El caso de Cataluña: Administración, decisiones judiciales y Estado de Derecho
El conflicto en relación a la presencia de castellano en el sistema educativo catalán es un laberinto en el que resulta sencillo perderse. No intentaré aquí explicar en qué punto nos encontramos, porque precisaría un espacio del que no dispongo; pero sí que creo que resulta importante comentar una incidencia relativamente reciente y que, me parece, reviste especial gravedad.
Los elementos esenciales que hay que retener son los siguientes:
De la Constitución se deriva que el castellano, junto con el catalán, tiene que ser lengua vehicular en la escuela. Es decir, no puede limitarse a ser un idioma que se aprende, sino que tiene que ser una lengua EN la que se aprende. La Generalitat, que es quien ejerce de manera directa las competencias en materia de educación en Cataluña ha desobedecido ese mandato constitucional, imponiendo que la única lengua de la escuela, aquella que se utiliza para las comunicaciones, la rotulación y la enseñanza de las materias no lingüísticas, sea el catalán. Se excluye de facto al castellano como lengua vehicular.
Durante años, varias decenas de familias han iniciado largos procesos contra la Generalitat para que se reconozca el derecho de sus hijos a recibir una escolarización bilingüe, esto es, una educación en la que tanto el catalán como el castellano sean lenguas
vehiculares. Los tribunales han reconocido ese derecho a las familias, bien en sentencias firmes, bien como medida cautelar mientras dura la tramitación del procedimiento. Estas decisiones siguen el mismo patrón: se reconoce el derecho a recibir una parte de la educación en castellano (un mínimo de un 25% de la docencia) y se ordena a la Generalitat que adopte las medidas necesarias para que el alumno que ha reclamado y su grupo clase reciban esta educación bilingüe. En este momento hay 27 familias en Cataluña cuyos
hijos reciben educación en catalán y en castellano como consecuencia de esas decisiones
judiciales.
Hasta ahora la Generalitat había acatado estas decisiones judiciales.
En el mes de mayo y junio, el gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña adoptaron un Decreto-ley una Ley que tenían como expresa finalidad impedir la ejecución de la Sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020 que obligaba a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para que todos los alumnos catalanes recibiesen la educación bilingüe que hasta ahora solamente tenían las 27 familias que habían acudido a los tribunales a exigirla y cuyos hijos aún continúan escolarizados (ha habido otras familias que han obtenido el mismo reconocimiento, pero cuyos hijos ya han concluido sus estudios preuniversitarios).
El TSJC, que es quien ha de ejecutar la Sentencia de 16 de diciembre de 2020, ha interpretado que el Decreto-Ley y la Ley aprobados en mayo y junio de este año son inconstitucionales e impiden la ejecución de la Sentencia de 16 de diciembre de 2020. Como consecuencia de ello ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad que ahora está pendiente ante el TC. El TSJC ha paralizado la ejecución de esa sentencia de 16 de diciembre de 2020. Podría discutirse la corrección técnica de la decisión del TSJC en este punto; pero ahora no entraremos en ello, porque el objeto de este comentario es otro.
Tras el “éxito” alcanzado por la Generalitat al conseguir paralizar la ejecución de la Sentencia de 16 de diciembre de 2020, ha decidido dar otro paso, solicitando ante el TSJC la revocación de las medidas cautelares adoptadas hasta ahora en favor de familias concretas y que reconocían la escolarización bilingüe. Son las medidas a las que hacía referencia en el punto 4 anterior.
Hasta aquí, lógico: la Generalitat aduce que hay un cambio legislativo y pretende que este cambio legislativo se proyecte sobre las medidas acordadas. Entiendo que esta modificación no debería producirse; pero no entraré tampoco en las razones para ello
porque todavía no es éste el objeto de este artículo. Lo que motiva este artículo es la orden remitida hace unos días por la Secretaria General de Educación del gobierno de la Generalitat y dirigida a los centros educativos en la que indica que el nuevo marco normativo (Decreto Ley 6/2022 y Ley 8/2022) es incompatible con las medidas judiciales que habían determinado la aplicación de un 25% de enseñanza en lengua castellana y que todos los centros sostenidos con fondos públicos han de garantizar el cumplimiento de ese nuevo marco normativo.
Es decir, el Departamento de Educación de la Generalitat ordena a los centros que dejen de aplicar medidas judiciales en vigor y que no han sido modificadas.
Como resultado de estas instrucciones, algunos centros educativos ya han comunicado a las familias que dejarán de aplicar, desde el 5 de septiembre, las decisiones judiciales que garantizaban la enseñanza bilingüe a las familias que la tenían reconocida.
Es este el punto en el que quería detenerme. Resulta de una enorme gravedad que una administración, obligada por medidas judiciales que no han sido revocadas ni modificadas, decida, a partir de su propia interpretación de la ley, que dichas medidas judiciales ya no deben de cumplirse, privando así de sus derechos a las personas que los tenían reconocidos. La Generalitat no ha querido esperar a la resolución de las solicitudes de modificación de medidas que había planteado, sino que ha decidido por su cuenta dejar de aplicarlas.
Es obvio que todos, pero especialmente los poderes públicos, han de cumplir las decisiones judiciales; y es por eso que esta inejecución decidida unilateralmente por la administración ha de tener consecuencias judiciales. Así, en primer lugar, será preciso informar al tribunal que ha dictado las medidas que dejarán de aplicarse, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la decisión de la Generalitat a fin de que reitere las órdenes que ya no son efectivas.
Pero tendrá que haber también consecuencias penales. La seguridad jurídica exige que los ciudadanos puedan tener una razonable confianza en que sus derechos no serán expropiados por decisiones unilaterales de la administración. El artículo 410 del Código Penal, que castiga a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales es en ocasiones de difícil aplicación por el disimulo con el que la administración pretende eludir el cumplimiento de lo decidido por los tribunales; pero en este caso la autoridad pública es clara: es consciente de que existen medidas judiciales obligatorias y, pese a ello, decide que la nueva normativa es incompatible con esas decisiones judiciales y antes de que los tribunales se pronuncien
ordena la desobediencia a tales decisiones. Incluso el tipo penal del art. 404 del Código Penal (prevaricación) podría ser relevante, pues una decisión como la que comentamos: ordenar a los centros educativos que dejen de aplicar decisiones judiciales que no han
sido revocadas, difícilmente puede calificarse como no arbitraria, por carecer del mínimo sustento legal.
El recurso al Derecho Penal en este caso no es gratuito, sino que es la respuesta adecuada para proteger principios básicos del Estado de Derecho. Si se tolera que la administración desobedezca de manera expresa y, me atrevería a decir, arrogante, las decisiones de los
tribunales el sometimiento del poder público a la ley, que es un elemento nuclear del Estado de Derecho, desparecería.
Lo que quizás debería también preocuparnos es que la reacción ante esta actitud claramente antijurídica de la administración no será, con bastante probabilidad, cosa ni de la Abogacía del Estado ni tampoco del Ministerio Fiscal (ojalá me equivoque). Hasta
ahora solamente asociaciones comprometidas con la defensa de los principios democráticos como la AEB (Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña) han anunciado su propósito de denunciar la desobediencia de la Generalitat.
Es la última línea de defensa, aquella a la que no debería de haberse llegado porque otras instituciones asumen la defensa de los principios democráticos, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Que se haya llegado a este punto ya debería
preocuparnos. Y más pensar que esta última línea de defensa no sea suficiente.
Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad Autónoma de Barcelona. Experto en Derecho Procesal Internacional, Derecho Migratorio, Derecho Internacional de Familia y Derecho Internacional de Sociedades. Doctor con orientación en Derecho por la Universidad de Oviedo. Más de 200 publicaciones en derecho internacional privado (libros, capítulos de libros y artículos en revistas jurídicas)
Cataluña es el caso más grave de un error histórico que es el responsable de gran parte de los problemas que tenemos , el desarrollo de nuestro estado autonómico. Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que habíamos asumido como socios de un proceso de integración política y económica. Y generó, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes, una estructura territorial inadecuada e inviable económicamente que desarrolló una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.
Si el desarrollo autonómico , tan funesto para los intereses generales, se ha podido realizar y hasta , expansionar ha sido porque absorbe la mayor proporción de recursos del Estado y entre ellos los dedicados al control de la educación y la información , claves para la manipulación de los ciudadanos. De ahí que la gestión de ambos les sea tan fundamental. Por eso la reacción ciudadana ha de ser lo más general , persistente y eficaz .Mientras estemos en la Unión Europea los demócratas tendrán protección y a ella tienen que acudir si quieren mantener la calidad de la democracia y antes de que cuando la gran crisis nos lleve a una situación límite, nos propongan como solución separarnos de la Unión Europea.
Textos inmortales de autores que han fallecido recientemente. No los vamos a olvidar , como nos pasó con el profesor Joaquim Muns :
Fernando Garcia de Cortázar :”Un error de la Transición de Suárez, que luego nadie pondría empeño en reparar, fue entregar a las Comunidades Autónomas la palanca ideológica de la Historia. Se regaló el pasado a las Autonomías y estas se lo quedaron. El sistema educativo dejó de hacer ciudadanos españoles para hacer catalanes, vascos, andaluces, gallegos, valencianos… en ocasiones a costa de enfrentarlos con la ayuda de una gigantesca manipulación de los libros de texto a mayor gloria de la Consejería de Educación encargada de supervisarlas.
Francesc Granell en La Vanguardia de 26 de agosto pasado “ Preocupación por la formación”…..reviven el debate de si hay que seguir forzando un modelo lingüistico en el que priorizando tanto el catalán se consigue que el alumnado haga faltas de ortografía en catalán y en castellano sin pensar que nuestros jóvenes que vayan a emigrar o a ser contratados por empresas extranjeras u organismos internacionales y van a tener que dominar otros idiomas en vez de nuestra lengua vernácula” . Problema que no van a tener los hijos de bastantes políticos catalanes que ya lo han previsto.
Como muy bien se señala, el error está en la Transición y en su consecuente Constitución. El deseo de quedar bien con todos, suele producir al final quedar mal con todos.
Sin embargo el artº 3.1 no deja lugar a dudas de ningún tipo:” El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecuo a usarla.”
Podríamos embarcarnos en disquisiciones de todo tipo sobre quienes se consideran “españoles” o no. Quienes renuncian a esa condición en cogerencia con sus ideas y principios, pero “no cuela” el querer estar en misa y repicando: aceptar ser ciudadanos español para tener todos los servicios correspondientes y al mismo tiempo renegar del estado que se los aporta.
En todo esto ha habido un cúmulo de errrores que van surgiendo desde hace ya años.
El primero de ellos es la compra de votos y apoyos a cambio de concesiones políticas y apoyos parlamentarios para mantener el poder (la historia se repite hasta la actualidad).
El segundo modificar subrepticiamente la Constitución a conveniencia partidaria, hasta el punto de no saber en este momento lo que debe aplicarse o no. De esto debería ocuparse el Tribunal Constitucional pero también inicialmente los cuerpos jurídicos del Estado para evitar desmanes.
El tercero ha sido la aceptación resignada y pasiva por parte de las instituciones de la “ocupación” por parte de los ejecutivos de los poderes del Estado, inlcuida la Jefatura del Estado que, no nos olvidemos, tiene en el artº 56 y en el artº 62, encargo de funciones más que suficiente para evitar situaciones de conflicto institucional.
El cuarto ha sido la aplicación del sistema D’Hont electoral que es inconstitucional y discrimina el valor del voto según circunscripción, propiciando una primera desigualdad contra los valores proclamados en el artº 1.1 (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político).
El quinto han sido las listas partidarias basadas en programas políticos que no se cumplen sin que eso tenga consecuencias de ningún tipo en nuestro ordernamiento lo que suprime legitimidad a la representación política de los ciudadanos.
El sexto es la supeditación del “legislastivo” (que hace leyes) a las leyes que hace el gobierno basadas en acuerdos parlamentarios a cambio de concesiones que perjudican al Estado. Ir contra el Estado por parte de cualquiera de sus representantes, debería tener consecuencias en el ámbito penal (aunque luego haya indultos).
Y no sigo porque la pasividad de la soberanía popular se ha ido construyendo desde hace tiempo hasta acostumbrarla a ser súbdita (no soberana) de quien sea más hábil en manejar los medios de comunicación y la manipulación sin escrúpulos de ningún tipo de los mismos (sigue adelante el proyecto del ministerio de la Verdad orwelliano).
Retomando el caso del idioma, la solución es simple: el artº 155 de la Constitución. Lo demás son ganas de marear la perdiz o empezar a pensar que hay unas manos que mecen la cuna de los estados que se pretenden soberanos, para que dejen de serlo.
Un saludo.
Francesc Granell , fallecido el 30 de agosto de 2022, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, en La Vanguardia 08/04/2021 , en “ Bombardeo y desilusión “ nos dejó este artículo inolvidable para los que están luchando por la democracia :
” La concienciación de que la independencia catalana sería lo mejor para Catalunya no es nada nuevo, sino que ha sido un proceso que, empezando por inculcar a los niños en edad escolar que Catalunya no es España y tergiversando el significado del 1714 –explicando que fue una guerra de secesión de Catalunya contra España y no la verdad: que fue una contienda entre austriacistas y borbonistas para conseguir la Corona de España–, ha pasado, luego, por la etapa de “España nos roba”, para llegar a la etapa de las manifestaciones multitudinarias y al antagonismo derivado del resultado de los juicios y huidas de España, circunstancias, todas ellas, que han calado hondo en muchos que no asumían que todo se estaba haciendo por actuar fuera de la ley.
Tengo amigos independentistas que hasta ahora estaban semihiptonizados por la idea de que había que seguir ciegamente los dictados de Waterloo y que tras las dos investiduras fallidas me han confesado que van a abandonar esta religión independentista profesada gracias al adoctrinamiento político del que han sido objeto,,,
Confiemos en que Catalunya se recupere del bombardeo sufrido.”
El control de la enseñanza, la cultura y la información, durante tanto tiempo, es lo que permite justificar que Cataluña cuente con la clase política más incompetente, inmadura, irresponsable, autoritaria y extractiva de la UE y que ,a pesar de su nefasta gestión ,continúan votándoles .
“Con la educación…hemos tenido el problema de que, administrada por las comunidades autónomas, ha sido un caldo de separatismo, sobre todo por la tergiversación de la historia… La educación y la sanidad se tendrían que haber preservado. Pero se cedieron pensando que eran pecata minuta y no lo son “(Tamames)
“ Para ellos, la enseñanza de la historia es el pilar para forjar el sentimiento nacional en la sociedad catalana , el resto es irrelevante. En Cataluña se está trabajando desde hace décadas para convencer a la sociedad de que España y los españoles son un agente nocivo y violento que nos impide desarrollarnos” ( Oscar Uceda).
Velarde, sobre las reformas necesarias: lo primero es eliminar las trabas administrativas para montar una empresa y unificar el mercado interior español. No es admisible que tengamos 17 legislaciones diferentes. Esta es la gran reforma pendiente de nuestra economía. . Luego un gran pacto educativo. Atajar el déficit enorme de las administraciones públicas, que lastra nuestro crecimiento ( 27/11/2017) .Y también , en sanidad , Miquel Porta , catedrático de epidemiología de la UAB.. “Nos cuesta vidas que haya 17 autonomías que son como 17 estados enfrentados y que, haya también 27 estados europeos también descoordinados”.
El sistema autonómico (que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones), tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente, ruinoso para los ciudadanos y fuente de escándalos continuados al aflorar, sin descanso, todo tipo de casos de despilfarro de recursos, de corrupción y de incompetencia en buena parte de nuestra geografía.”
Y también, dos de los personajes más respetados por los sectores independentistas .
Joaquim Muns (1935-2015), Catedrático de O.E.I. en la UB…Autor de un artículo clave para la historia: 30-9-2013 “Catalunya en la arena internacional”
“Respecto a la UE, y tal como han indicado todos sus representantes que han aludido a este tema en los últimos días, la separación política de Catalunya de España la dejaría automáticamente fuera de la UE, ya que es el Estado español y no sus territorios constitutivos el signatario de los tratados con la UE.
La continuidad de Catalunya en la UE si se separase del Estado español es imposible según el derecho comunitario y el derecho internacional. no habría inserción posible de una Catalunya independiente en el concierto de las naciones si el proceso de separación del Estado español no se ajustase a las leyes españolas y al derecho internacional. En la arena internacional no hay ningún padrino relevante (Estados Unidos, Rusia, Alemania) dispuesto a avalar la independencia de Catalunya y a cerrar los ojos a las leyes que ahora la obstaculizan. En estas condiciones, resulta muy preocupante que algunos vean como solución de último recurso la declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno catalán. Este paso sería una garantía del total aislamiento internacional de Catalunya.
.. los obstáculos para alcanzarla que provienen del exterior, especialmente de la UE, son tanto o más decisivos que los planteados por Madrid. Querer ignorar los condicionantes políticos y económicos del mundo que nos rodea sólo puede conducir al desprestigio internacional de Catalunya.”
Si solo un pequeño porcentaje de los que le admiraban le hubiera hecho caso, no se hubiera producido semejante desastre.
“ La principal enseñanza del procés es que Europa no acepta “ ninguna alteración de fronteras externas o internas” por lo que la agenda soberanista “no es viable” si se fija como objetivo “culminar en la independencia” o la creación de un nuevo estado europeo” (Andreu Mas-Colell La Vanguardia 11-9-22)