¿Qué significa que España presida el Consejo de la UE?

Tanto el actual gobierno como el próximo deben estar a la altura de la tarea y evitar golpes de efecto y políticas de corto plazo

Los ciudadanos tienen con frecuencia la impresión de que la Unión Europea es un embrollo de instituciones, funciones y personalidades incomprensibles. No es así, pero los gobiernos utilizan esta imagen para esquivar responsabilidades: “Es culpa de Bruselas” o “viene impuesto por Bruselas”. Manejan esta idea irreal de ente externo cuando, en realidad, son ellos los que se sientan en el Consejo, uno de los órganos más importantes de la UE, que a partir de julio presidirá España.

Aún sin ser un estado, encontramos en la UE los tres poderes públicos que marcan su acción: ejecutivo, legislativo y judicial. La Comisión Europea encarna el poder ejecutivo que se encarga de hacer cumplir las normas. Cuenta además con el cuasi monopolio de la iniciativa legislativa, es decir, la mayor parte de la normativa europea debe partir de una propuesta de la Comisión. El legislativo se estructura, al igual que en nuestro país, a través de un sistema bicameral. Por un lado, el Parlamento europeo, elegido mediante sufragio universal y directo, que representa a todos los ciudadanos y, por otro, el Consejo de la UE, que encarna los intereses de los Estados miembros, casi como una cámara de representación territorial al estilo del Bundesrat alemán.

El Consejo está formado por los ministros de cada Estado miembro, que se reúnen por áreas temáticas (economía, agricultura, interior…), y su presidencia rota cada seis meses. A partir del 1 de julio y hasta diciembre será el turno de España. Por último, el Tribunal de Justicia de la UE encarna el poder judicial.

A la hora de aprobar una ley, la Comisión propone un texto que deberá ser aprobado (tras las respectivas enmiendas) por el Parlamento europeo y el Consejo, que son los órganos colegisladores. ¿Cómo se organiza esto internamente? En primer lugar, tanto el Parlamento como el Consejo tienen que aprobar sus posiciones internas sobre la iniciativa y después, a partir de esos mandatos, negociar entre ellos y aprobar una posición conjunta.

En el caso del Parlamento, el equipo negociador está formado por un ponente y por los ponentes en la sombra que eligen el resto de los grupos parlamentarios. Normalmente, la mayoría se forma con la aprobación del Partido Popular Europeo, los Socialdemócratas y los liberales de Renew y, puntualmente, se suman también al consenso los Verdes, la Izquierda u otros grupos parlamentarios.

En el caso del Consejo, la presidencia lidera primero las negociaciones entre los Estados y después las negociaciones con el Parlamento. La presidencia de turno fija la agenda y, por tanto, decide qué temas están en la mesa (algunos quedan estancados, sin acuerdo durante años), el número de reuniones en los que se van a tratar y el impulso que se le va a dar. En definitiva, si un tema no es prioritario para la presidencia del Consejo es difícil que durante esos meses salga adelante.

Estas decisiones de la presidencia se guían por una serie de prioridades que se publican con anterioridad y que reflejan, en mayor o menor medida, las preferencias del gobierno nacional de turno. Por ejemplo, Portugal primó el pilar europeo de derechos sociales durante su presidencia y Rumanía buscó impulsar la integración europea de los Balcanes occidentales. Aquí la duda es cómo afectará el cambio de gobierno tras las elecciones del 23-J –sea un gobierno totalmente nuevo o únicamente una remodelación del actual– a las prioridades de la presidencia española.

 

Eso es importante porque la presidencia debe mediar entre las distintas posiciones. Primero, tiene que conseguir una posición común entre los Estados miembros, cada uno con sensibilidades diferentes y, después, negociar con el Parlamento. Estas últimas negociaciones se llaman “trílogos” porque reúnen a los tres actores del proceso legislativo: el Parlamento, la Comisión y el Consejo. El Consejo está representado en estas negociaciones legislativas por la Presidencia y, más concretamente, por la Representación Permanente en Bruselas del país en cuestión (la REPER), que es una especie de embajada ante la UE y que ostenta un papel predominante durante la presidencia. Las negociaciones legislativas se llevarán a cabo por parte del embajador ante la UE y los consejeros especializados en las distintas áreas.

El éxito de una presidencia se mide por la cantidad y la importancia de legislación que ha conseguido aprobar, conjuntamente con el Parlamento, el país de turno. España presidirá el Consejo en una fase de intenso trabajo legislativo. En junio del año que viene hay elecciones al Parlamento europeo y figuran sobre la mesa propuestas urgentes como la reforma de las reglas fiscales, la revisión del mercado eléctrico o el paquete de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Si no se aprueban antes de las elecciones, las negociaciones tendrán que volver a empezar desde cero con el nuevo Parlamento. Además, en julio del año próximo y después de Bélgica, Hungría asumirá la presidencia y luego le seguirá Polonia. De no aprobarse antes temas controvertidos como el Pacto migratorio, lo más probable es que se estanquen aún más durante estas presidencias.

 

Por todo ello, independientemente de si el cambio de gobierno es mayor o menor tras las elecciones del 23-J, es primordial garantizar la continuidad del trabajo de la Representación Permanente de España ante la UE. Nuestra REPER cuenta con unos profesionales de reconocido prestigio, tanto entre sus compañeros del resto de países de la UE, como entre los diputados del Parlamento europeo y, debemos tener en cuenta que ya han empezado el trabajo legislativo, acudiendo a los últimos trílogos bajo la actual Presidencia sueca, para poder tomar el relevo.

El éxito de la Presidencia española del Consejo de la UE dependerá de que tanto el gobierno actual como el nuevo renuncien a usarla para fines cortoplacistas y golpes de efecto. Nuestro país tiene que estar a la altura de una tarea que es importante para España y para la Unión Europea.