Control del Tribunal Constitucional y secuestro del CGPJ. Montesquieu ha muerto, otra vez

Mientras los jueces y magistrados ejercen sus funciones día a día con independencia, su órgano de gobierno -el Consejo General del Poder Judicial, que no tiene funciones jurisdiccionales pero sí la interesante facultad de designar discrecionalmente a altos cargos judiciales- y el Tribunal Constitucional -órgano que no forma parte del Poder Judicial y que es el intérprete supremo de la Constitución, con funciones principales de control de constitucionalidad de las leyes, de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos y de solución de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre éstas- viven bajo los continuos intentos del Poder Ejecutivo y del Legislativo de controlarlos.

En las últimas cuatro décadas, los Gobiernos de turno, amparados por los partidos políticos que les sustentan y con la complicidad del principal partido de la oposición y de los diputados y senadores sometidos a la disciplina de voto de los partidos que les han colocado en sus listas, se creen con licencia para penetrar en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional con el objetivo de controlarlos y ocupar espacios de poder que no les corresponden, pretendiendo colocar en el CGPJ y en el TC a fieles peones que en el futuro puedan devolverles algún favor o que estén al servicio del programa político e ideológico del partido que les ha designado.

Da igual que los vocales del CGPJ o los miembros del TC designados puedan ser profesionales de reputada competencia, con sobrados méritos y capacidades para ocupar dichos cargos, pues su elección se produce por su afinidad a un concreto partido político y serán definidos como “conservadores” o “progresistas” en función de quién les haya designado, esperándose que cumplan las expectativas de éstos.

El último capítulo en este continuo ataque a la separación de poderes lo estamos viviendo estos días. El Pleno del Congreso aprobó el pasado jueves 14 de julio, por 187 votos a favor, 152 en contra y 7 abstenciones, la Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 24 de junio de 2022 y enmendada por el mismo el 13 de julio. Queda pendiente solo su ratificación definitiva en el Senado, prevista para el Pleno del 20 de julio.

Esta reforma se ha tramitado como proposición de ley del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno en lugar de como proyecto de ley presentado por éste, que exigiría cumplir con un proceso más laborioso y largo como redacción de un anteproyecto, sometimiento a consulta pública y a audiencia e información pública, elaboración de una memoria de impacto normativo y recabar informes de otros órganos, como el Consejo de Estado o el propio CGPJ) y se ha tramitado por el procedimiento de urgencia y de lectura única en el Pleno del Congreso, sin pasar por la Comisión de Justicia, reduciéndose extraordinariamente los plazos parlamentarios habituales y omitiéndose el preceptivo trámite de previa audiencia que debe otorgarse a todos los sectores implicados (CGPJ, Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa), asociaciones judiciales, fiscales, …), exigencia establecida por las instituciones europeas interpretando lo dispuesto en el art. 19.1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho, entre los que ocupa un lugar destacado la independencia judicial que, con arreglo al art. 2 TUE, constituyen el fundamento de la Unión, según consta en las Recomendaciones de la Comisión Europea 2017/1520 y 2018/103.

Nunca una Ley Orgánica se ha tramitado en menos de un mes. Pero, lamentablemente, para controlar el Tribunal Constitucional todo parece posible, incluso vulnerar normativa comunitaria, como advertimos desde Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en este informe: y así lo hemos denunciado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ante GRECO

La reforma aprobada por el Congreso viene a introducir, entre las facultades conferidas por el art. 570 bis LOPJ al CGPJ en funciones, la de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que, conforme al art. 599 LOPJ, le corresponde designar al CGPJ pero que, al estar con mandato prorrogado desde diciembre de 2018, no podía realizar debido a la reforma de la LOPJ aprobada por LO 4/2021 de 29 de marzo y promovida por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, reforma que vino a limitar las facultades del CGPJ en funciones, impidiéndole realizar cualquier nombramiento de cargos judiciales y del TC hasta que no fuera renovado.

Con esta nueva reforma de la LOPJ, se devuelve al CGPJ su facultad de realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones, pero limitado solo a los dos miembros del TC, manteniéndose la prohibición de nombrar cargos jurisdiccionales y gubernativos, lo que está impidiendo que se cubran las más de sesenta plazas vacantes existentes en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, llevando a Salas y Tribunales desbordados y colapsados al no poder cubrir dichas plazas y no poder asumir el trabajo existente, lo que lleva a mayor retraso en la resolución de asuntos.

El verdadero objetivo de la reforma es que, dado que el CGPJ, aunque esté en funciones, ya podría nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, el Gobierno también podrá nombrar a los dos magistrados de dicho órgano que le corresponden, ya que el TC, que está compuesto por doce miembros, se debe renovar en un tercio cada tres años (siendo el nombramiento de sus miembros por una duración de nueve años) y, de mantenerse la imposibilidad de nombrar a dichos cargos por el CGPJ, el Gobierno tampoco habría podido nombrar a los suyos, ya que el art. 159.3 de la Constitución prevé expresamente la porción a renovar de una vez.

Y para asegurarse que el CGPJ proceda a nombrar a dos miembros del TC, el 13 de julio se introdujo por el Grupo Parlamentario Socialista una enmienda a la proposición, que fue aprobada, consistente en prever que dicho nombramiento deberá realizarse en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior (que fue el 12 de junio), por lo que dicho plazo fina el 13 de septiembre de 2022.

El CGPJ se ha convertido en rehén del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pues está a merced de lo que éstos decidan sobre las funciones que puede o no ejercer en cada momento e incluso fijándole plazo para ello. Lo paradójico es que, a pesar de acometerse estas reformas exprés de la LOPJ para limitar las facultades del CGPJ con mandato prorrogado y para que pueda nombrar a dos magistrados del TC en un determinado plazo, en cambio, no se procede a la reforma de la LOPJ para modificar el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ a fin de que estos 12 vocales del turno judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados en activo, sin injerencia ni influencia política alguna, tal y como exigen los estándares europeos sobre independencia judicial fijados por GRECO, la Comisión Europea (siendo una de sus recomendaciones en el Informe sobre Estado de Derecho publicado el 13 de julio) y jurisprudencia del TJUE y TEDH y atendiendo al espíritu del art. 122.3 CE y al criterio fijado por el Tribunal Constitucional en Sentencia 108/1986 de 29 de julio.

Sin duda, nos encontramos ante una reforma legislativa ad hoc que obedece exclusivamente a un interés político del actual Gobierno para que haya una mayoría afín a él y a su ideología en el Tribunal Constitucional durante varios años (al menos, hasta la siguiente renovación en tres años) que esté al servicio de su programa político y de sus socios y pueda validar totalmente la constitucionalidad de las normas aprobadas por el actual Gobierno y convalidadas por las Cortes Generales en las que el Ejecutivo tiene mayoría o aprobadas directamente por éstas gracias a la mayoría conseguida por el actual Gobierno. No hay que olvidar que el TC tiene pendientes de resolver recursos de inconstitucionalidad de fuerte calado ideológico como los interpuestos contra las denominadas Ley Celaá, Ley del Aborto y Ley de Eutanasia.

Poniendo en peligro el actual sistema institucional 

En España estamos asistiendo a un intenso ataque al sistema institucional actual con desprecio absoluto a principios básicos como el de separación de poderes, siendo máximos los intentos por influir políticamente en la designación de miembros del Tribunal Constitucional y de vocales del CGPJ para evitar los necesarios controles a la actuación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y para acabar con el sistema de contrapesos democráticos. Parafraseando la frase atribuida a Alfonso Guerra con motivo de la reforma de la LOPJ en 1985 en que se suprimió la designación de los vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces y magistrados atribuyendo la designación de los 20 vocales al Congreso y al Senado, con las recientes reformas de la LOPJ que afectan a las funciones del CGPJ podemos decir: “Montesquieu ha muerto”, otra vez.

No es de recibo que las renovaciones de órganos constitucionales como el TC y el CGPJ dependan de quien obtenga la mayoría parlamentaria o esté en el Gobierno en cada momento, ni que se considere que dichos órganos deban representar a las mayorías parlamentarias o ser expresión de la pluralidad de fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados, pues se trata de órganos que deben ser independientes del Poder Ejecutivo y del Legislativo, a fin de que puedan cumplir sus funciones con autonomía, imparcialidad e independencia y que quede garantizada la separación de poderes y el Estado de Derecho en España.

A este respecto, aunque el Tribunal Constitucional no se integre formalmente en el Poder Judicial, las exigencias de imparcialidad e independencia del mismo son equivalentes, por las siguientes razones:

-Porque el Tribunal Constitucional, en particular al resolver recursos de amparo, decide asuntos de naturaleza estrictamente jurisdiccional, incluso enmendando las decisiones del poder judicial.

– Porque el TEDH ha declarado aplicable la garantía a un tribunal independiente e imparcial del art. 6 CEDH a los tribunales constitucionales (sentencia de 7 de mayo de 2021, asunto 4907/18, Xero Flor).

– Porque las Recomendaciones de la Comisión Europea sobre Estado de Derecho (UE) 2017/1520, señalan que “las injerencias del ejecutivo en el procedimiento normal para la designación de jueces del Tribunal Constitucional, afectan a la legitimidad e independencia del mismo y, en consecuencia, a la existencia de un control eficaz de constitucionalidad
de las normas internas”.

El TJUE y el TEDH vienen declarando reiteradamente, sobre todo en relación con el caso de Polonia, que la forma de designación (política) de un tribunal puede afectar a la validez de sus resoluciones (sentencia de 19 de noviembre de 2019, asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18; y sentencia de 2 de marzo de 2021, C-824/18; sentencias TEDH de 22 de julio 2021 – Reczkowicz, de 8 de noviembre 2021 – Dolińska-Ficek and Ozimek y de 3 de febrero de 2022 – Advance Pharma).

GRECO viene advirtiendo sobre lo mismo específicamente en relación con el caso español. Por todo ello, si no se cumplen las normas europeas sobre Estado de Derecho y separación de poderes, uno de los valores en que se fundamenta la Unión Europea y que deben cumplir sus Estados miembros, según los artículos 2 y 7 del TUE, podemos empezar a encontrarnos de manera inminente con decisiones europeas que coloquen a la justicia española en una situación insostenible, cuestionando la legitimidad de dichos órganos politizados y sus resoluciones. Y la reciente reforma aprobada por el Congreso constituye una maniobra política
que sitúa a España a un paso de experimentar un riesgo sistémico para la separación de poderes y la quiebra del Estado de Derecho. Ese riesgo sistemático provocó la intervención de las instituciones de la Unión Europea en Polonia con un procedimiento de infracción. Por tanto, España podría ser la siguiente. Advertidos ya estamos.

10 comentarios
  1. SANTIAGO
    SANTIAGO Dice:

    Montesquieu habría cumplido la constitución hace ya unos cuantos años renovando ese CGPJ. Después debatiría la reforma de la composición y elección de los miembros del mismo. Saludos y felicidades por tan excelente blog.

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  2. Manuel Villa
    Manuel Villa Dice:

    Si se quiere un CGPJ que sea independiente, que se use el SORTEO entre los candidatos que al cumplir los requisitos cumplirán su función de Vocal con solvencia. Si ponen sentencias, pueden ser Vocales. ¿Dejar el tercer poder del Estado al aza? ¿Y no hay azar en el juez que le toca a uno en un asunto que afecta a la economía o la libertad de uno? Todo esto del TC tiene un tufo de «Informe Pelícano».

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    • Rafael
      Rafael Dice:

      Efectivamente, cualquier juez está capacitado por estar en un órgano de gestión; y mira que sencillo y eficaz.
      La pregunta es si los jueces (que ahora mandan) estarían de acuerdo o no ¿Apuestas?

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      • Manuel Villa
        Manuel Villa Dice:

        La renovación se haría en su tiempo. Si se busca independencia, no hay mayor que la que dá el SORTEO. Cuando haya que poner de acuerdo a 6 o más partidos para alcanzar los 210 diputados ¿Se conseguiría renovar el CGPJ? Los jueces elegidos por los jueces no es vendible a la soberanía; es la élite de Juan Palomo. Actualmente se pretende trasladar la confrontación de los partidos del Parlamento al CGPJ. El que un juez tenga ideología es inevitable pero con el SORTEO no le debe el puesto a nadie. El Vocal solo ha de ser profesional. En la composición existente del CGPJ hay vocales que han sido elegidos entre abogados y otros juristas cuya idoneidad es manifiesta para el partido que lo ha elegido al no tener que decirle lo que ha de hacer pues le sale naturalmente. El «Informe Pelícano» es más difícil de conseguir. El SORTEO me parece la solución, pero no lo defienden. Lo que lo hace más solución, por independiente, si cabe.

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  3. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    La Vanguardia de este 14 de julio bajo el titular “Bruselas ve “problemas sistémicos” en las democracias de Polonia y Hungría “ incluye el siguiente texto.
    “El examen comunitario ha detectado deficiencias en los cuatro terrenos examinados para determinar la salud democrática de los países de la UE: independencia judicial, libertad de prensa, la lucha contra la corrupción y el sistema de pesos y contrapesos. Polonia tiene 38 sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre temas clave sin aplicar, como la reforma de su Tribunal Constitucional. …
    Ajeno a lo que critica a estos dos países, el editorial del 14 de julio es desconcertante pero aclara la calidad democrática del periodismo en España ” Desde el punto de vista ciudadano , no deja de resultar una anomalía democrática que la actual cúpula judicial española no se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas a la actual radiografía social del país, que parece otorgar una mayoría a fuerzas de izquierda y progresistas” .
    La frase de La Vanguardia es congruente con la cultura política de países con democracias del tercer mundo en las que el Estado , sus instituciones y los recursos públicos son el botín del que gana las elecciones* . Por ejemplo, ya advertimos de lo que iba a suceder con el programa de asalto a la justicia en la constitución de la república catalana.”Santi Vidal : De los 801 jueces , sabemos perfectamente los que se quedarán y los que se irán .Tenemos perfectamente diseñada la estructura judicial de la República y sabremos con qué jueces podemos contar”
    Es ,por lo tanto previsible ,que con “jueces de los nuestros”, los corruptos como los violentos “nuestros” ,tengan un mejor tratamiento y con ello, que hay más violencia ( contra “ los otros”) y corrupción “.
    Si Cataluña saliera de la Unión Europea , dirigida por ellos , no volvería , “no es su sistema “ ni el de los partidos que están apoyando a Sánchez en su proyecto autoritario .
    * https://www.hayderecho.com/2016/01/03/por-que-unas-democracias-tienen-mas-corrupcion-que-otras/
    La democracia es un instrumento que ofrece tantas caras como grados de desarrollo tengan los países donde está implantada. En las democracias de los pueblos poco desarrollados se dan, a menudo, características negativas que no se encuentran en las democracias maduras.
    Dos notas diferencian las democracias : La relación neutra entre el Estado y los ciudadanos, garantizada por la existencia de un Estado de Derecho que trata a todos por igual. En el momento que los ciudadanos se encuentren discriminados por el Estado, a causa de sus ideas, nos encontraremos ante un sistema democrático falsificado, ya que gran parte de las libertades quedarán cercenadas por este abuso de poder.
    – La concepción que del Estado tenga la clase política dirigente. Mientras que en los sistemas políticos del tercer mundo las clases dirigentes consideran al Estado como su propiedad privada, en las democracias avanzadas, el Estado es de la sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno.

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  4. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Es lamentable que la exigible imparcialidad y neutralidad de todos los órganos del Estado, parezcan contaminados por calificativos determinados según sus actos.
    Mientras sigamos denominando a unos «progresistas» (¿en qué sentido?) o «conservadores» a otros (¿en qué sentido?) confundiendo la legítima ideología personal, con el ejercicio de la función pública, no saldremos nunca del «carajal» político con que nos distraen todos los días.
    Si los «poderes» del Estado son independientes, deben ser elegidos con independencia de unos u otros (sobra el Parlamento y mucho más el gobierno), tener su propia organización, recursos y financiación, pero sobre todo temporalidad mínima en su órgano de gobierno.
    Si hay una Jefatura del Estado que debe regular y arbitrar el funcionamienty o institucional, se debe notar en poner a cada cual en su sitio.
    Un saludo.

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  5. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    “Hay dos tipos de profesionales que se llaman periodistas, los que se dedican a dar una información veraz a la población y los otros. Estos últimos ni en los temas que escogen, ni en la ética profesional ni en los intereses reales que defienden tienen nada que ver “
    https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/opinion/daniel-iborra-sobre-lo-que-he-aprendido-escribiendo-de-politica-y-economia/
    El 16 de julio , en La Vanguardia” Lorenzo Bernardo de Quirós en “ La renovación del CGPJ “ escribe : “ la justicia constituye el contrapeso básico para evitar el abuso del poder del gobernante y garantizar los derechos y libertades de los individuos. Por tanto, su independencia es fundamental”.“las personas que integran el máximo órgano de gobernanza de un poder independiente, el judicial, no deben ser elegidas por los representantes de aquellos otros poderes, legislativo y ejecutivo, cuya actuación han de controlar y fiscalizar. Por eso, 12 de los 20 miembros de ese organismo constitucional eran elegidos por los propios jueces y magistrados de todas las categorías judiciales hasta que el primer gobierno socialista aprobó una reforma legal que concedía a los partidos representados en el Parlamento la facultad de elegir a la totalidad. “A pesar de lo sostenido por el Gobierno, esa situación es anómala en el seno de la Unión Europea.” En este contexto, lo razonable y equilibrado sería que el Gobierno y la oposición pactasen no el reparto del CGPJ, sino que el procedimiento de elección de sus integrantes se ajustase a las recomendaciones y normas vigentes en Europa e imperantes en todos los estados de la Unión Europea con dos notables excepciones: Polonia y Hungría”. Se trata de uno de los escritores más solventes de La Vanguardia. Y lo mismo pasó con “el desarrollo del proceso independentista”. No pueden ser contradictorios sus editoriales con sus escritores más competentes y que ofrecen “una información veraz”, si quieren mantener su credibilidad social.

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  6. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    El 4 de marzo de 2021, centenares de entidades se solidarizaron con el manifiesto ¡Basta ya! contra la degradación de Cataluña. “Reclamamos un Gobierno que defienda la economía productiva, el empleo y el Estado de bienestar; que sitúe la recuperación económica y la cohesión social como su objetivo principal; que mantenga el orden, es decir, que garantice el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades para todo el mundo, y el normal funcionamiento de las instituciones; y que dé seguridad jurídica “.
    Es el retrato de un “gobierno fallido” ya que la Generalitat ha fracasado en aspectos fundamentales de los ciudadanos: economía, bienestar social , derechos y libertades, seguridad jurídica.
    Entre ellas, estaba el presidente del Grupo Godó, Javier Godó, que si se hubiera puesto en contra, el fuego del procés no se hubiera extendido en una gran parte de la sociedad catalana. Simplemente ,si hubiera hecho caso a una de sus firmas más ilustres y competentes , habría evitado semejante responsabilidad, el profesor Joaquim Muns ( 29-9-2013)
    “Respecto a la UE, y tal como han indicado todos sus representantes que han aludido a este tema en los últimos días, la separación política de Catalunya de España la dejaría automáticamente fuera de la UE, ya que es el Estado español y no sus territorios constitutivos el signatario de los tratados con la UE.
    En estas condiciones, resulta muy preocupante que algunos vean como solución de último recurso la declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno catalán. Este paso sería una garantía del total aislamiento internacional de Catalunya.. Querer ignorar los condicionantes políticos y económicos del mundo que nos rodea sólo puede conducir al desprestigio internacional de Catalunya.”
    Los presidentes de los grupos de información que están apoyando a Sánchez en una gestión que tiene su coste, en calidad democrática y economía y su final , ¿ habrán olvidado que “ Es muy difícil mantener la credibilidad, el afecto y el respeto de los ciudadanos y hasta la facturación , cuando has sido cómplice de llevar a tu país a la ruina “ .? Si viene otra catástrofe, ¿ también firmarán otro » basta ya» o podrán construir otro relato exculpatorio?

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