El retorno del rey emérito

Este artículo es una reproducción de una tribuna de El Mundo, que puede encontrarse aquí.

Dado que en España hemos conseguido politizar asuntos como el tipo de canción o de cantante que llevamos a Eurovisión no es demasiado sorprendente el revuelo político y mediático que se ha organizado en torno a la vuelta del rey emérito a España por unos días. Puede que ese revuelo, como afirman algunos, sea un producto de nuestra particular burbuja mediático-política, pero no cabe duda de que tiene su trascendencia. Aunque ya no ostenta cargo institucional alguno (lo del “rey emérito” como lo del “papa emérito” no deja de ser una categoría peculiar que pone de relieve que hay otro jefe del Estado u otro jefe de la Iglesia Católica) es evidente que su retorno ha provocado una ola de manifestaciones más o menos espontáneas a favor o en contra no ya de su persona, sino de la institución a la que sigue inevitablemente vinculado. Porque, si bien las responsabilidades institucionales de Juan Carlos I terminaron el día que abdicó, lo cierto es que no se trata de un ciudadano más, como el papa emérito no es tampoco un católico más. De ahí que sea fácil instrumentalizar su vuelta por unos y por otros y que, al hacerlo, lo que se trata es de debatir sobre la jefatura del Estado y la Constitución de 1978. Dicho de otra forma, salvo su familia y sus amigos de verdad, parece que todo el mundo tiene interés en utilizarle para sus propios fines.

Sentado lo anterior, es obvio que el rey emérito pasará a la Historia como una figura controvertida. Creo que se le reconocerán los indudables méritos de haber impulsado la Transición desde la dictadura del General Franco a una democracia moderna en un corto espacio de tiempo, consiguiendo no sólo que fuera posible -no olvidemos que heredó todos los poderes de una Jefatura del Estado autocrática- sino,  sobre todo, que fuera un éxito. Para las personas de mi generación queda también el recuerdo imborrable del 23-F, cuando puso fin al golpe de Estado del coronel Tejero y del general Armada. Más allá de las indudables imprudencias que también cometió (al igual que muchos políticos de su generación, por cierto) paró el golpe de Estado y, como bien afirma Javier Cercas en su estupendo libro “Anatomía de un instante”,  en ese momento era el único que podía hacerlo. Pero esto es ya historia; muchos españoles no habían nacido entonces y es difícil trasmitirles que la transición pacífica y muy rápida de una dictadura a una democracia representativa liberal no estaba ni muchísimo menos garantizada. De hecho, conocemos otros muchos países en donde esto no ocurrió; pensemos en Rusia o en muchas repúblicas ex soviéticas sin ir más lejos. Sin duda, el rey no fue el único artífice de este éxito, pero sí fue una pieza esencial.

Posteriormente, -con la plena connivencia de una clase política y mediática cuyos sucesores se rasgan ahora las vestiduras- el rey emérito, cumplida su misión histórica, aprovechó su posición para divertirse y para enriquecerse. Todo se le consintió. La ciudadanía poco o nada sabía de esta “doble vida” que llevaba el monarca al margen de las instituciones y, probablemente, de su familia. Durante muchos años, tuvo el respeto o al menos la aprobación de la inmensa mayoría de los españoles, no todos ellos monárquicos. De ahí que se dijera que España no era tanto monárquica como juancarlista.

Todo esto se rompió en un instante cuando se descubrió, con el asombro y la consternación de la mayoría y con la cínica sorpresa de la minoría, que el rey en realidad no era lo que parecía; que tenía una “amiga” -que no era ni mucho menos la primera- que, además, vivía en un edificio propiedad del Patrimonio del Estado y que había acumulado una fortuna en comisiones en países poco recomendables. A partir de ahí, la abdicación se hizo inevitable para salvar la institución, y así se hizo con el consenso de los dos grandes partidos el PP y el PSOE, perfectamente conscientes de lo que se hacían cuando emergían con fuerza los nuevos partidos y el independentismo estaba en pleno auge. Lo cierto es que el nuevo Jefe del Estado si por algo se caracteriza es por una gran profesionalidad y una gran prudencia, de manera que ha mantenido -con el coste personal que podemos imaginar-  una relación muy distante con su padre.

Lo que siguió a continuación es un rifirrafe procesal con muchas idas y venidas a cuenta de un patrimonio por el que nunca se declaró impuesto alguno. La interpretación que han hecho los tribunales de la inviolabilidad del Rey (recogida en la Constitución) y la prescripción de las deudas tributarias ha hecho el resto. El caso es que, por distintas razones técnicas y jurídicas cuya explicación haría muy largo este artículo, a día de hoy el Rey emérito no tiene cuentas pendientes con la Justicia española, a diferencia de lo que ocurre con otros personajes como Puigdemont. Pero de lo que no cabe duda es de  que su conducta no ha sido ejemplar bajo ningún concepto, por lo que el reproche ético persiste. Y esto para una institución absolutamente anacrónica como es una monarquía, aunque sea parlamentaria, es un problema grave. Porque dado que al rey, a diferencia de un presidente, no se le elige y no se le puede echar, lo que sí se le puede y se le debe de exigir es un comportamiento absolutamente ejemplar.  Sin duda, algo complicado para cualquier ser humano cuya vida privada pueda ser escudriñada hasta el mínimo detalle, pero este es el precio a pagar. Nadie se lo hizo ver al rey emérito, y es difícil que pueda llegar a entenderlo en un momento en que la necesidad de justificar lo que ha sido su vida es mayor que nunca.

Pero lo que sin duda se podría y se debería evitar a toda costa es que la defensa del rey emérito se convierta en una bandera política más. En particular, de una parte de la derecha española. Es comprensible la tentación, desde el momento en que los independentistas y un sector de la izquierda radical aprovechan descaradamente su figura para atacar a la actual jefatura del Estado: los independentistas -tan complacientes ellos con su corrupto “padre de la patria”, Jordi Pujol-  por la sencilla razón de que quieren un Estado propio con un Presidente propio. Y parte de la izquierda, sobre todo la más radical, por una concepción infantil pero también profundamente iliberal de lo que significa una República. Sobre la vigencia del mito republicano tampoco nos podemos extender aquí; pero sí me parece interesante recordar que con los mimbres con los que trabaja el ultranacionalismo y este sector de la izquierda con lo que terminaríamos sería con un Presidente de una república iliberal, tipo Erdogan u Orban.  Desde el punto de vista de la democracia representativa liberal no parece que sea un gran avance sobre lo que hay en estos momentos, que es una jefatura del Estado por encima o al margen de los partidos políticos, máxime en un entorno de enorme polarización.  Por otra parte, conviene no olvidar que las jefaturas de Estados parlamentarios con forma de monarquía son características de los países democráticos más avanzados del mundo; y puede que no sea una casualidad, precisamente por esta función de árbitro neutral que se les atribuye y que difícilmente puede tener un Presidente electo.

Por último, creo que también hay que tener muy en cuenta la brecha generacional que puede existir entre aquellas personas que hicieron la Transición junto con el rey emérito y que, al defenderle, defienden también su legado,  los que vivimos la realidad de los años 80 del siglo pasado y las generaciones de españoles que nacieron después y que sólo han vivido los escándalos, las comisiones, las compañías dudosas y que sólo tienen la imagen de una persona muy mayor viviendo con mucho lujo en un emirato árabe y viajando a España en un avión privado.  Muchos, además, son jóvenes precarios y con un futuro muy incierto. Será a ellos a quienes probablemente les tocará decidir la forma de la jefatura del Estado. Y para convencerles de que una monarquía es una buena idea a estas alturas parece razonable primar los argumentos racionales frente a los emocionales. Lo fundamental es que una jefatura del Estado monárquica puede servir de elemento de moderación y de integración en un contexto de gran incertidumbre y de enormes riesgos para las democracias liberales representativas. Por esa razón, creo que convertir la defensa del rey emérito en un elemento más de la lucha partidista no es una buena idea; una jefatura del Estado monárquica no puede ser de derechas. Si no se entiende así, se le está haciendo el juego a sus adversarios.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?