La reforma del delito de sedición: un debate tramposo

Mucho se ha escrito sobre el proyecto de reforma del Código Penal en relación con el delito de sedición por estrictas necesidades de aritmética parlamentaria del gobierno de coalición minoritario del PSOE y Unidas Podemos; lo que a mi me gustaría aportar es que se trata de un debate profundamente tramposo. En primer lugar, porque la única razón para que se plantee ahora y no en cualquier otro momento, antes o después, es la necesidad de contar con los votos independentistas para aprobar los presupuestos. Hablamos de leyes penales “ad hominen” o del famoso Derecho penal de autor. Sería más honesto reconocerlo así y no abrumar a la ciudadanía con argumentarios técnico-jurídicos normalmente interesados (sobre si existen o no delitos equivalentes a la sedición en otros ordenamientos jurídicos de países de la Unión Europea) o sobre las benéficas consecuencias de esta reforma para la “normalización” de Cataluña y la “desjudicialización del conflicto” a los que ya estamos acostumbrados. Argumentarios oficiales que, con distintas variaciones, son repetidos por los medios más o menos afines al Gobierno y contratacados con más o menos virulencia por los que sintonizan con la oposición.

En todo caso, si se confirma que a esta reforma se añadiría la del delito de malversación para rebajar las penas cuando los condenados no se han llevado el dinero a su bolsillo (es decir, han desviado dinero público pero para la causa, para el partido o para ganar unas elecciones, por poner ejemplos reales) sería ya un clamor que se está legislando con nombre y apellidos y para beneficiar a gente importante: los que ostentan el poder o lo han ostentado y pueden volver a tenerlo.

En ese sentido, siempre es interesante oír a los interesados, es decir, a los líderes independentistas porque, como los niños, suelen decir la verdad por mucho que le pese al Gobierno. Así que no han dudado en vender a su electorado esta nueva concesión como un triunfo de sus tesis, por la sencilla razón de que lo es.

Efectivamente, si los independentistas condicionan su voto a los presupuestos a esta reforma no es por su interés por la calidad del Estado democrático de Derecho español lo mismo que no tienen mucho interés en la calidad del Estado democrático de Derecho en Cataluña que deja bastante que desear. Lo que se desea es beneficiar a líderes concretos que las leyes penales más favorables se aplican retroactivamente. Además, ayudaría a los líderes prófugos y de paso probablemente, mejoraría las perspectivas de algunos recursos judiciales que se siguen ante instancias europeas proporcionando argumentos adicionales a la defensa de los independentistas condenados. España reconoce que sigue siendo una anomalía histórica en términos de Derecho penal comparado y, además, los líderes del procés no sólo quedan indultados sino también reivindicados: nunca se les debió condenar por un tipo penal tan discutible como la sedición. Si unimos la rebaja de la malversación de caudales públicos que es, no lo olvidemos, un delito asociado a la corrupción se consagraría en la práctica una impunidad para los gestores de lo público que no creo que tenga parangón en otras democracias avanzadas. Y todo para sacar adelante unos presupuestos (y, de paso, sacar de la cárcel a un ex líder del PSOE).

Pero lo más importante es que con este debate tramposo no hablamos de lo esencial, que es cómo se puede defender el Estado democrático de Derecho en el siglo XXI contra golpes institucionales o, si se prefiere, contra intentos de derogar el orden constitucional vigente desde las instituciones. Porque es así como mueren las democracias en estos tiempos, no mediante asaltos violentos a los Parlamentos o a los órganos constitucionales, a lo Tejero. Este tipo de golpes de Estado, que era tan vistoso y tan fácil de etiquetar, es cosa del pasado. Ahora los Estados democráticos de Derecho se desmontan desde dentro, paso a paso, a cámara lenta y muchas veces con el consentimiento activo o pasivo de la ciudadanía, que vota entusiasmada a los que lo impulsan.

Y este es precisamente el debate que los españoles nos mereceríamos después de los gravísimos sucesos acaecidos en Cataluña en 2017 que, más allá de los hechos concretos enjuiciados por el Tribunal Supremo, se enmarcan en ese contexto de golpe institucional desde que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 el Parlament -pese a todas las advertencias que se le hicieron por sus propios letrados- decidió aprobar sendas leyes para “desconectarse” del ordenamiento constitucional y convocar  un referéndum ilegal sobre la secesión sin ninguna garantía para, más adelante, realizar una declaración unilateral de independencia. Creo que cualquier espectador imparcial, nacional o internacional, puede entender que estos sucesos excedieron de unos simples desórdenes públicos y que la responsabilidad de los líderes era enorme; aquello podía haber terminado muy mal, cosa que entendieron muy bien los rusos. Como es sabido, el Tribunal Supremo hizo lo que pudo con los tipos penales vigentes para sancionarlos, mientras sus defensas se centraron en denunciar el proceso como un “juicio político” (como los de la dictadura, para entendernos) o bien en argumentar que todo había sido una estrategia negociadora.

Pero, claro está, si se quiere tener un debate en condiciones no sólo político sino también técnico-jurídico, nada como tramitar la reforma como un Proyecto de Ley, solicitando todos los informes preceptivos que son necesarios en esos casos y con tiempo y sosiego suficiente y con amplios periodos de presentación de enmiendas. Sin duda, el tema lo merece.  Desde ese punto de vista, probablemente habría que reformar también el delito de rebelión, aunque esto a los independentistas les de igual, porque ni han sido condenados por este delito ni es probable que lo sean en el futuro: ya hemos dicho que ahora los ataques al orden constitucional ya no se hacen con violencia. Lo que no parece razonable es sustituir este debate por los argumentarios utilizados por políticos y medios, interesada o desinteresadamente, o por debates en las redes sociales a golpe de tuit, donde siempre prevalecen las posturas más radicales al grito de “traidores” o “fascistas” y hay poco espacio para la argumentación racional y rigurosa.

En suma, el debate que deberíamos tener de una vez es el de qué mecanismos o herramientas son necesarios en el siglo XXI un Estado democrático de Derecho para defenderse de las amenazas populistas e iliberales que provienen de su interior. Pueden ser penales, mediante de la reforma de los delitos contra el orden constitucional, o pueden ser también de otro tipo. Pero es importante preverlos, porque es perfectamente plausible que esta situación pueda volver a producirse.

Desconozco si en otros países de nuestro entorno se han hecho reflexiones parecidas; pero también es cierto que el único intento de secesión unilateral reciente por parte de un Parlamento regional se ha vivido en España. Por supuesto, cada ordenamiento jurídico tiene sus peculiaridades, dependiendo de sus circunstancias y de los sucesos históricos y políticos que lo han ido configurado a lo largo del tiempo. Pero creo que a nivel europeo puede ser muy conveniente impulsar un debate sobre la mejor manera de proteger el bien jurídico consistente en la propia subsistencia del Estado democrático de Derecho en los Estados miembros, lo que incluye necesariamente u integridad territorial (por la sencilla razón de que la soberanía en la Constitución se predica siempre de un sujeto determinado, el pueblo o los ciudadanos del Estado en cuestión). En ese sentido, parece conveniente pensar en algún tipo similar a la rebelión (o a la alta traición o traición de otros Códigos Penales aunque el nombre no nos guste demasiado) cuando se pretende la derogación del orden constitucional sin violencia y desde las instituciones. Lo que no es razonable es dejar un hueco por el que la conducta de los principales responsables de este tipo de situaciones quede impune y sean condenados sus seguidores por las algaradas que hayan podido organizar. Para entendernos, sería como condenar a los atacantes del Capitolio pero sin que Trump asumiera ningún tipo de responsabilidad.

Dicho eso, el Código Penal es siempre la “ultima ratio”, la cláusula de cierre del sistema. Probablemente en otro país no hubiera sido necesario activarla porque nunca se hubiera llegado tan lejos. El problema, claro está, es que en España y en particular en Cataluña los contrapesos o límites al poder no funcionan adecuadamente desde hace mucho tiempo, por culpa tanto de los gobiernos autonómicos como de los nacionales. Esta situación, conjugada con la catastrófica gestión de la crisis catalana por parte del gobierno con mayoría absoluta de Mariano Rajoy, permitieron llegar primero a los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y luego a los sucesos posteriores prácticamente sin oposición alguna. En definitiva, lo que conviene entender claramente es que el triunfo de cualquier proyecto iliberal y populista -y el independentista lo es- pasa por sacrificar necesariamente el Estado de Derecho. Y, como además, para hacer todo esto hace falta dinero público, es preciso también asegurarse que el desvío de fondos públicos para fines distintos a los establecidos en las leyes también sale gratis.

Y una última reflexión: ¿alguien se ha parado a pensar lo que puede suceder si un partido de ultraderecha alcanza el poder con todos los resortes del Estado de Derecho a medio desmontar? Cuando llegue nuestro Orban o Erdogan de turno -algo perfectamente posible me temo- puede que se encuentre con que los gobiernos anteriores ya le han hecho el trabajo sucio.

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9 comentarios
  1. Whistleblower
    Whistleblower Dice:

    FRAUS OMNIA CORRUMPIT
    La UE puede sancionar a España en los Fondos Next Generation por mantener vigentes y aplicar y homologar en falso a disidentes y alertadores a sabiendas las sanciones y penas perpetuas del franquismo y la guerra civil como la separación de servicio, el despido, la inhabilitación, la perdida de empleo, la cesantia, tanto por faltas de rendimiento como por dar un golpe de estado.

    Este pacto de prorrogar las leyes depuradoras del franquismo es la fuente de todas las corrupciones., pues permite premiar al político o funcionario indecentes y castigar al decente.

    La Sedición se tipifica en tiempo Presente de Subjuntivo (los que se alcen) y la rebelión en futuro imperfecto de subjuntivo ( los que se ALZAREN) debiendo ser castigados los actos preparativos y tentativas de golpe de estado, con urnas, algaradas, ocupaciones, exilios de empresas, sin que sean necesarias armas de fuego..
    En el pruses no se ha sancionado a nadie de los políticos y funcionarios implicados con la separación de servicio, ni se les ha expedientado, pese a estar condenados, presos o inhabilitados.
    No cabe indultar la separación de servicio porque es sanción perpetua de tribunal de honor, imprescriptible en que no cabe la rehabilitación .
    La Abogacía del Estado y sus 3 ediciones 2003,2009,2014 del Manual de derecho sancionador, de Fuentes Bardaji, Silva Lapuerta y 40 Abogados del Estado más, así como las convocatorias, tribunales y temarios de oposiciones deben ser rectificadas por prorrogar el franquismo sancionador perpetuo en todo el Estado, exigiendo

    «no haber sido separado de servicio, ni despedido, ni estar inhabilitado»
    art.30.1.e DLFCE 1964 de Carrero, agravado por arte.56.1.d EBEP 2007 de Sevilla y TREBEP 2015 de Montoro , bajo Juramento de Exclusión Totalitaria Anticonstitucional J.E.T.A. franquista que vicia de nulidad todas las oposiciones y sanciones por desproporcionadas.
    fulminando todos los Cuerpos y Escalafones de jueces , fiscales, abogados del estado, letrados del Consejo de Estado, del TC, TCu CGPJ, Catedráticos de Universidad, Notarios,Registradores,Inspectores de Ty SS,Hacienda, LAJs

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  2. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    El 4 de marzo de 2021, centenares de entidades se solidarizaron con el manifiesto ¡Basta ya! contra la degradación de Cataluña. “Reclamamos un Gobierno que defienda la economía productiva, el empleo y el Estado de bienestar; que sitúe la recuperación económica y la cohesión social como su objetivo principal; que mantenga el orden, es decir, que garantice el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades para todo el mundo, y el normal funcionamiento de las instituciones; y que dé seguridad jurídica “.
    Es el retrato de un “gobierno fallido” ya que la Generalitat ha fracasado en aspectos fundamentales de los ciudadanos: economía, bienestar social , derechos y libertades, seguridad jurídica.
    .La pérdida de seguimiento social del movimiento independentista proviene , principalmente, del fracaso del Govern y de que la población comienza a tomar conciencia de que la responsabilidad procede de que lo está dirigiendo la clase más inmadura, incompetente, irresponsable y extractiva de la UE .
    No es , por lo tanto ,como afirman algunos medios “ interesados y dependientes” que esta es consecuencia de “ la terapia del Gobierno de Sánchez” . Lo que si está siendo efectiva es para derruir los fundamento de un régimen democrático y convertirlo en un estado autoritativo.
    . La responsabilidad de este desastre histórico recaerá también en los que han apoyado a Sánchez-

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  3. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Sus políticos están negociando para mejorar su situación procesal y personal y para asentar un régimen clientelar en beneficio suyo e ignorando los problemas de los catalanes. Les prima la economía a la ideología, ya que la mayor parte de ellos no tienen otra actividad profesional o económica que les cubra su nivel de vida actual.
    El interés general y los principios democráticos les son ajenos.
    Un ejemplo muy actual, la sanidad, En datos macro sobre cuentas nacionales (Expansión) viene el gasto de sanidad por autonomías en 2021. Medios influyentes han destacado estos días que Madrid es la comunidad con menor gasto per cápita, 1.207 euros , pero Cataluña 1.267. Otro ejemplo, La Vanguardia del 27 de octubre pasado sobre la ayuda a la dependencia titulaba que 193.346 personas en España aguardan el subsidio , la media un 12,69% Catalunya era la peor con un porcentaje del 28,16%.
    ¿ A dónde va el dinero de los impuestos en Cataluña?¿ porqué los madrileños pagan menos impuestos y tienen un gasto parecido?. ¿ cuándo los votantes catalanes examinarán el precio y calidad de los servicios públicos y prestaciones sociales que financian?
    Y en educación la misma pésima gestión. El problema principal es con los alumnos “de bajo perfil socioeconómico” que ,en el informe sobre competencias básicas de 4º de ESO , publicado por el Consell Superior d’Avaluació de Catalunya, es en matemáticas y en inglés donde peores rendimientos obtienen. Problema que , seguramente no tendrán, los alumnos que van a escuelas en las que el inglés tiene mayor presencia. Por eso parece acertado que los políticos lleven a estos últimos , para asegurar su futuro.
    Van a lo suyo , exclusivamente

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  4. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    El grave problema, clave para una democracia eficiente y plena es que tenemos un importante sector del periodismo influyente con graves carencias de independencia , solvencia profesional y de implicación en el interés general y en la defensa de los principios democráticos. En una entrevista en El Mundo del 31 de octubre de 2020, Juan Luis Cebrián denunciaba el deterioro de la gestión política “La mediocridad de la clase política y la falta de liderazgo es evidente” .Pero también la de la prensa : “Ahora la prensa ha perdido influencia e independencia respecto a las ideologías . En la Transición éramos una clase apreciada por la opinión pública porque se entendía que gran parte de la batalla por la democracia se había librado y se libraba en la prensa impresa”.

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  5. O'farrill
    O'farrill Dice:

    La última reflexión no la entiendo cuando estamos hablando del desmontaje del Estado piedra a piedra desde las propias instituciones. Intentar un análisis objetivo e imparcial de la situación requiere evitar tendencias que, además, no son reales.
    El despotismo o el poder derivado de su ejercicio, no tiene base ideológica por la sencilla razón de que las «ideologías» son otras: globalismo, cambio climático, género, etc.
    Si no acertamos a distinguir, mal podemos analizar.
    En ese contexto una cosa más como la reforma de determinados delitos desde las mayorías parlamentarias, no debe sorprendernos. Es más, debería hacernos reflexionar sobre la verdadera ideología que se defiende y su interés público o privado.
    La gestión de los nacionalismos y las manos que mecen esa cuna desde hace bastantes años, sería la base sobre la que establecer el rigor adecuado en el análisis. Se trata simplemente de romper, erosionar, fragmentar convivencias sociales, políticas y culturales y promover -como en el caso de las nuevas «ideologías» – el enfrentamiento civil. Supongo que en algún lugar de nuestro C.P. está tipificado, pero eso parece importar menos.
    En este caso, lo más grave es que lo tipificado pueda ser interpretable a conveniencia del poder.
    Un saludo.

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