¿Qué es la democracia?

Si planteásemos esta cuestión a un grupo aleatorio de transeúntes, la respuesta que más se repetiría sería, con toda probabilidad, “la voluntad de la mayoría”. Lo triste, me temo, es que el experimento obtendría idéntico resultado si fuera realizado entre los sujetos titulares de un escaño en el Congreso o el Senado.

Lo cierto es que esta concepción de la democracia -sin duda la más extendida en la conciencia popular, hasta un punto casi mitológico– es esencialmente incorrecta. Lo que caracteriza a la democracia, al menos tal y como se viene (o venía) entendiendo en la tradición occidental-liberal, es el respeto a las minorías. Esto es: la mayoría podrá hacer valer su voluntad siempre y cuando observe un escrupuloso respeto hacia los derechos del resto (y, por supuesto, hacia la última minoría: el individuo).

Dicho de otro modo, la democracia liberal supone una constricción de la democracia en su sentido más primitivo (o lo que a veces se ha denominado fundamentalismo democrático). ¿Qué pasaría si la mayoría decidiera acabar con la vida de todas las personas de una determinada raza que habitan en el Estado? ¿Sería esa una decisión democrática? Atendiendo a la concepción más primaria de democracia que enunciábamos al comienzo, sí. Observando un concepto más refinado y civilizado, esa decisión podrá ser calificada de mayoritaria, pero nunca de democrática, en la medida en que supondría una violación flagrante de las libertades individuales y los derechos humanos más básicos. Es lo que se ha venido llamando democracia de oposición garantizada: la voluntad de la mayoría está limitada para evitar la posibilidad de que ésta tiranice al resto por el simple hecho de contar con el apoyo de la mitad más uno.

¿Y dónde figuran, cómo se articulan, estos límites a la sacrosanta voluntad popular? Fundamentalmente, a través de la Constitución. Es ahí donde entra en juego el Tribunal Constitucional para garantizar que la mayoría, la que detenta el poder, no atropelle a la minoría. Y lo hace imponiendo la Constitución por encima de la ley emanada del Parlamento o dictada por el Ejecutivo.

Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno y actual diputada, publicó este tuit el pasado sábado: “A copiar 500 veces y a mano, que se aprende mejor: todos los Poderes e Instituciones del Estado están por debajo de la soberanía del pueblo español, y éste se expresa de manera directa en el Congreso y en el Senado.” Este breve comentario es una síntesis cuasi perfecta de la democracia iliberal que asola a Occidente y que, parece, ha llegado para quedarse. El populismo se asienta en la idea de que la voluntad popular es irrestricta. Desde esa óptica, la interferencia de otro Poder (como el Judicial o el Constitucional) en la conformación e imposición de tal voluntad es de todo punto inadmisible: ¡estarían coartando la democracia!

La democracia iliberal, pues, no sería otra cosa que la democracia sin límites: aquella que se arroga la potestad de pisotear los derechos de las minorías en nombre del populus. Por ello gusta tanto a los políticos de este estilo, con representantes a izquierda y derecha, apelar a métodos de democracia primaria como el referéndum: ¿qué puede haber más democrático que dar la voz al pueblo? El procés catalán o el Brexit son un gran ejemplo de ello. Naturalmente, eso sí, la pregunta y las opciones a votar ya las determinan ellos, limitándose el ciudadano a rellenar la papeleta y a legitimar con su voto la opción ganadora en una fórmula binomial: sí o no, sin matices. Los problemas sociales, por desgracia, revisten una complejidad mucho mayor que la que puede albergar una pregunta corta y una respuesta monosílaba.

Pero añade Calvo un matiz francamente interesante, la guinda del pastel que hará las delicias de cualquier populista de nuestro tiempo: “el pueblo español se expresa de manera directa en el Congreso y el Senado”. No pierdan de vista ese adjetivo porque ahí radica el quid de la cuestión. Entre la expresión de la ex vicepresidenta y “L’État, c’est moi” (“El Estado soy yo”) del rey Luis XIV hay una distancia verdaderamente corta, y una coincidencia en lo esencial.

No, señora Calvo, el pueblo español no se pronuncia de manera directa en las Cortes Generales. Se pronuncia, de hecho, de manera indirecta. De ahí la denominación de democracia representativa, frente a la democracia directa que practicaban los antiguos griegos. Un representante, como es un diputado o un senador, es precisamente eso, un representante del pueblo, y no el pueblo mismo. Máxime si tenemos en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico está prohibido el mandato imperativo (art. 67.2 CE), esto es: los parlamentarios no están ligados por sus promesas electorales, sino que su actuación política se guiará por lo que estimen conveniente para el interés general en cada momento y en función de las circunstancias concurrentes.

Pensar que el pueblo se expresa de manera directa a través del Parlamento trae consigo una serie de consecuencias de importancia total. Dado que el Poder Constituyente, la soberanía, reside en el pueblo español, y éste (según la tesis de Calvo) se expresa directamente a través de las Cortes, éstas estarían facultadas para operar un cambio de régimen sin necesidad de mayor participación popular. Si acaso, un refrendo posterior mediante plebiscito, a modo de rúbrica y sello de la decisión adoptada por el Parlamento.

Que las Cortes se erijan como voz directa del Pueblo supone, también, que éstas gozan de una legitimidad indiscutible en el sistema democrático. Atacar o cuestionar a las Cortes sería, desde este punto de vista, equivalente a atacar o cuestionar al Pueblo: una actitud antidemocrática. Además, se ha de advertir que el resto de Poderes del Estado no gozan de esa legitimidad, por lo que han de agachar la cabeza ante lo que diga el Parlamento: ¿quiénes se han creído los Jueces para cuestionar la voluntad popular? A fin de cuentas, ¿quién ha elegido a esos señores? Los Poderes del Estado no actúan, pues, en pie de igualdad: el Judicial se ha de someter a lo que diga el Legislativo, porque éste último es más legítimo. Supone, desde luego, una curiosa revisión del principio de legalidad: yo, al menos, pensaba que significaba justo lo contrario.

No deja de llamarme la atención, sin embargo, el contraste entre el ensalzamiento de la institución parlamentaria al que venimos asistiendo durante los últimos días y la sustracción de funciones a la que este Gobierno ha sometido a las Cámaras (hasta el punto, de hecho, de llegar a cerrarlas con motivo -o excusa- de la pandemia). En efecto, la polémica que ha suscitado el tuit de Calvo radica en torno a esta misma cuestión: el recurso de amparo formulado por el PP ante el Constitucional plantea si es admisible tramitar como enmiendas dentro de otra ley reformas de calado sobre Leyes Orgánicas tan básicas para la estructura institucional de nuestro Estado como la L.O. del Poder Judicial o la del Tribunal Constitucional. Mediante esta artimaña, se priva al Parlamento (cuya etimología remite a hablar) de su función primigenia: debatir las leyes antes de su aprobación, compartir distintos pareces y posturas para reflexionar sobre ellas y buscar su mejora, en lugar de legislar a golpe de timón, sin pausa y con las vísceras. Si a eso le añadimos el hecho de que Pedro Sánchez es ya el Presidente que más Reales Decretos-Leyes ha firmado de la Historia constitucional española (132 en poco más de 4 años; por contextualizar, Felipe González aprobó 129 en 13 años y medio), podemos concluir que este Gobierno desprecia la democracia parlamentaria e intenta evitar sus mecanismos de control siempre que puede. Esta actitud, que concibe el paso por el Parlamento como un engorroso trámite que si pudieran se ahorrarían, se ve gráficamente reflejada en el hecho de que la bancada azul, la correspondiente a los miembros del Consejo de Ministros, se halle prácticamente vacía en las sesiones del Congreso: les da igual lo que tengan que decir el resto de Grupos, pese a que representen a un porcentaje nada desdeñable de la ciudadanía sobre la que recaerán sus decisiones. También registran las modificaciones legislativas como proposiciones de ley en lugar de como proyectos para sortear así los informes previos de otras instituciones del Estado, abusan del procedimiento de urgencia con descaro y colocan a afines en todos los puestos de la Administración que se les ofrecen. En definitiva, tratan de reducir a su mínima expresión los equilibrios institucionales que nuestro sistema prevé, lo que los anglosajones llaman checks and balances, achicando por el camino la calidad de nuestra democracia.

La duda ahora es si el sistema aguantará el envite autoritario, y si el deterioro cualitativo de las instituciones es ya irreversible, de modo que quien venga después haga idéntico uso de las trampas y atajos que este Ejecutivo ha ido labrando – afianzando así cada vez más la iliberalidad y la arbitrariedad en nuestro Estado, en lugar de emprender las reformas necesarias para revertir la situación. La tentación, ciertamente, es demasiado grande.

5 comentarios
  1. AGonzalo
    AGonzalo Dice:

    De acuerdo con el autor en que una Democracia se caracteriza porque la voluntad de la mayoría está limitada de manera que respete los derechos del resto.
    Por eso España no es una Democracia: Aquí se hace lo que deciden los nacionalistas mayoritarios (españolistas) y si estás en contra pues se pueden inventar acusaciones de rebelión o de terrorismo o de malversación o evasión fiscal o… El iliberal lawfare que han sufrido y sufren «podemitas», independentistas,…

    También de acuerdo en que una Democracia parlamentaria es una democracia representativa (no directa). La verdad es que, en general, da bastante pena el nivel de los parlamentarios en España.
    Lo que pasa es que el papel de populus, para que fuera una verdadera democracia, no debería limitarse a votar cada X años. Por eso existen los referendums, si bien es cierto que suele estar tasado sobre qué pueden preguntar. Sobre la importancia de los temas que se pueden solventar con un referéndum: Partiendo de la base que se ha de refrendar la Constitución…

    Respecto el penúltimo párrafo: Me parece tendencioso. La «artimaña» que dice el autor no es más que un intento de perder el mínimo tiempo antes de aprobar modificaciones legislativas. Está muy bien debatir cuando puede servir para algo. Pero si las mayorías parlamentarias son las que son y el de enfrente está claro que no quiere renovar el CGPJ ¿no es lógico intentar acortar la espera?
    Esto no está en contra de que la voluntad mayoritaria ha de estar limitada: Lo está. Los parlamentarios que querían seguir atrasando la renovación del CGPJ podían presentar recurso al TC para pedir que se respeten sus derechos (tal como hicieron).
    El truco está en que el TC no respetó la Constitución (la inviolabilidad parlamentaria), vulnerando los derechos de todos los Senadores a debatir, mejorar,… Esto es obvio desde el momento en que los magistrados del TC con mandato caducado no se apartaron: Evidenciaron que la voluntad de la mayoría del TC era evitar que se prosiguiera el trámite legislativo en el Senado… en vez de proceder a anular el acuerdo de la Mesa de aceptar esas enmiendas, tiempo después (como se había hecho en precedentes similares). Resumiendo: Es el TC (la mayoría de él) quien realmente desprecia la democracia parlamentaria.

    Respecto que Sánchez es el Presidente con más Reales-Decretos Ley aprobados (que, recordemos, luego han de ser validados en el Parlamento), y qua hace mucho uso de proposiciones de ley y procedimientos de urgencia: Tendencioso. Le ha tocado lidiar con pandemia, volcán, guerra y crisis… Como digo: si las mayorías parlamentarias son las que son ¿no es lógico intentar acortar la espera?

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  2. Luis
    Luis Dice:

    La primera parte es una excelente reflexión sobre la democracia constitucional. La segunda revela que esa reflexión es una coartada para deslegitimar al gobierno democráticamente constituido, cuyos vicios son esencialmente similares a los de los anteriores. Y el papel de la oposición democrática en este esquema, tan vinculado por el respeto a la Constitución como el del gobierno, ya, si acaso, para otro día…

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  3. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Lo que nos pasa era previsible si tenemos claro la finalidad de las estrategias políticas.
    Es muy importante conocer » la intención de los gestores políticos» para saber a » donde nos llevan»
    Sobre “las intenciones” de Sánchez y sus socios, fundamental para entender sus decisiones, también nos avisaron dos grandes y experimentados políticos..
    R Arias Salgado“ Zapatero modela un PSOE no europeo, con el horizonte de un socialismo que gana todas las elecciones sucesivamente, en el ejercicio de su hegemonía y del abuso de poder…Toda la estrategia de Zapatero y de Sánchez es evitar la alternancia del poder “
    .Ramón Tamames Gómez:“ Sobre los socios de Sánchez, “ en el fondo lo que quieren es mandar. Quieren mandar empobreciendo el país. Y una vez que lo empobrecen, con una red de mecanismos de clientelismo, controlar el país de una forma definitiva. ¿Cuál es el efecto de Podemos en el Gobierno? Pues sencillamente más subsidios que son necesarios en parte, pero no para todos, porque la gente entonces deja de trabajar.. ellos lo que quieren es cargarse el sistema. Lo ha dicho el jefe de Bildu “Venimos a Madrid a cargarnos el régimen “.
    Hay, pues. dos tipos de políticos y periodistas en España, los partidarios de un régimen democrático ( con su izquierda y su derecha ) , que respetan las normas y las resoluciones judiciales , los derechos y libertades de todos los ciudadanos y los principios democráticos y los partidarios de regímenes autoritarios , como los que dirigen Cataluña y una gran parte del gobierno de Sánchez, que no lo hacen . La democracia no es su sistema ni lógicamente el de la Unión Europea , que se basa en el. Nunca respetarán nada de lo anterior ,” les sobra” toda su legislación , los jueces independientes y el control de la gestión política.

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  4. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Y , por cierto; ¿ qué prometió Sánchez en las últimas elecciones que no haría?. ¿ Está legitimado para unas reformas trascendentales no aprobadas por “ el pueblo” y con unos socios que prometió que nunca pactaría?¿ A qué «porción» del pueblo representan , actualmente, Sánchez y Podemos? ¿ cuantos puestos nos costará en el índice de calidad democrática, las nuevas normas sobre la malversación?. Con cada vez “más dependencia judicial y mejor tratamiento a la corrupción” y ….¿ creéis que es el camino más adecuado para permanecer en la UE y tener una democracia de calidad?

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  5. O'farrill
    O'farrill Dice:

    Excelente análisis de un tema que no parece impiortar a nadie: la degradación imparable en todo el mundo occidental de las democracias reales.
    En España el problema nace del sistema electoral con diferente valoración (discriminación) del voto. Esto supone la posibilidad de que esas minorías electorales puedan condicionar la política española con el solo hecho de formar bloques de intereses.
    En España los diputados no deben estar bajao mandado imperativo. Pues bien lo están de sus partidos. Quien se mueve (actúa con criterio propio) no sale en la foto. Y… ¿de quien dependen? pues eso.
    En España se confunde la política nacional en su conjunto (que es la que toca a las Cortes Generales) con políticasd territoriales de escasa entidad o calado (salvo para quienes viven a costa de ellas) de interés nacional o internacional.
    En España se creó un falso sistema de partidos desde el poder (Reforma Política) a los que se les dispensa la exclusiva capacidad de obrar políticamente y de crear opinión, evitando otras formas participativas y democráticas de representación política y de activismo civil (excepto las correas de transmisión ya conocidas).
    Un saludo.

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