De instituciones, expertos y guerras partidistas
El nombramiento seguido de la rápida dimisión como Consejero del Banco de España del Catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, Antonio Cabrales, un prestigioso economista con una amplia trayectoria profesional que había sido propuesto por el PP, partido con el que no tiene relación alguna, es una pésima noticia desde el punto de vista institucional. Y lo es por varias razones.
La primera, por las razones de su dimisión, que es consecuencia de una información publicada por el periódico digital “The Objective” en el que se ponía de manifiesto que había firmado un manifiesto de apoyo a Clara Ponsatí, académica también. Al parecer, la sobreexposición mediática y las presiones recibidas a consecuencia de la valoración negativa de esta actuación son las que han llevado a la dimisión de un profesional que no quiere o más bien no tiene por qué soportar este tipo de situaciones que resultan muy desagradables para cualquiera que no se haya curtido en las luchas partidistas en los medios de comunicación (que suelen ser el terreno en el que desarrollan).
La segunda razón es que difícilmente una biografía, la que sea, soporta un escrutinio mediático que no guarde ninguna relación con la trayectoria profesional o con los requisitos para acceder a un determinado puesto institucional, como es el caso. A mí en particular me parece un error la firma de esta carta de apoyo, pero también me parece que es fácilmente explicable tanto desde un punto de vista corporativo (fueron muchos los académicos que también firmaron) como por un cierto desconocimiento de las implicaciones jurídicas y políticas de su conducta. En todo caso, insisto en que esta información no está relacionada en absoluto con la capacidad del designado para desempeñar su función como Consejero del Banco de España, que es de lo que se trata, con independencia de que puede encuadrarse en el libre ejercicio de la libertad de expresión.
La tercera razón es que este es un serio aviso para navegantes. En primer lugar para el PP que, a diferencia del PSOE al menos en este caso, hizo un esfuerzo muy de agradecer por encontrar un perfil prestigioso, independiente del partido y adecuado al cargo. Era toda una declaración de intenciones que podía suscitar ciertas esperanzas en cuanto a terminar con el tradicional reparto de las instituciones como botín entre los afines, que practican con asiduidad todos los partidos cuando pueden hacerlo. La prueba la tenemos en las últimas renovaciones del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado. Pero también lo es para todos los profesionales de prestigio que hayan podido pensar en que se abría por fin una oportunidad para acceder a las instituciones más importantes de este país sin tener que pagar el peaje del vasallaje al partido de turno sino en base a sus méritos, formación y experiencia.
La conclusión es evidente: si tratamos a los expertos de prestigio como si fueran peones sacrificables en las luchas partidistas, no podemos extrañarnos de que a las instituciones sólo quieran ir los peones de los partidos. Lo que es un desastre se mire como se mire.
Este articulo ha sido publicado en El Mundo
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
Entiendo tu preocupación Elisa, pero no estoy del todo de acuerdo.
En efecto, qué duda cabe, el Sr. Cabrales tenía toda la libertad de firmar el manifiesto político que considerase conveniente, incluso uno donde se pone en tela de juicio que España sea un Estado democrático, con un Estado de Derecho que funciona y donde no hay presos políticos, sino políticos presos.
Pero si apoyas públicamente a una delincuente prófuga por el delito contra el Estado y sus instituciones más grave cometido en España desde el golpe del 23-F de 1981, no te debes luego extrañar que, cuando te designan para un alto cargo político en una de las principales instituciones del Estado que es y debe seguir siendo independiente, salga a la luz y se te critique por ello.
Estoy totalmente de acuerdo en que la necesaria regeneración de nuestra democracia e instituciones empieza por nombrar para estos cargos a profesionales de reconocido prestigio y sin vinculación partidista intensa y reciente (justo lo contrario de lo que venimos viendo, como apuntas, con los más recientes nombramientos), pero precisamente por eso, la firma de ese Manifiesto creo que “contaminaba” el nombramiento en este caso, Creo que hay grandes profesionales en España para desempeñar este cargo sin ese “lastre”, precisamente para potenciar la profesionalidad, pero también la independencia. Espero que el nuevo nombramiento que deberá efectuarse para cubrir su renuncia cumpla sobradamente ambos requisitos y, por tanto, no sea tan pésimo el resultado final como apuntas. Veremos…
Totalmente de acuerdo.
La colonización institucional por parte de los partidos parece ya irreversible. Nadie que tenga cierto prestigio profesional o académico va a querer estar al servicio de los colonos. Al final quedan tocados en su trayectoria. A unos parece que no les importa a cambio de los privilegios y remuneración correspondiente. Otros aún tienen cierta dignidad para no caer en la tentación.
El Estado colonizado -como muy dice Elisa- es una pésima noticia para los que creíamos en un Estado democrático.
Hay solución, pues a la cabeza del Estado existe una figura responsable del mismo y de su funcionamiento regular (artº 56 C.E.) con atribuciones específicas (entre ellas la convocatoria electoral – artº 62 b- en caso necesario). Eso sí, con la trampa “en los tèrminos previstos en la Constitución” en un sistema marcado por la inconstitucionalidad de sus actos.
Un saludo.
Considero equivocado el punto de vista de la autora. El nombramiento es un cargo en el Banco de “España”, por lo que lo primero, independientemente de lo buen profesional que se sea, es ser leal a “España”, y el haber “firmado un manifiesto de apoyo a Clara Ponsatí”, independentista huída de la justicia, no vá en el sentido de esa la lealtad. Su papel habría sido el de consejero y hay que dar imagen de ser fiable. Nada tiene que ver esa fidelidad con que sea al partido que lo nombra. El buscar independientes no significa independentistas.
El renunció .Hizo sus valoraciones y actuó en consecuencia.
Su actuación al renunciar fué correcta, pues para estar siempre cuestionado es mejor no estar. El error lo cometió el torpe que lo propuso y, como estos no van solos, el torpe que lo nombró.