El impacto de la Inteligencia Artificial en la libertad de expresión y de pensamiento. El papel de los neuroderechos.

Un valor innegociable de toda sociedad democrática es la libertad de expresión de sus ciudadanos. Este principio, cuyos orígenes se remontan a décadas de siglos atrás, fue consagrado como derecho universal a lo largo del siglo XX. Así, en su artículo 19 la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoció en 1948 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” y que “este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

En la misma sintonía establecieron, años después, el Convenio [Europeo] para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), este derecho en sus artículos 10, 19 y 11, respectivamente. En España, tras una larga evolución histórica, donde inicialmente se hablaba de la libertad de imprenta, la libertad de expresión se reconoció constitucionalmente en 1978.

Cabe señalar que esta garantía institucional no consiste solamente en la libertad del individuo de expresar su opinión, sino que comprende también su derecho a buscar, recibir y comunicar informaciones de toda índole, sin que éste esté se vea restringido, por razones no previstas en la ley. Asimismo, hay que tener en cuenta que, el ejercicio efectivo de esta libertad presupone la existencia de otra libertad esencial, que es la libertad de pensamiento, pues solamente se puede expresar lo que previamente se ha pensado y, a su vez, esa libertad de pensamiento solo puede ejercerse si está garantizado el libre albedrío, es decir, la libertad de actuar.

El advenimiento de los desarrollos tecnológicos ha supuesto un cambio de paradigma en el ejercicio de estas libertades; hoy en día, Internet constituye la fuente principal de difusión de ideas e informaciones, el mayor zoco del mundo para intercambiar ideas, opiniones y productos digitales de toda índole. Este trasvase ingente y continuado es responsable de la generación de una inmersa cantidad de datos, posiblemente uno de los activos más valiosos del siglo XXI. Y, pese a que esta facilidad para interactuar digitalmente podría generar la sensación de que las libertades de expresión, de información y de pensamiento se pueden ejercer hoy mejor que nunca, basta un breve repaso a los últimos acontecimientos para tomar consciencia de que la realidad es muy distinta.

En esta línea, pensemos en el rol que jugó la empresa Cambridge Analítica en la victoria de Donald Trump durante las elecciones estadounidenses de 2016 y que claramente limitó los derechos de muchos estadounidenses para votar libremente a su presidente, así como en la victoria del Brexit. Ambos casos gracias a la información que a través de Facebook se había recolectado sobre los perfiles de millones de usuarios a través de técnicas basadas en Inteligencia Artificial.

A idénticas conclusiones llegamos si analizásemos el complejo fenómeno de las fake news o noticias falsas, que inundan Internet y que conducen a la desinformación del individuo. O si analizamos el impacto que las  webs personalizadas, tienen en nosotros, al tener la capacidad de mostrarnos lo que nuestro perfil les ha “chivado” se adapta más a nuestras necesidades, privándonos de la posibilidad de conocer diferentes perspectivas y de contrastar informaciones. O si pensamos en el poder que los robots influencers tienen en sus seguidores y que según los estudios son capaces de generar más confianza a ellos que personas reales.

Todos estos ejemplos nos sirven para tomar consciencia del impacto directo que la Inteligencia Artificial tiene ya en nuestra libertad de expresión y de pensamiento y, deberían ponernos en alerta y hacernos reflexionar sobre los riesgos que las acechan.

Y es que no es de mera ficción que la Inteligencia Artificial es capaz de influir sobre los seres humanos e incluso de controlar su actividad cerebral, sino que también tiene el potencial de limitar su libertad de expresión y de pensamiento. De hecho, a medida que avanza la tecnología, emergen más y más proyectos cuyo objetivo principal es descifrar cómo funciona el cerebro, entender cómo se conforman los pensamientos y cómo se formalizan a través de la expresión oral y escrita.  La responsable de estos desarrollos es la neurociencia, una disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro y desarrolla tecnologías consistentes en interfaces cerebro-ordenador (brain-computer interfaces»BCI»). ​

El ejemplo más representativo de esta tecnología es el proyecto BRAIN, impulsado por la administración del Gobierno de Barak Obama, y para el que trabajan más de 500 laboratorios de todo el mundo. Según el científico español Rafael Yuste, uno de los principales líderes de proyecto, su objetivo es desarrollar técnicas nuevas para poder cartografiar la actividad cerebral y desarrollar nuevos mecanismos que sean capaces de alterar la actividad de los circuitos neuronales. Eso permitirá tratar enfermedades tales como la epilepsia, el alzhéimer, el párkinson y la depresión.

Otro proyecto de esta envergadura es Neuralink, desarrollado por la empresa de Elon Musk, cuyo objetivo es desarrollar una interfaz bidireccional capaz no solo de estimular partes del cerebro, sino también de recibir e interpretar las señales que provienen de él.  Lo que está claro es que, una vez establecida esta conexión, y mediante el uso de Inteligencia Artificial se podrían llegar a identificar las emociones del individuo, inducirle estados de ánimo, leer sus pensamientos e incluso acceder a su memoria.

La evolución de la neurociencia si bien supone grandes avances para la humanidad, también puede llegar a cambiar el paradigma del ser humano, tal y como lo conocemos hasta ahora. Por lo tanto, es imprescindible la intervención del Derecho, que tristemente, hasta la fecha no parece, salvo excepciones, estar a la altura de las circunstancias.

Conscientes de los riesgos que implica la neurotecnología para el ser humano, un grupo de neurocientíficos, entre ellos, el científico anteriormente mencionado, Rafael Yuste, defienden la necesidad de establecer un conjunto de normas destinado específicamente a proteger el cerebro y su actividad a medida que se produzcan avances en neurotecnología. Esta disciplina se reconoce con el término neuroderechos e incluye los siguientes cinco derechos:

  • A la identidad personal, consistente en limitar cualquier neurotecnología que permita alterar el sentido del yo de las personas, así como en evitar que la identidad personal se pierda con la conexión a redes digitales externas.
  • Al libre albedrío, consistente en preservar la capacidad de las personas de tomar decisiones libremente sin injerencias y manipulaciones neurotecnológicas.
  • A la privacidad mental, se refiere a la protección del individuo del uso de los datos obtenidos durante la medición de su actividad cerebral sin su consentimiento, prohibiendo expresamente cualquier transacción comercial con esos datos.
  • A la protección contra los sesgos, encaminado a poner límites a la posible discriminación de las personas a partir del estudio de los datos de sus  ondas cerebrales.
  • Al acceso equitativo a la potenciación del cerebro, consistente en buscar la regulación en la aplicación de las neurotecnologías para aumentar las capacidades cerebrales, de manera que no queden solo al alcance de unos pocos y generen desigualdad en la sociedad.

Este grupo de neurocientíficos propone incluir estos derechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, dotándoles del estatus máximo, como derechos fundamentales.

Chile es un país pionero en materia de neuroderechos, al haber aprobado un proyecto de reforma de la Constitución para que se reconozcan estos derechos, convirtiéndose en el primer país que se dota de una legislación encaminada a proteger la integridad mental.

Por su parte, la Unión Europea en su Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial distingue la Inteligencia Artificial en permitida (con tres niveles de riesgo, en alto, bajo y mínimo) y prohibida. ​En esta última categoría se incluyen todos los sistemas cuyo uso se considera inaceptable por ser contrario a los valores de la Unión Europea, como, por ejemplo, aquellos que violan derechos fundamentales. ​Sin embargo, en esa propuesta no se alude a los neuroderechos.

En conclusión, los desarrollos tecnológicos basados en la Inteligencia Artificial pueden influir y controlar la actividad cerebral, lo que constituye una potencial amenaza a la libertad de expresión y del libre albedrío de los seres humanos. En este sentido, se requieren acciones inmediatas por parte de los gobiernos que deben dar respuestas a este fenómeno a través del diseño correcto de su política en la materia. Los neuroderechos se presentan como una solución de mínimos, pero necesaria, para que la Inteligencia Artificial sea una herramienta en manos del individuo, en lugar de que sea el individuo la herramienta de la Inteligencia Artificial.

 

María Jesús González-Espejo, CEO del Instituto de Innovación Legal y Marilena Kanatá, abogada

3 comentarios
  1. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    La actual revolución tiene una parte positiva. La democratización de las fuentes de información ha hecho que la situación haya cambiado y los ciudadanos tengamos una oportunidad para mejorar la calidad de nuestros medios.
    En la anterior gran crisis, el sector informativo más influyente, consiguió que su relato de “la crisis imprevisible y de origen exterior “ tuvo tanto éxito que el que condujo aquella catástrofe, Zapatero, todavía es una autoridad en los medios que le apoyaron.
    Pero la falta de crítica ocasionó que el desastre se prolongara hasta la presión exterior, con un coste social enorme, incluso para ellos, que fueron también víctimas del desastre.
    (Joaquim Muns “Hemos tenido la mala suerte histórica de que la peor crisis en muchas décadas haya coincidido con la peor clase política en muchos años” Tamames “ Zapatero era un iluminado rodeado de ineptos“).
    Para evitar que la opinión pública esté indefensa ante la manipulación en temas claves y la deficiente información, deberíamos resolver este problema básico para el buen funcionamiento de la democracia.
    La vía más eficaz para solucionar esta tara, es que su sección política se vaya pareciendo a las otras que nos informan a los consumidores en otros campos menos trascendentales.
    Si te compras un vehículo, es una decisión habitual y acertada el recurrir a la revista del automóvil que consideras más competente e independiente y al contrario, parece imprudente creerte la publicidad de los productores de automóviles.
    Comprobarás, como en el resto de secciones y revistas temáticas (viajes, música, cine, gastronomía..) que no hay tertulianos sino que procuran utilizar gente más preparada que los lectores, para asegurar su credibilidad.
    Allí aparecen todos los datos de cada automóvil que corresponden a sus diferentes apartados: el motor, el interior, el comportamiento, la conducción, el consumo ….y el precio. Y normalmente, puedes compararlos con sus competidores.
    Imaginaos si el periodismo político, antes de las elecciones, hiciera semejante valoración de los candidatos con un análisis de su capacitación técnica y sus propuestas de gestión pública: economía, educación, justicia, servicios públicos, pensiones…finalizando con un examen y una valoración sobre la calidad de los programas, sus deficiencias y sus costes.
    Y ello, de una manera honesta e independiente, para evitar corruptelas que arruinen el prestigio de la publicación.
    Y que, en lugar de “candidatos televisivos” asesorados por especialistas en imagen, concurran a los debates con sus equipos respectivos para convencer a los expertos escogidos por la ciudadanía (no por los medios) que hayan demostrado su competencia y su compromiso con el interés público en las áreas que más afectan a los ciudadanos .
    Y que los lectores o seguidores, como hacen con las otras secciones, los abandonen cuando comprueben que les han engañado.

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  2. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Y también lo podemos utilizar para mejorar la denuncia de la corrupción.
    Necesitamos un sistema serio de seguimiento de la corrupción ya que bastantes medios, como se puede comprobar en nuestro artículo, están contaminados por la política. Y lo que quiere la ciudadanía es que acabe toda la corrupción no un trozo del pastel
    En nuestro artículo sobre el tratamiento selectivo de la corrupción en los medios de España “ ¿ Por qué cuando había más corrupción que ahora , la gente no lo percibía?” 17-1-2016 Hay Derecho )nos quejamos de la falta de rigor informativo de los medios en materia de corrupción“.
    Incluimos el texto que publicó la revista Capçalera del Col-legi de Periodistes de Catalunya de junio de 2013.” EL COLOR DE LA CORRUPCIÓN “, de Pablo Rey Mazón , en base al estudio de las portadas de los principales periódicos españoles. De esta publicación hacemos un pequeño resumen:
    “Las portadas, son el lugar donde los periódicos condensan la información más importante del día. Las portadas del día siguiente están presentes en los informativos nocturnos de noticias de televisión y radio y en las conversaciones de Twitter de madrugada. La selección de noticias y su enfoque en portada configuran su línea editorial más casi que su línea editorial oficial”.
    A través de estas portadas se llega a la conclusión de las grandes diferencias que recibe la misma corrupción y durante idéntico período (del 4 de enero al 8 de febrero de 2013) en los diferentes medios.
    Porcentaje de superficie que cada periódico dedica por partido/institución sobre el total de artículos de dicho periódico sobre corrupción durante el periodo estudiado.
    “EL PAIS, dedica a la corrupción de media por día un 23%, con la siguiente distribución: un 80% para el PP y el resto se reparte un 20%. El rojo del PSOE, no aparece por ningún lado.
    EL MUNDO, le dedica un 43%, al PP un 50%, 20% CIU y al PSOE, un 13%.
    ABC, le dedica un 33%, con un amplio porcentaje dedicado al PP pero, en su mayor parte, para defenderlo.
    Los periódicos catalanes tienen un menor espacio para la corrupción.
    LA VANGUARDIA, un 18%, 75% al PP y el 25% repartido entre el resto.
    Y, EL PERIÓDICO, le dedica a la corrupción un 22%, al PP el 50%, el 30% a CIU y un 5% al PSOE.
    La conclusión no puede ser más crítica para sus compañeros de profesión: “casi todos dejan de cubrir, o lo hacen pero dedicándoles menos espacio, los casos de los partidos “amigos” o más afines. Sólo un ciudadano bien informado, con una dieta informativa que incluya todos los colores, podrá escapar de la visión partidista de un sólo periódico”
    Con ello aprendí “ que no es igual la corrupción del país que la corrupción que publica , por ejemplo El País, no hay coincidencia , aunque debería haberla, si se trata de un periódico independiente”. Pero esto tiene remedio.

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  3. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Para la reducción de la corrupción en España es fundamental que la sociedad tome conciencia de que los recursos que aporta al Estado son para que los dirigentes públicos los gestionen en beneficio de la población y para esto, es indispensable que tenga, sobre ellos, un permanente control.
    Sería útil contar con un instrumento que publicara, anualmente, los casos de corrupción detallando las fechas en que esta se produjo, las denuncias, las personas condenadas y la cantidad defraudada .Al compararlos con los políticos podríamos tener una idea actualizada de la entidad real de la corrupción, de su evolución y como se reparte entre los grupos, tanto en número como en cantidad global defraudada.
    Al final del año y en base de ello ,si ampliamos este seguimiento a los medios (TV,radios..) mas seguidos y comparamos su denuncia con el volumen y los colores de la tarta , podremos tener una clasificación de los que son más honestos y de los que anteponen sus intereses a la información objetiva y así reduciremos la manipulación .
    Y con ello, quedarán retratados los medios de la “ la denuncia selectiva” y los que en esta materia ofrecen una información veraz y completa al servicio de los ciudadanos.
    El tema actual de la adquisiciones por el sector público durante la pandemia es un buen momento para probarlo. Basta comparar el volumen y responsabilidad de los fraudes con la denuncia de los medios para valorar si los mismos están al servicio de la sociedad o de sus intereses políticos y/o económicos. Al final ,los medios deberíamos calificarlos como lo estamos haciendo con todas las empresas . Un periodismo independiente, solvente y honesto es esencial para la democracia porque evita la corrupción, la incompetencia y los abusos de poder.

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