La crisis institucional toca fondo…por ahora

La reciente dimisión del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, después de casi cuatro años de falta de renovación de esta institución no deja lugar a dudas sobre la importancia de la crisis institucional motivada por la tradicional voluntad de nuestros partidos políticos de controlar el Poder Judicial básicamente a través de los nombramientos de los más altos cargos de la magistratura a través del CGPJ. Desmontadas con bastante éxito -vía ocupación partidista- el resto de las instituciones contramayoritarias o de contrapeso propias de una democracia liberal representativa, tales como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, sujetas al tradicional “reparto de cromos” sólo queda el Poder Judicial como control último del poder.

No olvidemos, además, que la intensa judicialización de la vida política española (no buscada por los jueces
precisamente, sino por una clase política muy aficionada a acudir ante los tribunales de Justicia por cualquier motivo) proporciona unos incentivos muy claros: nunca se sabe cuándo se va a necesitar que alguien te haga un favor importante en un tribunal de Justicia.

El hecho de que esta alarmante situación haya llegado hasta las instancias europeas, y que incluso el comisario de Justicia de la Unión Europea se haya molestado en venir a España a intentar mediar en el conflicto –sin éxito alguno- pone de relieve el deterioro institucional que padecemos en este y en otros ámbito: es bastante deprimente que tengan que tirarte de las orejas desde la Unión Europea para conseguir algo tan básico en una democracia como es llegar a un acuerdo que, además, garantice la independencia del Poder Judicial.

La sensación de tener una clase política menor de edad o incapaz de resolver problemas básicos por sí sola
sin ayuda es bastante desasosegante. Lo que se sabe (o más bien lo que no se sabe) de las conversaciones de los “negociadores” oficiales por parte del PP y del PSOE no lo es menos. Por otra parte, el papel del Parlamento, el supuesto protagonista de esta historia, brilla por su ausencia.

La razón es, sencillamente, que ninguno de los grandes partidos (o de los pequeños, con la excepción de Ciudadanos) tiene el menor interés en que nuestras instituciones funcionen adecuadamente: en lo que tienen interés es en repartírselas. Lo ocurrido en el CGPJ lo deja bien claro. Con independencia de a quien se impute la responsabilidad (los de derechas se la imputan a la resistencia del PSOE a cambiar el sistema de nombramiento del CGPJ para impedir que los jueces conservadores copen la institución, mientras que los de izquierdas se la imputan al PP por resistirse a una renovación que le perjudica) lo cierto es que para el ciudadano de a pie las cosas están bastante claras.

Los dos partidos tienen una enorme responsabilidad en el mantenimiento de un sistema que sólo les beneficia a ellos pero que perjudica el buen funcionamiento de la Justicia y daña gravemente su imagen. Ya sea por razones ideológicas –una concepción iliberal de la democracia en la que todos los órganos
constitucionales deben de replicar la composición del Parlamento en un momento dado- o pragmáticas –la necesidad de un “control de daños” político ocupando las instituciones que los pueden producir- la consecuencia siempre es la misma: nuestros partidos no creen los “checks and balances” es decir, en las instituciones de contrapeso que limitan el poder del gobierno de turno.

O dicho de otra forma, no creen en que el poder tiene que estar sujeto a límites y que los políticos, como cualquier ciudadano, están sometidos al imperio de la Ley.

En ese sentido, no es casualidad que el gobierno iliberal polaco insista en que su órgano de gobierno de los jueces, tan denostado y cuestionado ante instancias judiciales europeas es muy similar al español. Lo es, aunque sea el resultado de muchos años de deterioro de la institución y no de un golpe de mano de un partido ultraconservador. Tampoco es casualidad que muchos españoles desconfíen de la imparcialidad y profesionalidad de jueces y magistrados, lo que es tremendamente injusto dado que su inmensa mayoría no juega a la política. Pero el problema es que unos pocos, muy bien situados y muy visibles sí lo hacen.

Personajes como el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, representan perfectamente el modelo del político togado, un juez al servicio de un partido político que ha ido saltando de puesto en puesto (no sólo en la política) de la mano del PP incluso pese a episodios grotescos como su detención por conducir ebrio y sin casco en una moto cuando era nada menos que magistrado del Tribunal Constitucional. Tuvo que dimitir pero esto no le ha impedido volver a primera fila de la política de nuevo con el PP, esta vez el de la Comunidad de Madrid.

Otro botón de muestra de la indiferencia de nuestros políticos por el buen funcionamiento de nuestras instituciones han sido los cambios en la regulación del CGPJ en este periodo. En 2021 se reformó la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para privar al CGPJ (mientras esté en funciones) de la potestad de nombrar los puestos más importantes de la carrera judicial, aún siendo previsible que la consecuencia sería un atasco monumental en algunos órganos judiciales, muy señaladamente en el Tribunal Supremo al no poderse cubrir las vacantes que se fueran produciendo por jubilaciones.

Pero en 2022 se hizo una “contrarreforma”, cuando alguien se dio cuenta de que les habían privado también de la posibilidad de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional y, con ello, de la posibilidad de que el Gobierno pudiera nombrar a su vez a los dos magistrados que le corresponden, dado que los cuatro tienen que nombrarse a la vez. Como estos magistrados son decisivos –o así lo entiende el
Gobierno- para cambiar la mayoría en el Tribunal Constitucional de “conservadora” a “progresista” se apresuraron a cambiar la ley para devolver al CGPJ en funciones esta potestad. Es decir, que el CGPJ está o no en funciones dependiendo de lo que a los políticos les interese en cada caso.

Toda una lección de Derecho, de ética y de preocupación por los intereses generales, en este caso, por el funcionamiento de los tribunales de Justicia y del Tribunal Constitucional, al que, por cierto, se concibe como una especie de tercera cámara que tiene que actuar al dictado de las mayorías parlamentarias. De nuevo una concepción profundamente iliberal del papel de este órgano constitucional.

¿Cómo salimos de aquí? Pues no es fácil mientras que la opinión pública no conceda la debida importancia a estas cuestiones básicas y cambien los incentivos de los partidos. Porque esto no se arregla con un cambio de gobierno; los daños estructurales son ya demasiado profundos. En este sentido, hay que combatir la ilusión de que si otro partido gana las elecciones, todo se arreglará como por arte de magia, empezando por el deterioro. Esto es como pensar que porque cambien los inquilinos de una casa muy desvencijada el techo nunca se va a caer o las puertas no se van a atrancar. También demuestra una confianza nada justificada en que los partidos que lleguen al gobierno no se aprovecharán de una situación que tanto les beneficia,
como es la posibilidad de ocupar los organismos de contrapeso. Y a lo mejor en un día no muy
lejano ya no hablamos de partidos más o menos institucionales o/y europeístas; ya estamos viendo lo que ocurre en otros países europeos. En definitiva, no hay que esperar que alguien renuncie a comprar al árbitro si con eso puede ganar el partido particularmente si el adversario también es un tramposo. O incluso, aunque pienses que no lo es, si no confías demasiado en tus posibilidades de ganar limpiamente.

Queda también la presión desde Europa, pero no nos podemos engañar demasiado: la Unión Europea y sus comisarios tienen problemas más acuciantes a los que atender en estos momentos. Siempre será más visible un retroceso repentino y visible en la situación del Estado de Derecho en un país miembro, llevado a cabo por un único partido, que un deterioro lento a lo largo de décadas que es responsabilidad de todos los partidos. Dicho eso, no deja de resultar llamativo que en una democracia supuestamente avanzada los actores políticos sean incapaces de resolver por sí solos problemas que están perfectamente diagnosticados e implantar, sin necesidad de presión o de ayuda externa, soluciones que están también perfectamente identificadas y que, creo sinceramente, serían muy bien recibidas por la ciudadanía. Tendrían además la ventaja de que supondrían una gran diferencia con mucha celeridad lo que no puede decirse de todas las reformas estructurales. Simplemente, nombrar para puestos relevantes en instituciones contramayoritarias a personas con prestigio profesional y no afiliadas o identificadas con unos u otros partidos ya sería un gran paso.

El ejemplo de Portugal me parece especialmente interesante, dado que empieza a superarnos en muchos indicadores de buen funcionamiento institucional, pero no solamente en éstos: también en educación o en crecimiento del PIB. Es cierto que, en su caso, muchas de las reformas fueron impuestas desde la Unión Europea debido al rescate financiero de 2012 pero ¿de verdad en España es necesario un rescate o una condicionalidad europea de algún tipo para reformar nuestras instituciones? Porque ¿Quién no prefiere instituciones neutrales, independientes y que funcionen bien? La respuesta lamentablemente está muy clara: nuestros partidos políticos.

Mientras esto no cambie, con o sin renovación del CGPJ, me temo que seguiremos cayendo
por la pendiente del deterioro institucional, cada vez más inclinada.

Artículo publicado en El Mundo

 

1 comentario
  1. Manuel Villa
    Manuel Villa Dice:

    Buen artículo, aunque suave en el tratamiento de ciertas cuestiones. La ilegalidad asamblearia en que se ha convertido el CGPJ es inadmisible. La bicefalia establecida con el Tribunal Supremo no está contemplada en la CE. Ahora, los asamblearios del CGPJ han establecido que se ha de llamar: Presidente del CGJP, p.s., vocal …. lo de p.s. ¿significa Pedro Sánchez? . Se inventan un cargo y las medidas cautelarísimas solicitadas al TS por un vocal son rechazadas porque no se estiman urgentes. Una vocal dijo que no participaba y otro ha recurrido la ilegalidad al TS por lo que los otros 16 vocales han estado de acuerdo en algo que es claramente ilegal. En la CE 123.2 el CGPJ propone al Presidente del Tribunal Supremo y en la CE 122.3 el Presidente del Tribunal Supremo preside el CGPJ. Conclusión. NO existe elección del Presidente del CGPJ. El cargo de Presidente del CGPJ es inherente al de Presidente del TS. El Rey es el Conde de Barcelona, pero el Conde de Barcelona no es el Rey. En la LOPJ se expresa, cada vez que se le ocurre al legislador, Presidente del Tribunal Supremo y Presidente del Consejo General del Poder Judicial, pero en el Art. 586.4 y 586.5 solo se expresa Presidente del Tribunal Supremo, como no podía ser otra de manera para cumplir con la CE. Dado que No existe la formalidad de la elección del Presidente del CGPJ, el inciso del Art. 570.2 donde se indica que no se puede proceder a una nueva elección de Presidente del CGPJ, es NULO. Por inexistencia. La renuncia de Carlos Lesmes tiene su tratamiento legal y se ha omitido. Con todo ésto, lo más escandaloso es lo de las leyes claramente inconstiutcionales ley 4/2021 y ley 8/2022, ésta última por cómplice: El proponer al Presidente del Tribunal Supremo está recogido en la CE en modo explicito y «en la forma que determine la ley» no puede desposeer al CGPJ de esa atribución. La responsabilidad del nombramiento de los vocales del CGPJ es de las Cámaras, que son a las que se refiere el Art. 570 de la LOPJ 6/1985. Las Cámaras han aprobado la ley 4/2021 para «favorecer la renovación» del CGPJ, como expresa en su preámbulo, sin importarle el daño que a sabiendas se va a hacer a la justicia en los nombramientos de cargos, que le son necesarios para su funcionamiento, cuando quién no renueva los vocales del CGPJ es la propia Cámara. Como yo no te renuevo, te hago daño a tí y a todo el mundo, para forzarme a mi mísmo a renovarte. Un absurdo que es objeto de juzgado de guardia. A todos los intervinientes les deberían llevar ante la justicia por el daño al país hecho a sabiendas, porque hacen el daño para alcanzar su objetivo político.
    En el Art. 570.1 de la LPOJ 6/1985 con los vocales renovados por una Cámara el CGPJ tiene todas sus atribuciones.
    En el Art. 5702. de la LOPJ 6/1985 sin renovacion por las dos Cámaras al CGPJ se le llama en funciones y su marco jurídico era que no podía proceder a la elección de un nuevo Presidente del CGJP. Aquí patinó el legislador porque el CGPJ no elige al Presidente del CGPJ. Propone al Presidente del Tribunal Supremo. El resultado es que en funciones tenía el CGPJ todas sus atribuciones. El CGPJ es un órgano rector, no es el de representación de los jueces.
    Con el establecimiento del sorteo para elegir a los vocales del CGPJ no se habría dado ninguno de estos casos.
    Con la ley 4/2021 y la ley 8/2022 se ha puesto a las claras que la mayoría que apoya al Gobierno no tiene escrúpulos en manosear las leyes si ello le permite el mangoneo del CGPJ, y sobre todo su objetivo más inmediato, el mangoneo del Tribunal Constitucional. ¿Y la Fiscalía y su defensa de la legalidad? Pues eso.

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