Hacia el ocaso de la obra pública en España…

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La reacción del Gobierno (con Sánchez a la cabeza) criticando duramente la salida de FERROVIAL hacia los Países Bajos, ha sido solo el preludio de una más que previsible “estampida” en el sector de la construcción pública que ya se encontraba seriamente “tocado” desde hace unos años. Recientemente, un diario ponía de manifiesto que “la obra pública se queda sin empresas: el 31% de los contratos se deciden ya sin competencia”. Y seguía diciendo que la Administración se está estrangulando; cada vez tiene menos aspirantes para sus encargos pero sus plazos para tramitar los concursos se alargan.

O sea, un auténtico desastre teniendo en cuenta, muy especialmente, que la contratación pública viene a representar, nada menos, que un 15 % del PIB, lo cual da una idea de la importancia que tiene para nuestra economía. Porque, para colmo, a finales del año 2022 un 80% del dinero consignado por la UE para esta actividad, seguía sin ser utilizado, sin que se haya tomado medida alguna por parte de nuestro Gobierno.

Y ante ese panorama (bastante desolador, por cierto) resulta que hoy ha expirado el plazo para que las empresas puedan acogerse a la revisión excepcional de precios instaurada por el Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo (posteriormente modificada por los Reales Decretos Leyes 6/2022 y 14/2022). Un mecanismo bastante deficiente pero que, al menos, servía para “paliar” los efectos del tremendo incremento de precios que padece nuestra economía desde mediados de 2021. Sin embargo, solo pueden acogerse a este sistema los contratos de obra “cuyo anuncio de adjudicación se publique en la plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor” del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo. Fecha que finalizó ayer mismo, 2 de marzo de 2023, realizando el cómputo de fecha a fecha, motivo por el que, a partir de ahora, ya no existirá la posibilidad de solicitar la revisión excepcional de precios.

A partir de ahora, por tanto, las empresas que acudan a licitación en contratos de obra pública tan solo podrán hacer frente a los incrementos de precios, mediante reclamaciones por “riesgo imprevisible”. Reclamaciones que, a la vista de la experiencia sufrida, raramente serán estimadas en vía administrativa  motivo por el cual, forzosamente será necesario acudir a la vía judicial (con la tremenda “ralentización” que esto supone hasta llegar a una sentencia firme estimatoria).

El gran problema que se le plantea, entonces, al Gobierno es el más que previsible incremento de licitaciones desiertas, ante el riesgo de no poder mitigar los incrementos de precios mediante el mecanismo de la revisión excepcional que acaba de extinguirse. Y es que (como anunciaba aqui la prensa): “El pasado ejercicio, las compañías dejaron desiertas 2.032 licitaciones de obras públicas por valor de más de 900 millones de euros al no ajustarse los presupuestos de las administraciones públicas a los costes reales de ejecución que calculaban las compañías. Recientemente, por ejemplo, ha quedado sin adjudicar el trasvase de la Cuenca del Pizarroso, en Cáceres, una obra de 62 millones de euros licitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.”

No llego a entender, por consiguiente, la “desidia” del Gobierno ante semejante panorama en la contratación pública, teniendo en cuenta, tanto el porcentaje que representa en nuestro PIB, la cuantía de los Fondos Europeos destinados a tal fin y, lo que no es menos importante, la gran cantidad de mano de obra que se utiliza en esta actividad. Factores, todos ellos, que hacen menos comprensibles las absurdas críticas que se están vertiendo por la salida de FERROVIAL de España. Críticas ante las que Marc Vidal respondía lo siguiente: “La empresa cotizada se debe a accionistas e inversores. Y esto es clave. Porque estos invierten en base a un plan de negocio fiable. Si estos perciben que cualquier momento un Gobierno puede cambiar las reglas porque, según ese Ejecutivo, la empresa está ganando demasiado, pues los inversores pueden retirarse. Y eso pone en riesgo el crecimiento de la empresa y la viabilidad competitiva. Y, por eso, tienen derecho a buscar esa estabilidad, ir donde sea. Menos acusaciones al aire y más mirar por qué se van“, lanzaba aquí el  analista económico.

De modo que, menos críticas al sector empresarial por parte de un Gobierno, que no hace más que poner en la picota a nuestros empresarios, cuando son ellos los principales (si no únicos) motores de nuestra economía y empleo. Y … a ver si espabilamos y ponemos en marcha, de forma urgente, algún mecanismo que sustituya a la revisión excepcional de precios, porque, de otro modo, aquí no van a quedar empresas con ánimo para acudir a las licitaciones públicas que corren el grave riesgo de quedar paralizadas por falta de licitadores.

1 comentario
  1. O'farrill
    O'farrill Dice:

    El ocaso de España no afecta solo a la obra pública. Es más grave y trascendental: es el ocaso de una nación sometida a dictámenes e intereses ajenos, aunque ello suponga la destrucción del conocimiento, de la riquezas y de sus gentes.
    Por otro lado no es algo exclusivo de España (aquí más agravado por nuestra idiosincrasia particular) sino que afecta a la mayuor parte de las naciones europeas miembros de la UE.
    La UE “de los ciudadanos” (antes) se ha convertido en la UE colonizada (ahora) por tales intereses geopolíticos y geoestratégicos, pero sobre todo económicos.
    El simple hecho de que prohiba conocer (explorar) recursos, no explotarlos y menos aún ejercer una soberanía sobre ellos, sin que a nadie le importe la consiguiente precariedad de los ciudadanos, su empobrecimiento y su miseria, es para “hacérnoslo mirar” (como se dice ahora).
    Es evidente que si no hay sectores primarios y secundarios funcionando en la debida forma, nos hemos quedado en una especie de “parque temático” a disposición de los demás.
    Un saludo.

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