Sobre la (NO) renovación del CGPJ

Llevamos mucho tiempo hablando sobre la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el bloqueo del mismo y demás. Tanto tiempo, de hecho, que parece que hemos olvidado por qué estamos aquí y, sobre todo, de quién es la culpa. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Muy fácil de recorrer, basta tirar de Google y de hemeroteca.

 

Año 2018. El 4 de diciembre toca renovar el CGPJ, después de cinco años de mandato y de acuerdo con lo que dispone la Constitución Española. Para ello hacen falta doce jueces y ocho juristas de reconocida competencia que deberá nombrar el Parlamento. Para encontrar los ocho juristas, los partidos políticos buscan directamente entre gente de su confianza, no hay problema. Se dirigen a sus círculos de amistad o afinidad ideológica (generalmente, ambas) y de ahí extraen a los vocales juristas. Pero ¿y los doce jueces?

 

4 de agosto de 2018. Con antelación suficiente, el CGPJ inicia un proceso interno en la carrera judicial para ver qué jueces quieren presentarse como candidatos a vocal. La única condición para ello es estar en activo y tener el aval de 25 jueces o el de una asociación judicial.

 

Abro paréntesis. Por este proceso de presentación de candidatos es por lo que algunos demagogos (y demagogas) entienden que Europa está equivocada al pedir que los jueces participemos en la elección del CGPJ, porque, dicen, los jueces ya participan en el sistema de elección, porque claro, la Constitución dice que debe haber doce jueces, y si se presentan jueces, es que ya participan… Sin comentarios. Cierro paréntesis.

 

27 de septiembre de 2018. El presidente del CGPJ, tras comprobar que los que se han apuntado están en activo y tienen el aval correspondiente, envía la lista de 51 jueces candidatos a vocal a quien debe elegir, esto es, al Parlamento. Concretamente se la envía a los presidentes del Congreso y del Senado, para que inicien el proceso de renovación (totalmente parlamentario) y, además de elegir a los ocho vocales juristas, extraigan, de esa lista y mediante la correspondiente votación en las Cámaras, los doce jueces del nuevo CGPJ.

 

EL CGPJ, por tanto, ha cumplido su parte. Allá que van los jueces candidatos a vocales judiciales. A partir de ahí ya no tiene papel alguno en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Como el resto de los ciudadanos, se sienta a esperar a que Congreso y Senado elijan a los ocho juristas y los doce jueces del próximo CGPJ.

 

Tras recibir la carta del presidente del CGPJ, el Congreso pone en marcha el proceso de renovación del CGPJ, con comparecencias de los candidatos. Pero lo importante es lo que se cuece entre bambalinas, fuera del Parlamento. Concretamente, en las sedes del PP y del PSOE: antes de llegar a la fase de votación parlamentaria, los representantes de ambos partidos se ponen a negociar lo que hay que votar, como siempre se ha hecho. Y es que la elección de vocales y consiguiente renovación del CGPJ requiere de una amplia mayoría parlamentaria, los 3/5 de cada cámara. No puede quedar nada al azar.

 

2 de noviembre de 2018. Ya está todo atado. Once vocales para el PSOE y nueve para el PP. Lo importante es el número, cuántos vocales le corresponde a cada uno, no quienes van a ser esos vocales. El PP escoge a sus nueve preferidos (entre jueces y juristas), el PSOE hace lo mismo, y luego tú votas a los míos y yo a los tuyos para conseguir esa mayoría cualificada de 3/5 en cada Cámara. Ah, el acuerdo incluye también quién será el presidente del CGPJ y, por ello, del Tribunal Supremo. A propuesta del PP, acuerdan que sea Manuel Marchena, al que, precisamente, le toca juzgar el caso del proceso independentista catalán.

 

19 de noviembre de 2018. Se filtra un whatsapp de Ignacio Cosidó, senador del PP, dirigido a sus compañeros de bancada, en el que les cuenta que, con ese pacto de renovación del CGPJ, que incluye un presidente de los suyos, van a controlar «por la puerta de atrás» la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que es la que investiga y juzga los delitos, entre ellos los delitos de corrupción de los partidos políticos. Ante el escándalo que ello supone, al revelar la verdadera intención de los acuerdos políticos sobre el CGPJ, Marchena hace pública una carta en la que dice que con él no cuenten, que no quiere ser presidente del CGPJ. Como consecuencia de todo esto, PP y PSOE dan por roto el pacto de renovación.

 

La presidenta del Congreso, ante la ruptura del pacto entre los dos grandes partidos, interrumpe el proceso parlamentario de renovación, sin causa legal para ello y cuando aún faltan por comparecer dos candidatos a vocal por el turno de juristas de reconocida competencia. Sin pacto político, el Parlamento paraliza el procedimiento de renovación.

 

Años 2019, 2020, 2021. Años muy locos en los que ha pasado de todo. Desde varias iniciativas legislativas para despolitizar parcialmente el CGPJ y que los jueces podamos elegir a los doce vocales judiciales, todas ellas sin éxito, hasta anuncios de modificación legislativa de la mayoría exigida para la renovación como modo de conseguirla por la vía rápida (paralizada por las advertencias de la Unión Europea), pasando por reformas legales sí materializadas para limitar las competencias de un CGPJ en funciones, concretamente la competencia para nombramiento de cargos. Muchos tiras y aflojas entre PSOE y PP a cerca de la renovación, acompañados de los correspondientes rumores acerca de que ya estaba hecho, luego desmentidos por el paso del tiempo. Cambios de discurso del PP, a veces más cerca de renovar, otras más lejos, unas veces bajo unas condiciones, otras veces bajo otras distintas. Inmovilismo absoluto del PSOE, que quiere renovar sin condiciones (ni entra a debatirlas), por muy sensatas que sean algunas de ellas (acabar con las puertas giratorias entre los jueces y la política, por ejemplo). Una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español presentada por algunos jueces candidatos a vocal por entender que la no renovación vulnera sus derechos fundamentales. Todo ello aderezado de declaraciones incendiarias de unos y otros, muchas ellas demostrativas de lo poco que saben nuestros responsables públicos sobre la materia (confundir jueces y poder judicial con CGPJ es ya un clásico de nuestra intelectualidad política). Y Europa mirando cada vez más atenta el espectáculo español, a la vez que, progresivamente, con visitas institucionales cada vez más frecuentes, endurece su discurso contra nuestro país por la falta de renovación del CGPJ y por la falta de reformas legales para despolitizarlo.

 

Año 2022. Y aquí seguimos, igual que hace cuatro años. Es decir, y básicamente, con unos partidos políticos incapaces de llegar a un acuerdo sobre la renovación. Y con una presidenta del Congreso, silbando y mirando al tendido a la espera de que, desde la cúpula de los partidos, le digan que puede seguir el proceso de renovación ahí donde se quedó en el 2018.

 

Por eso, no acabo de comprender es ese empeño por parte de no pocos en echar la culpa al CGPJ de lo que está pasando. El actual CGPJ ya hizo todo lo que podía hacer al respecto, presentar la lista de jueces candidatos a vocal, punto. Eso fue hace casi un lustro. Todo lo acontecido con posterioridad, le es ajeno. A pesar de ello, como digo, se oye mucho eso de que que el CGPJ tiene secuestrado… no sé a quién. Cuando lo cierto es que es el CGPJ el que está secuestrado por la inoperancia de los políticos, simplemente. Me consta que los vocales ya están cansados de seguir ahí, pero es que ellos no pueden hacer nada. Son víctimas, no culpables.

 

Bueno, desde diferentes sectores ideológicos, hay quienes dicen que sí pueden hacer algo para remediar la situación: dimitir en bloque. A parte de que ello supone una indecente traslación de la responsabilidad a quien no tiene culpa alguna, resulta que:

 

  1. La dimisión de todos los vocales del CGPJ no arreglaría nada, porque «dimisión» no es un conjuro mágico que, de repente, haga llegar el acuerdo entre las fuerzas políticas. Recuerdo que la reforma legal que se hizo por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, para limitar los nombramientos de un CGPJ en funciones, se presentó como la llave que iba a abrir la cerradura de la renovación. Pero aquí seguimos, año y pico después. Esa Ley ya está produciendo efectos muy perniciosos (vacantes que no se cubren en el Tribunal Supremo, paralizando así su actividad), pero no por ello las fuerzas políticas se sienten más llamadas que antes a alcanzar un acuerdo. Una hipotética dimisión en bloque tampoco garantiza nada, y podría desembocar en un vacío de gobierno del poder judicial durante meses, o más. La renovación llegará cuando quieran quienes tiene la responsabilidad de ello, los partidos políticos.

 

  1. El CGPJ hace mucho más que nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y otros cargos judiciales importantes (también otros cargos no judiciales). Del CGPJ dependen licencias (maternidad, enfermedad, estudios) y permisos de jueces, concursos de traslados, comisiones de servicio, ascensos reglados, formación (cursos, escuela judicial), bases de datos, biblioteca, relaciones internacionales, etc. Si los vocales dimiten en bloque, nos quedamos sin CGPJ, no se sabe hasta cuándo, hasta que quieran los partidos, y eso afectará gravemente al trabajo de los jueces y el funcionamiento de los juzgados. Lo que acabarán pagando los ciudadanos, claro, que son quienes tienen sus asuntos en los tribunales. Hay que ser un irresponsable para pedir que esto ocurra, a cambio de la vaga esperanza de que se estimule el acuerdo político de renovación.

 

Resumiendo. De un lado, queda claro que la culpa es de unos presidentes de las Cortes secuestrados por los partidos políticos, que no cumplen con sus obligaciones legales hasta que, desde esos partidos políticos, les digan que ya pueden. Hasta que no sepamos a qué vocales vamos a votar, no empezamos la votación. Y, de otro lado, la culpa es de los partidos políticos, incapaces de ponerse de acuerdo y a quiénes, si aplicamos la misma medicina que muchos piden para el CGPJ, deberíamos exigir que dimitan en bloque, como auténticos responsables de la situación actual.

 

Aunque en verdad, tampoco deberíamos culpar a los políticos. A fin de cuentas, ellos hacen lo que saben hacer: política. No alta política, claro, sino baja política, de esa que busca el rédito a corto plazo, preferentemente el personal (propio o del partido). Pero, como digo, nada extraño, es la política que tenemos hoy día y a la que, por desgracia, estamos acostumbrados.

 

Por eso hay que ser más realistas y apuntar el verdadero culpable. Que es, sin duda, el sistema de elección del CGPJ. El actual sistema parlamentarista hace depender su renovación de los acuerdos políticos, claro, de negociaciones políticas donde, oh sorpresa, los intereses políticos (y qué «intereses») son los que se ponen sobre la mesa. No hay más.

 

¿Y cómo cambiarlo? Pues volviendo al (y mejorando el) sistema mixto diseñado originariamente por la Constitución: que los ocho juristas sean designados por las Cortes, y los doce jueces directamente por los jueces, mediante el voto secreto y directo (y un sistema proporcional y ponderado).

 

Ya lo dijo el Tribunal Constitucional en su famosa STC 108/1986, de 29 de julio. Dicha sentencia avaló la constitucionalidad del actual sistema parlamentario, pero dijo claramente que la finalidad de asegurar que la composición del CGPJ refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, por tanto, en el poder judicial «se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ».

 

Además, lo viene pidiendo/exigiendo Europa, cada vez con más vehemencia. Tanto desde el ámbito del Consejo de Europa (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión de Venecia, Consejo Consultivo de Jueces Europeos y Grupo de Estados contra la Corrupción), como desde la misma Unión Europea (Comisión y Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Y así resulta de la propia lógica continental: de 19 países de nuestro entorno europeo con Consejos de Poder Judicial, solo dos, España y Polonia (esta última recientemente, copiando el modelo español), tienen un sistema enteramente parlamentarista o político; el resto de los países permite a los miembros de la carrera judicial elegir a parte de los integrantes de sus Consejos.

 

Quede claro, por tanto, que el actual bloqueo del CGPJ no es la enfermedad, es el síntoma de la enfermedad: la politización del CGPJ. Por tanto, está claro que no basta con bajar la fiebre y quitar la tos, es necesario curar al enfermo, operarle y quitarle el cáncer.

 

Por eso yo iría más lejos. Lo preferible es que se cambie el sistema de elección del CGPJ, desde luego, pero que, además, se haga antes de su renovación, aún pendiente.

 

Es perfectamente factible. Las mayorías parlamentarias para reformar la Ley son más pequeñas, y, por tanto, más fáciles de conseguir, que las necesarias para renovar el CGPJ, que ya hemos visto que están especialmente reforzadas. Además, ya hemos comprobado que, cuando se quiere, se reforma la Ley deprisa y corriendo y sin problemas (la última ha sido para devolver al CGPJ la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, aunque siga en funciones).

 

Pero sobre todo es que:

 

1) El actual sistema es inconstitucional de facto. El Tribunal Constitucional, en la citada sentencia, ya dijo que «se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras […] atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos». Es decir, dijo que «es inadmisible» un reparto de los vocales del CGPJ por cuotas de representación parlamentaria… que es justo lo que se viene haciendo desde siempre, últimamente sin disimulo alguno. Y claro, si el Tribunal Constitucional condicionó la constitucionalidad del sistema a no hacer eso y resulta que se hace, el sistema se sitúa al margen de la Constitución, no hay más.

 

2) Si renovamos con el actual sistema politizado, paliamos los síntomas (acabamos con el bloqueo), pero seguimos enfermos de política. Y mañana, es decir, dentro de cinco años, volverán los síntomas, esto es, los bloqueos en la renovación y todo el lamentable y degradante espectáculo político que lo acompaña.

 

La salud democrática del país exige ya una cura, nada de más cuidados paliativos.

8 comentarios
  1. DANIEL IBORRA FORT
    DANIEL IBORRA FORT Dice:

    El sistema actual .es inviable y está condenado a su fracaso y lo explicamos en nuestro articulo, en catalán, :¿PODEMOS SER MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA, SIN UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE? ( traducido)
    “Lo que nos pasa era previsible. En mi “crónica de la pandemia”, el 20 de diciembre de 2020 , tengo el siguiente escrito:
    “Hay 3 periódicos que coinciden en sus portadas, titulares y hasta en editoriales, El País, La Vanguardia y El Periódico, todos en una línea de defensa ideológica parecida …
    No es casualidad ,por tanto, que el día 27 de septiembre pasado La Vanguardia , en un editorial “ El CGPJ y la justicia , bajo sospecha” ,incluye una argumentación parecida “ Tampoco es ocioso recordar que el CGPJ en funciones no refleja la actual composición de las Cortes Generales , tal como marca la legislación vigente, sino de la época en que era presidente del gobierno el popular Mariano Rajoy, lo cual es a todas luces irregular”.
    La Fundación BBVA en su obra Estadísticas históricas de España recoge el siguiente texto “Considerando la totalidad de la época contemporánea (1808-2000) , España ha padecido una gran inestabilidad política , el 72 por ciento de los Gobiernos han tenido una duración inferior a un año , y más de la mitad ( 54 por ciento) no han sobrevivido a los seis meses de su constitución”.
    En los últimos 5 años ( 2015/19) hemos tenido 4 elecciones generales, con cambios enormes en las cuotas de los partidos y los que vienen pueden ser hasta más radicales. Hay que tener en cuenta que la actual “tranquilidad social” obedece principalmente a que se está cubriendo el exceso de gasto social sobre los ingresos públicos con crédito exterior pero esto tiene un límite, un coste y un fin, como lo están señalando todos los economistas e instituciones más solventes.
    Es previsible que, cuando llegue la hora del ajuste de gastos y la gente vea cómo se le reduce otra vez su renta y su futuro, la reacción social dará lugar a otra época de convulsión política y de cambios importantes.
    ¿Sería deseable, como dicen estos editoriales, que “lo regular” es que, después de cada elección y con el correspondiente cambio de composición de las Cortes Generales, el CGPJ se adapte en cuotas a la composición del nuevo Parlamento o será más útil para los ciudadanos y la calidad de nuestro sistema judicial, que los jueces y los fiscales, tengan mas independencia de la clase política, como denuncia la Comisión Europea?
    ..Mientras estemos en la Unión Europea los demócratas tendrán protección y a ella tienen que acudir si quieren mantener la calidad de la democracia y antes de que cuando la gran crisis nos lleve a una situación límite, nos propongan como solución separarnos de la Unión Europea….
    Y por cierto ¿por qué está dirigiendo este proceso un partido que en las últimas elecciones ha comprobado el rechazo de los ciudadanos a su programa, si «no nos representa»? …”

    Responder
  2. DANIEL IBORRA FORT
    DANIEL IBORRA FORT Dice:

    El sistema y la UE ( otro texto)
    «La posición de los jueces tiene, además del soporte de nuestra experiencia histórica, la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella.

    El 16 de julio , en La Vanguardia” Lorenzo Bernardo de Quirós en “ La renovación del CGPJ “ escribe : “ la justicia constituye el contrapeso básico para evitar el abuso del poder del gobernante y garantizar los derechos y libertades de los individuos. Por tanto, su independencia es fundamental”.
    “las personas que integran el máximo órgano de gobernanza de un poder independiente, el judicial, no deben ser elegidas por los representantes de aquellos otros poderes, legislativo y ejecutivo, cuya actuación han de controlar y fiscalizar. Por eso, 12 de los 20 miembros de ese organismo constitucional eran elegidos por los propios jueces y magistrados de todas las categorías judiciales hasta que el primer gobierno socialista aprobó una reforma legal que concedía a los partidos representados en el Parlamento la facultad de elegir a la totalidad. “A pesar de lo sostenido por el Gobierno, esa situación es anómala en el seno de la Unión Europea.” En este contexto, lo razonable y equilibrado sería que el Gobierno y la oposición pactasen no el reparto del CGPJ, sino que el procedimiento de elección de sus integrantes se ajustase a las recomendaciones y normas vigentes en Europa e imperantes en todos los estados de la Unión Europea con dos notables excepciones: Polonia y Hungría”.
    El 16 de enero de este año se celebró un referéndum en Serbia para reforzar la independencia judicial “sobre una enmienda constitucional que pretende despolitizar la justicia eliminando el rol del Parlamento en la elección de jueces y fiscales, para acercar así el país a la Unión Europea (UE). De prosperar esta consulta ,el país balcánico modificará varios artículos de su Constitución para elegir a jueces y fiscales mediante órganos compuestos por profesionales y no por los diputados del Parlamento” ( La Vanguardia ).
    Se aprobó con más de un 60% de votantes.
    Parece que los serbios han entendido mejor que nuestros políticos y los influyentes medios , lo que nos pide la UE.
    Este 18 de junio .. “ Ucrania logra el estatus de país candidato a la UE “ con condiciones”. Entre ellas, la puesta en marcha de un sistema judicial mínimamente confiable e independiente y mejoras en la lucha contra corrupción. La Comisión pide una nueva legislación sobre el Tribunal Constitucional y sobre la selección de miembros del Consejo Superior de Justicia.
    El 7 de junio pasado, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.. “ la Unión Europea no hará ninguna aportación económica a Polonia en el marco del estímulo para la recuperación económica por la pandemia hasta que Varsovia desmantele su polémico régimen judicial para restablecer la independencia de sus tribunales».

    Responder
  3. DANIEL IBORRA FORT
    DANIEL IBORRA FORT Dice:

    La Vanguardia de este 14 de julio pasado bajo el titular “Bruselas ve “problemas sistémicos” en las democracias de Polonia y Hungría “ incluye el siguiente texto.
    “El examen comunitario ha detectado deficiencias en los cuatro terrenos examinados para determinar la salud democrática de los países de la UE: independencia judicial, libertad de prensa, la lucha contra la corrupción y el sistema de pesos y contrapesos. Polonia tiene 38 sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre temas clave sin aplicar, como la reforma de su Tribunal Constitucional. …
    Ajeno a lo que critica a estos dos países, el editorial del 14 de julio es desconcertante pero aclara la calidad democrática del periodismo en España ” Desde el punto de vista ciudadano , no deja de resultar una anomalía democrática que la actual cúpula judicial española no se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas a la actual radiografía social del país, que parece otorgar una mayoría a fuerzas de izquierda y progresistas” .
    La frase de La Vanguardia es congruente con la cultura política de países con democracias del tercer mundo en las que el Estado , sus instituciones y los recursos públicos son el botín del que gana las elecciones* .
    En cuanto a los fundamentos de lo que es un sistema homologable con la UE , el magistrado D Francisco Pleite Guadamillas en su artículo “Hacia una justicia común Europea” , que publicó en varios medios, incluyó este texto sobre la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el 24 de junio de 2019 sobre incumplimiento de Polonia “ que suponen un gran avance en el proceso de integración europea. Más allá de las declaraciones programáticas y los Tratados el Tribunal de Justicia ha desarrollado los requisitos imprescindibles que deben reunir los sistemas judiciales en los países europeos”.
    ”El Tribunal de Justicia considera que todo órgano judicial de los estados que componen la Unión Europea que interprete y aplique el Derecho de la Unión tiene que estar garantizada su independencia. Los órganos judiciales deben desarrollar sus funciones con plena autonomía sin estar sometidos a ningún vínculo jerárquico o de subordinación y recibir órdenes o instrucciones de ningún tipo, debe estar protegido de injerencia o presiones externas. Las garantías de independencia e imparcialidad se extienden a los nombramientos, a la duración del mandato y a las causas de recusación y cese de sus miembros y, sobre todo, a la inamovilidad para garantizar la libertad de los que tienen la misión de juzgar. La independencia exige que las normas que rigen el régimen disciplinario de los jueces y magistrados otorguen las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen puede utilizarse como sistema de control político de contenido de las resoluciones judiciales”

    Responder
  4. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Valiente artículo por el que hay que felicitar al autor. Un análisis objetivo y riguroso del `problema endémico que nos aqueja: la ocupación del Estado por parte de los partidos y sus ejecutivos o gobiernos que ya pronosticaba Oswald Spengler a pps. del pasado sigo para el año 2000. Pero hay más, mucho más, los gobiernos y los partidos no se conforman con eso. Deben «colonizar» todas las demás instituciones, organizaciones, corporaciones poniéndolas a «su» servicio (que no al del Estado) e intereses particulares o ideológicos.
    Se vive así un sistema de imposición más o menos sutil de un pensamiento único totalitario que cobra fuerza ante la pasividad y resignación de quienes están al servicio del Estado (no de los gobiernos). Un pensamiento además que no ha nacido ideológicamente de los ciudadanos europeos, sino que en sus distintas y aberrantes variantes, obedece a un diseño de intereses que cruzan el Atlántico y pretenden gobernar el mundo.
    No sé si somos conscientes de la trampa en que hemos ido cayendo por dejación, comodidad, codicia o miedo (como denunciaba una valiente jeuza en este mismo blog). El mundo judicial se ha ideologizado, perdiendo la imparcialidad y neutralidad de la función. Se les adoctrina desde los gobiernos incluso con cursos de formación. Han permitido que las fiscalías (que ¿de quien dependen? pues eso..) marquen el rumbo de los procedimientos. Se han contaminado dejándose llevar a asociaciones ideológicas (lo que debería ser motivo de inhabilitación) y no han exigido respeto a la dignidad de su función. En ciertos casos parecen depender de los gobiernos antes que del Estado, admitiendo incluso que las leyes estén alterando la propia Carta Magna.
    El caso de la renovación del CGPJ al lado de todo ello es una simple anécdota. Por mucho que se intente disfrazar de una obligación constitucional, hay obligaciones más importantes que no se cumplen (por ejemplo los que se refieren a derechos fundamentales o la igualdad de «todos» ante la ley). La renovación es un simple formalismo lampedusiano que no va a cambiar nada ya que el verdadero problema está en otras cuestiones como el doblegamiento de los poderes emanados de la soberan ái nacional, puestos al servicio de quien se erige como cabeza de todo el Estado sin que nadie replique.
    Un cordial saludo y gracias por su valentía. Hace mucha falta.

    Responder
  5. Manuel Villa
    Manuel Villa Dice:

    Algunos comentarios, pues hay afirmaciones incorrectas.

    «… … antes de llegar a la fase de votación parlamentaria, los representantes de ambos partidos se ponen a negociar lo que hay que votar, como siempre se ha hecho.»

    Ese «como siempre se ha hecho» en modo alguno significa que la ley lo explicite ni que sea lo correcto, más bien parece un acto político corporativo en defensa de sus propios intereses. No se debe olvidar el ansia de totalitarismo que rezuman algunos políticos y su intentos de «Informe pelícano» que tratan de ocultar.

    «2 de noviembre de 2018. Ya está todo atado. Once vocales para el PSOE y nueve para el PP. Lo importante es el número, cuántos vocales le corresponde a cada uno, no quienes van a ser esos vocales. El PP escoge a sus nueve preferidos (entre jueces y juristas), el PSOE hace lo mismo, y luego tú votas a los míos y yo a los tuyos para conseguir esa mayoría cualificada de 3/5 en cada Cámara. Ah, el acuerdo incluye también quién será el presidente del CGPJ y, por ello, del Tribunal Supremo. A propuesta del PP, acuerdan que sea Manuel Marchena, al que, precisamente, le toca juzgar el caso del proceso independentista catalán.»

    Un presidente del CGPJ que eligen los vocales, era conocido antes que se eligieran a los vocales. Vomitivo.

    «¿Y cómo cambiarlo? Pues volviendo al (y mejorando el) sistema mixto diseñado originariamente por la Constitución: que los ocho juristas sean designados por las Cortes, y los doce jueces directamente por los jueces, mediante el voto secreto y directo (y un sistema proporcional y ponderado).»

    Eso de los «y los doce jueces directamente por los jueces» con «diseñado originariamente por la Constitución» es falso. La Constitución establece: «De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica;» Precisamente porque la CE dice «entre» y no «por» es lo que hizo al TC declarar constitucional la Ley del PJ del 85. La ley del 85 vino a acabar con el hecho de que una élite pudiera hacerse con el control del CGPJ -los jueces serían como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como- y en lugar de asegurar la separación de poderes nos puso en la senda del totalitarismo, del que por ahora nos vamos librando.

    «Es perfectamente factible. Las mayorías parlamentarias para reformar la Ley son más pequeñas, y, por tanto, más fáciles de conseguir, que las necesarias para renovar el CGPJ, que ya hemos visto que están especialmente reforzadas.»
    Esto pone de manifiesto uno de los fallos garrafales de la CE. Se desparrama en Leyes Orgánicas que pueden desarrollar un artículo de la CE dejandolo sin contenido y con modificación de mayoría absoluta cuando para modificar el propio artículo de la CE se exigen los 3/5. La CE es la constitución de los 3/5 o la dictadura de los 3/5.
    Incluso el Art. 168 de la CE es modificable por el Art. 167 con los 3/5 -no hay problemas con el referéndum-.

    «1) El actual sistema es inconstitucional de facto».

    Aunque sabido, es indemostrable pues al final hay una votación libre y secreta. El sistema de sorteo según se refiere en el Blog de Hayderecho: «Nuestro entorno» a propósito del Consejo General del Poder Judicial, de 23 de febrero de 2021 por Francisco Hazas Viamonte.

    «Por último, en Grecia, existen dos órganos similares al Consejo General del Poder Judicial. El primero tiene 11 miembros y el segundo 15. Están compuestos por magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo.»

    Si el PSOE aceptase la lista de vocales del PP, se habría renovado el CGPJ hace tiempo. ¿Por qué va a tener que votar el PP a los que quiera el PSOE? ¿Qué es eso de trasladar la lucha partidista o de las asociaciones de jueces, al CGPJ?
    El CGPJ no tiene que reflejar la composición de las Cortes. El CGPJ ha de ser profesional y ejercer como órgano de gobierno de los jueces que es el mandato de la CE.
    El sorteo es el sistema que no contempla minorías bloqueantes. Se renueva en su tiempo y no hay mayor independencia que la que dá el bombo. Cada juez tendrá su ideología pero eso es algo inevitable. Si el juez dicta sentencia sera solvente para ejercer de vocal. ¿Dejar al azar el tercer poder del estado? A qué esa reserva, ¿No hay azar en el juez que le toca a uno en un asunto que afecta a la economía o la libertad de uno?

    «2) Si renovamos con el actual sistema politizado ….» La renovación que persigue el PSOE y el Gobierno tiene un tufo de totalitarismo y de «Informe pelícano» que no se aguanta. En la inmensa mayoría de los medios, tanto públicos como concertados, se transmite el mensaje de que el PP está bloqueando la renovación del CGPJ y todavía no he visto a nadie del PP decir: «Esta es mi lista, votenla y se renueva».

    Los ocho vocales que fija la CE se han de elegir entre abogados y juristas de reconocida competencia. ¿Quién fija la reconocida competencia? Actualmente hay vocales cuya reconocida competencia es el ser afecto al partido que lo ha nombrado. Es su idoneidad. Por otra parte, se habla en ésta entrada del Blog que eran 51 los candidatos a vocales. Todavía no se ha modificado el Reglamento del Congreso, ni el Reglamento del Senado, en los que se fija un máximo de 32 candidatos. ¿Quién reduce de 51 a 32 los candidatos? ¿Quién determina qué candidatos son presentados en el Congreso y qué candidatos en el Senado?
    La Ley del PJ habla de que el Congreso elige 10 vocales y el Senado 10 vocales. Esto no es así. La CE fija que 12 se eligen según la ley orgánica y 8 provienen de 4 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado. La suma es la misma pero no el concepto. Esa simplificación de 10 y 10 es inconstitucional. Conociendo donde vivimos, el sorteo es la solución.

    Responder
    • O'farrill
      O'farrill Dice:

      Gracias por las pertinentes precisiones al artículo. Hoy mismo un abogado ya con larga carrera a sus espaldas me decía: «A los jueces la Constitución les trae sin cuidado. Ellos aplican las leyes aunque sean inconstitucionales. Eso no es su problema».
      Vamos a ver, si se supone que cualquier norma contraria a la Constitución es nula e inaplicable por lo tanto… ¿estamos aplicando normas nulas?
      Me gustaría que alguien me lo aclarara. Ya, ya sé que el judicial no tiene que inmiscuirse en el legislativo, pero ¿y si ese legislativo fuera el gobierno y en su caso los partidos con sus intereses ajenos a lo que dice la Constitución?
      Un saludo.

      Responder
  6. O'farrill
    O'farrill Dice:

    La cuestión del tercer poder (y por ello no menos importante) emanado de la soberanía nacional no radica sólo en el simple nombramiento del CGPJ, sino en su ejercicio al servicio de la Justicia y de las leyes (siempre que no sean inconstitucionales por mucho que procedan de la «mayoría».
    Ya Tocqueville dice a este respecto: «La omnipotencia de la mayoría, al mismo tiempo que favorece el despotismo legal del legislador, favorece también la arbitrariedad del magistrado. Siendo la mayoría la dueña absoluta de hacer la ley y de vigilar su ejecución, poseyendo un control igual sobre los gobernantes que los gobernados, contempla a los funcionarios públicos como sus agentes pasivos que sirven a sus proyectos. Los trata como podría hacerlo un amo con sus servidores.» (fin de la cita).
    Un saludo.

    Responder
  7. Observador
    Observador Dice:

    No tiene razón ud al reclamar un sistema de elección que otorgue ese poder a los jueces. ¿Ha visto ud las actuaciones del CGPJ como órgano disciplinario? Tenemos casos como el de Garcia Castellón donde se hacen los ciegos ante la prevaricación. ¿Quiere que menos de 10000 jueces elijan al CGPJ? Eso incrementaría la endogamia ya existente (existen en el mundo judicial auténticas “familias”). En cuanto a que el CGPJ ha hecho todo bien es falso también. El CGPJ es el primero que ha hecho alarde de politización actuando como contrapeso al gobierno y negándose a renovar el TC: https://amp.rtve.es/noticias/20220913/cgpj-plazo-renovar-tribunal-constitucional/2401941.shtml

    Responder

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *