Jueces y democracia: ¿un sistema en peligro?
Es creciente la sensación de progresiva injerencia de intereses políticos y económicos en la justicia. El ejemplo de Estados Unidos y su reciente sentencia derogando la doctrina Roe contra Wade (1973) sobre el aborto solo es una muestra más de la crisis global de muchas de las democracias occidentales en materia de justicia. España no es una excepción: si consultamos The 2022 EU Justice Scoreboard de la Comisión Europea, encontramos que ha bajado la percepción que los españoles tienen de independencia de nuestra justicia, solo mejor que la de Italia, Bulgaria, Eslovaquia, Polonia y Croacia. Aunque no haya un político que no repita como un mantra la necesidad de defender la independencia judicial, ¿realmente se la protege o se contribuye desde los distintos sectores políticos y sociales a su creciente politización? ¿Somos todos los jueces independientes o algunos de nosotros favorecemos de forma eficiente nuestra instrumentalización?
No es fácil establecer los límites del papel constitucional que los jueces deben asumir en el control de los excesos de los otros poderes públicos, ya que el propio ordenamiento jurídico permite el uso homeopático de la ley para destruir la separación de poderes.
Fue en América Latina donde se acuñó el término lawfare, entendido como “golpe blando” contra gobiernos progresistas por parte de sus opositores. En palabras de los autores del blog El Orden Mundial, el lawfare se diferencia del tradicional golpe de Estado en que este último persigue “tomar el poder de forma ilegal, mientras que en una guerra jurídica se pretende deponer a la persona precisamente con procesos legales”. Más elocuente es, en mi opinión, la expresión “golpe por goteo” con la que tituló Valeria Vegh Weis, docente de la Universidad de Buenos Aires, un artículo de junio del año pasado en la Revista Pensamiento Penal de Argentina. Vegh Weis también considera que el lawfare es propio de la guerra blanda de los sectores conservadores frente a gobiernos progresistas. Sin embargo, no creo que pueda extrapolarse dicho término a lo que sucede en España, ya que no podemos concluir que únicamente la derecha utilice al Poder Judicial para tratar de deslegitimar al oponente político. Si bien es cierto que es conocida la tendencia de partidos ultraconservadores de presentar obstaculizadores recursos de inconstitucionalidad contra leyes y querellas contra contrincantes políticos, no podemos soslayar la idea de que desde determinadas facciones progresistas también se utiliza políticamente al Poder Judicial y se busca la desacreditación de cualquier resolución que vaya en contra de sus intereses.
El aprovechamiento de la justicia con fines políticos ha tocado fondo con la gravísima irregularidad democrática que constituye el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial, un órgano constitucional, lleve en situación de interinidad tres años y medio y que se le esté asfixiando jurídicamente para que no pueda ni nombrar cargos discrecionales ni renovarse. Cuando se jubiló el vocal Rafael Fernández Valverde a comienzos de este año, los letrados del Congreso informaron en contra de su sustitución por considerar que la vacante no era consecuencia de un cese anticipado. Con el fallecimiento de la vocal Victoria Cinto hace unos días, el Consejo ha rehusado directamente pedir su sustitución. Tenemos un CGPJ, por tanto, camino de duplicar el mandato para el que fue nombrado, imposibilitado para la designación de cargos discrecionales y mermado en cuanto a sus integrantes. Un Consejo inútil, decorativo y cuya decadencia ahonda en el desprestigio institucional y en la falta de confianza de los ciudadanos en la justicia. La propuesta del Gobierno de modificar otra vez la ley, ahora en sentido contrario, con el exclusivo fin de que el CGPJ pueda designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional es incalificable por bochornosa.
Pese a que en el barómetro del CIS de julio de 2019 —único en el que se ha preguntado directamente sobre este tema— los entrevistados manifestaran confiar más en el Poder Judicial que en el Gobierno o en el Parlamento, el creciente descrédito del primero es evidente. Este desdoro se alimenta de múltiples factores, algunos ya mencionados. Junto con la politización del sistema de elección de los vocales del CGPJ y su bloqueo y la utilización de la justicia para menoscabar al adversario político se encuentran su lentitud y su endémica falta de medios. En la Administración de justicia se procura un deficitario servicio público a los ciudadanos, a quienes no les sirve de excusa que España tenga menos jueces y fiscales que la media europea, pero asuman más carga de trabajo, o que los medios materiales y personales no dependan del Poder Judicial.
Además, me resulta especialmente doloroso que sea un secreto a voces cuál va a er la postura de un determinado órgano judicial cuando resuelva un asunto de trascendencia política con solo conocer la adscripción ideológica de quienes han sido elegidos con criterios políticos por el CGPJ. La politización de determinadas designaciones acaba salpicando injustamente a la inmensa mayoría de la judicatura, que ocupa su cargo por mero concurso de mérito y antigüedad.
Finalmente, también se utiliza al Poder Judicial cuando, desde las instituciones, algunos políticos de izquierda vilipendian a los jueces si estos dirigen una investigación criminal o condenan a un miembro de su partido. Acusar a los togados de ser “siervos de la derecha” y de ser instrumentos del lawfare impulsados por adversarios políticos es la excusa perfecta para ocultar comportamientos que deben ser castigados. Podríamos decir que de forma no principal se busca la impunidad, pero la finalidad última es atacar a todas las instituciones —incluyendo el Poder Judicial— como parte de un plan superior que busca la sustitución de estas mediante el desapego popular al sistema preexistente.
Lo peor de esta “gota china” que erosiona de forma indefectible la confianza en los jueces es que con ello se producen dos efectos indeseados. El primero, la huida de los ciudadanos desde el Estado hacia estructuras y corporaciones privadas para la resolución de sus conflictos y la protección de sus derechos. Cada vez se asume con mayor naturalidad que las plataformas digitales decidan qué se puede y qué no se puede decir, o que se encomiende a empresas privadas el desalojo de supuestos okupas, banalizando estas tendencias como si no fueran una sustitución de los poderes públicos en la garantía de derechos fundamentales. En la misma línea, las grandes empresas se salen del sistema judicial para resolver sus conflictos a través de otros medios más ágiles, aunque con ello se puedan producir desviaciones. La tecnología blockchain permite resolver conflictos de forma segura sin la intervención del Estado, lo cual genera superestructuras que superan este concepto tradicional y constituyen espacios alternativos, en una tendencia que no puede ser positiva si no va acompañada de un control público.
El segundo efecto lo compone el hartazgo de ciudadanos que muestran su desafección por los poderes públicos, en una deriva que genera un caldo de cultivo óptimo para populismos y líderes mesiánicos. Aunque a primeros de año se publicó el resultado de la encuesta realizada en más de 109 países por el Instituto Bennett de Políticas Públicas de la Universidad de Cambridge y en él se reconocía el descenso de los apoyos electorales a los partidos populistas, el estudio también afirmaba que España era uno de los países en los que más había subido el apoyo a que el Gobierno sea dirigido por un líder fuerte que no tenga que preocuparse por elecciones o Parlamentos. Se advertía de que, junto con Grecia, Alemania y Japón, éramos de los países donde más desapego a la democracia existía. La añoranza de un líder fuerte que tampoco sea controlado por un Poder Judicial “politizado” en el que no se confía debería preocuparnos a todos.
Lamentablemente, veo poca solución al problema, que, por otra parte, no es exclusivo de España. Los excesos de un Poder Judicial politizado han dado como resultado el paso atrás dado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos dejando en manos de los gobernantes de los respectivos Estados federados la capacidad de regular la interrupción voluntaria del embarazo, derogando una doctrina que llevaba en vigor casi 50 años. Esto solo ha sido posible tras los nombramientos efectuados en la era de la presidencia de Donald Trump de magistrados ultraconservadores para la Corte Suprema. Aunque no es comparable el sistema judicial americano con el europeo, la confusión de funciones de unos y otros poderes y el desembarco de motivaciones no jurídicas en las decisiones que se adoptan no puede traer nada bueno. Urge la reforma de la forma de elección de los vocales judiciales del CGPJ según las insistentes recomendaciones de la Comisión Europea. El sistema actual ha implosionado: ¿no habrá 12 magistrados solventes, independientes y servidores de la Constitución entre los 51 jueces que se han presentado como para que no se haya podido alcanzar un acuerdo hasta ahora? Me temo que a ninguno de los dos partidos mayoritarios les interesa este perfil.
Quizá haya que asumir que la grandeza de la democracia también estribe en ser el único sistema político que se autodestruye con sus propios mecanismos legales. Pero no podemos olvidar que la alternativa siempre será peor.
Artículo publicado en El País el 17 de julio de 2022
Es evidente que si se permite que unos jueces puedan hacer aplicar su ideología, digan lo que digan las urnas y las leyes, el resto de poderes intentarán controlar de alguna manera a esos jueces.
O sea, bajo mi punto de vista, que se quiera interferir en la “independencia judicial” es lo que se obtiene cuando se permite que unos jueces ataquen a la Democracia de forma impune. Si se quiere mayor independencia judicial lo primero es conseguir que los jueces que no respetan la Democracia dejen de tener capacidad para atacarla. Una vez empiecen a respetar las leyes y no intenten interferir en el resultado de las elecciones es evidente que el deseo de “controlarlos” se verá muy disminuído.
Me refiero a cosas como saber que se ha perjudicado con mentiras a una formación política (Podemos) y que haya jueces que lo han permitido. Lo mismo con la “cuenta falsa de Trias”. Los jueces (y demás funcionarios judiciales) que hayan tenido algo que ver en eso no deberían estar ejerciendo. ¿Qué decir de los jueces que no respetan la inviolabilidad ni la inmunidad parlamentaria… u otras leyes como dejar que sean los profesores los que decidan en qué lengua se ha de dar cada asignatura? Maneras de apartarlos (como mínimo a los jueces) sabemos que hay: Por escribir un libro (o sea: algo realizado en su tiempo libre) el juez Santiago Vidal fue apartado.
La sensación es que esos ataques a la Democracia realizados por funcionarios judiciales (Lawfare) nunca se castigan… Salvo cuando afectan a otro juez, claro (hay condena contra un juez por hacer Lawfare contra la jueza Victoria Rosell… pero muchos de los funcionarios que tuvieron algo que ver en todo ese Lawfare repitieron en “el caso” Alberto Rodríguez… y siguen ejerciendo). En otras palabras: Sensación de que el Corporativismo está muy por encima de defender la Democracia.
Son los jueces los primeros que deberían estar interesados en defender la Democracia apartando a los pocos que la atacan. Mientras esto no suceda, lo de quejarse porque se intenten injerencias en el Poder Judicial: Me suena a eso de mirar con celo el dedo que está señalando la Luna.
Sobre la viabilidad del sistema actual.
Textos extraidos ( y traducidos) de nuestro articulo, en catalán, :¿PODEMOS SER MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA, SIN UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE?
Lo que nos pasa era previsible. En mi “crónica de la pandemia”, el 20 de diciembre de 2020 , tengo el siguiente escrito:
“Hay 3 periódicos que coinciden en sus portadas, titulares y hasta en editoriales, El País, La Vanguardia y El Periódico, todos en una línea de defensa ideológica parecida …
No es casualidad ,por tanto, que el día 27 de septiembre pasado La Vanguardia , en un editorial “ El CGPJ y la justicia , bajo sospecha” ,incluye una argumentación parecida “ Tampoco es ocioso recordar que el CGPJ en funciones no refleja la actual composición de las Cortes Generales , tal como marca la legislación vigente, sino de la época en que era presidente del gobierno el popular Mariano Rajoy, lo cual es a todas luces irregular”.
La Fundación BBVA en su obra Estadísticas históricas de España recoge el siguiente texto “Considerando la totalidad de la época contemporánea (1808-2000) , España ha padecido una gran inestabilidad política , el 72 por ciento de los Gobiernos han tenido una duración inferior a un año , y más de la mitad ( 54 por ciento) no han sobrevivido a los seis meses de su constitución”.
En los últimos 5 años ( 2015/19) hemos tenido 4 elecciones generales, con cambios enormes en las cuotas de los partidos y los que vienen pueden ser hasta más radicales. Hay que tener en cuenta que la actual “tranquilidad social” obedece principalmente a que se está cubriendo el exceso de gasto social sobre los ingresos públicos con crédito exterior pero esto tiene un límite, un coste y un fin, como lo están señalando todos los economistas e instituciones más solventes.
Es previsible que, cuando llegue la hora del ajuste de gastos y la gente vea cómo se le reduce otra vez su renta y su futuro, la reacción social dará lugar a otra época de convulsión política y de cambios importantes.
¿Sería deseable, como dicen estos editoriales, que “lo regular” es que, después de cada elección y con el correspondiente cambio de composición de las Cortes Generales, el CGPJ se adapte en cuotas a la composición del nuevo Parlamento o será más útil para los ciudadanos y la calidad de nuestro sistema judicial, que los jueces y los fiscales, tengan mas independencia de la clase política, como denuncia la Comisión Europea?
..Mientras estemos en la Unión Europea los demócratas tendrán protección y a ella tienen que acudir si quieren mantener la calidad de la democracia y antes de que cuando la gran crisis nos lleve a una situación límite, nos propongan como solución separarnos de la Unión Europea….
Y por cierto ¿por qué está dirigiendo este proceso un partido que en las últimas elecciones ha comprobado el rechazo de los ciudadanos a su programa, si no nos representa? …”
El sistema y la UE ( otro texto)
“La posición de los jueces tiene, además del soporte de nuestra experiencia histórica, la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella.
El 16 de julio , en La Vanguardia” Lorenzo Bernardo de Quirós en “ La renovación del CGPJ “ escribe : “ la justicia constituye el contrapeso básico para evitar el abuso del poder del gobernante y garantizar los derechos y libertades de los individuos. Por tanto, su independencia es fundamental”.
“las personas que integran el máximo órgano de gobernanza de un poder independiente, el judicial, no deben ser elegidas por los representantes de aquellos otros poderes, legislativo y ejecutivo, cuya actuación han de controlar y fiscalizar. Por eso, 12 de los 20 miembros de ese organismo constitucional eran elegidos por los propios jueces y magistrados de todas las categorías judiciales hasta que el primer gobierno socialista aprobó una reforma legal que concedía a los partidos representados en el Parlamento la facultad de elegir a la totalidad. “A pesar de lo sostenido por el Gobierno, esa situación es anómala en el seno de la Unión Europea.” En este contexto, lo razonable y equilibrado sería que el Gobierno y la oposición pactasen no el reparto del CGPJ, sino que el procedimiento de elección de sus integrantes se ajustase a las recomendaciones y normas vigentes en Europa e imperantes en todos los estados de la Unión Euro¬pea con dos notables excepciones: Polonia y Hungría”.
El 16 de enero de este año se celebró un referéndum en Serbia para reforzar la independencia judicial “sobre una enmienda constitucional que pretende despolitizar la justicia eliminando el rol del Parlamento en la elección de jueces y fiscales, para acercar así el país a la Unión Europea (UE). De prosperar esta consulta ,el país balcánico modificará varios artículos de su Constitución para elegir a jueces y fiscales mediante órganos compuestos por profesionales y no por los diputados del Parlamento” ( La Vanguardia ).
Se aprobó con más de un 60% de votantes.
Parece que los serbios han entendido mejor que nuestros políticos y los influyentes medios , lo que nos pide la UE.
Este 18 de junio .. “ Ucrania logra el estatus de país candidato a la UE “ con condiciones”. Entre ellas, la puesta en marcha de un sistema judicial mínimamente confiable e independiente y mejoras en la lucha contra corrupción. La Comisión pide una nueva legislación sobre el Tribunal Constitucional y sobre la selección de miembros del Consejo Superior de Justicia.
El 7 de junio pasado, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.. “ la Unión Europea no hará ninguna aportación económica a Polonia en el marco del estímulo para la recuperación económica por la pandemia hasta que Varsovia desmantele su polémico régimen judicial para restablecer la independencia de sus tribunales”.
El 13 de julio ,diferentes medios publicaron la siguiente noticia ( ejm El Confidencial) : En el informe de este año, Bruselas solicita a España que proceda a la renovación del CGPJ “con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta los estándares europeos”.Los estándares europeos marcan que la mitad de los miembros del CGPJ deberían ser votados por sus pares, algo sobre lo que Didier Reynders, comisario de Justicia, viene presionando desde hace tiempo. El informe también señala la necesidad de tomar más medidas para que los mandatos del Gobierno y del Fiscal General del Estado no coincidan. “Este aspecto ha sido objeto de críticas considerando en particular que el hecho de que el mandato del Fiscal General finalice al mismo tiempo que el mandato del Gobierno puede afectar la percepción de independencia”.
En cuanto a los fundamentos de lo que es un sistema homologable con la UE , el magistrado D Francisco Pleite Guadamillas en su artículo “Hacia una justicia común Europea” , que publicó en varios medios, incluyó este texto sobre la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el 24 de junio de 2019 sobre incumplimiento de Polonia “ que suponen un gran avance en el proceso de integración europea. Más allá de las declaraciones programáticas y los Tratados el Tribunal de Justicia ha desarrollado los requisitos imprescindibles que deben reunir los sistemas judiciales en los países europeos”.
”El Tribunal de Justicia considera que todo órgano judicial de los estados que componen la Unión Europea que interprete y aplique el Derecho de la Unión tiene que estar garantizada su independencia. Los órganos judiciales deben desarrollar sus funciones con plena autonomía sin estar sometidos a ningún vínculo jerárquico o de subordinación y recibir órdenes o instrucciones de ningún tipo, debe estar protegido de injerencia o presiones externas. Las garantías de independencia e imparcialidad se extienden a los nombramientos, a la duración del mandato y a las causas de recusación y cese de sus miembros y, sobre todo, a la inamovilidad para garantizar la libertad de los que tienen la misión de juzgar. La independencia exige que las normas que rigen el régimen disciplinario de los jueces y magistrados otorguen las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen puede utilizarse como sistema de control político de contenido de las resoluciones judiciales”
¿Pediremos a la UE que nos autorice, también, una “ excepción autoritaria”?
Si la autora en su texto ya discrimina entre juces conservadores y progresistas, está cayendo en la misma trampa ideológica que trata de denunciar.
La Función Publica en todas sus estructuras es -o debe ser- ajena a las preferencias personales de quienes la llevan a cabo. La neutralidad, la imparcialidad y la búsqueda de la Justicia (por mucho tiempo que lleve) son inherentes en los servidores del Estado. Pero cuando estos valores y principios quedan a merced de lo “mediático”, de “lo que se lleva”, de las inducciones ideológicas de fiscales, gabinetes psicosociales, etc. o del interés personal político de quien tiene la enorme responsabilidad de juzgar y cambiar las vidas de las gentes, las togas seguirán arrastrándose por el lodo de la indignidad y perdiendo la confianza depositada en ellas.
Vuelvo a traer unas frases del artículo publicado en HD quizás por la misma autora:
“Hemos fallado. Les hemos fallado. Esta vez la responsabilidad es enteramente nuestra por haber callado, por tener miedo…”·
Más sinceridad no cabe.
Un saludo.
Se nota la primavera, algo tardía, en que ya no hablamos de extrema ultraderecha sino de ultraconservadores.
Demasiado tarde me he dado cuenta de que este artículo había sido publicado en el diario de Ana Patricia. Tempus frangit, carpe ita diem.