Respetemos las reglas del juego

Imaginemos que en el mundial de fútbol el vigente campeón pudiera establecer las reglas, y también cambiarlas a lo largo del partido a su conveniencia: por ejemplo, estableciendo que no se aplique el fuera de juego cuando él ataca. Imaginemos también que en el partido no nos jugáramos la Copa del mundo sino nuestra libertad y prosperidad. Quizás así nos podamos hacer una idea de la importancia de que el Gobierno respete el Estado democrático de Derecho, que no es otra cosa que las reglas del juego que nos hemos dado en nuestra Constitución para poder convivir en libertad aunque pensemos muy diferente en muchas cosas.

Las reglas constitucionales pueden ser complejas -tampoco es sencillo el fuera de juego- pero algunos principios son fáciles de entender. El primero es que todos, no solo los ciudadanos sino todos los poderes públicos están sujetos a la Ley, que son las reglas que nos hemos dado democráticamente (imperio de la ley o Rule of Law). El segundo es que, como el que tiene el poder tiende siempre a abusar de él, es necesario que exista un sistema de contrapoderes, para que puedan  controlarse unos a otros (lo que llamamos checks and balances o sistema de contrapesos). De entre ellos, el más importante es el Poder Judicial al que quedamos sometidos todos siendo por eso tan importante el principio de separación de poderes.

Pues bien, pensamos que algunas de reglas están siendo atacadas de manera especialmente grave por el Gobierno actual, llevado por la lógica de sus alianzas parlamentarias. En Hay Derecho llevamos años diciendo que el deterioro del Estado de derecho viene de lejos y que a él han contribuido  tanto el PP como el PSOE, particularmente con su miope concepción de las instituciones de contrapeso como ámbitos a colonizar por los partidos mediante el tradicional reparto de cuotas partidistas. La corresponsabilidad en el deterioro institucional ha sido la norma.

Dicho lo anterior, en los últimos tiempos se han multiplicado y se han acelerado las actuaciones preocupantes desde el punto de vista del Estado democrático de Derecho. Lo que antes se hacía de tapadillo, ahora se hace a las claras y además se defiende. De nombrar a juristas de partido para las instituciones de contrapeso, como el Tribunal Constitucional, cosa que han hecho los dos grandes partidos (no hay más que ver los últimos nombramientos del PP) y también los no tan grandes, se ha pasado directamente a proponer a ex altos cargos del mismo Gobierno.  Se ha nombrado a una exministra como Fiscal General. Se ha escuchado decir a miembros del Gobierno que las instituciones de contrapeso e incluso los  órganos judiciales deben reflejar la mayoría parlamentaria, y que la Fiscalía debe seguir las instrucciones del Gobierno de turno. También se han normalizado los ataques a los jueces, tachados de machistas o fascistas, tratando de desprestigiar el principal contrapeso del Gobierno y del Parlamento, que como demuestran los casos ERE y Gurtel, ha sido capaz de actuar con independencia en casos muy complejos desde el punto de vista político y mediático.

No obstante, lo ocurrido en esta última semana con la propuestas de modificar el Código Penal por la puerta de atrás en materias sumamente sensibles han hecho salta todas las alarmas. Por una parte se quiere reformar el delito de sedición, sin añadir algún tipo que prevea lo que ocurre cuando los ataques a la Constitución se dan desde las instituciones y sin violencia, como es la norma en el siglo XXI. Además, la rebaja de las penas para la malversación de los políticos que no se apropien del dinero público en beneficio propio sino en el de su causa o su partido, como si esto fuera mejor y no peor, que es lo que es. Finalmente, los intentos de desbloquear a lo kamikaze el CGPJ y los candidatos  al Tribunal Constitucional hacen saltar todas las alarmas. Es grave que para estas reformas importantísimas no se respeten las formas: se pretener hacerlas por enmiendas a proposiciones de ley, obviando por tanto no sólo un debate sereno y sosegado sino también informes de órganos consultivos que serían de gran utilidad. Es peor el fondo, pues entramos en el terreno del código penal de autor, es decir, se proponen reformas para, al menos en el caso de la malversación, beneficiar a personas concretas  de los partidos de los que depende el Gobierno para mantenerse en el poder. Es decir, que se hacen reglas para cada partido, para cada persona, directamente en contra del principio del sometimiento de todos a las reglas del juego.

En el caso de la malversación  se añade el insulto a la inteligencia de defender que hay que castigar menos al corrupto que en lugar de quedarse con el dinero lo emplea para financiar el partido o para crear una red  clientelar.  Con estas ideas no se habría condenado al PP en el caso Gurtel como beneficiado por el delito. Sentencia que, por cierto, estuvo en el origen de la moción de censura que lideró Pedro Sánchez por motivos de regeneración institucional. En definitiva, se defiende que todo está permitido al que ostenta el poder, en particular los abusos dirigidos a conservarlo.

En el caso de la reforma de la  Ley del Tribunal Constitucional, realizada también a toda prisa, se quiere hurtar  a éste la posibilidad de controlar la regularidad de los nuevos miembros nombrados por el Gobierno lo que elimina otro contrapeso. Pero más lo preocupante es la pretensión explícita de convertirlo en una tercera cámara que replique las mayorías parlamentarias.  Cabe preguntarse ¿Para qué sirve entonces?

El que la situación de bloqueo del CGPJ sea un espectáculo degradante que dure ya cuatro años o el que «los otros» hayan hecho cosas semejantes en el pasado no son argumentos suficientes para este destrozo. Para nadie que crea que el Estado democrático de Derecho es una conquista irrenunciable y esencial de nuestra democracia y un pilar de nuestra convivencia puede asistir impasible a esta deriva.

No podemos permitir que esto suceda. Como ciudadanos estamos obligados a  exigir a nuestros gobernantes que respeten las reglas del juego que no son suyas, sino de todos.  De forma individual o colectiva y en la medida de nuestras posibilidades tenemos que organizarnos para defendernos de esta deriva que puede empezar a ser irreversible si, como es previsible, otros gobiernos descubran que desmontando los límites al poder se está más cómodo.

Desde Hay Derecho queremos diseñar una serie de acciones para que, en la medida de nuestras posibilidades, los ciudadanos de a pie, de todas las ideologías y de todas las profesiones puedan ser oídos y manifestar su deseo de  que las reglas del juego sean iguales para todos y se respeten por todos. Estén atentos.

9 comentarios
  1. Francisco
    Francisco Dice:

    Sin duda estoy de acuerdo con todo lo que expresáis en el post, pero por favor dadle un repaso calmado, porque hay varias erratas evidentes.
    En todo caso, estaré atento a las iniciativas que propongáis. Gracias por vuestro trabajo y entusiasmo.

    Responder
  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Queridos editores: no puedo estar más de acuerdo con vosotros. Son preocupaciones compartidas desde hace años que necesitan unas reflexiones:
    La primera y fundamental es cómo funcion a el sistema de representación política de la soberanía nacional. El sistema D’Hont es inconstitucional desde el primer momento, pero nadie ha dicho nada al respecto. La igualdad (valor constitucional) del valor del voto es imprescindible para todas las circunscripciones, lo que vitaría la «falsa representación».
    En el mismo sentido las listas abiertas (no partidarias) con candidatos sometidos a la voluntad de sus electores, independientes y no sujetos al «mandato imeprativo partidario» (también incosntitucional), dando libertad real a los representantes públicos y exponiéndose -en su caso- a una revocación de mandato desde sus propios electores.
    En segundo lugar disociar funcional, orgánica y hasta finanacieramente los poderes e instituciones básicas del Estado. Una de ellas, de la que no habla, es la Jefatura del Estado y su papel de arbitraje institucional o sus funciones para tal arbitraje (artº 62 C.E.).
    En tercer lugar eliminar de las instituiones públicas actuaciones ideológicas que contaminan su imparcialidad, neutralidad e independencia, derogándose las normas que no respondan a criterios de interés general y pidiendo responsabilidades a sus impulsores políticos. Igual en cuanto a separación ideológica personal en la gestión de los asuntos públicos (fuera de ellos cada cual es libre de pensar, opinar y hacer).
    En cuarto lugar hace falta una reforma constitucional que responda a intereses generales del Estado, recuperando competencias, eliminando órganos extra institucionales y repetitivos en la estructura orgánica del Estado.
    En quinto lugar recuperar la soberanía nacional del Estado, eliminando acuerdos que lastran la soberanía real, tanto en el plano político, como social y económico, con independencia de las exigencias interesadas de otros estados sobre estas cuestiones.
    De momento me quedo ahí. Creo que son ideas fáciles de entender y sólo hace falta voluntad de llevarlas a la práctica, olvidando los intereses particulares que nos llevan «a los respectivos huertos» de cada cual. Sólo la generosidad y altura de miras, lo pueden conseguir.
    Un cordial saludo.

    Responder
  3. Fernando
    Fernando Dice:

    Se dice en el artículo que «El que la situación de bloqueo del CGPJ sea un espectáculo degradante que dure ya cuatro años o el que «los otros» hayan hecho cosas semejantes en el pasado no son argumentos suficientes para este destrozo».
    Mi pregunta es si aquí en Hay derecho, hubo argumentos en denunciarlo también entonces.

    Responder
  4. Rafael
    Rafael Dice:

    Yo también creo que es fácil de entender. El Parlamento (el único que representa a TODOS los españoles) hace leyes, respetando la Constitución. Dígase qué norma constitucional se vulnera al regular los hechos que constituyen delito; y el nombramiento de órganos públicos. Y sí, alegando el principio de igualdad, la propia Constitución es inconstitucional (si no ¿por qué se desecha a la «Reina» Elena, y a su hijo Froilán, del acceso a la Corona?).

    Responder
    • Lole
      Lole Dice:

      La constitucionalidad de las leyes es condición necesaria pero no suficiente para que sean aceptables. Negociar el código penal con quien lo ha vulnerado puede ser hasta constitucional, pero sigue siendo una práctica aberrante.

      Responder
  5. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    “Si crees que da igual que dirijan un país partidos cuyos políticos admiran al régimen de Maduro o de Cuba, no te quejes de que, si ellos controlan o intervienen en la gestión pública, tengas cada vez peor calidad en el Estado de derecho, en el progreso económico, en el régimen de libertades individuales y sociales , menos independencia judicial y con ello, cada vez más gasto público ineficiente, paro, empobrecimiento, incompetencia y corrupción.
    Solo tienes que fijarte que en los índices de calidad democrática están los últimos y no es por casualidad sino por sus notas en los campos investigados”
    Democracy Index ” reparte los países en grandes grupos : Democracia plena, Democracia imperfecta , Régimen híbrido y Régimen autoritario La clasificación situaba a España , antes de llegar Sánchez con sus apoyos políticos, mediáticos y culturales , en los de Democracia plena .
    Están situados en el grupo de Régimen autoritario , entre otros , Venezuela y Cuba .
    Podemos, Izquierda Unida , E.R.C. y EH BILDU ( y más como la CUP….) han demostrado su admiración por el régimen político que impera en estos países . Solo tienes que fijarte que en los índices de calidad democrática están los últimos y no es por casualidad sino por sus notas en los campos investigados.
    El 4 de marzo de 2021, centenares de entidades catalanas ( entre ellas La Vanguardia, el Grupo Planeta, Foment, el Círculo de Economía , CaixaBank, B Sabadell ………….) se solidarizaron con el manifiesto ¡Basta ya! contra la degradación de Cataluña. “Reclamamos un Gobierno que defienda la economía productiva, el empleo y el Estado de bienestar; que sitúe la recuperación económica y la cohesión social como su objetivo principal; que mantenga el orden, es decir, que garantice el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades para todo el mundo, y el normal funcionamiento de las instituciones; y que dé seguridad jurídica “.
    Es el retrato de un “gobierno fallido”, ya que la Generalitat ha fracasado en aspectos fundamentales de los ciudadanos: economía, bienestar social , derechos y libertades, seguridad jurídica..
    Hay, pues. dos tipos de políticos en España, los partidarios de un régimen democrático ( con su izquierda y su derecha ) , que respetan las normas y las resoluciones judiciales , los derechos y libertades de todos los ciudadanos y los principios democráticos y los partidarios de regímenes autoritarios , como los que dirigen Cataluña y una parte del gobierno , que no lo hacen . La democracia no es su sistema y nunca respetarán nada,” les sobra” todo control.

    Responder
  6. José Antonio
    José Antonio Dice:

    El artículo y los comentarios están muy bien, pero el problema es que quién le pone el cascabel al gato, porque el gato andará por donde quiera y haciendo lo que quiera

    Responder

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *