¿Para qué sirve el parlamento?

Terminado en el Congreso el espectáculo de la moción de censura de Vox con Ramón Tamames de candidato (sólo apto para políticos y periodistas y algún ciudadano sin nada mejor que hacer, dicho sea de paso) la pregunta que podemos hacernos los españoles es muy sencilla ¿para qué sirve de verdad el Parlamento? Lamentablemente, estamos ya acostumbrados a que los debates en el Congreso se parezcan cada vez más a una especie de tertulia televisiva o radiofónica aunque se desarrollen en un escenario institucionalmente imponente. Los actores habituales pronuncian discursos grandilocuentes absolutamente previsibles, realizan declaraciones a los medios, presentan candidaturas electorales, cruzan “zascas” ingeniosos, intercambian insultos. No faltan tampoco las fotos de sus señorías sumidas en la tristeza, la alegría, la soledad, el enfado o cualquier otro sentimiento que pueda tener una interpretación política, que para eso estamos en una democracia sentimental, como nos recuerda Manuel Arias Maldonado. Lo que no podemos esperar, al menos en los plenos, son debates serios y rigurosos y mucho menos que alguien alguna vez cambie de opinión después de oír los argumentos más o menos razonados del adversario.
Por otra parte, llama la atención que los que más se rasgan las vestiduras hablando de la soberanía popular y de la relevancia de la institución -recordemos, por ejemplo, las manifestaciones a propósito de la paralización por el Tribunal Constitucional de la tramitación de unas enmiendas en el Senado- son los primeros que se prestan al tipo de actuaciones que más contribuyen a su degradación.

El problema es que esta degradación de la institución le está impidiendo realizar sus funciones, que no son precisamente las de proporcionar espectáculos más o menos entretenidos a la audiencia. En una democracia parlamentaria como es la nuestra el Parlamento es una pieza esencial, tal y como recoge nuestra Constitución. De entrada, al Parlamento le compete legislar. Y el problema es que cada vez lo hace menos y cada vez lo hace peor. Lo hace cada vez menos porque una gran mayoría de las normas con rango de ley se aprueban mediante Decretos-leyes, es decir, mediante normas que elabora el Gobierno en base a la existencia de un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad que sólo pueden convalidarse o rechazarse en vía parlamentaria sin poder introducir modificaciones, salvo que la norma se tramite después como un proyecto de ley, lo que no siempre ocurre. Esta tendencia, que ya venía de lejos, se ha agravado en esta legislatura en la que se han batido todos los récords en materia de aprobación de decretos-leyes, incluso descontando el periodo del estado de alarma, donde su utilización estaba indudablemente justificada.

No estamos hablando de tecnicismos. No sólo el decreto-ley emana del Gobierno, es que el procedimiento para elaborarlo es mucho menos garantista desde todos los puntos de vista que el procedimiento para elaborar un anteproyecto de ley, que es la forma ordinaria de legislar. Efectivamente, un anteproyecto de ley antes de llegar al Parlamento exige un gran número de trámites, empezando por las consultas públicas en las que cualquiera puede participar y terminando con los dictámenes preceptivos que se establecen en cada caso. Es cierto que este procedimiento no siempre garantiza el éxito en forma de mayor participación ciudadana y mayor calidad técnica de la norma, especialmente cuando el Gobierno de turno está dispuesto a aprobarla como sea y a ignorar los argumentos de los expertos o/y de los ciudadanos afectados. Ejemplos recientes no faltan, como “la ley del sí es sí” o la “ley trans” cuyos problemas técnico-jurídicos habían sido señalados con anterioridad a su aprobación. Pero en estos supuestos, al menos, existe la posibilidad de conocer estos argumentos técnicos e incluso a de utilizarlos no sólo políticamente sino también jurídicamente no sólo en vía parlamentaria sino también ante el Tribunal Constitucional.

Pero incluso en los supuestos en que no se legisla por decreto-ley nos encontramos con un deterioro creciente del procedimiento legislativo: podemos mencionar el uso constante de las proposiciones de ley que son usadas incluso por los partidos que están en el Gobierno -y que, por tanto, podrían impulsar perfectamente un anteproyecto de ley- precisamente con la finalidad de eludir los “trámites” a los que hemos hecho referencia; o el recurso a la tramitación a través de procedimientos abreviados que impiden tener debates sosegados y de calidad; o la utilización abusiva de enmiendas no para modificar un texto normativo sino para proponer regulaciones alternativas o que no tienen nada que ver con su contenido. Recordemos de nuevo las famosas enmiendas para modificar el sistema de elección de candidatos al Tribunal Constitucional por parte del CGPJ al hilo de la proposición de ley para modificar los delitos de malversación y sedición que dieron lugar a la suspensión de la tramitación de la norma en el Senado a la que antes hemos hecho referencia.

El resultado inevitable de todos estos atajos, triquiñuelas y politiqueos varios es la cada vez más baja calidad técnica de las normas aprobadas en el Parlamento. Esto conlleva la necesidad de corregir errores que podrían haberse evitado con una tramitación más cuidada, una creciente inseguridad jurídica derivada de los numerosos defectos que presentan las leyes y de su corrección por los tribunales de Justicia. Hemos llegado al extremo de encontrarnos en el BOE errores groseros que nadie ha advertido. Todo esto por no hablar de la consagración de ocurrencias varias en textos legales, de los nombres imposibles de algunas leyes, de las exposiciones de motivos mitineras o de las leyes “ad hoc” que tienen nombres y apellidos como la reforma de la malversación y de la sedición para favorecer a los aliados políticos o de las leyes promulgadas para poder hacerse una foto y cuyo cumplimiento o efectividad nadie evaluará.

Esta situación no parece preocupar mucho a nadie salvo a los juristas que tenemos que lidiar con esta situación. Pero el deterioro progresivo del ordenamiento jurídico de un país es algo que hay que tomarse muy en serio: la previsibilidad, la estabilidad y la razonabilidad del marco jurídico es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta a la hora de valorar un Estado democrático de Derecho.

Lo peor desde mi punto de vista es que legislar mal tiene consecuencias muy negativas: y las tiene en primer lugar para los colectivos particularmente vulnerables o a los que se quiere proteger. El ejemplo de la ley “del sí es sí” (elaborada como reacción a la famosa sentencia de la Manada, posteriormente revisada por el Tribunal Supremo) es palmario: la chapuza jurídica ha perjudicado precisamente a las mujeres a las que se pretendía proteger más. No es de extrañar que la reacción de sus promotoras haya sido tan virulenta buscando chivos expiatorios en la judicatura antes que reconocer sus errores: después de todo, legislar bien no es tan difícil. Sólo hay que escuchar a los que saben, y en este país no faltan juristas precisamente, y menos en la Administración.
La segunda función relevante que tiene el Parlamento es la del control del Poder Ejecutivo. A veces se olvida que el Parlamento, aunque cada vez lo parezca más, no es una extensión ni una muleta del Gobierno de turno, sino que es la institución clave de nuestro sistema, dado que es el depositario de la soberanía popular. A nuestro Presidente del Gobierno no lo eligen directamente los ciudadanos como en otras democracias: le eligen los parlamentarios. Es una diferencia importante, aunque la deriva presidencialista de los últimos años y la partitocracia nos hagan olvidarlo a menudo. Por esa razón, un Gobierno no puede subsistir si no tiene la confianza del Parlamento, que puede llegar a sustituirlo legítimamente mediante una moción de censura, tal y como sucedió en el año 2018 con la exitosa moción de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, o simplemente provocar la convocatoria de nuevas elecciones dejándolo en minoría, como también ocurrió a principios de 2019 cuando Pedro Sánchez no pudo aprobar los presupuestos generales del Estado por haber votado en contra no sólo PP y C,s sino también ERC y PDeCAT.

Y sin embargo también las sesiones de control del Gobierno se han convertido en algo parecido a una tertulia, un programas de espectáculos o, sencillamente, en un diálogos de sordos. La respuesta acrítica por parte de las bancadas respectivas a cualquier cosa que digan sus líderes tampoco contribuye a un debate de control digno de tal nombre. Ni las preguntas ni las respuestas suelen tener nada que ver ni revisten interés alguno para el ciudadano de a pie, básicamente porque no tienen nada que ver con los asuntos que les preocupan y que, por lo que se ve, tampoco preocupan demasiado a nuestros representantes.

En definitiva, como ha ocurrido con tantas otras instituciones, esta legislatura ha puesto de manifiesto que nuestro Parlamento tiene cada vez más problemas para ejercer debidamente sus funciones, lo que no es precisamente un problema menor en un Estado democrático de Derecho. Ojalá que la moción fallida de Vox sea un punto de inflexión y no el comienzo de una etapa de decadencia aún más acelerada.

Publicado en El Mundo.

5 comentarios
  1. AGonzalo
    AGonzalo Dice:

    Varias cosas.
    El problema del Parlamento español es que tenemos una Partitocracia, no una Democracia. Para acabarlo de empeorar los “periodistas” y “tertulianos” se ocupan sólo de magnificar los zascas, insultos y todo lo que realmente no aporte nada. Así no se puede esperar que haya debates constructivos ni nada de provecho: Parece que se pretenden “cerebros vacíos”, tanto en parlamentarios como en quienes les vota.

    Respecto la función legislativa del Parlamento: Sus señorías deberían someterse a exámenes periódicos sobre el número de leyes vigentes, su contenido, cómo se controla su cumplimiento y cuál es el grado de cumplimiento de cada una de ellas. Se supone que los españoles debemos conocerlas… Sus señorías deberían demostrarlo. Si se quiere seguridad jurídica me parece que ésta sería una manera de asegurarla: Cesar la diarrea normativa para concentrarse en hacer leyes que se cumplan.

    Y asegurándose el cumplimiento de las leyes es como no habría habido problemas con leyes como la del “sólo sí es sí”. Si se persiguiera a los jueces que aplican lo que les viene en gana en vez de aplicar la ley que corresponde: ¡Por lo menos se podría hablar de un Estado de Derecho!

  2. O'farrill
    O'farrill Dice:

    La pregunta del título es retórica pero viene muy bien para plantearse el fondo de la cuestión: ¿es legítima la representación actual de la soberanía nacional o está condicionada a un sistema claramente inconstitucional (el supuestamente proporcional) que distorsiona el valor del voto de cada ciudadano? Esta discriminación contraria al artº 14 es la piedra de toque de lo que se pretende llamar “democracia”.
    Han sido varias las ocasiones en que alguna que otra formaciópn política en sus inicios ha propuesto la reforma del sistema electoral, de manera que la representación de la soberanía sea real y no sujeta a intereses partidarios, pero se ha quedado más tarde en el olvido.
    ¿Qué decir de la prohibición constitucional del mandato imperativo (artº 67.2) a los diputados que, a su vez deben ajustarse a la disciplina de voto partidaria?
    Los asuntos a tratar en el Congreso no son asuntos particulares de representación territorial o temas de interés local (que pueden tener su recorrido parlamentario en el Senado a través de la representación autonómica) sino asuntos de interés nacional que implican al Estado en su totalidad. Un voto de igual valor sin tener en cuenta su procedencia, sería la mejor forma de acercarnos a través de listas abiertas de candidaturas a eso que llamamos democracia.
    Dicho ésto y con referencia al comienzo del artículo: si deslegitimamos de entrada el instrumento parlamentario de control al gobierno que es una moción de censura, estamos contribuyendo a deslegitimar la función parlamentaria. No hay coherencia entre la primera parte y el resto del artículo.
    Un saludo.

  3. Daniel Iborra
    Daniel Iborra Dice:

    Lo que nos pasa era previsible si tenemos claras las estrategias políticas.
    Es muy importante conocer » la intención de los gestores políticos» para saber a » donde nos llevan»
    Sobre “las intenciones” de Sánchez y sus socios, fundamental para entender sus decisiones, también nos avisaron dos grandes y experimentados políticos..
    R Arias Salgado“ Zapatero modela un PSOE no europeo, con el horizonte de un socialismo que gana todas las elecciones sucesivamente, en el ejercicio de su hegemonía y del abuso de poder…Toda la estrategia de Zapatero y de Sánchez es evitar la alternancia del poder “
    .Ramón Tamames Gómez:“ Sobre los socios de Sánchez, “ en el fondo lo que quieren es mandar. Quieren mandar empobreciendo el país. Y una vez que lo empobrecen, con una red de mecanismos de clientelismo, controlar el país de una forma definitiva. ¿Cuál es el efecto de Podemos en el Gobierno? Pues sencillamente más subsidios que son necesarios en parte, pero no para todos, porque la gente entonces deja de trabajar.. ellos lo que quieren es cargarse el sistema. Lo ha dicho el jefe de Bildu “Venimos a Madrid a cargarnos el régimen “.
    Hay, pues. dos tipos de políticos y periodistas en España, los partidarios de un régimen democrático ( con su izquierda y su derecha ) , que respetan las normas y las resoluciones judiciales , los derechos y libertades de todos los ciudadanos y los principios democráticos , entre ellos el respeto a los procedimientos de elaboración de normas en beneficio del interes general y los partidarios de regímenes autoritarios , como los que dirigen Cataluña y una gran parte del gobierno de Sánchez, que no lo hacen . La democracia no es su sistema ni lógicamente el de la Unión Europea , que se basa en el. Nunca respetarán nada de lo anterior ,” les sobra” toda su legislación , los jueces independientes , el control de la gestión política , la oposición , el Parlamento y hasta los ciudadanos que no opìnan como ellos.
    “Su régimen es de otro mundo”

  4. Jesús MC
    Jesús MC Dice:

    Buenas tardes, la pregunta de doña Elisa de la Nuez Sánchez Cascado está muy bien respondida en su artículo de opinión, con sus creencias y dogmas que le llevan a la reflexión expuesta.
    Ahora bien, tal y como está el artículo, para mí se queda corto, pues el análisis debe ser más en profundidad, lo jurídico está al servicio de la Sociedad, y esta es la que, hoy en día, está alimentada para que no piense, manipulada, por los de siempre, pero ahora, con actores y medios nuevos, las redes sociales, los y las influencers o como se diga, pero la gente, en general, no tiene actitud crítica antes los acontecimientos que pasan diariamente, ni en España ni en el mundo, para eso se encargan los medios de comunicación la tele con sus programas basura, de los de más audiencias, pero sólo de cotilleo sobre la vida intima y personal de los que comercian con lo íntimo, pues con esos mimbres cómo le vamos a pedir a nuestros representantes que cumplan su función con dignidad si poca gente está informada de lo que está pasando.
    Y, como dijo otro comentarista, estamos ante la dictadura de los partidos en su confección de listas cerradas, que ponen a gente sin mérito alguno ni dedicación para el interés público, así nos va!

    Saludos.

  5. Manuel Villa
    Manuel Villa Dice:

    Muy ligero el artículo ¿En que país estamos? 1) La CE y la Ley Electoral fijan la provincia como circunscripción y el sistema proporcional. Ya hay listas abiertas para el Senado y no sirve de nada. Cada cuál tiene su cambio en la CE y en la Ley Electoral como en la alineación de la Selección de Fútbol. Los políticos saben muy bien que soluciona la paradoja de que los independentistas son los que sostienen al Gobierno. 2) El CGPJ y el TS se han inventado unas presidencias al margen de la CE. La bicefalia actual es inconstitucional. 3) El TC ha decaído de la CE. Ya la anterior composición del TC hizo sentencias impresentables como la 35/2022 y la composición actual, aunque legal, es tan impresentable como la sentencias que emite al negarse a inhibirse. Su actual presidente es muy consciente de que no esta sirviendo a la nación sino al Gobierno. 4) Cómo serán las encuestas que el Presidente del Gobierno, 5 meses después, dice: “Si hay que pedir perdón por la Ley del solo sí es sí …..” Ese “Si hay que” lo retrata. Le importa un bledo, como le ha importado un bledo que el 95% de los españoles no pudieran dormir. La frase hay que oirla completa pues siempre se deja en “No podré dormir”. Este Gobierno no conoce la verdad. Todavía no conocemos lo que pasó con las maletas de Venezuela y las mentiras sobre la Restricción Europea, en la que no aparece el espacio Schengen, vertidas en sede parlamentaria y no se han denunciado por la oposición. 5) Cuatro diputados del PP votaron a favor de la Ley “solo sí es sí”. No han dimitido. Tendrían que haber dimitido todos los diputados que votaron a favor de esa ley que ha reducido ya la pena a 1000 condenados, de violación y pedofilia, y ha adelantado la liberación de más de 100. 6) En la votación de la Ley de Reforma Laboral la Presidenta del Congreso mintió al decir que se había reunido la Mesa. El diputado Casero tenía derecho a una respuesta de la Mesa. La justificación informática que se arguyó adolecía de una auditoría. Impresentable. 7) Si un Gobierno infringe la CE al decretar el Estado de Alarma suspendiendo derechos porque no quiere ser el primer Gobierno de la Democracia en proclamer el Estado de Excepción, y no está reglado que ha de presentar la dimisión. 8) El Congreso y el Senado se han convertido en un rodillo que no sabe lo que aprueba, ni lo que aplaude. Parecen como focas en el circo. Así nos vá.

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