El Congreso, ese costoso decorado
Espectacular está siendo la degradación del Congreso de los diputados en esta legislatura bajo la batuta del Gobierno “progresista”. Sabemos que este eclipse de los Parlamentos es un proceso que cuenta con una historia dilatada, que no es una truculenta invención del actual presidente del Gobierno, todo lo contrario, está en el centro – desde hace mucho- de las preocupaciones de quienes meditan sobre la esencia de los sistemas democráticos.
Ninguna singularidad pues en las prácticas de Sánchez, persona que, por lo demás, no parece muy cualificada para la originalidad en la asignatura de Teoría del Estado, cuyos libros canónicos probablemente vería arder sin llamar a los bomberos.
Lo que sí es marca de su Gobierno es el descaro, la osadía, la inverecundia, con que somete al Congreso a sus designios más perentorios, con que corrompe la dignidad de la representación nacional, con que se mofa de la ciudadanía española que ha conformado esa representación, es decir, con la que hace mangas y capirotes de las bases mismas de la democracia representativa y del Estado de Derecho.
No es extraño por ello que se oigan los quejidos de las campanas tañendo a muerto porque pronto asistiremos a la firma solemne del acta de defunción y consiguiente momificación del Congreso y de sus protagonistas. Desde la Carrera de san Jerónimo trasladaremos sus restos, sus sombras carnales, a un lugar solemne – ¿el Valle de los Caídos?-, momento que será el propicio para organizar visitas de escolares a quienes se explique cómo se vivió la ilusión de la democracia y cómo hoy guardamos el luto de las glorias pasadas. Allí se venderán recuerdos, fotos amarillentas y postales, todo ello en un paisaje, ay, dominado por la indiferencia del excursionista ocasional.
Y, como muestra, acopiamos aquí los siguientes datos.
Con los votos de la mayoría gubernamental y el impulso de la Presidenta, la Mesa acordó, al inicio de la pandemia, no dar trámite por un tiempo inicialmente indeterminado a cualquier iniciativa además de suspender todas aquellas que se encontraran en tramitación. Una clausura de la institución de tan extrema grosería que, cuando fue analizada por el Tribunal Constitucional como consecuencia de un recurso de Vox, fue declarada inconstitucional al recordar sus magistrados que “recae sobre la institución parlamentaria el deber constitucional de asumir en exclusiva la exigencia de responsabilidad al Gobierno por su gestión política en esos períodos de tiempo excepcionales, con más intensidad y fuerza que en el tiempo de funcionamiento ordinario del sistema constitucional”. Para acabar subrayando que “no se puede interrumpir el funcionamiento de las Cortes generales … ni se puede modificar el principio de responsabilidad del Gobierno” (sentencia 168/2021 de 5 de octubre).
Lo mismo puede decirse del Acuerdo de convalidación que autorizó la prórroga del estado de alarma (29 de octubre de 2020) durante seis meses sin incluir ningún argumento justificativo de tan dilatado plazo cuando ello significaba nada más y nada menos que la abdicación de las propias atribuciones de quienes lo adoptaron. Acuerdo también impugnado y que asimismo fue declarado inconstitucional porque “se realizó de un modo por entero inconsciente con el sentido constitucional que es propio al acto de autorización y sin coherencia alguna, incluso, con aquellas mismas razones que se hicieron valer por el Gobierno para instar, por ese concreto plazo [de seis meses], la prórroga finalmente concedida”. Y como colofón nótense estas contundentes palabras de los magistrados: “se acordó sin fundamento discernible y en detrimento por ello de la irrenunciable potestad constitucional del Congreso para decidir en el curso de la emergencia sobre la continuidad y condiciones del estado de alarma, intervención decisoria que viene impuesta por la Constitución” (sentencia 183/2021 de 27 de octubre).
¿Le parece poco al lector / a / e? Pues seguimos: sobre el abuso de los decretos leyes ya se ha escrito con tino (por ejemplo, Manuel Aragón) y por nuestra parte nos remitimos a nuestro “Panfleto contra la trapacería política”. Añadimos ahora dos datos sobre los que el minucioso estudio de la Fundación CIVIO nos proporciona gráficos expresivos. El primero es el número de páginas que ocupa cada Decreto-ley: se cuentan por centenares habiendo conseguido el trofeo más elevado el Decreto ley de 4 de febrero de 2020 que alberga ¡252 páginas! El segundo, más preocupante aún: el uso torcido por el Gobierno para modificar decenas de leyes de un trazo. También aquí tenemos un récord: el Decreto-ley 6/22 de 29 de marzo dio un mordisco ¡a 39 leyes!
En el fondo de estos desvaríos se halla además la práctica del más burdo chantaje (DRAE, extorsión) a los grupos políticos. Consiste en mezclar – como en esos modernos robots de cocina- los más diversos ingredientes: becas, bonos de transporte y quien sabe si en el futuro el otorgamiento de un vale para la cirugía estética, con medidas aflictivas para el comercio, la industria, la hostelería … Todo en un paquete cerrado que ha de ser tomado o dejado, sin matiz alguno, en su integridad. ¿Se puede asistir a un envilecimiento mayor del ejercicio de la potestad legislativa, a un atropello más despótico al debate parlamentario, razón de ser del oficio de diputado?
¿Parece insuficiente lo dicho hasta ahora? Pues demos cuenta de otra práctica perversa. Respecto de muchos de estos Decretos-leyes se acordó su tramitación como ley con el carácter de urgente, tal como permite la Constitución (artículo 86.3). Si no hemos errado en la consulta de la base de datos del propio Congreso, estas tramitaciones urgentes están entorpecidas por otro diabólico truquito, a saber, el de acordar en la Mesa, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno “de progreso”, la ampliación del plazo para presentar enmiendas. Dos significativos ejemplos: respecto al Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio sobre medidas económicas se ha ampliado el citado plazo ¡78 veces! estando previsto que se siga tramitando en septiembre, es decir, cuando han pasado más de dos años desde su convalidación. Segundo ejemplo: el Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre relativo a la ejecución del Plan de Recuperación, esto es, a la distribución de los fondos europeos para paliar los daños originados por la pandemia, ha visto alargado el plazo de enmiendas más de ¡60 veces!
¿Es que el Congreso trabaja despacio? A veces porque, en otras, pica espuelas.
Así, el Grupo Socialista – con la colaboración del de Podemos- está presentando proposiciones de ley con éxito pues enseguida son bendecidas y logran su reflejo inmediato en el BOE. Recordemos – y aquí la infame artimaña- que la utilización de estas iniciativas legislativas evitan el meditado estudio que sí está previsto para la tramitación de los proyectos de ley procedentes del Gobierno: dictámenes preceptivos del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y otros órganos consultivos así como la participación de los grupos de interesados – sindicatos, empresarios, asociaciones-.
Verbigracia: el pasado 24 de junio de este año 2022 tocó el turno a la reforma de la Ley orgánica del Poder judicial para proponer magistrados del Tribunal Constitucional aprobándose el 27 de julio. El 28 estaba en el BOE. Esta modificación incidía en otra cuyo origen también fue una proposición de ley de los Grupos parlamentarios afines al Gobierno de diciembre de 2020, aprobada el 29 de marzo de 2021 y publicada en el BOE al día siguiente, el 30 de marzo.
Se comprende demasiado bien la urgencia que se imprime a estas iniciativas pues están destinadas a conformar una mayoría en el Tribunal Constitucional que se muestre complaciente con los excesos gubernamentales que hemos relatado. ¿No será entonces ese Tribunal, por mor de quienes tratan de manipularlo, un gran engaño? ¿No está justificado nuestro desesperanzado desengaño? ¿Alguien conoce algún remedio eficaz contra el gatuperio de jugadores de ventaja?
Publicado en El Mundo
jurista, catedrático y escritor.
La Presidente del Congreso, y digo Presidente porque preside el ente y no la enta, pues Presidenta podría ser confundido con mujer del Presidente (según la RAE), mintió en la sesión en que se aprobó la Ley de Reforma Laboral y ahí sigue con su mentira siempre presente. De las mentiras del Gobierno ya se está llegando a unos limites legendarios. La Fiscalía participa del contubernio y no se dedica a defender la legalidad como es su cometido. La oposición en lugar de estar fiscalizando y denunciando las mentiras del Gobierno se entera de que le han metido el gol cuando éste ya está en el marcador. Debería quedar la prensa, pero entre la pública (RTVE no sirve a la ciudadanía) y la concertada, se dedican a dar cobertura y justificar las mentiras del Gobierno. Mientras no se renueve el CGPJ habrá esperanza de que se mantenga la separación de poderes en relación con los jueces. ¡Cuántas mentiras dichas por el Gobierno y sus mariachis en relación con la renovación del CGPJ! Como si el Partido Popular tuviera que hacer, por ley, lo que el Gobierno quiera. En la Ley de Memoria Democrática se anuncia la creación de funcionarios para los Bancos de ADN, los Bancos Documentales, Comisarios, etc… Se conoce que con la Ley de Memoria Histórica no crearon ese funcionariado y lo han subsanado con la Ley de Memoria Democrática. Se derogarán las Leyes pero los funcionarios permanecerán. La solución es muy complicada por las inercias en las votaciones y la masa que vive de todo esto. Y sin entrar en el asunto del independentismo, que esa es otra.
Excelente y valiente artículo que comparto planamente.
Muchas veces la “democracia” que se iniciaba en la Transición con la ilusión de más de un 90″ de los españoles, parece un sueño que se vino abajo cuando la “política” con minúscula (contubernios partidarios) eliminó a la Política con mayúscula en que estuvieron nuestros sueños.
La “muerte de Montesquieu” declarada por el Sr. Guerra allá por el año 1985, no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones de un PSOE de nuevo cuño salido de Suresnes, en cuyas actas se encontraba la “autodeterminación de los pueblos de España” que, poco a poco, destruirán la nación.
Para eso era necesario un sistema electoral D’Hont, inconstitucional que viola el principio de igualdad sustentado por el artº 1º.1 y el artº 14 de la C.E. al dar diferente valor al voto de las distintas circunscripciones. Esto ha supuesto uns situación de ilegitimidad en la representación política de los ciudadanos desde hace muchos tiempo que beneficiaba al bipartidismo, al mismo tiempo que tal representación era puramente partidaria y los diputados quedaban bajo el mandado imperativo de las formaciones que los pesentaban en listas cerradas. El sistema electotal ya quedaba sesgado desde el primer momento y el T.C. debería haber puesdto las cosas en su sitio.
El reparto de funciones o responsabilidades en los poderes “emanados de la soberanía nacional”, ha sido un puro artificio. Los gobiernos han dispuesto de mayorías parlamentarias compradas a costa de enormes daños al Estado. El sistema clientelar de dependencia ya no quedaba limitado al mundo político, se extendió a un sistema corporativo, asociativo y social que vive de los presupuestos públicos. Es lógico que se planteee pues la pregunta: “¿de quien dependen…? pues eso.
Ya a comienzos del siglo pasado Oswald Spengler anunció lo que pasaría hacia el año 2000: el “cesarismo” antidemocrático e inconstitucional de los ejecutivos.
Todo esto podría haberse paliado algo desde el mundo institucional y sobre todo desde los cuerpos del Estado (que no del gobierno) cuya misión principal sería la de impedir desmanes administrativos o jurídicos: desde la Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estado, los Interventores del Estado, los letrados de las Cortes y los propios funcionarios del Estado (repito, que no del gobierno), pero `parece que han tomado partido (en el amplio sentido de la palabra) poniéndose al servicio de cada uno de los gobiernos y dando la bendición a sus dislates en lugar de denunciarlos públicamente. El miedo, la cobardía, la pusilanimidad, la codicia, la falta de ética, la corrupción y la complicidad, han presidido los enormes daños y la traición a la soberanía nacional y a quienes la forman.
Los hechos irregulares que un princio se achacaban al “rodaje” democrático, han demostrado que era una forma de ejercer una forma de poder absoluto, ajeno a todos los valores y principios en que se asentaba el pacto constitucional, hasta llegar incluso a la “chulería” de lo totalitario (esto es así porque lo digo yo y punto) sin que desde la Jefatura del Estado cuya función de regular el funcionamiento de las instituciones queda clara en el artº 56 de la C.E. y cuyas atribuciones quedan reflejadas en el artº 64 de la misma, parecen haber quedado sometidas al ejecutivo. Como es lógico esto ha repercutido en el sometimiento de todo el conjunto institucional y de los servidores públicos a un poder personal que, a su vez, parece seguir instrucciones ajenas a los intereses de la nación española (por no decir europeos).
Estamos pues en el despropósito político de un despotismo de mayorías (Tocqueville) fabricadas por la propaganda a costa de los impuestos a los ciudadanos que… ¿quien los distribuye? pues eso.
Un cordial saludo.