El incierto futuro del Tribunal Constitucional (reproducción tribuna en El Mundo)
Con el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como nuevo Presidente culmina el proceso de politización del Tribunal Constitucional iniciado hace muchos años, y que había consagrado en la práctica (por parte de los partidos y de los medios de comunicación) la extraña noción de que el órgano de garantías constitucionales es una especie de tercera cámara en la que hay que reproducir las mayorías existentes en el Parlamento, a través del desastroso sistema de cuotas partidistas que está destruyendo todas y cada una de nuestras instituciones de contrapeso y que, conviene insistir, no es el que está establecido en la Constitución.
El problema, es que lo que hasta ahora era un secreto de pasillo, nunca mejor dicho, se convierte en público y notorio: hay un bloque “progresista” y uno “conservador” (me niego a abandonar estas comillas) que votan de forma absolutamente previsible atendiendo a los intereses políticos de sus respectivos mandantes, es decir, los partidos políticos de turno. Ha ocurrido con el reciente auto del Tribunal Constitucional suspendiendo la tramitación de dos enmiendas en el Senado y, mucho me temo, va a ser el pan nuestro de cada día a partir de ahora. No es que no haya sido así muchas veces en el pasado; pero ha habido casos, algunos muy sonados, en que los magistrados del Tribunal Constitucional han llegado a acuerdos transversales o incluso han votado en contra de su “bloque” por razones estrictamente técnico-jurídicas. Creo que esa época ha quedado atrás y que veremos un Tribunal Constitucional impecablemente dividido en bloques y con un montón de votos particulares. Y, por tanto, un Tribunal constitucional que no va a poder cumplir una función efectiva de contrapeso.
Los motivos para vaticinar que esto va a ser así son varios, pero me limitaré a señalar tres, todos muy preocupantes: el primero, que sostener en el debate público que el Tribunal Constitucional tiene que atender a las mayorías parlamentarias ya no se considera algo descabellado o propio de populistas o/e ignorantes –que suelen coincidir, por cierto- sino que ahora se defiende con naturalidad y, como ahora toca que la mayoría sea progresista, hasta como una esencial garantía democrática por el Gobierno y sus socios. Unos por desconocimiento y otros por interés están defendiendo una idea radicalmente incompatible con la democracia liberal representativa que recoge nuestra Constitución. Porque con este razonamiento desaparece, precisamente, una de las principales garantías de una democracia: que un órgano contramayoritario y técnicamente especializado y neutral pueda declarar inconstitucionales las leyes que dicte la mayoría de turno, además de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los Poderes públicos. Es así en todos los países de nuestro entorno, en particular en los países con una tradición de Derecho Constitucional que es a la que pertenecemos. Por supuesto, nadie piensa que cuando haya una mayoría diferente un órgano de estas características pueda echarse de menos precisamente por los que hoy consideran fundamental ese alineamiento. La historia reciente de este país, después de lo ocurrido en Cataluña en 2017 aconsejaría ser mucho más prudente.
El segundo motivo es el perfil de los magistrados del Tribunal Constitucional. Desde hace años se lleva produciendo un deterioro progresivo en la composición del Tribunal, en la medida en que los magistrados con prestigio profesional acreditado –que, no por casualidad, suelen coincidir con magistrados más independientes y menos sensibles a argumentarios y consignas partidistas- han ido siendo sustituidos por meros juristas de partido. Es importante subrayar que quien tiene prestigio profesional previo suele ser más reacio a poner en riesgo su reputación sosteniendo en un debate técnico que no deja de ser público posturas que técnicamente no son defendibles. Lógicamente quienes no lo tienen, y llegan a magistrados del Tribunal Constitucional como recompensa a los servicios previos prestados como juristas de partido no tienen una reputación que perder y pueden actuar con total desenvoltura como los políticos que son. De manera que puede suceder que el derecho y las consideraciones técnicas sean lo de menos: como botón de muestra, las sorprendentes declaraciones de la magistrada Maria Luisa Balaguer (luego matizadas) en torno a la necesidad de que el Tribunal Constitucional pueda “superar la ley” o “ir más allá de la ley”. Nada más lejos de la teoría y práctica de lo que debe de ser un Tribunal Constitucional, precisamente configurado como un “legislador negativo”, es decir, como el órgano que debe de garantizar sencillamente que las leyes aprobadas por un Parlamento democrático sean conformes a la Constitución. Es decir, el fin justifica los medios.
El tercer motivo se refiere al perfil del nuevo Presidente, Cándido Conde Pumpido y en los amplísimos poderes que tiene el Presidente del Tribunal Constitucional. Porque, otra deriva muy preocupante de nuestras instituciones, es la del caudillismo. Ocurrió con el CGPJ de Lesmes y es más que probable que suceda ahora también en una institución en la que el Presidente goza de amplios poderes discrecionales. Tiene que ver, inevitablemente, con el empeoramiento del nivel técnico y profesional de los otros magistrados: él, a diferencia de algunos otros, es un buen jurista. Pero no oculta, sino todo lo contrario, que es un jurista comprometido con una causa, de ahí su famosa frase sobre los jueces que se manchaban las togas con el polvo del camino. Falta por ver si esa causa es la de la de la Constitución española que el Tribunal que preside tiene que defender o es la del Gobierno o la mayoría “progresista”. Porque puede suceder que no coincidan. Y para eso, justamente, está un Tribunal Constitucional digno de tal nombre.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Subscribo el artículo. Independientemente de que el Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, tenga por causa la defensa de la Constitución o no, en el caso de la Ley del Aborto era el Fiscal General del Estado cuando la Fiscalía emitió su informe por lo que se debe inhibir a petición propia. Pronto veremos si lo hace. También hay otros tres miembros del TC que se han de inhibir. Pronto veremos si lo hacen. No he conocido que el Presidente del Tribunal Constitucional haya urgido al nombramiento del sustituto del miembro del TC que renunció en julio de 2022, precisamente cuando el Gobierno sacó la LO 8/2022 que imponía un plazo de 3 meses al CGPJ para que nombrara a los dos miembros, que por la CE, le corresponde nombrar. Ya han pasado 6 meses y en los medios de información no se habla del bloqueo, que el Gobierno ejerce en el Senado, para que no se nombre al sustituto que le corresponde nombrar al Partido Popular. Se restablecería el quorum que las cuatro inhibiciones anteriores rompían. El Gobierno no cumple lo que impone a otros.
¿Por qué ese magistrado del TC le corresponde ser nombrado por el PP? ¿Por intercambio de cromos?
Si. Por intercambio de cromos. Cuando se nombraron los miembros por el Senado, en el intercambio de cromos que pactaron el PSOE y el PP el miembro Alfredo Montoya Melgar correspondió al PP. De ahí que el sustituto corresponda al PP. Independientemente del bodrio que son esos repartos, que además llevan a recusacones en la labor de los magistrados del TC, la cuestión es que el Gobierno no cumple lo que impone a otros.
Muy buen artículo . Cuando llama la atención ( en algunos medios sería impubicable) algo que es evidente , como lo que escribes, es que tenemos un problema “ de falta de cultura democrática” .
La UE nos está obligando a corregir un error histórico y recuperar la separación de poderes que se eliminó con la declaración de constitucionalidad en 1986 de la aprobación del gobierno socialista de Felipe González en 1985 de una reforma legal ( LOPJ 1de julio) que concedía a los partidos representados en el Parlamento la facultad de elegir a la totalidad de vocales del CGPJ.
La separación de poderes es clave para nuestra continuidad en la UE.
«Una vez más subrayamos que es muy importante reducir la influencia del poder legislativo y el ejecutivo sobre el judicial en aras a reforzar la independencia ( Hipper, ) y también, Reyners y el Informe sobre la situación del estado de derecho en la UE “ hay que llegar a un acuerdo que acerque la justicia española a a los estándares europeos”
El 16 de julio pasado , en La Vanguardia” Lorenzo Bernardo de Quirós “ La renovación del CGPJ “ : “ la justicia constituye el contrapeso básico para evitar el abuso del poder del gobernante y garantizar los derechos y libertades de los individuos. Por tanto, su independencia es fundamental”, “las personas que integran el máximo órgano de gobernanza de un poder independiente, el judicial, no deben ser elegidas por los representantes de aquellos otros poderes, legislativo y ejecutivo, cuya actuación han de controlar y fiscalizar.“A pesar de lo sostenido por el Gobierno, esa situación es anómala en el seno de la Unión Europea.” En este contexto, lo razonable y equilibrado sería que el Gobierno y la oposición pactasen no el reparto del CGPJ, sino que el procedimiento de elección de sus integrantes se ajustase a las recomendaciones y normas vigentes en Europa e imperantes en todos los estados de la Unión Europea con dos notables excepciones: Polonia y Hungría”.
Estamos en la UE y gracias a ello ,podemos los ciudadanos evitar que España se convierta en un régimen autoritario.
El 16 de enero del pasado año se celebró un referéndum en Serbia para reforzar la independencia judicial “sobre una enmienda constitucional que pretende despolitizar la justicia eliminando el rol del Parlamento en la elección de jueces y fiscales, para acercar así el país a la Unión Europea (UE). De prosperar esta consulta ,el país balcánico modificará varios artículos de su Constitución para elegir a jueces y fiscales mediante órganos compuestos por profesionales y no por los diputados del Parlamento” ( La Vanguardia ).
Se aprobó con más de un 60% de votantes.
Parece que los serbios han entendido mejor que nuestros políticos y los influyentes medios , lo que nos pide la UE.
El editorial de La Vanguardia del 14 de julio del 2022 ( en línea con El País) fue desconcertante ( opina todo lo contrario de Lorenzo Bernardo ) pero aclara la calidad democrática del periodismo en España ” Desde el punto de vista ciudadano , no deja de resultar una anomalía democrática que la actual cúpula judicial española no se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas a la actual radiografía social del país, que parece otorgar una mayoría a fuerzas de izquierda y progresistas” .
La frase de La Vanguardia es congruente con la cultura política de países con democracias del tercer mundo en las que el Estado , sus instituciones y los recursos públicos son el botín del que gana las elecciones .
Y si «la radiografía social» cambia ¿ que legitimación tendrán los nombrados por cuotas , cuando estas se reducen o desaparecen? . Parece , pues, evidente que tenemos un problema general de falta de cultura democrática y especialmente, en medios “ muy influyentes”.
Parece como si hubierais colaborado, los de HAY DERECHO; en la redacción del “ importantísimo” discurso del Rey ayer en Barcelona o seguramente, es que estáis en el mismo proyecto de defensa de la democracia y de cumplir las condiciones que la UE exige a sus miembros.
Me vuelve a extrañar que un discurso tan fundamental no esté presente en las primeras páginas de los periódicos.
Para facilitar la valoración y especialmente ,para los seguidores de medios dependientes que continúan atribuyendo el calificativo de “voxista” a todo el que denuncia la deriva de Sánchez hacia el autoritarismo , os extraigo del artículo el siguiente texto de El Confidencial ENTREGA DE DESPACHOS
Felipe VI: “La división de poderes debe ser respetada a nivel institucional e individual A. Fernández. Barcelona
“Desde hoy, no lo olvidéis, sois jueces europeos y deberéis recordar siempre que vuestra independencia es imprescindible para asegurar la defensa de los valores de la Unión Europea: la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos”, dijo a los nuevos jueces y magistrados. Su alocución versó sobre el paradigma de la independencia de la Justicia como un pilar fundamental de la democracia. “La Constitución propugna la justicia, junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo político, como uno de los valores de nuestro ordenamiento jurídico”, recordó.
“A partir de ahora, contáis con la ley, cuya aplicación será la misión esencial que tenéis que cumplir. Ello reclama una defensa firme de la Constitución y de la ley, ofreciendo un marco de certeza, estabilidad y seguridad jurídica como garantía de una sociedad libre, que confía en un poder judicial integrado por hombres y mujeres independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Desde hoy, formáis parte de una institución primordial del Estado”.
Pidió que no perdiesen la ilusión del primer día, que preserven los valores y principios que sustentan nuestro ordenamiento jurídico y la Justicia y que “solo con el trabajo riguroso, transparente y responsable, guiado por el respeto a las normas, seguiremos avanzando. Esa es la fortaleza del Estado de derecho y la grandeza del servicio con el que os habéis comprometido. En ese empeño, tendréis el apoyo incondicional de la Corona”.”La Justicia es la esencia del Estado de derecho, es el principio de la separación de poderes que consagra nuestra Constitución. Debe ser respetada tanto a nivel institucional como individual. La independencia de los jueces va mucho más allá de los factores externos y alcanza vuestras propias condiciones personales. Esa independencia, lejos de ser un privilegio de los jueces, es la mayor garantía de protección de los derechos de los ciudadanos”. No olvidó también recordar que el poder judicial “es el mecanismo de defensa de los derechos individuales y colectivos constitucionalmente reconocidos y de control de los poderes públicos”.
Precisamente en la mesa redonda sobre “Constitución y Derecho” celebrada hace unos días en el CEU SAN PABLO, entre otras cuestiones la pregunta era: ¿se están produciendo y -aún peor- aplicando por los jueces normas inconstitucionales? Es decir ¿a la hora de juzgar la Constitución es “papel mojado”?.
Y, como consecuencia ¿hay complicidad ideológica en lugar de la imparcialidad y neutralidad de todo acto público en los cuerpos del Estado? ¿cuantas veces la Fiscalía -por ejemplo- ha actuado como representante del Estado contra actos de gobierno?
Creo que es importante deslindar de una vez por todas que los cuerpos del estado, sea cual fuere, su función dentro del mismo sólo tienen lealtad al Estado y sólo responden (o dependen) ante el Estado.
El hecho de que se haga ideología desde la función pública o de que se contamine la misma con intereses personales o políticos, desautoriza tal función, la envilece y no puede ser objeto de respeto por parte de los ciudadanos (la soberanía nacional).
Un saludo.