuvieran más encaminados a competir entre sí, que a cooperar y prestarse ayuda, con contadas excepciones. En fin, por decirlo de forma suave, no era el clima más adecuado para la prudencia y no digamos ya para la rendición de cuentas; probablemente ni siquiera en este momento sea posible. La extrema polarización de nuestra vida política nos va a pasar factura, en muchos casos literalmente.

Lo segundo que conviene subrayar es que, sobre todo al inicio de la pandemia, había una gran escasez de material sanitario disponible por los cauces comerciales habituales. Como sucede en los casos en que hay mucha demanda y poca oferta de bienes de primera necesidad se trata de un terreno abonado para la especulación, el acaparamiento y hasta el mercado negro. Puede que sea una consecuencia inevitable del sistema capitalista pero no lo es menos que en situaciones de crisis sanitaria mundial con miles de fallecidos es preciso introducir controles y reglas de juego más equitativas sin poner en riesgo el abastecimiento.

Cuando se utiliza dinero público lo razonable, además, es extremar la prudencia para evitar caer en manos de aprovechados. En circunstancias normales las normas que rigen la contratación pública de bienes y servicios están, entre otras cosas, para evitar este tipo de conductas. De hecho, en la regulación ordinaria de contratación pública no hay espacio -al menos formal- para la figura del comisionista por la sencilla razón de que los principios de la contratación pública llevan a su exclusión: recordemos que su objetivo es conseguir la mayor concurrencia posible, la igualdad de acceso entre todos los licitadores, la publicidad y la transparencia. La finalidad no es otro que conseguir la mejor relación calidad/precio para el sector público.

No solo eso, en el ámbito público un comisionista puede incurrir fácilmente en algún tipo delictivo, precisamente porque se entiende que lo que ofrece no puede ser otra cosa que el acceso privilegiado a algún funcionario, alto cargo o empleado público para conseguir la compra de bienes o servicios de su comitente. Si esto es a cambio de un intercambio de favores presente o futuro podemos hablar de un cohecho o de tráfico de influencias. Dicho de otra forma, una Administración pública no puede favorecer a ningún licitador sobre otro por el hecho de que haya contratado a alguien que ofrezca un acceso privilegiado y exclusivo a alguien con capacidad de decisión en la adjudicación de un contrato y menos si ha habido algún tipo de contraprestación. Sentado lo cual, hay que señalar que esta es precisamente una de las formas en que funciona el clientelismo endémico que padecemos en España ligado a la contratación pública. Por eso, los ex-políticos o los familiares de políticos en activo (o de empleados públicos que tienen capacidad para decidir sobre adjudicaciones) no suelen tener problema para encontrar trabajo en empresas reguladas o que contratan con el sector público.

Es por ello que hay que introducir una importante diferencia entre un comisionista y un conseguidor porque no son lo mismo, aunque los segundos pretendan, interesadamente, hacerse pasar por los primeros. No es igual la contratación privada que la contratación pública. En el ámbito privado podemos entender, sin acudir a la RAE, que un comisionista es un profesional que vende servicios o bienes de otra persona física o jurídica a cambio de una comisión y esto no sólo es perfectamente legal, sino que es una profesión tan digna como cualquier otra. En nuestro ordenamiento jurídico la comisión mercantil está regulada en el Código de Comercio. Se supone, además, que el comisionista ofrece el valor añadido de conocer bien el mercado y los clientes a los que ha de vender los bienes y servicios de su comitente y ese valor -que suele suponer un trabajo y una experiencia previas- se traduce cuando se produce la venta en una comisión que las partes pactan libremente, aunque suele existir, según los mercados, algún tipo de porcentaje de referencia.

Pero otra cosa muy distinta es el ámbito de la contratación pública, que es el ámbito en que se mueven las compras de bienes y servicios que hacen las Administraciones Públicas donde, como hemos visto, rigen una serie de principios y de reglas muy estrictas, al menos sobre el papel. Como hemos dicho, no hay hueco para un comisionista y si alguien paga comisiones por conseguir contratos de las Administraciones Públicas podemos sospechar que algo no se está haciendo correctamente.

No obstante, parece evidente que estas reglas, entre otras cosas por la extremada burocracia y duración de los procedimientos de compras públicas, no pueden aplicarse en momentos de emergencia. Consciente de esta situación, el propio legislador ha previsto en la normativa de contratación pública la existencia de unas reglas excepcionales para la contratación de emergencia que, básicamente, suponen la no aplicación de los requisitos ordinarios -incluso la de contar con crédito previo suficiente o la necesidad de formalizar siempre el contrato por escrito- siempre, claro está, que se de el presupuesto de hecho previsto en el art. 120 de la Ley de contratos del sector público: que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.

Sin duda, estas circunstancias se daban durante la pandemia y, por tanto, la aplicación de la normativa de emergencia es legalmente correcta. Esto se traduce en que cada Administración ha contratado «a dedo» sin ningún tipo de garantías a quien le haya parecido mejor. Recordemos que en esta contratación de emergencia no hay ni publicidad ni concurrencia. No es de extrañar, por tanto, que haya sido un terreno abonado para alguien bien relacionado, un amigo, un familiar, un compañero de partido. Y es ahí donde aparece en todo su esplendor la figura del «comisionista del sector público» o conseguidor. Hubo mucha gente -que, por cierto, no había realizado servicios de intermediación de material sanitario en su vida- que vio la oportunidad de vender con importantes sobrecostes un material sanitario (fiable o no fiable) que se necesitaba desesperadamente. Era tan relevante conseguir acceso al político o al alto cargo de turno como a la empresa suministradora del material, si no más: porque, a pesar de la escasez reinante, al parecer no faltaron ofertas: en ese sentido, el alcalde de Madrid declaró que habían tenido que habilitar un email de coordinación porque tenían casi mil correos al respecto en relación y no podían no ya verificarlos, sino ni siquiera atenderlos a todos. Al final atendieron y se fiaron de quien tenía los contactos adecuados.

La cultura del enchufe y del clientelismo está tan arraigada en España que probablemente nadie piensa o que alguien bien relacionado pueda ser, en el mejor de los casos, un aprovechado o, en el peor, un estafador. Y esta debilidad estructural de nuestras instituciones ha salido a la luz de una forma descarnada en mitad de una pandemia.

 

3 comentarios
  1. El sexador de gárgolas
    El sexador de gárgolas Dice:

    El comisionista es alguien que se lleva un porcentaje por facilitar acuerdos entre empresas. Eso significa que la labor de ese profesional es lo bastante efectiva y supone un ahorro suficiente como para justificar la comisión. En suma, es alguien que aporta buen hacer y seguridad, y evita muchos costes a ambas partes, compradora y vendedora. Es, digámoslo así, un intermediario profesional que conoce su oficio, el cual consiste en poner en contacto a las empresas con el mínimo coste para ambas, encargándose si es necesario de esos trámites intermedios que él conoce bien porque ha tenido que hacerles frente una y otra vez. En este punto se sitúa a la altura de otros profesionales liberales que también conocen su oficio. Un comisionista tal vez no pueda licitar directamente con la Administración pero sí puede ayudar al licitador a presentar una oferta más ventajosa, al haber ahorrado costes a la empresa que contrata sus servicios.

    El conseguidor, por el contrario, es un parásito, un individuo que se lleva su porcentaje sólo porque tiene una serie de contactos, presuntos o auténticos, con cargos políticos. Es alguien que sólo dispone de una agenda y de muy poca vergüenza, y al que basta con dar portazo en la cara para que se convierta de nuevo en el don nadie que había sido antes de creerse algo. La labor del conseguidor es despreciable por definición porque persigue objetivos en el mejor de los casos turbios o dudosos, y en muchas ocasiones delictivos, vinculados a la peor de las bajas políticas. Hay ocasiones en que el conseguidor se convierte en pieza clave, en sine qua non, lo cual implica una grave enfermedad de la Administración: en el mejor de los casos, se limita a hacer una tarea innecesaria para la cual nadie le ha dado autoridad ni permiso. El conseguidor en si mismo no es un problema, porque si los cargos políticos que llenan su agenda tuviesen el mínimo de honradez, nada le valdrían esos presuntos contactos. El conseguidor es el síntoma, y el mal está en los despachos desde donde las influencias se compran y se venden.

    El comisionista cobra por la intermediación en la venta de mercancías y servicios legales, y beneficia a ambas partes sin perjudicar a ninguna: el conseguidor intermedia en la venta de influencias y favores, y perjudica a casi todos, especialmente a ciudadanos y empresarios honrados.

    En España tuvimos un tal Juan Guerra, cuyo nombre era muy conocido en mi ya muy remota juventud, que acabó convirtiéndose en modelo y ejemplo de la figura del conseguidor: y más recientemente hemos tenido a alguien que podría haber sido grande si no hubiese topado con ciertos problemas: nuestro petit Nicolás, ridículo pero muy peligroso. Y no creo que estas grotescas anécdotas sean excepciones puntuales.

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  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    El «tener que contratar a toda velocidad» suele ser la excusa para saltarse los procedimientos de contratación pública, donde previamente el supervisor-interventor de Hacienda, habría comprobado, la necesidad y viabilidad del gasto.
    Todo eso cambió con el PSOE entendiendo que los controles previos eran un obstáculo a la gestión política y empezó el desmadre. Un desmadre que no se corrigió sino que se entendió como la forma de disponer directamente del presupuesto.
    En el caso de la pandemia, el Estado a través de sus instituciones de alerta y control tanto sanitarios comode seguridad nacional, parece ser que tenía información suficiente para actuar preventivamente. Primero en cuanto a la realidad científica del virus y su forma de propagación, después en cuanto a quienes estaban involucrados desde hace tiempo en el tema (se habían hecho «ensayos» anteriores), más tarde en cuanto a la puesta en marcha de producción de elementos preventivos en la industria nacional (no son tan difíciles de fabricar como hemos visto), pero sobre todo, exigir una información real y veraz sobre todo ello. En este momento se supone que sigue habiendo virus pero se han recuperado sus nombres anteriores: gripes, pulmonías, neumonías, etc.
    El gran problema es cuando se desata el pánico social y luego se dice que no había «expertos» o que se hizo lo que se pudo.
    El gran problema es cuando se dice que no había en el mercado productos sanitarios de control para decir a continuación que había ofertas a miles. ¿De quienes?
    El gran problema es cuando la política es incapaz de resolver y aclarar todo lo ocurrido.
    En cuanto al tema que expone Elisa, siempre habrá quien intente medrar a favor de intereses personales o particulares. Incluso en ese mundo donde es difícil separar la filantropía del negocio que ya empezó en la 1ª G.M.
    Un saludo.

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  3. Whistleblower
    Whistleblower Dice:

    Separados de servicio a indemnizar
    Recomendamos a todos los garantes de la Constitución como el Consejo de Ministros de Defensa,Hacienda y FP, Universidades, Educación, Justicia, Cultura y Deporte, CGPJ, Cotes,TC,Defensor del pueblo, Consejo de estado abjuren y hagan abjurar del J.E.T.A. franquista a todos los Escalafones de Cuerpos y Escalas de funcionarios civiles y militares, especialmente los de Abogados del Estado, Letrados del Consejo de Estado, del TC, Magistrados Catedraticos del TC y vocales del CGPJ, Maestros, Espías y resto de 3 millones de Funcionarios atados y bien atados a las leyes franquistas de FP vigentes como el EBEP, LOU, CNI…e indemnicen a las víctimas excluidas a perpetuidad de todo empleo publico por dicho requisito del art.56.1.d EBEP

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