Mi vida sin mí

Siempre me ha resultado pasmosa la dificultad que tenemos para tomar algunas decisiones en las que se impone el llamado “sentido común” y, por contra, la sorprendente agilidad para tomar otras que nacen directamente de la ocurrencia y de la improvisación. Todos sabemos que deliberar partiendo de información y datos suficientes permite motivar mejor las decisiones, lo que garantiza, además, que estas también sean más razonables. Es una cadena que funciona casi como un reloj suizo. Y, sin embargo, seguimos asistiendo aún hoy en día a tediosos debates sobre la pertinencia o no de hacer públicos todos los documentos que integran los expedientes de elaboración de las normas que todos estamos llamados a cumplir. Increíble, sí. Increíble que esto suceda por esa razón elemental de que cualquiera de nosotros entendemos mejor lo que alguien es capaz de explicarnos, en especial, aquellas decisiones que más nos incomodan por suponernos un sacrificio, del tipo que sea. Quien avisa no es traidor, reza la sabiduría popular, que viene a ser algo así como “confía en quien nada tiene que ocultar” por mucho que discrepes de su discurso. Exponer abiertamente las razones que llevan a uno a tomar una decisión propicia el debate y ese es un mérito que no se le puede negar a quien se compromete a hacerlo, con independencia del respaldo o apoyo que pueda recabar.

Imaginen ustedes que un sanedrín va a deliberar sobre una decisión que concierne a su vida y que le ordenan que se ausente de la reunión. Díganme: ¿Lo asumirían sin replicar? ¿No considerarían que están en su pleno derecho de conocer las opiniones de sus miembros, de saber en base a qué información van a tomar su decisión y de poder defenderse, en su caso, frente a ellas? Pues algo así está sucediendo cada día con la elaboración y aprobación de normas y no parece esto inquietarnos mucho.

Algunos llevamos ya cierto tiempo clamando en algunos desiertos donde la transparencia escasea tanto como, hoy en día, el agua tan preciada. Uno de esos eriales es el de los proyectos de transparencia normativa, la llamada huella legislativa, en la que apenas hemos conseguido avanzar en nuestro país salvo en casos muy contados. Sí lo hemos hecho aceptablemente en la fase parlamentaria de aprobación de las iniciativas normativas, donde la experiencia comparada de otros países ha actuado sin duda como un potente motor de arrastre. Pero ¿qué hay de los trabajos previos, de la cocina gubernamental donde surgen y se gestan los proyectos?

La propia ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno no es parca en esto. Es lo siguiente, como suele decirse. Apenas prevé la publicación de información de este tipo de expedientes y, en algunos casos, además, lo limita a momentos concretos, como si de información clasificada se tratara. Es del todo inaceptable que esto suceda hoy en día y que se permita a los gobiernos y a las administraciones que dirigen, fraguar sus decisiones normativas al margen del escrutinio público como si de una caja negra se tratase. La información existe y los medios para hacerla pública, también. Basta un gestor de contenidos “normalito”. Lo que sí falta es la voluntad de quien tiene que tomar la decisión de abrir ese hueco en la pared y dejar pasar la luz. Precisamente, la falta de ese elemento es lo inexcusable, y afianza la inmadurez, condescendencia y debilidad de nuestra sociedad en cuanto a los niveles de exigencia con respecto a quienes nos gobiernan.

Necesitamos urgentemente más luz y taquígrafos, que decía Antonio Maura, ahora con el foco puesto directamente en la génesis de los proyectos, en las instituciones consultadas que con su opinión van forjándolos gracias al acopio de las múltiples perspectivas que cada problema o reto suscitan y, sin duda, con la participación de la sociedad que será quien tenga que portar sobre sus hombros la carga de cumplir con las normas una vez aprobadas. Sin que esto suceda, sin que alguien lo decida, no podremos conocer si son nuestros intereses los que se toman en consideración o los de otros, no podremos anticiparnos o acomodar nuestra vida, nuestros proyectos, a lo que ha de suceder, no seremos capaces de monitorizar la actuación de quienes nos gobiernan para decidir si merecen nuestra confianza o decidimos cambiar de tercio. En suma, no seremos protagonistas de una película que, sin embargo, habla de nosotros. Mi vida sin mí, que diría Coixet.

Desde la consulta pública previa y las aportaciones hasta el último diario de sesiones. Desde la memoria de análisis de impacto normativo inicial hasta cada una de las enmiendas y su justificación. Desde una simple nota interior que acredite que cada uno expresa su posición cuando toca, hasta la identificación de los grupos de interés que intervienen y las ideas que cada uno defiende. Todo, absolutamente todo, es importante conocerlo cuando de la aprobación de normas tratamos, y hacerlo en condiciones de accesibilidad universal. Que nadie nos confunda tratando de convencernos de que publicar esto o lo otro es irrelevante, desproporcionado, absurdo, costoso o delicado. Y de que es más oportuno contarlo cuando la norma ya está publicada oficialmente, que a lo largo de la tramitación. Cuando hablamos del presupuesto es importante conocer la liquidación al finalizar el ejercicio, pero mucho más lo es, diría yo, saber día a día cómo lo estamos ejecutando, porque es entonces cuando podemos corregir o redirigir nuestra acción. Aquí sucede lo mismo.

Llevamos mucho retraso con esto, señores y señoras, y el tiempo sigue discurriendo sin que nada justifique esta desidia y silencio que impiden que la transparencia extienda sus dedos.

Joaquín Meseguer

— Académico C. de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

— Coordinador del grupo de trabajo de acceso a la información. Red de entidades por la Transparencia y Participación Ciudadana (FEMP)

— Responsable de proyectos de transparencia reconocidos o premiados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública (Premio Ciudadanía), CNIS, Fundación Novagob, Transparencia Internacional España, Mapa InfoParticipa (UAB), etc.

— Artículos en revistas jurídicas especializadas en Derecho Administrativo

— Autor de monografías en materia de transparencia, competencia administrativa, técnica normativa, procedimiento administrativo, revisión de oficio y declaración de lesividad, régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de altos cargos y miembros del Gobierno y régimen disciplinario (BOSCH, Wolters Kluwer, Aranzadi, BOE, Escuela de Administración Pública de Cataluña y CEMCI)

— Coordinador y docente en más de cinco centenares de acciones formativas sobre Transparencia, Técnica Normativa, Régimen de incompatibilidades de empleados públicos, Conflictos de Interesas de altos cargos, Régimen disciplinario, Procedimiento Administrativo y Competencia administrativa. Impartidos en Universidades (UIMP, Universidad del País Vasco, Jaume I, León, Salamanca, Valladolid, Autónomas de Madrid y Barcelona, Castilla-La Mancha, UNED, Internacional de Andalucía, Alcalá, Politécnica de Valencia, Alicante, etc.), Escuelas de formación de empleados públicos (Comunidad valenciana, Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, La Rioja, Galicia, Extremadura, Andalucía) y otras instituciones (Federaciones española y regionales de Municipios y Provincias, colegios profesionales, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, Mº de Educación, Escuela de Policía de Generalitat de Cataluña, etc.)

— Claustro de profesores de la Escuela de Técnica Jurídica. Madrid

— Formación en Dirección Pública, Calidad de los Servicios Públicos, Régimen Jurídico/Procedimiento de Administraciones Públicas y más materias

— Exmiembro del Consejo Asesor Revista Jurídica de Castilla y León, y de Redacción Revista General de Derecho Administrativo (Iustel)