El Fiscal General de Colombia y la separación de poderes
Muchos de ustedes habrán podido ver las imágenes de un video en el que el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, denunciaba públicamente las declaraciones de Gustavo Petro, presidente de aquel país,, en las que dejaba caer que siendo él Jefe del Estado, era también el superior del fiscal. Barbosa señalaba que el artículo 115 de la Constitución colombiana establecía que el Fiscal General de la Nación no tiene superior jerárquico, destacando la independencia de la Fiscalía General. Lo tremendo de las declaraciones, no obstante, estaba en que Barbosa anunciaba que se llevaría a a la familia fuera del país, pues temía por su vida a la vista de que algunos políticos colombianos habían sido asesinados por su oposición al poder. Esta realidad recuerda vivamente el libro “El olvido que seremos”, de Héctor Abad Faciolince, que retrata el ambiente político colombiano recordando la vida de su padre, un médico filántropo y defensor de las clases populares, que fue asesinado por ser visto como un elemento subversivo por sectores cercanos al poder .
En España, la pregunta del presidente del Gobierno a un periodista sobre “de quién depende la Fiscalía” deja a las claras de quién piensa el Poder Ejecutivo que depende esta institución del Estado y pone en difícil situación una institución que se supone está para la defensa del gobierno de la ley y no del gobierno de los hombres. Por suerte, esa expresión genera, en una democracia europea como la nuestra, cierto revuelo y perplejidad, pero no el temor a padecer violencia contra uno mismo o su familia. Pero no deja demasiado bien la imagen de instituciones como la Fiscalía, cuyo sentido parece comprender mejor el pueblo colombiano que un país que supuestamente pertenece al grupo de los países con una democracia liberal avanzada. La intervención de la Corte Suprema colombiana recordando al Presidente la independencia de la Fiscalía y el que este se haya retractado -a su manera- de la declaración anterior suponen una esperanza para el Estado de Derecho de ese país y es una muestra de la creciente importancia que se le da a esta idea a nivel internacional: probablemente el hecho de que Petro se encontrara de gira internacional en el momento de esa crisis habrá influido en su cambio de rumbo.
Es evidente que la principal batalla por la independencia judicial se centra hoy en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, colonizado desde 1985 por los partidos. Pero no deja de ser importante la neutralidad del ministerio público, como elemento esencial en el inicio y dirección de la acción penal, muchas veces usada como arma política (recuerden la novedosa expresión de “lawfare” tan cara a algunos de nuestros políticos) para combatir al adversario. Neutralidad, por otra parte, puesta en entredicho por el juego conjunto del nombramiento de afines al Gobierno (tan afines como exministros) combinado con una rígida jerarquía interna y con los poderes cuasicaudillistas del Fiscal General de turno.
Es cierto que, como ya señalamos hace años en un estudio comparado sobre la fiscalía, el régimen jurídico del Ministerio Fiscal se encuentra todavía a medio camino entre lo que fue en un pasado no tan lejano (un acusador del Estado al que representaba para la persecución de los crímenes) y un funcionario neutral e imparcial (que debe de actuar con objetividad en defensa de la legalidad). La concepción francamente anacrónica de algunos ex Fiscales Generales del Estado sobre el papel de la Fiscalía como una especie de brazo armado de la política en el ámbito penal diseñada por el Gobierno de turno tampoco ayuda. En España la Fiscalía General tiene que hacer cumplir la legalidad vigente, ni más ni menos; y para hacerlo un fiscal general neutral y profesional está mucho mejor cualificado que un jurista de partido.
Es de justicia, no obstante, recordar que, además de las instituciones, existen los valores individuales: recientemente ha habido Fiscales Generales que han hecho valer su independencia y han puesto el buen funcionamiento de la Fiscalía y la defensa de la legalidad por delante de las pretensiones y presiones del poder. Las dos, mujeres; una nombrada por el PP y la otra por el PSOE. Ambas comparten, además del respeto de sus compañeros de cualquier tendencia política, la misma recompensa a su buen hacer: el no haber sido renovadas en su cargo de Fiscal General por el Gobierno que las nombró a pesar de no haber completado ni siquiera la mitad de los cuatro años que es el plazo normal del cargo. En cuanto PP y PSOE tuvieron la ocasión, tras las elecciones, de sustituirlas, lo hicieron. Es verdad que no se jugaban la vida, pero está claro que pusieron la independencia de la Fiscalía por delante de su interés por quedar en el cargo. Todo ello nos hace ver que los valores individuales son importantes, pero es decisivo para la continuidad que las instituciones y los valores colectivos vayan en la misma línea.
Resulta, por ello, paradójico que a veces son países que consideramos democráticamente menos desarrollados son los que nos tienen que recordar algo tan básico en una democracia liberal, que quizá los que lo damos por supuesto tendemos a olvidar.
Editores del blog “¿Hay derecho?”
He llegado a la conclusión que los principales actores en la defensa de la democracia en sociedades como la nuestra, son los jueces , fiscales y el periodismo solvente , independiente y con valores democráticos.
Se posicionaron en contra de la separación de poderes un sector importante de nuestro periodismo más influyente. El editorial del 14 de julio de La Vanguardia ( coincidente con la posición de PRISA) era desconcertante pero aclaraba la falta de compromiso democrático de este periodismo ” Desde el punto de vista ciudadano , no deja de resultar una anomalía democrática que la actual cúpula judicial española no se ajuste a lo que los españoles han votado en las urnas a la actual radiografía social del país, que parece otorgar una mayoría a fuerzas de izquierda y progresistas” .
La frase de La Vanguardia es congruente con la cultura política de países con democracias del tercer mundo en las que el Estado , sus instituciones y los recursos públicos son el botín del que gana las elecciones. Los demócratas tienen otra cultura política sobre la independencia judicial y la labor fundamental de los jueces . Os extraigo del artículo el siguiente texto de El Confidencial ENTREGA DE DESPACHOS.31 de enero de 2023., probablemente uno de sus mejores discursos , no suficientemente difundido como merecía.
Felipe VI: «La división de poderes debe ser respetada a nivel institucional e individual “.«Desde hoy, no lo olvidéis, sois jueces europeos y deberéis recordar siempre que vuestra independencia es imprescindible para asegurar la defensa de los valores de la Unión Europea: la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos»,
Democracy Index ” reparte los países en grandes grupos : Democracia plena, Democracia imperfecta , Régimen híbrido y Régimen autoritario
Están situados en el grupo de Régimen autoritario , entre otros , Venezuela y Cuba . Hay dos tipos de políticos y periodistas en España, los partidarios de un régimen democrático ( con su izquierda y su derecha ) , que respetan las normas y las resoluciones judiciales , los derechos y libertades de todos los ciudadanos y los principios democráticos y los partidarios de regímenes autoritarios , como los que dirigen Cataluña y una gran parte del gobierno de Sánchez, que no lo hacen . La democracia no es su sistema ni lógicamente el de la Unión Europea , que se basa en el. Nunca respetarán nada de lo anterior ,” les sobra” toda su legislación , los derechos y libertades de los “ otros”, los jueces independientes , el Parlamento, la oposición , el control de la gestión política y hasta no les importaría que se fueran los que no les votan.. En el que mundo que sueñan , la incompetencia, la corrupción, el despilfarro y el abuso de poder “de los nuestros” no tienen sanción . Ejm“De los 801 jueces, sabemos perfectamente los que se quedarán y los que se irán. Tenemos perfectamente diseñada la estructura judicial de la República y sabremos con qué jueces podemos contar ( Santi Vidal)
En efecto, parece que desde fuera nos tienen que recordar cuestiones tan elementales como la incuestionable separación de poderes en una democracia. Sin ella, podemos llenarnos la boca y autoengañarnos de vivir en un estado de Derecho donde es precisa la valentía y el coraje de sus servidores para evitar la deriva totalitaria del Estado.
No hace mucho, el propio presidente del CGPJ Sr. Lesmes, dimitía de su cargo “para no ser cómplice” de una situación preocupante en el mundo judicial, sin que -al parecer- ocurriese nada. Parece que -como se apunta en el texto- sean los países llamados “desarrollados” los más propensos a conductas irregulares.
Cuando el presidente del gobierno afirmó su mandato sobre la Fiscalía del Estado, faltaron reflejos en el entrevistador o coraje para recordarle que él no erael Estado, sino sólo una parte del mismo sometido además a control parlamentario permanente. Claro que si tienes poder para copar todas las instituciones (incluso las privadas), puedes sentirte el amo de todo. Si tampoco le recuerdan desde la jefatura del Estado cual es su sitio institucional…¡apaga y vámonos!
En “La decadencia de occidente” Oswald Spengler advertía del “cesarismo” de los ejecutivos hacia el año 2000, calificándolos de antidemocráticos e inconstitucionales. Un cesarismo teledirigido por intereses estratégicos particulares USA en toda la UE sin que nadie, ningún poder del Estado “emanado de la soberanía nacional”, se limite a callar, mirar a otro lado y esperar que se solucionen las cosas….
Lo peor es esa resignación con que los servidores y cuerpos del Estado (no del gobierno) aceptan situaciones inconstitucionales o, por el contrario, no aceptan demandas legítimas de esa soberanía de la que sí dependen, como las derivadas de la reciente situación de pandemia, donde se echa de menos al mundo judicial reivindicativo.
El Fiscal General de Colombia es un ejemplo para quienes han aceptado y se han sometido al imperio de la ley aplicable a todos sin excepción.
Un saludo.
Es importante ver como un fiscal general del estado colombiano, pone en su lugar a un presidente como Gustavo Petro, que cree que su poder está por encima de la constitución. Así también espero que este Sr fiscal general, ubique en su lugar a los Estados Unidos cuando quiera intervenir en nuestra cuestiones donde somos absolutamente dueños de nuestra soberanía.