Hacia un ordenamiento jurídico completamente enladrillado
El Ordenamiento jurídico puede ser definido como conjunto de reglas, principios y valores que regulan la organización del poder, las relaciones con los ciudadanos y las garantías de los derechos y las relaciones entre estos, así como ordenan las políticas públicas en beneficio del interés general. Hay otras muchas definiciones, pero a los efectos que ahora interesan, me vale ésta. Por otra parte, y como bien dice la Exposición de Motivos de nuestra Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, “utilizar únicamente lo establecido en las leyes para medir la validez de los actos o disposiciones administrativas «equivale a incurrir en un positivismo superado y olvidar que lo jurídico no se encierra y circunscribe en las disposiciones escritas, sino que se extiende a los principios y a la normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones”.
Sin embargo, estamos asistiendo a una especie de “inundación” de nuestro Ordenamiento Jurídico por disposiciones con rango de Ley (ya sea “qua talis” o mediante Decretos Leyes) que pretenden regular todos los aspectos de nuestras vidas. Desde lo más íntimo y personal (como es la familia o el género) hasta nuestras relaciones más diversas, comenzando por el propio ocio, pasando por la forma en que debemos expresarnos y terminando por nuestro trabajo. Dicho de un modo gráfico, nuestro Ordenamiento Jurídico se está “enladrillando”, dejando cada vez menos espacio a las técnicas de interpretación, aplicación e integración del Derecho, lo cual equivale a decir que se está volviendo más y más rígido.
Lejos, muy lejos quedan los tiempos en los que el Digesto o los glosadores podían ser citados como muestra de “buen Derecho”, porque no es bueno que todo o casi todo quede definido por las normas (y mucho menos, si tienen rango de Ley no dejando espacio para el desarrollo reglamentario). Al fin y al cabo, las normas no dejan de ser meras pautas generales de conducta, en donde muchas veces tiene difícil cabida el caso concreto, para lo cual resulta indispensable acudir a las técnicas de interpretación razonable de lo escrito para llegar a una solución justa y adecuada a cada supuesto. Dicho de otro modo, los denominados “operadores jurídicos” (tanto los institucionales -jueces- como los no institucionales -abogados y juristas en general-), resultan de todo punto necesarios en nuestro Ordenamiento. Ellos (los operadores jurídicos) son quienes dan los pasos necesarios para pasar de la previsión general de la norma a su aplicación al caso concreto, con lo cual se convierten en una parte muy importante de cualquier sistema jurídico.
Pero, como digo, la producción de leyes parece no cesar, en un peligroso afán por dejarlo todo “atado y bien atado” al gusto del legislador actual, porque las últimas novedades en este sentido tienen un marcado y peligroso sesgo político. Además, demasiada regulación en todos los órdenes ata a las personas a la letra de las normas, lejos de proporcionar mayor libertad que debería ser el pilar fundamental sobre el que se edificase cualquier norma. La Ley de Memoria democrática, la Ley Trans, la del Si es Sí, la Ley de Familias o la Ley Animalista son recientes ejemplos claros de cómo no se debe legislar “enladrillando” nuestro Ordenamiento jurídico con normas que, para colmo, son contradictorias entre sí e, incluso, con otras ya existentes (a las que, además, no derogan por ser heteromórficas).
Ante semejante desquiciado panorama son varias las preguntas que no ceso de hacerme sin encontrar respuesta adecuada. ¿Para qué servimos los juristas en este pantano normativo en donde todo parece encontrarse regulado? Porque el legislador ha actuado como si no existiesen los “operadores jurídicos” y las normas se aplicasen por sí solas. Además … ¿resulta éticamente admisible que se pretenda escribir la historia mediante una Ley? ¿Con qué derecho se inmiscuye el Gobierno en mi vida familiar y la forma que pueda tener de concebirla? O ¿Dónde queda la presunción de inocencia en la Ley del Sí es Sí? No oigo ninguna respuesta (al menos desde el poder) ante todas estas preguntas, lo cual muestra hasta qué punto nos encontramos ante una proliferación y aceleración normativa, sin precedentes en nuestra historia, que a nada bueno puede conducir.
Y lo que quizás resulte más inquietante ante esta proliferación normativa sesgada … ¿Qué pasará si un Gobierno y Parlamento distintos deciden derogar estas normas? ¿Alguien se da cuenta de la tremenda situación de incertidumbre jurídica ante la que vamos a encontrarnos? Me temo que no, y que nuestra clase política seguirá viviendo en el “día a día” sin pararse a pensar en el mañana (que puede estar a la vuelta de la esquina).
Dejen ya, por tanto, de “enladrillar” con tanta Ley nuestro Ordenamiento jurídico, porque el día menos pensado va a estallar, y no será en beneficio de nadie; que el tiempo y el espacio normados no son infinitos en una sociedad democrática que pretende basarse en la libertad. De modo que, como el Derecho se encuentra enladrillado, el desenladrillador que lo desenladrille buen desenladrillador será …
Y es que, algo así aconsejó Don Quijote a Sancho para el buen gobierno de la ínsula prometida allá por el 1605: “No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan. Que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen: antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen”. También Descartes (1596-1650) advirtió que “los Estados mejor organizados son los que dictan pocas leyes, pero de rigurosa observancia”.
Y mire usted que han pasado años, pero no hay forma. No hemos aprendido nada. La profusión legislativa que nos preside sigue siendo un mal endémico, abocada al incumplimiento …y si no, al tiempo …
Doctor el Derecho por la UCM. Ex Letrado del Banco Hipotecario de España y ex Letrado de la Seguridad Social. Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Profesor Titular de Dº Administrativo en la UCM. Profesor del Master en Gestión de Infraestructuras. Equipamientos y Servicios impartido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales. Abogado en ejercicio desde 1972 y actualmente, Director del Despacho Ariño y Asociados, Abogados. Autor de 12 libros y más de una treintena de artículos en revistas especializadas en Derecho Administrativo. Ha intervenido como conferenciante en diversos foros entre los que puedan destacarse el Banco Internacional del Comercio, la Escuela Judicial, el INAP, el Consejo General del Poder judicial, el Instituto de Estudios Europeos, y el Ilustre Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
El “enladrillamiento” que denuncio, (al dictar normas con rango de ley que pretenden recgular todos los aspectos), produce una clara indefensión en los particulares que no puieden impugnar (siquiera sea de forma indirecta) muchos aspectos de esas normas que deberían haber sido objeto de meros reglamentos. Y eso es, también, una forma de ejercitar la potestad legislativa de forma fraudulenta … Creo que habría mucho que decir sobre esto …
Ciertamente, así es: demasiadas leyes. En rango inferior, cada día vemos en el transporte público a personas sin mascarillas o con perros sin bozal y en horas no permitidas.
Con algunas de las leyes aprobadas en esta legislatura, lo inquietante es que hayan sido fruto de una fuerte ideologización o de la dependencia del partido gobernante mayoritario de los partidos interesados en tales leyes.
Otra razón de este desvarío procede de que el pueblo muchas veces acaba pensando que el despropósito no será para tanto, que no es tan fácil que las familias y las personas y España se rompan… Porque la inmensa mayoría de la gente no tiene ni tiempo ni formación suficientes para hacerse cargo del calado demoledor de esas leyes. La familia que reside en Aragón, Navarra o cualquier otro lugar y cuya segunda residencia está en la playa de la provincia de Tarragona no es consciente por lo general de que, a este paso, no tardará en ir de vacaciones al extranjero. Entonces oiremos la frase consabida e inútil: “¡Pero quién se iba a imaginar esto!”
Los ejemplos con la legislación de “género” son muy fáciles de hallar simplemente dejándose informar por fuentes no “oficiales” ni subvencionadas por los partidos.
España ha pasado en los últimos diez años de democracia plena a guiñapo calamitoso dirigido –no solo en los gobiernos central y autonómicos sino también en lugares supuestamente tan dignos como las universidades, esas que reparten “honoris causa” sin ton ni son o esas que están politizadas hasta la médula–. ¿Cabe mejor ejemplo de lo que ocurrió en el primer confinamiento con las personas mayores? De esto, ni sombra de comisión de investigación. Mi vergüenza ya antes, pero sobre todo desde 2012, ha crecido hasta el punto del dolor por esta agenda de autodestrucción con que se vive, como si tal cosa.
Suscribo el artículo de principio a fin. Sobre todo las referencias históricas a la calidad de las leyes, pero estamos en un mundo en que la cantidad prevalece sobre la calidad. Un mundo de consumo que -al parecer- también está dispuesto al consumo del muy poco digerible ordenamiento de los últimos años.
Habría que preguntarse desde la candidez y la inocencia del porqué de esta caótica situación que desde HD se ha venido denunciando desde hace tiempo. Es muy sencillo, cuanto no existen argumentos racionales, lo mejor es confundir, crear el caos con una catarata de normas de todo tipo, vengan a cuento o no.
Es curioso cómo los ejecutivos sin tener la función de legislar, empiezan a hacer promesas electorales de hacer más legislación, sin que nadie diga ni pío. Al contrario, sería interesante conocer qué candidaturas prometen (y cumplen) derogar gan parte de lo existente para dejar el ordenamiento tal como debe ser: claro, preciso e imposible de retorcer según los casos.
El recurso previo de inconstitucionalidad debía estar a la orden del día (y ya no sé si se contempla siquiera), pero también está en las manos institucionales de los cuerpos del Estado (que no del gobierno) impedir tales despropósitos, así como en la propia Jefatura del Estado no sancionarlos. Si se pueden imponer pese a todo, debemos `pensar que hay razones o motivos no explícitos, pero sujetos a todo tipo de conjeturas por parte de los ciudadanos que, cada vez más, desconfían del mundo institucional (nacional, europeo o internacional).
Un saludo.