Crisis constitucional

En estos días de diciembre estamos asistiendo en vivo y en directo no a una crisis del Tribunal Constitucional, sino a una crisis constitucional en toda regla. No se trata, como se afirma por los más excitables de uno y de otro lado de un golpe de Estado, ni del Gobierno ni mucho menos de las togas:  pero es una crisis constitucional en el peor momento posible, con el populismo firmemente asentado no ya en los extremos sino en los partidos centrales del sistema, y muy en particular en el PSOE como hemos podido comprobar estos días.

La crisis, como es sabido, viene de lejos. El detonante ha sido la situación de bloqueo del CGPJ, que dura ya cuatro años, y que ha impedido que hasta ahora se hayan nombrado no sólo a varios altos cargos de la cúpula judicial con el consiguiente retraso en los procedimientos ante el Tribunal Supremo –lo que, al parecer, no le importa a nadie dado que sólo afecta a los ciudadanos- sino, también, que se hayan propuesto a los dos candidatos al Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar al CGPJ por mayoría de 3/5 partes. Esta mayoría no se ha alcanzado por la sencilla razón de que están rotos todos los consensos entre vocales “progresistas” y “conservadores”, es decir, entre el PP y el PSOE. O, por decirlo de otra forma, el tradicional sistema de reparto de cromos en las instituciones ha reventado y parece imposible no ya nombrar a alguien profesional, imparcial y con prestigio (eso lleva mucho tiempo ocurriendo) sino, simplemente, nombrar a alguien. Por su parte, los cromos, quien lo iba a sospechar, se dedican a hacer política partidista de forma más o menos descarada.

Como el Gobierno tenía prisa por nombrar por la cuota que le corresponde como magistrados del Tribunal Constitucional  nada menos que a su ex Ministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la menos conocida catedrática de Derecho Constitucional Laura Diez, hasta hace unos meses directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños, y no podía hacerlo hasta que el CGPJ nombrase a los suyos, decidió cortar por lo sano y legislar con soplete introduciendo dos enmiendas en la tramitación de la modificación del Código Penal (la de la malversación y la sedición) para modificar nada menos que dos leyes orgánicas tan importantes como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que son las que regulan estas instituciones.. Por lo que aquí nos interesa, se trataba de desbloquear el nombramiento de los dos candidatos del CGPJ de manera constitucionalmente muy dudosa, tanto en la forma como en el fondo. La finalidad explícita era y sigue siendo proceder a un cambio de mayoría en el Tribunal Constitucional, como si fuera una especie de tercera cámara. La crisis constitucional se ha desencadenado al recurrir unos diputados de la oposición en amparo ante el Tribunal Constitucional con la consiguiente escandalera sobre la supuesta vulneración de la soberanía popular por el hecho de que un órgano de contrapeso ejerza las funciones para las que fue creado. En el momento de escribir estas líneas, el Tribunal Constitucional por una mayoría de 6 a 5 –adivinen ustedes quien ha votado qué- ha suspendido por medio de una medida cautelarísima la tramitación parlamentaria en el Senado.

En este punto, podemos recordar que para ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional es preciso ser magistrado, fiscal, profesor, funcionario o abogado, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. En ese sentido, nombrar a dos personas que han formado parte del mismo Gobierno que les nombra es legal, sin ninguna duda. Pero, como puede apreciarse, a estas alturas lo que se pretende no es sólo nombrar a juristas más o menos afines ideológicamente (es decir, “progresistas” por usar la jerga que utilizan con tanta desenvoltura los políticos y los medios) sino de elegirlos directamente entre personas que han formado parte de las filas del Gobierno: es un salto cualitativo importante que equivale a dejar claro que ya no se respetan mínimamente las apariencias, que era lo único que quedaba, puesto que por lo demás, como pudo verse con los últimos nombramientos a propuesta del PP, todos pretenden lo mismo: nombrar a gente dócil y que haga favores. Ha dejado de prestarse ese homenaje que el vicio rendía a la virtud, que es la hipocresía como decía La Rochefoucauld.

El problema de fondo es que los grandes partidos –y los no tan grandes- llevan años jugando a la politización de esta importantísima institución de contrapeso, de manera que tanto el PP como el PSOE como las minorías nacionalistas han elegido a juristas a los que les deben favores o que piensan que se los van a hacer una vez nombrados. Se evitan así “sustos” como los que sufren cuando un magistrado supuestamente “progresista” o “conservador” decide votar lo que considera más adecuado desde un punto de vista técnico-jurídico en asuntos de enorme relevancia política y mediática como ha ocurrido en algunos casos sonados y no hacer lo que más le conviene al partido que le ha promocionado para el cargo. En ese sentido, podemos mencionar el voto de discrepante de su bloque de Manuel Aragón Reyes en la famosa sentencia del Estatut o el de Juan José González Rivas en la sentencia sobre el primer estado de alarma.  Lo curioso es que esta forma de proceder es precisamente la que uno esperaría de un magistrado del Tribunal Constitucional: por eso se exige que sean juristas de reconocida competencia, porque es necesario un criterio técnico-jurídico en relación con los asuntos muchas veces muy complejos y de enorme trascendencia política sobre los que se tienen que pronunciar. Es decir, lo sorprendente es que se pueda predecir con tanta precisión la postura de un magistrado del Tribunal Constitucional atendiendo al bloque al que pertenece, como ha ocurrido con la resolución sobre las medidas cautelarísimas en el recurso de amparo interpuesto por varios diputados del PP. Para ese viaje, bien podrían  ser médicos o ingenieras. O diputados y diputadas.

Porque, hay que insistir en que Tribunal Constitucional es una institución de contrapeso y quizás, junto con el Poder Judicial, la más relevante de todas. Es decir, es una institución contramayoritaria que actúa como límite contra los excesos, los errores o los abusos del Poder legislativo y del Poder Ejecutivo, pudiendo declarar inconstitucionales las normas con rango de ley que vulneren la Constitución (incluidas las que vulneren las competencias tanto del Estado como la de las CCAA) y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Puede ocurrir perfectamente que los representantes del pueblo legislen en contra de la Constitución, intencionada o inadvertidamente; ahí tienen lo sucedido en el otoño de 2017 en Cataluña sin ir más lejos. O que vulneren derechos fundamentales de los diputados de la oposición. También ocurrió en Cataluña.

Por tanto, en una democracia liberal representativa no procede que en el Tribunal Constitucional se reproduzcan las mayorías parlamentarias que es, en definitiva, lo que pretenden nuestros partidos, ya sea implícitamente, como ha ocurrido hasta la fecha casi desde el inicio de la democracia, o bien más explícitamente, lo que es una novedad reciente de raíz profundamente populista e iliberal pero que se ha extendido rápidamente en los sectores más favorables al Gobierno. Dicho de otra forma, defender que en el Tribunal Constitucional se tienen que reproducir las mayorías parlamentarias (las que sean) es una postura profundamente contraria a los principios básicos de nuestra Constitución, que precisamente para evitarlo exigió grandes consensos para los nombramientos, consensos que ahora parecen imposibles de alcanzar. No es casualidad que quienes defienden esta postura suelan ser los populistas de izquierdas o de derechas.  Tampoco que el principal objeto de deseo de sus líderes sea, junto con el control de los medios, el del Poder Judicial y el del Tribunal Constitucional. Así es mucho más fácil transitar de una democracia liberal a una iliberal lo que suele suceder, no lo olvidemos, paso a paso y poco a poco.

Claro está que el problema es el de quien custodia a los custodios. Si nuestros partidos no hubieran politizado de una manera tan intensa el Tribunal Constitucional no habríamos llegado hasta aquí. Si en vez de juristas de partido tuviéramos juristas prestigiosos e independientes sería posible albergar más confianza en la institución. En definitiva, nos encontramos una vez más en un proceso de politización y de degradación institucional creciente –ambos fenómenos van de la mano- donde cada vez que un partido eleva el listón de la politización, el otro le dobla la apuesta. La pregunta es cual puede ser el resultado de este proceso de deterioro, y creo que la respuesta es muy sencilla: poner en riesgo nuestro Estado democrático de Derecho.

Artículo publicado anteriormente en El Mundo.

6 comentarios
  1. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    La posición de los jueces ,que están luchando por la independencia judicial , está justificada por la necesidad de cumplir los compromisos de una unión política en la que sus miembros han de tener un nivel mínimo de calidad democrática para continuar en ella. La reiterada ocupación de las entidades como si fueran un botín de los vencedores en su propio beneficio ha sido escandalosa y un precedente de la intención del ejecutivo y del sector informativo que siempre ha encontrado motivos para justificar el proceso hacia el autoritarismo.
    La posición de la UE era conocida tanto por el Gobierno como por El País y la SER, que lo han apoyado” ciegamente”
    En EL PAIS PODER JUDICIAL Bernardo de Miguel Bruselas , el 15 de octubre de 2020 , señalaba las condiciones de la Comisión para la vía de la reforma.
    “Bruselas avisa al Gobierno de que la reforma del Poder Judicial puede vulnerar las normas comunitarias
    El Ejecutivo comunitario reclama a Pedro Sánchez que consulte con todas las partes implicadas
    “Luz roja de la Comisión Europea al proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bruselas había urgido a la renovación del órgano judicial, pendiente desde 2018, pero considera que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro la independencia judicial ….
    Sánchez, sus socios y apoyos mediáticos , no sólo se han saltado “la vía constitucional española ” sino , también, las directrices de la UE y “estaban avisados”. Y esto tiene el mismo coste que el de Polonia.
    Creo que, actualmente , ante el reto del cambio hacia una justicia independiente hay dos grupos de políticos y de periodistas en España ( y tal vez , de jueces) Los partidarios de continuar con un régimen parecido al que tienen en Polonia y Hungría y los que lo son de conseguir una justicia independiente del poder político como tienen el resto de países de la UE

    Responder
  2. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Es muy importante conocer » la intención de los gestores políticos» para saber a » donde nos llevan»
    Un problema , clave para una democracia eficiente y plena, es que tenemos un importante sector del periodismo influyente con graves carencias de independencia , solvencia profesional y de implicación en el interés general y en la defensa de los principios democráticos.
    El País ( 1-10-16 ) definió el perfil de Sánchez ,en su editorial ”Salvar al PSOE” .“El cese inevitable y legítimo de Pedro Sánchez es la única salida para el partido”. “La salida del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.. es imprescindible…. Sánchez ha resultado no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme fracaso.
    Hemos sabido que Sánchez ha mentido sin escrúpulo a sus compañeros. Hemos comprobado que sus oscilaciones a derecha e izquierda ocurrían únicamente en función de sus intereses personales, no de sus valores ni su ideología, bastante desconocidos ambos “
    Este editorial histórico destacaba las notas del perfil de Sánchez: mentiroso, insensato sin escrúpulos, , fracasado, desacertado…
    Y se puede aplicar a este momento sustituyendo el titular” Salvar al PSOE” por el de “ Salvar España y la democracia”
    Y sobre “las intenciones” de Sánchez y sus socios, fundamental para entender sus decisiones, también nos avisaron dos grandes y experimentados políticos..
    R Arias Salgado“ Zapatero modela un PSOE no europeo, con el horizonte de un socialismo que gana todas las elecciones sucesivamente, en el ejercicio de su hegemonía y del abuso de poder…Toda la estrategia de Zapatero y de Sánchez es evitar la alternancia del poder “
    .Ramón Tamames Gómez:“ Sobre los socios de Sánchez, “ en el fondo lo que quieren es mandar. Quieren mandar empobreciendo el país. Y una vez que lo empobrecen, con una red de mecanismos de clientelismo, controlar el país de una forma definitiva. ¿Cuál es el efecto de Podemos en el Gobierno? Pues sencillamente más subsidios que son necesarios en parte, pero no para todos, porque la gente entonces deja de trabajar.. ellos lo que quieren es cargarse el sistema. Lo ha dicho el jefe de Bildu “Venimos a Madrid a cargarnos el régimen “.
    Y , por cierto; ¿ qué prometió Sánchez en las últimas elecciones que no haría?. ¿ Está legitimado para unas reformas trascendentales no aprobadas por » el pueblo» y con unos socios que prometió que nunca pactaría?¿ A qué «porción» del pueblo representan , actualmente, Sánchez y Podemos?

    Responder
  3. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario.
    Deberíamos corregir , a la vez, dos graves errores históricos. El primero , la declaración de constitucionalidad en 1986 de la aprobación del gobierno socialista de Felipe González en 1985 de una reforma legal ( LOPJ 1de julio) que concedía a los partidos representados en el Parlamento la facultad de elegir a la totalidad de vocales del CGPJ.
    Y otro nuestro régimen autonómico. Cataluña es el caso más grave de un error histórico que es el responsable de gran parte de los problemas que tenemos , el desarrollo de nuestro estado autonómico.
    El sistema autonómico (que si se reconvierte nos parece tan fundamental como el resto de administraciones), tal como evolucionó, sin orden ni control, se ha acabado convirtiendo en un sistema obsoleto, ineficiente, ruinoso para los ciudadanos y fuente de escándalos continuados al aflorar, sin descanso, todo tipo de casos de despilfarro de recursos, de corrupción y de incompetencia en buena parte de nuestra geografía..
    Dada la insostenibilidad del estado , el ajuste del gasto público más intenso y próximo de lo que pensamos, nos obligará a un nuevo modelo » sostenible» ,diferente al que actualmente tenemos. Entonces tendremos que volver a la obligación que nos comprometimos y no debimos abandonar, ajustar nuestro régimen autonómico a las funciones que tendrán las autonomías después del proceso de unificación .

    Responder
  4. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Si apoyas a partidos cuyos políticos admiran al régimen de Maduro o de Cuba, no intentes eximir tu culpabilidad de que, si ellos controlan o intervienen en la gestión pública, tengas cada vez peor calidad en el Estado de derecho, en el progreso económico, en el régimen de libertades individuales y sociales , menos independencia judicial y con ello, cada vez más gasto público ineficiente, paro, empobrecimiento, incompetencia y corrupción.
    Solo tienes que fijarte que en los índices de calidad democrática están los últimos y no es por casualidad sino por sus notas en los campos investigados”
    Democracy Index ” reparte los países en grandes grupos : Democracia plena, Democracia imperfecta , Régimen híbrido y Régimen autoritario La clasificación situaba a España , antes de llegar Sánchez con sus apoyos políticos, mediáticos y culturales , en los de Democracia plena .
    Están situados en el grupo de Régimen autoritario , entre otros , Venezuela y Cuba .
    Podemos, Izquierda Unida , E.R.C. y EH BILDU ( y más como la CUP….) han demostrado su admiración por el régimen político que impera en estos países . Solo tienes que fijarte que en los índices de calidad democrática están los últimos y no es por casualidad sino por sus notas en los campos investigados.
    Hay, pues. dos tipos de políticos y periodistas en España, los partidarios de un régimen democrático ( con su izquierda y su derecha ) , que respetan las normas y las resoluciones judiciales , los derechos y libertades de todos los ciudadanos y los principios democráticos y los partidarios de regímenes autoritarios , como los que dirigen Cataluña y una gran parte del gobierno de Sánchez, que no lo hacen . La democracia no es su sistema ni lógicamente el de la Unión Europea , que se basa en el.
    Nunca respetarán nada de lo anterior ,” les sobra” toda su legislación , los procedimientos y los contrapesos, los jueces independientes y el control de la gestión política.
    Por cierto ¿ cuantos puestos nos costará en el índice de calidad democrática, las nuevas normas sobre la malversación?. Con cada vez “más dependencia judicial y mejor tratamiento a la corrupción” y ….¿ creéis que es el camino más adecuado para permanecer en la UE y tener una democracia de calidad?

    Responder
  5. Manuel Villa
    Manuel Villa Dice:

    Se comete el error de llamar una y otra vez «progresistas» a los que son «siniestros». Por favor, hablemos de los «siniestros». El Goierno de «siniestros» quiere una mayoría de «siniestros» en el CGPJ y para ello se dedica a argumentar por sus voceros mediáticos que el CGPJ ha de representar la mayoría salida de las elecciones. Este falaz argumento se cae por sí sólo al considerar que unas elecciones anticipadas pueden cambiar esa mayoría. Los partidos de la moción de censura no son partidarios de que los jueces nombren a los jueces para ser Vocales del CGPJ. ¿Cuántos años más se necesitan para reconocer que el sistema de la ley del 85 no sirve? Para elegir los 12 Vocales que se han de elegir entre jueces, el SORTEO es la solución. ¿Por qué no se habla del SORTEO? porque se quiere mangonear el CGPJ y con el SORTEO el Vocal no le debe el puesto a nadie. Esos 12 Vocales elegidos por SORTEO surgen de los candidatos, jueces y megistrados, que cumplen los requisitos: categoría, años, avales, … para desarrollar las funciones de Vocal con solvencia. Si ponen sentencias, son válidos para ser Vocales. El que el Vocal tenga su ideología es inevitable, lo que se le debe exigir es que sea profesional y ésto debe ser responsabilidad de los compañeros que le avalan. ¿Dejar al azar el tercer poder del Estado? ¿Y no hay azar en el juez que le toca a uno en un asunto que afecta a la economía o libertad de uno? Para los otros 8 Vocales también se puede usar el SORTEO. Ahora son 2 los partidos que se han de poner de acuerdo, pero cuando para alcanzar los 3/5 se necesite poner de acuerdo a 6 o más partidos el problema será mayor si cabe.

    Responder
  6. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Y no sólo en el mundo judicial. La asunción de un cargo representativo como las presidencias de las Cortes Generales, implica una total y absoluta imparcialidad en la gestión del mismo pero, mientras siga manteniéndose el «despotismo de las mayorías» anunciado por Tocqueville y otros muchos, las democracias serán una especie de trampantojos visuales escondiendo intereses partidistas o particulares.
    El caso de lo sucedido en el Parlamento Europeo es una muestra de democracias de cartón piedra (eso siendo elegidos). Imaginemos lo que pueden hacer los «nombrados».
    Un saludo.

    Responder

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *