Respetemos las reglas del juego

Imaginemos que en el mundial de fútbol el vigente campeón pudiera establecer las reglas, y también cambiarlas a lo largo del partido a su conveniencia: por ejemplo, estableciendo que no se aplique el fuera de juego cuando él ataca. Imaginemos también que en el partido no nos jugáramos la Copa del mundo sino nuestra libertad y prosperidad. Quizás así nos podamos hacer una idea de la importancia de que el Gobierno respete el Estado democrático de Derecho, que no es otra cosa que las reglas del juego que nos hemos dado en nuestra Constitución para poder convivir en libertad aunque pensemos muy diferente en muchas cosas.

Las reglas constitucionales pueden ser complejas -tampoco es sencillo el fuera de juego- pero algunos principios son fáciles de entender. El primero es que todos, no solo los ciudadanos sino todos los poderes públicos están sujetos a la Ley, que son las reglas que nos hemos dado democráticamente (imperio de la ley o Rule of Law). El segundo es que, como el que tiene el poder tiende siempre a abusar de él, es necesario que exista un sistema de contrapoderes, para que puedan  controlarse unos a otros (lo que llamamos checks and balances o sistema de contrapesos). De entre ellos, el más importante es el Poder Judicial al que quedamos sometidos todos siendo por eso tan importante el principio de separación de poderes.

Pues bien, pensamos que algunas de reglas están siendo atacadas de manera especialmente grave por el Gobierno actual, llevado por la lógica de sus alianzas parlamentarias. En Hay Derecho llevamos años diciendo que el deterioro del Estado de derecho viene de lejos y que a él han contribuido  tanto el PP como el PSOE, particularmente con su miope concepción de las instituciones de contrapeso como ámbitos a colonizar por los partidos mediante el tradicional reparto de cuotas partidistas. La corresponsabilidad en el deterioro institucional ha sido la norma.

Dicho lo anterior, en los últimos tiempos se han multiplicado y se han acelerado las actuaciones preocupantes desde el punto de vista del Estado democrático de Derecho. Lo que antes se hacía de tapadillo, ahora se hace a las claras y además se defiende. De nombrar a juristas de partido para las instituciones de contrapeso, como el Tribunal Constitucional, cosa que han hecho los dos grandes partidos (no hay más que ver los últimos nombramientos del PP) y también los no tan grandes, se ha pasado directamente a proponer a ex altos cargos del mismo Gobierno.  Se ha nombrado a una exministra como Fiscal General. Se ha escuchado decir a miembros del Gobierno que las instituciones de contrapeso e incluso los  órganos judiciales deben reflejar la mayoría parlamentaria, y que la Fiscalía debe seguir las instrucciones del Gobierno de turno. También se han normalizado los ataques a los jueces, tachados de machistas o fascistas, tratando de desprestigiar el principal contrapeso del Gobierno y del Parlamento, que como demuestran los casos ERE y Gurtel, ha sido capaz de actuar con independencia en casos muy complejos desde el punto de vista político y mediático.

No obstante, lo ocurrido en esta última semana con la propuestas de modificar el Código Penal por la puerta de atrás en materias sumamente sensibles han hecho salta todas las alarmas. Por una parte se quiere reformar el delito de sedición, sin añadir algún tipo que prevea lo que ocurre cuando los ataques a la Constitución se dan desde las instituciones y sin violencia, como es la norma en el siglo XXI. Además, la rebaja de las penas para la malversación de los políticos que no se apropien del dinero público en beneficio propio sino en el de su causa o su partido, como si esto fuera mejor y no peor, que es lo que es. Finalmente, los intentos de desbloquear a lo kamikaze el CGPJ y los candidatos  al Tribunal Constitucional hacen saltar todas las alarmas. Es grave que para estas reformas importantísimas no se respeten las formas: se pretener hacerlas por enmiendas a proposiciones de ley, obviando por tanto no sólo un debate sereno y sosegado sino también informes de órganos consultivos que serían de gran utilidad. Es peor el fondo, pues entramos en el terreno del código penal de autor, es decir, se proponen reformas para, al menos en el caso de la malversación, beneficiar a personas concretas  de los partidos de los que depende el Gobierno para mantenerse en el poder. Es decir, que se hacen reglas para cada partido, para cada persona, directamente en contra del principio del sometimiento de todos a las reglas del juego.

En el caso de la malversación  se añade el insulto a la inteligencia de defender que hay que castigar menos al corrupto que en lugar de quedarse con el dinero lo emplea para financiar el partido o para crear una red  clientelar.  Con estas ideas no se habría condenado al PP en el caso Gurtel como beneficiado por el delito. Sentencia que, por cierto, estuvo en el origen de la moción de censura que lideró Pedro Sánchez por motivos de regeneración institucional. En definitiva, se defiende que todo está permitido al que ostenta el poder, en particular los abusos dirigidos a conservarlo.

En el caso de la reforma de la  Ley del Tribunal Constitucional, realizada también a toda prisa, se quiere hurtar  a éste la posibilidad de controlar la regularidad de los nuevos miembros nombrados por el Gobierno lo que elimina otro contrapeso. Pero más lo preocupante es la pretensión explícita de convertirlo en una tercera cámara que replique las mayorías parlamentarias.  Cabe preguntarse ¿Para qué sirve entonces?

El que la situación de bloqueo del CGPJ sea un espectáculo degradante que dure ya cuatro años o el que “los otros” hayan hecho cosas semejantes en el pasado no son argumentos suficientes para este destrozo. Para nadie que crea que el Estado democrático de Derecho es una conquista irrenunciable y esencial de nuestra democracia y un pilar de nuestra convivencia puede asistir impasible a esta deriva.

No podemos permitir que esto suceda. Como ciudadanos estamos obligados a  exigir a nuestros gobernantes que respeten las reglas del juego que no son suyas, sino de todos.  De forma individual o colectiva y en la medida de nuestras posibilidades tenemos que organizarnos para defendernos de esta deriva que puede empezar a ser irreversible si, como es previsible, otros gobiernos descubran que desmontando los límites al poder se está más cómodo.

Desde Hay Derecho queremos diseñar una serie de acciones para que, en la medida de nuestras posibilidades, los ciudadanos de a pie, de todas las ideologías y de todas las profesiones puedan ser oídos y manifestar su deseo de  que las reglas del juego sean iguales para todos y se respeten por todos. Estén atentos.

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Editores del blog “¿Hay derecho?”