Lealtad

La lealtad a la Constitución (Wille zur Verfassung) presidió nuestra democracia durante los primeros cuarenta años. Nuestros políticos aceptaban mayoritariamente que nuestra Carta Magna fue el resultado del consenso y la concordia que presidió toda la Transición, así como que sobre estos valores habría de desenvolverse nuestra vida política. Este consenso se manifiesta a lo largo del texto constitucional con la exigencia a nuestros representantes de que acuerden entre ellos, pues habrán de ir más allá del espacio que sus siglas delimitan. La reclamación de mayorías cualificadas que recorren la Constitución así lo imponen, primero porque las leyes orgánicas de desarrollo del texto constitucional exigen mayorías absolutas y, segundo, porque se prescriben unas mayorías aún más exigentes como el del acuerdo que ha de alcanzarse por una mayoría de 3/5, e incluso de 2/3, de los miembros del órgano establecido a fin de lograr su cometido, lo que implica la necesidad de actuar por medio del consenso entre las distintas fuerzas políticas, especialmente aquellas que son centrales en nuestra vida política. La consecuencia de la falta de acuerdo conllevaría que se obstaculizara aquello que la misma Constitución demanda.

Esta es la razón por la que se habla del mal ejemplo del PP, dada su falta de compromiso con la renovación del órgano de gobierno de los jueces, lo que ha llevado a considerar que con ello este partido ha secuestrado a la justicia, por lo que se ha calificado su actitud como antidemocrática e inconstitucional, pues no ha permitido que se cumpla la ley al no renovar a sus miembros. La consecuencia inmediata de tal proceder ha provocado el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. ¿Cómo podríamos considerar la negativa del PP a renovar el CGPJ?

Juan Linz diferenció en su libro La quiebra de las democracias entre oposición leal, desleal y semileal.  Para que pudiéramos calificar que una oposición fuese leal, Linz exige a la misma “un compromiso a participar en el proceso político en las elecciones y en la actividad parlamentaria”. Si admitimos esta exigencia, lo que en mi opinión es inevitable, habría que caracterizar la actitud del PP acerca de este problema como propia de una oposición desleal, pues si bien ha participado en las elecciones, su actividad parlamentaria se ha enconado en una oposición radical a alcanzar acuerdos necesarios para que el poder judicial pueda funcionar adecuadamente en el Estado de derecho, que es lo que la misma Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional imploran a fin de alcanzar el correcto funcionamiento de la vida democrática.

Ahora bien, el problema con el que nos enfrentamos es algo más complejo, porque el compromiso de acordar y pactar ha de llevarse a cabo con una fuerza política, PSOE, cuyas políticas y alianzas de Estado y gobierno no parece a primera vista que puedan considerarse como leales. Linz habla de la oposición, que es lo lógico cuando se habla de lealtad o deslealtad, pues del gobierno ha de presuponerse la primera. Sin embargo, nuestra situación es tan confusa que las ideas de Linz acerca de la oposición podrían trasladarse sin dificultad a los partidos de gobierno, así como a quienes lo apoyan.

Sin necesidad de retrotraernos a los últimos veinte años, en los que se inicia su deriva desleal, lo cierto es que el PSOE es un partido que logró, en 2018, “el apoyo de partidos que actuaron deslealmente contra un gobierno previo”, hasta el extremo de que intentaron dar un golpe de Estado. Así sucedió no solo en la moción de censura, sino también con el llamado bloque de investidura. De ahí que este gobierno “se encuentre en una difícil situación cuando está obligado simultáneamente a afirmar su autoridad y ampliar su base de apoyo”, esto es, que no es muy creíble su compromiso con la defensa del orden constitucional.

Si tuviéramos en cuenta los principales partidos políticos que apoyaron la moción de censura y la investidura, sería cuanto menos dudoso calificarlos como leales, pues en un caso han rechazado el uso de medios violentos, sin que hayan condenado su uso con anterioridad ni tampoco han colaborado en la resolución de los casos de asesinatos de los que fueron responsables. En otro de ellos no han renunciado a defender sus propuestas fuera del marco legal, pues han sostenido que volverán a hacerlo, a dar de nuevo otro golpe de Estado. Finalmente, la tercera fuerza política que no solo ha apoyado las anteriores medidas, sino que forma parte del mismo gobierno, no podría calificarse como un partido de dentro del sistema, en tanto que sus propuestas fundamentales tratan de darle la vuelta al mismo desde el momento que defienden el derecho de autoderminación de los distintos pueblos de España, así como la instauración de una república.

Parece evidente, pues, que la dirección del Estado, así como el mismo gobierno no están comprometidos con la salvaguarda del orden político establecido en la Constitución de 1978, sino que su ideal es otro, por lo que habría que concluir que nuestro sistema político se encuentra bajo la dirección de partidos antisistema. Qué no diría Linz si pudiese observar nuestra situación política, cuando en 1978 había calificado la oposición desleal como aquella que cuestiona la existencia del régimen y quiere cambiarlo. Y ahora esto sucede desde la misma dirección del Estado, aún más, desde el mismo gobierno. A este escenario habría que añadirle, asimismo, que el PSOE no muestra ninguna voluntad de “unirse a grupos ideológicamente distantes pero comprometidos a salvar el orden político”. Más bien todo lo contrario, pues no rechaza el pacto con los partidos desleales ni tampoco su apoyo, hasta el extremo de que muestra “mayor afinidad” con los extremistas antes que con los partidos moderados, mostrando una “disposición a animar, tolerar, disculpar, cubrir, excusar o justificar las acciones” de aquellos participantes en el proceso político cuyos presupuestos consisten en cuestionar y cambiar nuestro orden constitucional.

Si esto es así y a mí me lo parece, entonces no creo que pueda calificarse negativamente la actitud del PP como desleal por no pactar con quien es desleal o al menos de no más desleal que quien es desleal por las razones que he apuntado más arriba. Más bien lo contrario, si acaso sería el menos desleal entre lo desleales, pues al menos es incuestionable su defensa del orden constitucional. Sin embargo, no creo que las razones esgrimidas por el PP para justificar su posición de bloqueo sean las adecuadas, pues dado el momento en el que nos encontramos no creo que la solución sea ya la de tratar de defender una vuelta al modelo primigenio de elección de los vocales de origen judicial del CGPJ ni de proteger al poder judicial; tampoco argüir que los socialistas quisieran modificar el delito de sedición y ahora el de malversación.

La situación de quiebra de nuestra democracia es mucho peor, pues lo único que podemos constatar es que el consenso sobre el que fue posible la concordia y nuestra Constitución ha quebrado. De ahí que no tenga mucho sentido aludir a la deslealtad de uno u otro, pues desleales lo son todos, sin que importe ahora el grado de deslealtad que cada uno posea.

Decía Rousseau que cuanto más aumenta el gobierno su esfuerzo contra la soberanía, más se altera la Constitución, con lo que finalmente terminará por romper el trato social. Por eso y ante la situación de descomposición que vivimos, creo que la única solución es llamar a las urnas al pueblo soberano para que este decida si respalda la demolición del régimen de 1978, emprendida de forma enfervorecida hace cuatro años, o su consolidación. Mientras tanto encomendémonos a nuestra memoria y no al disparate de la democrática para evitar que nuestra historia vuelva a repetirse, aunque fuese como farsa.

13 comentarios
  1. AGonzalo
    AGonzalo Dice:

    Dice el autor: «creo que la única solución es llamar a las urnas al pueblo soberano para que este decida si respalda la demolición del régimen de 1978».

    Aquí creo que sólo caben dos interpretaciones, ambas desleales al régimen de 1978:

    Si pide elecciones anticipadas está demandando algo que sólo el Presidente del Gobierno puede hacer (al menos hasta que una nueva interpretación del TC sobre X diga lo contrario, porque sabemos que -según Estatut de Catalunya- sólo el President de la Generalitat puede convocar nuevas elecciones en Catalunya y lo contrario es rebelión (según el Código Penal)… pero M.Rajoy y compañía (entre otros, los denominados «piolines») perpetraron «presuntamente» dicha rebelión y «aquí no pasa nada» -supongo que porque el TC era juez y parte, pues con la misma STC estaría decidiendo sobre si sus magistrados eran «cómplices necesarios» para esa «presunta» rebelión-). Por tanto estaría actuando deslealmente.

    Si pide un referéndum sobre la continuidad o demolición del régimen de 1978 también está actuando deslealmente, lo leal es que el régimen continúe tal cual pese a quien pese (vendría a ser como permitir que los catalanes hicieran un referéndum sobre su independencia, sería democrático pero desleal).

    Así que comparto la tesis del autor: No tiene mucho sentido aludir a la deslealtad de uno u otro, pues desleales lo somos todos, sin que importe ahora el grado de deslealtad que cada uno posea.

    Para mí la solución pasa por cambiar las cosas de manera que el nacionalismo mayoritario (el español) no pueda imponerse a los minoritarios (vasco, catalán,…)… Y eso es harto imposible si a todos se les exige, para ciertas cosas, mayorías parlamentarias superiores a la mayoría absoluta (algo que, obviamente, realmente sólo está al alcance de los nacionalistas «españolistas»).

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    • Loe
      Loe Dice:

      «el nacionalismo mayoritario (el español)» Esa es su percepción, no la mía. En mi opinión la inmensa mayoría de los españoles NO son nacionalistas. Por tanto no hay tal choque de nacionalismos.
      A lo mejor usted es el típico nacionalista, que no concibe que el prójimo pueda no ser nacionalista de algo.

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    • José J. Jiménez Sánchez
      José J. Jiménez Sánchez Dice:

      Bueno, en realidad no sé si conseguí explicarme. Mi proósito era el de tratar de entender la deslealtad del partido popular en relación con su bloqueo en la renovación del CGPJ. Con esta finalidad enmarqué esa deslealtad dentro de la que considero una deslealtad mayor, en la medida en que la misma supone la deslegitimación del llamado régimen del 78.

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  2. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Democracy Index ” reparte los países en grandes grupos : Democracia plena, Democracia imperfecta , Régimen híbrido y Régimen autoritario La clasificación situaba a España , antes de llegar Sánchez con sus apoyos políticos, mediáticos y culturales , en los de Democracia plena .
    Están situados en el grupo de Régimen autoritario , entre otros , Venezuela y Cuba .
    Podemos, Izquierda Unida , E.R.C. y EH BILDU ( y más como la CUP….) han demostrado su admiración por el régimen político que impera en estos países . Solo tienes que fijarte que en los índices de calidad democrática están los últimos y no es por casualidad sino por sus notas en los campos investigados.
    Hay, pues. dos tipos de políticos y periodistas en España, los partidarios de un régimen democrático ( con su izquierda y su derecha ) , que respetan las normas y las resoluciones judiciales , los derechos y libertades de todos los ciudadanos y los principios democráticos y los partidarios de regímenes autoritarios , como los que dirigen Cataluña y una gran parte del gobierno de Sánchez, que no lo hacen . La democracia no es su sistema ni lógicamente el de la Unión Europea , que se basa en el. Nunca respetarán nada de lo anterior ,” les sobra” toda su legislación , los jueces independientes y el control de la gestión política.
    Por cierto ¿ cuantos puestos nos costará en el índice de calidad democrática las nuevas normas sobre la malversación?. Con cada vez “más dependencia judicial y mejor tratamiento a la corrupción” y ….¿ creéis que es el camino más adecuado para permanecer en la UE?

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    • José J. Jiménez Sánchez
      José J. Jiménez Sánchez Dice:

      El problema con una parte del gobierno que no respeta los principios de una democracia liberal es precisamente que se encuentran en el gobierno y, en consecuencia, en la dirección del Estado. Imagínese conduciendo un vehículo con alguien a su lado dándole volantazos. A mí no me gustaría ir en ese coche.

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  3. LAOG
    LAOG Dice:

    La lectura de la exposición de José J. Jiménez Sánchez en el presente artículo sobre la Lealtad, resulta novedoso y clarificador del confuso panorama político que se ha constituido en España, como consecuencia de la deriva provocada por los nacionalismos vasco, catalán y español. No se suele plasmar en medios jurídicos, sin rodeos, de manera tan contundente la desviación de los cauces constitucionales por parte de la oposición con respecto a las obligaciones legales de alcanzar el consenso para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La posición de los nacionalismos puede haber dado cauce a la confrontación existente en el Congreso y en el Senado, en cuya raíz se tendría que responsabilizar no tanto a la Lealtad hacia la Constitución, como a la diferente manera de comprender la Convivencia en la Sociedad política. Desde esta perspectiva, el Estado trata de hacer su papel de acuerdo con los fines que tiene encomendados, sin que sea positivo relacionar su función y desempeño con la Lealtad, sino con el cumplimiento de la Constitución y de las Leyes.

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    • José J. Jiménez Sánchez
      José J. Jiménez Sánchez Dice:

      Si damos por hecho que la palabra lealtad, así como legitimidad, pertenecen al mismo campo semántico, del mismo modo que deslealtad y desligitimación, creo que las consecuencias de lo que se dice en el post, podrían ampliarse.

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  4. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Términos como «lealtad» (al Estado) se fueron ya por el desagüe de la historia, desde el momento en que muchos de los que juraron esa lealtad sin cruzar los dedos por la espalda, creyendo en ella, más tarde han cambiado sus lealtades por el pragmatismo personal.
    Conviene recordar que todos los cuerpos del Estado, cualquiera que sea su función pública, han jurado esa lealtad; que todos los cargos y órganos del Estado han hecho lo mismo y que, en todos los casos, les sirve de «pararrayos» la «indebida obediencia» a actos y órdenes que sean inconstitucionales o atenten contra principios básicos fundamentales.
    Sólo unos cuantos han tenido la valentía de no doblegarse ante los gobiernos pero, en esta España nuestra, en este mundo que nos han construído (o destruído) eso suele etiquetarse como «pringao» (no ha sabido aprovecharse de la situación).
    Si el ejemplo público e institucional es como es; si el ejemplo académico se contamina y calla ante desafueros de todo tipo y, sobre todo, si la Jefatura del Estado no aplica los artículos 56 y 62 de la C.E. para arbitrara y regular el funcionamiento institucional, resulta lógico quer todo se tambalee y cunda más el ejemplo de los «listos», que el de los honestos.
    En otro orden la lealtad al Estado se jura por sus servidores de mayor representatividad. Y no vale de nuevo que se haga de cualquier forma. O hay juramento de lealtad en forma y fondo o no se puede acceder al cargo de representación institucional del Estado.
    Todo ello, tan obvio, parece mentira que lo hayamos perdido en debates de «galgos o podencos» en gran parte del mundo jurídico, olvidando la «almendra» del problema: se ha impuesto un nuevo modelo de «orden» mundial, ajeno a las teorías y a los patrones de `principios y valores que nos trajeron hasta el siglo XXI, pero más ajeno aún a las soberanías nacionales y sus intereses reales. Si no existen soberanías, no existen estados ni territorios nacionales, ni recursos propios, ni proyectos nacionales de auténtica importancia. Nos hemos vendido a poderes e intereses particulares que, difícilmente, creen en los estados. Menos en las lealtades a los mismos.
    Un saludo.

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    • José J. Jiménez Sánchez
      José J. Jiménez Sánchez Dice:

      No sería tan pesimista ni tampoco miraría en exceso hacia la responsabilidad de otros, más bien me ocuparía de lo que uno mismo puede hacer en estos momentos por su país, más allá de recompensas y honores.

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  5. JOSÉ EUGENIO SORIANO GARCÍA
    JOSÉ EUGENIO SORIANO GARCÍA Dice:

    «pues dado el momento en el que nos encontramos no creo que la solución sea ya la de tratar de defender una vuelta al modelo primigenio de elección de los vocales de origen judicial del CGPJ ni de proteger al poder judicial»
    ¡Pues qué bien!, entonces que sigan repartiéndose los puestos. Léete por favor el artículo de Elisa de ayer en EL MUNDO y a ver si existe mejor solución

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    • José J. Jiménez Sánchez
      José J. Jiménez Sánchez Dice:

      El artículo de Elisa, como todos los suyos, están leídos, lo que no implica que no pueda haber discrepancia en relación con ciertos aspectos.

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  6. Manuel Villa
    Manuel Villa Dice:

    Subscribo el artículo pero se queda corto, a mi entender, en ciertas apreciaciones.
    Dice el autor: «La reclamación de mayorías cualificadas que recorren la Constitución así lo imponen, primero porque las leyes orgánicas de desarrollo del texto constitucional exigen mayorías absolutas y, segundo, porque se prescriben unas mayorías aún más exigentes como el del acuerdo que ha de alcanzarse por una mayoría de 3/5, e incluso de 2/3, de los mie mbros del órgano establecido a fin de lograr su cometido,»

    Para cambiar un artículo de la CE se exigen al menos los 3/5 de ambas cámaras y un referendum si lo pide el 10% de los diputados o senadores. La modificación del Art. 168 de la CE no está incluido en sí mismo y se puede hacer por el Art. 167 de la CE. Curioso. Por contra con la Ley Orgánica se exige mayoría absoluta y con el texto de la Ley Orgánica se puede dejar vaciado de contenido el artículo de la CE que desarrolla. Esto se dá en el caso de la LOPJ, pues si los constituyentes hubiesen querido que Congreso y Senado eligieran a los 20 Vocales del CGPJ lo habrían explicitado, pero dejaron la puerta abierta y se les coló el argumento de trasladar la mayoría resultante de las elecciones, que es lo que argumenta el Gobierno siniestro, siendo un argumento falaz pues si se dieran unas elecciones anticipadas a los dos años esa mayoría puede cambiar. ¿Cómo se traslada entonces la nueva mayoría si el nombramiento es por cinco años? El SORTEO entre los cadidatos a Vocales del CGPJ es la solución para elegirlos, si se quiere que sean independientes y no mangonear el CGPJ. El PSOE podría haber desbloqueado la elección de los Vocales votando la lista del PP. Esto de las listas es un invento del PSOE y del PP, pues no está recogido en ningún sitio. Los Presidentes del Congreso y Senado han incumplido la renovación del CGPJ durante cuatro años al no sacar a pleno la votación de los candidatos. Tan es así, que el Reglamento del Congreso y el Reglamento del Senado no están actualizados y limitan el número de candidatos a 36 cuando la LOPJ no limita el número y se tienen 51 candidatos.

    El Sr. Sánchez cuando estaba en la oposición le trasladó a Mariano Rajoy el famoso: «No es no, ¿Que parte del No no entiende?» El PSOE lo defenestró, pero no lo expulsó, y el PSOE llegó a un pacto con el PP. El PP gobernó en minoría y no se fué a nuevas elecciones que al PSOE lo habría podido dejar destrozado en beneficio de UP. El PP no instó la ilegalización de los partidos independentistas que participaron en el Procés, y luego se los encontró en la moción de censura. No quiso aplicar la Ley por la convivencia. En el pecado se llevó la penitencia. El Sr. Sánchez se hizo mediante primarias con el control del PSOE, y en la moción de censura, pues al PP no le salían los numeros de los diputados al estar en precario dependiendo del PNV, se lo dijo a los independentistas, comunistas y filoetarras: «O yo o la alternativa es Mariano Rajoy». Hicieron el pacto, que todavía no conocemos, y aquellos polvos trajeron estos lodos. Al Sr. Sánchez lo votaron en la moción de censura para que convocara elecciones, o al menos eso decía él, y se dedicó a hacer campaña electoral, con el dinero de todos, con los Viernes Sociales. La moción fue en junio del 2018 y las elecciones se celebraron en abril del 2019. No consiguió el Sr. Sánchez ser investido y continuó en funciones. Después de las elecciones de noviembre del 2019 promovió el «frente popular» de siniestros, sin que le importara que el 95% de los españoles no pudiera dormir, lo decía el Sr. Sánchez, y el «frente popular» de siniestros lo ha mantenido de Presidente. Sí, en España la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno está compuesta por un «frente popular» de siniestros. Es lo que hay. Lo reconoció Otegui, que apoya al Sr. Sánchez.

    Sobre la bicefalia que se han inventado con el CGPJ y con el Tribunal Supremo es una consecuencia del esperpento que vivimos. La no renovación del CGPJ ha estado manteniendo la separación de poderes. ¿Para que quiere controlar el Sr. Sánchez el CGPJ? será para: ¿No indultar a los independentistas del golpe de estado? ¿No eliminar el delito de sedición? ¿No reducir a la nada las penas por malversación? ¿Ser juzgado por los muertos de la pandemia? Es totalitarismo puro. De ese totalitarismo tienen su alícuota los Presidentes de Congreso y Senado. Salvando las distancias, pues todo es muy legal aunque al «frente popular» de siniestros no le tiembla el pulso al sacar leyes contrarias a la CE y que luego se las recurran, estamos ante un golpe de estado, incruento eso sí, que pretende hurtar la alternancia política con toda clase de manipulaciones, falsedades, etc… disfrazandola de que es lo que quiere, y por tanto vota, la población. Es tanta la obscuridad de la mentira en la que están que cuando les llegue la luz de la verdad se van a quedar ciegos. El que no es de su cuerda es un: fascista, machista, ultraderechista, homófobo, xenófobo, está contra el cambio climático, etc… Sí, está contra el etc y además está contra la mujer. ¿Quién ha aprobado la LO 4/2021 que hasta se reconoce que es inconstitucional en la LO 8/2022? Un manoseo indigno de las leyes para conseguir el Gobierno de siniestros sus fines políticos. La LO 4/2021 tiene por objeto hacer daño y en la terminología del Gobierno siniestro es una Ley Vicaria. El Congreso y el Senado tienen la potestad legislativa pero no para hacer daño a los españoles que representan. Siempre que se aplique esa LO 4/2021 hará daño. Un despropósito.

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    • José J. Jiménez Sánchez
      José J. Jiménez Sánchez Dice:

      Son demasiados lo temas, todos ellos fundamentales. Una respuesta adecuada, requeriría la formulación de sucesivos posts. De todas maneras, gracias por su opinión.

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