¿Golpe de Estado judicial?

Dígase alto y claro: no, no estamos viviendo un “golpe de Estado judicial”, ni ha “ganado la democracia”, como tampoco podemos afirmar que haya una deriva “autoritaria” del Gobierno. Lo que no quita que reconozcamos que estamos ante una grave crisis institucional. Precisamente por ello, si no queremos agravar la misma, lo primero es reclamar serenidad y moderación a los actores institucionales. Basta ya de descalificaciones y de exageraciones.

Y, con la serenidad que predicamos, tratemos de analizar lo ocurrido, empezando por lo más cercano. El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite un recurso de amparo presentado por varios diputados del PP contra las enmiendas que pretendían, al socaire de una proposición de ley orgánica de reforma del Código penal, aprovechar para reformar la LOTC y la LOPJ con el objeto de “desbloquear” los nombramientos judiciales. Y en su decisión (aquí lo polémico) el TC ha acordado como medida cautelar suspender la tramitación parlamentaria de dichas enmiendas. Algo que ha sido interpretado por los Presidentes del Congreso y del Senado como una injerencia en los poderes del Parlamento, tal y como han expresado en sendas declaraciones institucionales, a las que se ha sumado el ministro Bolaños y el propio Presidente del Gobierno. Unas declaraciones que, todo sea dicho, por un lado son inversamente proporcionales al interés que han mostrado desde la presidencia de ambas Cámaras en ayudar a salir del bloqueo judicial; y, por otro, resultan francamente desafortunadas, ya que, aunque han acatado la decisión del Tribunal de Garantías, no han dejado de introducir críticas dirigidas a minar la credibilidad del Constitucional.

Pues bien, con la prudencia que exige comentar una decisión cuya argumentación todavía no conocemos, al menos sí que podemos advertir que el Tribunal Constitucional se ha enfrentado a un caso complejo jurídicamente. Hay amplio acuerdo con que las enmiendas polémicas se han introducido de forma inconstitucional, violando la jurisprudencia del Constitucional que exige que exista una cierta homogeneidad entre el contenido del texto principal y el de las enmiendas que se presenten. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene dicho que lesiona el derecho de los parlamentarios al ejercicio del cargo representativo (art. 23.2 CE) admitir enmiendas desconectadas del objeto de la iniciativa legislativa (como era el caso). Algo que, de hecho, habían advertido los informes de los Letrados del Congreso cuando las mismas se presentaron. De forma que lo que se discute en este proceso no es la constitucionalidad en sí de las enmiendas, sino cómo se pretende aprobar las mismas. La novedad que ha resultado polémica ha sido que el Tribunal Constitucional haya acordado suspender su tramitación. En ocasiones anteriores el problema se planteó ante el Tribunal cuando la ley ya había sido aprobada, por lo que su sentencia tuvo efectos meramente declarativos: reconoció que se había lesionado el derecho fundamental, pero sin reparación, al no anularse la norma ya aprobada. Ahora, para evitar una sentencia sin efectos jurídicos es por lo que el Constitucional ha suspendido cautelarmente. Se trata de una indudable interferencia del Tribunal Constitucional en el proceso legislativo, pero, a mi modesto entender, no carece de justificación jurídica: tiene sentido sostener que, ante amparos parlamentarios por vicios procedimentales, el Constitucional pueda paralizar el trámite parlamentario para evitar que la potencial lesión del derecho fundamental sea luego irreparable, según lo dicho. Aún así, es cierto que el tema, jurídicamente, tiene sus aristas.

Pero el revuelo, más que en la controversia jurídica, está en el contexto. A nivel interno del propio Tribunal, resulta poco edificante que éste se haya partido por la mitad coincidiendo con las adscripciones conservador-progresista (6 a 5); y no aportan serenidad las continuas filtraciones de lo que iba ocurriendo. Además, tampoco ayuda a la imagen del Tribunal que cuatro de sus miembros tengan sus mandatos caducados, aunque ello no es óbice en nuestro ordenamiento para que sigan cumpliendo con sus funciones, y me parece alambicado el intento de recusarlos alegando que podrían tener un interés porque las enmiendas pretenden favorecer su renovación (aunque su resolución con participación de los afectados resulta discutible). Ahora bien, sobre todo, este recurso ha situado al Tribunal Constitucional en el centro del pulso que llevan manteniendo PP-PSOE por el control del CGPJ y del propio Tribunal. Lo que ha llevado a que desde hace días el Tribunal venga siendo objeto de descalificaciones preventivas por parte de representantes políticos e incluso gubernamentales, señalando que si resolvía como ha hecho estaría dando un golpe de Estado contra la democracia. En concreto, diferentes portavoces del PSOE y de Podemos han ido difundiendo la idea populista y abiertamente contraria a los postulados del Estado de Derecho de que la soberanía popular se impone a las garantías constitucionales.

En definitiva, como señalé al principio, estamos ante una grave crisis institucional, pero no creo que la haya provocado el Tribunal Constitucional. Aunque tampoco es ajeno a la misma. En un contexto como el descrito, el colegio de magistrados tendría que haber hecho un especial esfuerzo por la concertación para preservar su autoridad institucional e independencia, enervando lecturas “partidistas” de su decisión. Aunque, quizá, en esta división del Constitucional se vean los lodos del verdadero problema de fondo: desde hace años, y cada vez con más insistencia, en las sucesivas renovaciones los partidos han ido colando magistrados con alto perfil político. No pidamos entonces a la gallina que no ponga huevos: si colocan de magistrados a políticos togados, tendremos sentencias con aroma político. Más allá, el bloqueo filibustero de la justicia por parte del PP, las desafortunadas reformas legales impulsadas por el Gobierno de Sánchez, los enroques con los nombramientos del Consejo y el Constitucional retrasando el plácet a los magistrados propuestos por el Gobierno, añaden a esta crisis mayores dosis de gravedad. Al final, los unos por los otros, y nuestra democracia cada vez más deteriorada.

(Artículo publicado originalmente en La Verdad (digital))

8 comentarios
  1. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Es muy importante , para entender hacia donde nos llevan, conocer el perfil y las intenciones de los gestores políticos.
    El “perfil” de Sánchez y sus intenciones están claros desde hace tiempo y estábamos avisados. Y el que lo tiene peor para » escaquearse» es El País.
    El País ( 1-10-16 ) lo definió, en su editorial ”Salvar al PSOE” .“El cese inevitable y legítimo de Pedro Sánchez es la única salida para el partido”. “La salida del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.. es imprescindible…. Sánchez ha resultado no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme fracaso.
    Hemos sabido que Sánchez ha mentido sin escrúpulo a sus compañeros. Hemos comprobado que sus oscilaciones a derecha e izquierda ocurrían únicamente en función de sus intereses personales, no de sus valores ni su ideología, bastante desconocidos ambos “
    Este editorial histórico destacaba las notas del perfil de Sánchez: mentiroso, insensato sin escrúpulos, fracasado, desacertado ,
    Y su intención, también, “continúa con el proyecto político de Zapatero: “Zapatero modela un PSOE no europeo, con el horizonte de un socialismo que gana todas las elecciones sucesivamente, en el ejercicio de su hegemonía y del abuso de poder…Toda la estrategia de Zapatero y de Sánchez es evitar la alternancia del poder “R Arias Salgado.
    Y el de sus socios también. .Ramón Tamames Gómez: “ en el fondo lo que quieren es mandar. Quieren mandar empobreciendo el país. Y una vez que lo empobrecen, con una red de mecanismos de clientelismo, controlar el país de una forma definitiva. ¿Cuál es el efecto de Podemos en el Gobierno? Pues sencillamente más subsidios que son necesarios en parte, pero no para todos, porque la gente entonces deja de trabajar.. ellos lo que quieren es cargarse el sistema. Lo ha dicho el jefe de Bildu “Venimos a Madrid a cargarnos el régimen “.

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  2. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    La posición de los jueces está obligada por la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella.
    El 16 de julio , en La Vanguardia” Lorenzo Bernardo de Quirós en “ La renovación del CGPJ “ escribe : “A pesar de lo sostenido por el Gobierno, esa situación es anómala en el seno de la Unión Europea.” En este contexto, lo razonable y equilibrado sería que el Gobierno y la oposición pactasen no el reparto del CGPJ, sino que el procedimiento de elección de sus integrantes se ajustase a las recomendaciones y normas vigentes en Europa e imperantes en todos los estados de la Unión Europea con dos notables excepciones: Polonia y Hungría”.
    El 16 de enero de este año se celebró un referéndum en Serbia para reforzar la independencia judicial “sobre una enmienda constitucional que pretende despolitizar la justicia eliminando el rol del Parlamento en la elección de jueces y fiscales, para acercar así el país a la Unión Europea (UE). De prosperar esta consulta ,el país balcánico modificará varios artículos de su Constitución para elegir a jueces y fiscales mediante órganos compuestos por profesionales y no por los diputados del Parlamento” ( La Vanguardia ).
    Se aprobó con más de un 60% de votantes.
    Parece que los serbios han entendido mejor que nuestros políticos y los influyentes medios , lo que nos pide la UE.
    Este 18 de junio .. “ Ucrania logra el estatus de país candidato a la UE “ con condiciones”. Entre ellas, la puesta en marcha de un sistema judicial mínimamente confiable e independiente y mejoras en la lucha contra corrupción. La Comisión pide una nueva legislación sobre el Tribunal Constitucional y sobre la selección de miembros del Consejo Superior de Justicia.
    El 7 de junio pasado, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.. “ la Unión Europea no hará ninguna aportación económica a Polonia en el marco del estímulo para la recuperación económica por la pandemia hasta que Varsovia desmantele su polémico régimen judicial para restablecer la independencia de sus tribunales».

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  3. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario.
    Lo que está haciendo Sánchez y sus apoyos políticos, mediáticos y culturales es ir en contra del interés general del país y de los fundamentos del estado de derecho y democrático y poner en riesgo la financiación de la UE y hasta la permanencia de España en la UE.
    Creo que, actualmente , ante el reto del cambio hacia una justicia independiente hay dos grupos de políticos y de periodistas en España ( y tal vez , de jueces) Los partidarios de continuar con un régimen parecido al que tienen en Polonia y Hungría y los que lo son de conseguir una justicia independiente del poder político como tienen el resto de países de la UE
    La posición de la UE era conocida tanto por el Gobierno como por El País y la SER, que lo han apoyado” ciegamente”
    En EL PAIS PODER JUDICIAL Bernardo de Miguel Bruselas , el 15 de octubre de 2020 , señalaba las condiciones de la Comisión para la vía de la reforma.
    “Bruselas avisa al Gobierno de que la reforma del Poder Judicial puede vulnerar las normas comunitarias
    El Ejecutivo comunitario reclama a Pedro Sánchez que consulte con todas las partes implicadas
    “Luz roja de la Comisión Europea al proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bruselas había urgido a la renovación del órgano judicial, pendiente desde 2018, pero considera que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro la independencia judicial ….
    Sánchez, sus socios y apoyos mediáticos , no sólo se han saltado “la vía constitucional española ” sino , también, las directrices de la UE y “estaban avisados”. Y esto tiene el mismo coste que el de Polonia.

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  4. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Necesitamos un sector informativo e intelectual más solvente, independiente e implicado en la defensa del interés general y los principios democráticos básicos de la UE.
    El periodismo debería hacer un esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos, prepararse más en temas que ignora y ayudar a esta evolución para que nuestra democracia tenga el nivel de calidad del resto de miembros.
    No puede distribuir a los jueces en grupos como si estuvieran al mando de los líderes políticos ( a los que deben obediencia). Es , además de una falsedad, una falta de respeto a un sector que se ha significado en la defensa del estado de derecho hasta en situaciones críticas , con una independencia profesional que no han demostrado otros que los critican.
    Un ejemplo , aunque en el mismo sentido se han manifestado varios relevantes exmagistrados del TC “Es abrumadoramente superior el número de resoluciones apoyadas por unanimidad, si mi cálculo no es inexacto: 1410 por 442 acompañadas de votos discrepantes en los nueve años en que fui miembro del Tribunal” “ de mis votos particulares …33 votos respecto a sentencias consideradas conservadoras y 36 respecto a otras presuntamente progresistas ( Andrés Ollero)
    Polonia y Hungría es un anticipo de lo que nos pasará. La «excepción judicial “ sería demoledora para nuestra continuidad en la UE.
    «Una vez más subrayamos que es muy importante reducir la influencia del poder legislativo y el ejecutivo sobre el judicial en aras a reforzar la independencia( Hipper, ) y también, Reyners y el Informe sobre la situación del estado de derecho en la UE» hay que llegar a un acuerdo que acerque la justicia española a a los estándares europeos”

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  5. JMC
    JMC Dice:

    Puede uno, o no, estar de acuerdo con el artículo, la verdad me parece una perla jurídica todo él, salvo algunas afirmaciones:
    «En concreto, diferentes portavoces del (…) han ido difundiendo la idea populista y abiertamente contraria a los postulados del Estado de Derecho de que la soberanía popular se impone a las garantías constitucionales.»
    Lo que dice la Constitución no es eso, en el Estado de Derecho de que la soberanía popular se impone a las garantías constitucionales, ni nadie lo ha dicho así, eso es una tergiversación de lo que señala el art. 1.2 de la CE de que los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, y esto, es Estado de Derecho Constitucional y no es populismo, por favor, seamos serios, quién y cuándo ha dicho eso?
    También, se señala:
    «y me parece alambicado el intento de recusarlos alegando que podrían tener un interés porque las enmiendas pretenden favorecer su renovación (aunque su resolución con participación de los afectados resulta discutible)» .
    Si resulta discutible no es alambicado, es que no se verían afectados directamente los 2 magistrados del TC que no se abstuvieron? El presidente saliente y don Antonio Narváez, por cierto, ex teniente Fiscal del TS, cuando la propia Fiscalía del TC pedía que se apartaran de la votación.
    En fin, la reforma legal no debía de haberse sustanciado como se planteó, pero cuántas reformas legales se han hecho así ya? muchísimas, luego el interés en esta ha venido por lo que estaba en juego y no por un funcionamiento correcto del Estado de Derecho y de las instituciones jurídicas y procedimientos legislativos, por lo que ahora no nos rasguemos las vestiduras!

    Saludos.

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  6. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Por desgracia, las derivas autoritarias de los «ejecutivos» o «gobiernos» parecen ser la forma de entender el poder partitocrático que, por supuesto, no representa la voluntad de la soberanía nacional «de la que emanan los poderes del Estado».
    Y no se trata de una exageración.Cada vez con mayor descaro se asaltan las instituciones, incluso las privadas (véase Ateneo, Círculo de BB.AA. o medios de comunicación, corporaciones, etc.). Se trata de ocupar todo el Estado desde uno solo de sus poderes, alterando el funcionamiento regular de las instituciones (artº 56 C.E.).
    Y sí, es para preocuparse. No sólo por la aquiescente actitud del propio Estado, sus órganos y cuerpos desde la Jefatura del Estado hasta el último rango de la escala de la Función Pública sometida incluso a actos inconstitucionales por parte de quienes deberían tener un exquisito cuidado en la defensa de la Constitución, según juramentos de toma de posesión.
    Es más, no es algo exclusivo de España. Es la toma de poder desde instancias ajenas a la soberanía (considerada anticuada y contraria a intereses globales), aportando la «mano de obra» para ello.
    Un cordial saludo.

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  7. AGonzalo
    AGonzalo Dice:

    Me centraré en el final del tercer párrafo. Entonces ¿tiene sentido sostener que, ante amparos parlamentarios por vicios procedimentales, el Constitucional pueda paralizar el trámite parlamentario para evitar que la potencial lesión del derecho fundamental sea luego irreparable?

    Entiendo que no. El Parlamento ha de poder expresarse. Es inviolable. En una Democracia parlamentaria no creo que pueda haber duda. Cambiemos el interrogante para que se vea más claro: ¿Debe poder el TC impedir que el Parlamento vote un cambio de la constitución por X? Para mí no hay X posible. El TC ¡no debería impedir que el Parlamento vote/decida lo que sea!
    NOTA: Otra cosa es que luego el TC exija corregir lo que sea necesario. Por ejemplo ya hace demasiado tiempo que debería haber devuelto el acta de Diputado a Alberto Rodríguez.

    Por tanto, ni una manifestación rodeando el Parlamento, ni un Tribunal Constitucional, ni un Jefe de Estado ni nadie (más que los propios parlamentarios) deben poder decidir qué hace o deja de hacer el Parlamento. De hecho hay delitos que castigan tratar de evitar el Parlamento actúe.

    En este caso concreto creo que «presuntamente» estamos hablando de prevaricación (y malversación) por parte de algunos jueces del TC.

    Ya hace tiempo que vengo avisando que el mayor peligro para una Democracia es que los funcionarios la ataquen… Y no defenderla apartándolos. Creo que lo vivido es una pequeña muestra de lo que seguirá si no se persiguen los comportamientos antidemocráticos.

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  8. John Bird
    John Bird Dice:

    Creo que faltan algunos matices, principalmente la negativa de la oposición a cumplir con el pacto constitucional (con el que se puede discrepar), y renovar el CGPJ y el TC tal y como se hizo cuando el PP ganó las elecciones generales de 2011. Es muy discutible lo que hace el Gobierno, pero aún lo es más, si cumples únicamente cuando conviene a tus intereses. En fin, el mundo del derecho, siempre arrimando su razón al lado diestro de la balanza judicial.

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